Tesis (magíster en derecho con mención en derecho penal) / Actividad Formativa Equivalente a tesis (AFET) / El informe indaga los contornos que deben marcar el debate forense y la correspondiente resolución jurisdiccional a pronunciar respecto de la sustitución de la pena impuesta a las personas condenadas bajo el imperio de la Ley 20084 sobre responsabilidad penal adolescente, en tanto mecanismo expresamente consignado en el artículo 53 de dicho cuerpo legal. Tras el repaso de la finalidad de la pena que asume el legislador nacional, el informe prosigue con la descripción de dos casos, a modo de ejemplos, que ilustran la confusión que se verifica en un estadio como la sustitución de la pena. Enseguida y tras revisar los tópicos principales del problema, el informe termina con una serie de conclusiones, entre estas constatando la opción del legislador nacional por preterir a la culpabilidad como el único factor relevante para la determinación del castigo primitivo, girando a un análisis exclusivamente de corte prospectivo en sede de sustitución, en términos de estudiar la factibilidad de mejorar la reinserción social del delincuente juvenil por la vía de cumplir en lo sucesivo una pena menos gravosa. En este sentido el informe expresa la impertinencia, en todo momento, de consideraciones de prevención especial negativa a modo de insumo para la decisión a emitir.

Legitimacy of criminal sanction is originated on its own purposes pursued in a state governed by the Rule of Law. That legitimacy should include the penalty as well as security measures, bearing in mind that both are imposed to someone breaking a rule of conduct, and therefore, someone capable to do it. Reviewing penal capacity or criminal liability concepts is required because if penal capacity means the capacity to understand the reality and adjust the behavior to it, and if every legitimate criminal sanction have to be imposed to someone who have the capacity of break it, then security measures also have to be imposed only to people responsible, capable to understand rules and act in accordance. With regard to people not subject to criminal liability they are standing outside Criminal Law and punish them would be illegitimate. In this line, criminal liability should be seen not only as a crime assumption but also as a basic statement for any dialogue the state shall have with the citizens: at the level of crime itself, proceedings and sentence execution . / La legitimación de la sanción penal se deriva de los fines que persigue en un Estado de derecho. Dicha legitimación debe abarcar tanto a la pena como a la medida de seguridad, y tener en cuenta que tanto la pena como la medida de seguridad se imponen a quien infringe una norma de conducta y, por tanto, a quien tiene capacidad para infringirla. Esto presupone revisar el concepto de capacidad penal o imputabilidad,pues si imputabilidad es capacidad para comprender la realidad y adecuar el comportamiento a dicha comprensión, y toda sanción penal legítima ha de imponerse a quien tiene dicha capacidad, también las medidas de seguridad han de ser impuestas solo a imputables. Los verdaderos inimputables son aquellos que están al margen del derecho penal y a quienes resulta ilegítimo imponer alguna sanción. En esta línea, la imputabilidad ha de ser vista no solo como presupuesto del delito, sino como presupuesto de cualquier diálogo que tenga el Estado con el ciudadano con respecto al delito, al proceso y a la ejecución de la pena.

This article intends to analyze treatment and functions assigned to the penalty by our Peruvian Constitution and the way this legal institution is conducted at the prescribed basic penalty level (imposed by the legislator ineach type of criminal offence), the specific penalty level (imposed by the judge according to its individual characteristics in each case) and at the penitentiary enforcement level. Finally recommends some considerations for carrying out a possible legislative reform in accordance with a criminal policy plan within our constitutional framework. / El presente trabajo busca efectuar un análisis en torno al tratamiento y las funciones que nuestra Constitución política asigna a la pena, y la manera como dicha institución se desarrolla en nuestro país con respectoa la pena abstracta (la impuesta por el legislador en cada tipo penal), la pena concreta (la impuesta por el juez luego de una individualización en cada casoconcreto), y su ejecución en el ámbito penitenciario. Finaliza proponiendo algunas consideraciones para una eventual reforma legislativa conforme conun plan de política criminal que se encuentre dentro del marco constitucional.