Memoria para optar al título de Periodista / Al transitar por la comuna de Pedro Aguirre Cerda resulta imposible no preguntarse por aquella inmensa infraestructura abandonada. Son los restos de lo que habría sido el hospital más moderno y grande de Latinoamérica; fragmentos de recuerdos del “Hospital Ochagavía”, más conocido como el “Elefante Blanco”, cuya cinta nunca fue cortada debido al Golpe de Estado en 1973. En la antigua Tailandia, los elefantes blancos eran sagrados y debían ser mantenidos con veneración y servidumbre; no podían ser vendidos o intercambiados por lo que resultaban muy costosos. Los antiguos reyes utilizaban a éste animal como un sutil castigo para sus sirvientes; en vez de encarcelamientos o algo similar, obsequiaban uno de estos elefantes. Al ser tan lujosos y costosos, terminaban destruyendo la economía de sus dueños, es decir, sólo ocasionaban problemas. En la actualidad, se le llama elefante blanco a toda propiedad que termina generando grandes gastos y no entrega beneficios en relación a su alto costo. El Hospital de Ochagavía se ganó el apodo ya que hasta hoy continúa sin ser terminado o utilizado para otro propósito que no fuese un centro de salud. Este hospital se ha convertido en una verdadera molestia para los vecinos, ya que el contemplarlo se convierte en un recordatorio viviente de que en Chile la construcción de hospitales no es cosa fácil. En los años 70 comenzó la construcción del denominado “Elefante Blanco”, símbolo de la concepción del rol del Estado como garante del derecho a la salud, donde la construcción de hospitales y el resguardo a la salud de la población era de responsabilidad mayoritariamente pública. 45 años después, el Estado chileno aún no ha podido hacerse cargo del déficit hospitalario. La construcción de infraestructura sigue siendo un dolor de cabeza, pues la inversión inicial junto con la mantención posterior de los recintos son tareas complejas por el alto nivel de gasto público. En el intento de resolución de estas complejidades, y desde antes de la truncada construcción del Hospital Ochagavía, Chile ha transitado por variadas formas y reformas para financiar, construir y administrar recintos hospitalarios. Los últimos hospitales construidos hasta la fecha fueron bajo la modalidad de concesión, inspirada en un sistema de tendencia europea que asegura ser más eficiente para el Estado. Fue en mayo de 2005 cuando en el gobierno del Presidente Ricardo Lagos, el Ministerio de Salud solicitó formalmente al Ministerio de Obras Públicas, mediante un convenio de mandato, la concesión de los primeros establecimientos de Salud, comenzando los estudios y evaluaciones necesarias para invertir en el área a través de la vía concesionada. Sin embargo, el proyecto que pretendía concesionar el Hospital Salvador Geriátrico no fue ejecutado en ese periodo, por lo que se legó a la primera administración de Michelle Bachelet. La mandataria licitó en el año 2009 los primeros hospitales concesionados, en las comunas de Maipú y La Florida. Así, se materializó en Chile el primer proyecto de concesiones de infraestructura hospitalaria, que funcionarían de manera experimental para poder evaluar si el sistema de concesiones era conveniente o no para el sector salud. Luego, el terremoto del 27 de Febrero del 2010 generó grandes daños en la infraestructura hospitalaria. En total, 18 servicios de salud fueron afectados, que comprenden el 71% de la red hospitalaria del país. De estos, sólo 51 hospitales pudieron seguir operando sin mayores problemas, 17 resultaron completamente inhabilitados y 62 con serios daños, ocho de ellos de tipo estructural. Ante la inmensa necesidad de reconstrucción en el país, el gobierno del Presidente Sebastián Piñera tomó la decisión de usar los fondos sectoriales para reponer los hospitales afectados. Para construir los nuevos establecimientos, el gobierno abrió una amplia cartera de concesiones que incluía 13 hospitales. Pero el descontento de los trabajadores de la salud, usuarios y especialistas alertaron al gobierno de Piñera sobre los efectos negativos que podrían generar las concesiones en calidad de la salud pública. Se desarrolló así, una fuerte oposición que profundizó las dudas sobre la real eficiencia de la modalidad de concesión aplicada a los hospitales, pues terminaron siendo un 80% más caro a si hubiesen sido construidos por la vía tradicional. Tanto así, que en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, la presidenta decidió frenar las concesiones, dejando 5 hospitales concesionados en la red de salud pública. Las fallas técnicas, los sobrecostos, las acusaciones de delito y, por sobre todo, el profundo debate sobre el derecho a la salud, hacen de las concesiones hospitalarias una reforma que es rehuida, pero clave en la salud pública chilena de los últimos 25 años. ¿Serán los hospitales concesionados los nuevos elefantes blancos de la salud chilena?

No description available.

Memoria pata optar al título de Periodista

Seminario para optar al grado de Ingeniero Comercial, Mención Administración / En el presente trabajo se evaluó la privatización más grande en la historia de Chile: la venta de la Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias (EMOS). Se realizó un total de 5 valoraciones. Las cuatro primeras se realizaron para el periodo previo a la privatización (desde 1998). Primero se tomó la estructura de deuda real de EMOS, es decir, con un ratio de deuda a patrimonio de 0.03 y luego se modificó dicha estructura reemplazándola por el nivel de deuda promedio de la industria sanitaria estadounidense, que posee un ratio de deuda a patrimonio de 2.2. En ambos escenarios se utilizaron los métodos VAA y WACC. Luego se realizó una valoración ex-post, tomando el período 2004 en adelante, a través del método VAA y considerando un escenario de deuda real y otro acorde a la industria norteamericana. Los resultados obtenidos fueron que no se pagó de más por el 42% de EMOS, pese a que el consorcio ganador -Aguas Metropolitana- más que duplicó el valor mínimo impuesto por el gobierno (US$420 millones). De hecho, la suma pagada por dicho consorcio sólo se ve justificada si es que se considera un nivel de apalancamiento 73% mayor al que ya tenían. Al realizar el análisis ex-post se detectó que Aguas Andinas -Ex EMOS- alcanza un valor muy por sobre cualquiera de nuestras estimaciones. En efecto, desde la privatización, Aguas Andinas ha logrado aumentar el valor de la empresa en más de US$400 millones. El por qué de esta diferencia puede ser explicada por diversas razones. El raciocinio más latente es que Aguas Metropolitana ha logrado sinergias y un buen traspaso de sus recursos y capacidades. Si EMOS hubiese sido administrada de forma eficiente, realizando inversiones en empresas relacionadas, manejando correctamente sus costos y llevando a cabo una adecuada política de inversiones y de endeudamiento, seguramente podría haber alcanzado un precio incluso mayor al realmente pagado. Ahora bien, suponer que un gobierno hubiese cambiado sus practicas históricas de ineficiencia y más aun que hubiese invertido los montos necesarios, es suponer un cambio imposible, al menos, en el corto plazo.

Actualmente el Estado y la sociedad civil promueven campañas públicas destinadas a crear una cultura de ahorro del agua en la ciudadanía. Se apela a una concientización sobre la finitud del recurso y se busca que las personas cambien prácticas derrochadoras por prácticas responsables con el agua. Sin embargo, en promedio casi la mitad del agua que producen las empresas de agua y saneamiento se pierde por fugas en tuberías y matrices / y la falta de medidores promueve una cultura del desperdicio en los ciudadanos. La carencia de voluntad política y la impopularidad que generaría la incorporación de medidas correctivas se contraponen a una política pública responsable con el agua, que se hace cada vez más necesaria.

No description available.

No description available.

El artículo presenta un breve balance de las investigaciones realizadas recientemente en el ámbito de la regulación de los servicios públicos. El análisis se concentra en las industrias de redes (telecomunicaciones,energía, transporte, agua y saneamiento) y se limita a las publicaciones realizadas desde 2004 en adelante, las cuales, de alguna manera, se refieren a la experiencia peruana. Este recuento pone en evidencia la importante producción bibliográfica sobre el tema, destacando en número y calidad los diversos estudios realizados sobre la regulación en los sectores energía y telecomunicaciones. También se exponen las principales contribuciones realizadas fuera del país, referidas al progreso logrado en la identificación de las mejores prácticas de regulación y de los principios básicos que han orientado los sistemas institucionales adoptados en algunos países, lo cual facilita la evaluación en otros contextos nacionales. Finalmente, el balance da cuenta de loscambios sustantivos en la importancia relativa de algunos temas. Así, la privatización ha dejado de ocupar un lugar central en la agenda de políticas públicas y más bien ha pasado a un segundo plano en las prioridades de los investigadores. En contraste, los problemas vinculados a la expansión de las redes y al acceso a los servicios, así como la concesión de proyectos de infraestructura y el diseño de esquemas de cofinanciamiento público-privado, son los temas predominantes en las agendas de investigación y en las políticas públicas, respectivamente.---This paper provides a survey review of the literature on regulation of utilities with a focus on network industries (telecommunications, electricity, transport infrastructure, water and sanitation). It is limited to the publications realized from 2004 onwards which, somehow, refer to the Peruvian experience. The survey provides detailed evidence on the significant bibliographic production on this topic, underscoring the quantity and quality of various studies on regulation, mainly on energy and telecommunications. Also it includes some contributions published abroad, which refer to the progress that has been achieved in identifying the best practices of regulation as well as the principles that have shaped the institutional designs in some countries, providing new benchmarks for evaluation in developing nations. Likewise, the assessment reveals some substantial changes in the relative importance of specific issues. Privatization no longer occupies a central role in the public policy agenda, and has also lost attraction within the research communities. In contrast, network expansion and access to network services as well as the design of public-private partnerships and financial mechanisms for infrastructure development, have turned into the key issues of the agendas for research and public policy, respectively.

No description available.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Una discusión más profunda merece el hecho de la creación de entes públicos que sujeten su actuar al Derecho Privado; hito que puede ser considerado como aquél que da origen real al fenómeno que tratamos, puesto que dichos entes no pueden ser categorizados dentro de la actividad industrial del Estado, puesto que actúan generalmente en el terreno de los servicios públicos prestándolos de forma monopólica y utilizando obras públicas. Este hecho, nos lleva ineludiblemente a preguntarnos si es que la aplicación del Derecho privado a través de la creación de dichos entes constituye un intento de huída de los procedimientos y principios que han de regir el actuar de la Administración Pública –y que se traducirían en una merma de determinadas garantías- camuflado por el pretexto de la consecución de una mayor eficacia y flexibilidad en su actuar o si es que por el contrario, la creación de estos entes sui generis representan un intento de renovación por parte de la Administración del Estado en pos de reformularse a si misma a través de la adaptación de sus órganos a figuras más móviles y flexibles. A lo largo de este trabajo, se pretenderá establecer si es que el fenómeno de la Huída del Derecho Público se ha visto reflejado o no en nuestro país y –en caso de ser afirmativa la respuesta- cuáles son sus manifestaciones y finalmente si es que dicho fenómeno se ha consolidado como política pública o si –según explican algunos autores- ha ido en retirada para retornar a un Derecho Público- Administrativo aún más fuerte, pudiendo distinguir finalmente si es que ocurrió realmente en nuestro país ese giro que sustituye la figura del Estado Social por ser un sistema administrativo poco idóneo para satisfacer las necesidades actuales por una nueva forma de gestión que sea capaz de hacerle frente y e adaptarse a las nuevas exigencias económicas que el sistema neo liberal trajo consigo