El trabajo de investigación se divide en cinco partes. La primera parte así como la segunda estarán destinadas a describir el marco conceptual general del arbitraje, en cada uno de sus alcances y caracteres más relevantes para así poder conocer mejor esa institución como mecanismo de resolución de conflictos y situar al lector en el marco del arbitraje y su aplicación en el Perú a fin que el lector tenga una idea clara de cómo opera el arbitraje en nuestro país. Además, para poder entender el mecanismo del arbitraje de consumo es necesario que explicar primero que es el arbitraje y cómo opera el mismo para poder guiar el posterior análisis del autor y la comprensión de la tesis por parte del lector. La tercera parte buscará dar una visión de la aplicación del sistema del arbitraje de consumo en general así como de sus principales caracteres y la normativa que lo regula en nuestro país. Asimismo se plantean a lo largo de ambas secciones las principales ventajas pero también las principales falencias y defectos del sistema de arbitraje de consumo, las cuales se proceden a analizar de manera minuciosa, con el fin de que el lector conozca las mismas, se empape del tema y se forme un criterio propio acerca de la verdadera viabilidad, funcionalidad y eficacia que podría tener la implantación de dicho sistema en nuestro país. Dicho análisis va acompañado de la más completa denotación de casos y supuestos varios del derecho extranjero que demuestran porque en algunos casos resulta eficaz éste sistema de arbitraje de consumo y en otros no. El objetivo es identificar las ventajas, pero también las debilidades de éste sistema. Finalmente la cuarta parte de la tesis está dedicada al análisis de cada uno de los problemas y debilidades citados en el sector cuarto con su contraparte de resultado y propuesta de mejora. Ya que la idea de la presente tesis es identificar cómo operaría éste sistema en nuestro país en comparación con otras legislaciones y determinar a raíz de ello y del análisis de su naturaleza y caracteres particulares si el mismo sería viable y funcional en nuestro país a la luz de nuestra legislación vigente en materia de protección al consumidor. En la medida de lo posible se tratará de contar con información cuantitativa en cuanto a jurisprudencia y resoluciones de casos para que la comparación no se haga solamente a nivel de texto legal. Esto serviría para completar el análisis con una comparación de las experiencias internacionales con la peruana. El objetivo es dar recomendaciones a las falencias y errores identificados, teniendo como sustento otros sistemas que tienen mayor eficacia.

El actual sistema de economía social de mercado ha generado una serie de situaciones nuevas que presionan el contenido clásico del Derecho, como la globalización económica, la innovación tecnológica, el libre comercio, la libertad contractual, la libre competencia, la regulación de servicios, la autorregulación empresarial entre otras manifestaciones que han motivado una mayor apertura e integración de los mercados y por ende mayor competitividad comercial. Estas condiciones socioeconómicas abren para el consumidor un nuevo panorama como beneficiario del sistema, a tal punto que hoy hablamos de protección del consumidor, pero ¿quién es el consumidor?, ¿contra qué debería protegérsele?. Un consumidor es una persona que para atender sus necesidades o para su propio placer compra o arrienda productos y utiliza servicios ofrecidos por entes públicos o privados. Esta es al menos la definición más simple que nos servirá de derrotero para el estudio del tema, y ¿Contra qué debería protegérsele al consumidor?, para decirlo sencillamente, debe protegérsele contra el engaño y el abuso de los proveedores.

La responsabilidad civil por productos defectuosos conforma esa área del Derecho que se percibe como propuesta importada, muchas veces temida y otras deseada, de una sociedad litigiosa y compleja como la de los Estados Unidos de América o acaso, de países desarrollados en donde el consumo es un credo o una religión, quizás la más difundida y menos cuestionada de cuantas existen en el mundo. La actividad de consumir es inherente a nuestra condición humana, dependiendo de lo que consumimos 8 para vivir, llevar una digna y calificada existencia o la más miserable de las vidas. Los defectos de los productos, nos enfrenta, a esa necesidad y también a la pérdida de los bienes más valiosos, siendo el primero de ellos, nuestra propia vida y la de nuestros seres queridos.

En el sector de la moda, las compras son frecuentes y han sido adoptadas como hábito en muchos hogares peruanos. Este mercado se caracteriza por su gran volumen de ventas anuales, lo que ha llevado a una proliferación de cláusulas contractuales en numerosas tiendas. Siendo ello así, al realizar compras en el retail de moda, es probable que los consumidores acepten cláusulas de cambios y devoluciones sin conocer completamente sus condiciones. Estas cláusulas, comúnmente utilizadas, pueden contener términos que perjudican al consumidor o limitan sus derechos, a pesar de su uso extendido. En este contexto, la Resolución 3484-2023/SPC-INDECOPI representa un pronunciamiento interesante por la protección al consumidor en este sector particular. El presente trabajo tiene como objetivo analizar estas cláusulas y su vinculación en los derechos de los consumidores y obligaciones del proveedor. El presente informe se divide en dos partes. En la primera, se realiza un estudio conceptual y contextual sobre las cláusulas de cambios y devoluciones, justificando su aplicación y las condiciones en las que se emplean en este sector. Esta sección explora algunos conceptos clave, el contexto del mercado según la doctrina, y los pronunciamientos relevantes de la Autoridad. En la segunda parte, se lleva a cabo un análisis crítico centrado en la mencionada resolución, en base a lo previamente desarrollado. A través de este enfoque, se busca ofrecer una comprensión detallada de estas cláusulas abusivas, equilibrando la protección de los derechos de los consumidores con las obligaciones y la situación de los proveedores en el mercado.

El presente informe analiza el caso de la resolución de la Casación N° 261-2022 emitida por la Corte Suprema de Justicia de Lima, la cual resuelve que el aplicativo móvil de Cabify debe contar con un libro de reclamaciones virtual dado que esta plataforma constituye un establecimiento comercial abierto al público donde se ofrecen servicios. El punto controversial de este caso versa en que dicha obligación no se encuentra de manera literal en la legislación peruana, en específico en el Reglamento del Libro de Reclamaciones. En ese sentido, el objetivo de este trabajo es analizar si la interpretación de la corte es correcta. Para ello, revisaremos los alcances de las obligaciones y principios dispuestos en la normativa nacional, la jurisprudencia de tribunales peruanos respecto a casos similares, así como doctrina en materia de constitucional y de protección al consumidor. Con ello, se demostrará que, si bien no se hace mención de manera literal a la obligación de la implementación del libro de reclamaciones los aplicativos móviles, la norma es clara en disponer que es forzoso a todos los establecimientos comerciales sean físicos o virtuales, que se encuentren abiertos al público. Además, esta interpretación se vuelve necesaria en nuestro contexto actual de constante evolución digital, garantizando la adecuada protección los derechos de los consumidores. / This paper analyzes the cassation appeal of the decision of the Supreme Court of Justice of Lima No. 261-2022, which determines that Cabify's mobile application must have a virtual Complaints Log since this platform is a commercial establishment open to the public where services are offered. The controversial point of this case is that such obligation is not literally included in the Peruvian legislation, specifically in the Complaints Log regulations. In this sense, the objective of this paper is to analyze whether the court's interpretation is correct. To do so, we will review the scope of the obligations and principles established in the national legislation, the jurisprudence of Peruvian courts regarding similar cases, as well as constitutional and consumer protection doctrine. With this, it will be evidenced that, although there is no literal mention of an obligation to implement Complaints Logs in mobile applications, the law is clear in stating that it is a mandatory regulation for all commercial establishments, whether physical or virtual, that are open to the public. In addition, this interpretation becomes necessary in our current context of constant digital evolution, ensuring adequate protection of consumer rights.

El presente Informe Jurídico contiene la formulación y el análisis de los problemas jurídicos desembocado en la Resolución Nº 1229-2023/SPC- INDECOPI. Esta Resolución abarca un procedimiento administrativo sancionador en materia de Discriminación en el Consumo y Deber de idoneidad, iniciado por la consumidora Cielo Macarena García de Lama contra Iberia Líneas Aéreas de España Sociedad Anonima Operadora. La relación de consumo en el caso es por la compra de un boleto aéreo con ruta Lima – Madrid, pero dicho contrato de consumo no se ejecutó a causa de comentarios discriminatorios que el personal de la proveedora emitió contra la señora Cielo García. Asimismo, se evaluará la falta de deber de idoneidad, el derecho de información y el derecho a la entrega del libro de reclamaciones. Luego de haber realizado la descripción de los hechos y el juicio de valoración correspondiente a los medios probatorios presentado por la denunciante se argumentó que esta conducta que originó la proveedora es un acto de discriminación, por posicionar la carrera artística del maquillaje como inferior, en contraste a una profesión o carrera realizada en una universidad. Específicamente, en un análisis en conjunto, se concluye que sí hubo vulneración del Artículo 1°, 2°, 18°,19°, 38°, 152° del Código de Protección y Defensa del Consumidor Peruano. / This Legal Report contains the formulation and analysis of the legal issues culminating in Resolution No. 1229-2023/SPC-INDECOPI. This Resolution covers an administrative sanctioning procedure in matters of Discrimination in Consumption and Duty of Suitability, initiated by the consumer Cielo Macarena García de Lama against Iberia Líneas Aéreas de España Sociedad Anónima Operadora. The consumer relationship in the case concerns the purchase of an airline ticket for the Lima – Madrid route, but this consumer contract was not executed due to discriminatory comments made by the provider's staff against Mrs. Cielo García. Likewise, the lack of duty of suitability, the right to information, and the right to the delivery of the complaints book will be evaluated. After describing the facts and the corresponding assessment of the evidence presented by the complainant, it was argued that the provider's conduct constituted an act of discrimination by positioning the artistic career of makeup as inferior in contrast to a profession or career pursued at a university. Specifically, in a comprehensive analysis, it is concluded that there was indeed a violation of Articles 1, 2, 18, 19, 38, and 152 of the Peruvian Consumer Protection and Defense Code.

El presente informe jurídico plantea como problema principal cuestionar si KFC incurrió en un método comercial coercitivo al implementar un cobro adicional por concepto de bolsa compostable al adquirir sus productos mediante su página web, a pesar de que cumplió con el deber de información que establece el Literal b) del Numeral 1.1) del Artículo 1°, Articulo 2° y Artículo 3° del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Además, dentro de los problemas secundarios se cuestiona la inaplicación del estándar de consumidor razonable, puesto que, si éstos aceptaron los Términos de Uso y revisaron el detalle de la compra antes de efectuar el pago, no debería afirmarse que existió algún tipo de “condicionamiento”. Finalmente, se cuestiona la vulneración al derecho a la libertad de empresa y al derecho a la libertad contractual de los proveedores cuando se afirma que, como la Guía Técnica no faculta de forma expresa el cobro de las bolsas compostables, entonces éstos no debieron implementar dicho cobro adicional. Y es que todo ello representa no solamente una inadecuada lectura de los hechos ocurridos por parte de la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi, sino también una vulneración al Artículo 59° y Artículo 62° de la Constitución Política del Perú, y una equivocada interpretación del Literal b) del Numeral 56.1) del Artículo 56° del Código de Protección y Defensa del Consumidor. / The present legal report raises as its main issue the question of whether KFC engaged in coercive commercial practices by implementing an additional charge for compostable bags when purchasing their products through their website, despite fulfilling with the duty of information established in Section b) of Subsection 1.1) of Article 1, Article 2, and Article 3 of the Consumer Protection and Defense Code. Additionally, secondary issues are raised regarding the nonapplication of the reasonable consumer standard. If consumers accepted the Terms of Use and reviewed the purchase details before making payment, it should not be asserted that any form of ‘conditioning’ existed. Finally, the violation of the right to business freedom and contractual freedom of suppliers is questioned when it is claimed that, since the Technical Guide does not expressly authorize the charging of compostable bags, they should not have implemented this additional charge. All of this not only represents an inadequate reading of the facts by the Sala Especializada en Protección al Consumidor from Indecopi but also a violation of Article 59 and Article 62 of the Political Constitution of Peru, and a mistaken interpretation of Section b) of Subsection 56.1) of Article 56 of the Consumer Protection and Defense Code.

El informe analiza el esquema hub and spoke en el contexto del mercado de pavo entero peruano, teniendo como principal actor a la empresa San Fernando. Se destaca cómo las firmas verticalmente relacionadas utilizan acuerdos contractuales para coordinar acciones y controlar externalidades. Estas restricciones, como precios no lineales, descuentos por cantidad, entre otros, buscan influir en el comportamiento de los agentes económicos. En este sentido, se explora cómo San Fernando empleó precios sugeridos como una forma de comunicar sus intenciones a los supermercados y coordinar estrategias de precios. Se evidencia que estas prácticas pueden ser equiparables a un sistema de Resale Price Maintenance (RPM), donde se busca mantener la percepción de valor del producto y evitar una competencia basada únicamente en precios bajos. Además, se introduce el concepto de hub and spoke, donde un actor central facilita la coordinación entre participantes sin contacto directo. Este esquema puede generar efectos anticompetitivos al restringir la competencia y manipular los precios en beneficio de los participantes. Finalmente, el informe destaca la importancia de identificar estas prácticas anticompetitivas y diferenciarlas de restricciones verticales legítimas, a la par que menciona que la vigilancia constante por parte de las autoridades es necesaria para detectar y sancionar conductas que distorsionen la competencia.

El objetivo general de este trabajo es abordar las categorías típicas del trato diferenciado ilícito y la discriminación en el consumo, a partir de la interpretación efectuada en el tiempo sobre las mismas, por la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual; a fin de evidenciar las posibles consecuencias sobre consumidores y proveedores, que se desprenden de considerar a las señaladas figuras típicas como una sola: la discriminación en el consumo, sujeta a gradualidad. Para dicho fin, hemos empleado un método exegético y analítico de las normas que protegen el derecho a la igualdad y la interdicción de la discriminación en el ordenamiento constitucional y legal; para luego, a través del análisis de la jurisprudencia relevante, concluir que el actual criterio de la Sala que sostiene la unidad del tipo sancionador (discriminación en el consumo) no incide negativamente en la tutela de los consumidores, pero puede tener una particular repercusión negativa sobre el derecho a la buena reputación de los proveedores

La discriminación en el consumo es un supuesto que, a pesar de los esfuerzos de la administración pública para erradicarla, se mantiene vigente en nuestra sociedad, por lo que es necesario que los operadores jurídicos determinen criterios adecuados que permitan fortalecer las instituciones jurídicas con las que contamos en materia de protección y defensa del consumidor. En ese sentido, en el presente artículo se realiza una crítica al análisis que sustenta el cambio de criterio que ha tenido la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, respecto a la eliminación del supuesto de trato diferenciado ilícito, explicando como este podría implicar una serie de consecuencias negativas para los consumidores e, incluso, para los proveedores. Finalmente, se propone una modificación al artículo 38 del Código de Protección y Defensa del Consumidor como alternativa de solución al problema suscitado.