En los últimos años, la tutela de los derechos colectivos ha sido materia de regulación en la mayoría de las legislaciones Iberoamericanas, existiendo inclusive un Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica. Si bien se han realizado esfuerzos para regular este tipo de procesos, los mismos no han sido homogéneos ni ordenados, existiendo casos (como el de Argentina) donde el desarrollo es jurisprudencial y no legislativo. En el Perú, la regulación ha sido muy escaza, desordenada y poco conectada (por decir lo menos), lo cual ha generado la casi nula existencia de este tipo de procesos en la práctica. Lo cierto es que este tipo de procesos es una importante herramienta para la tutela de una serie de derechos de especial naturaleza como lo son los derechos colectivos. El presente trabajo comenta analiza el caso específico de la tutela colectiva del derecho a la consulta previa. De los pueblos indígenas. El derecho a la consulta previa es un tema complejo puesto que está compuesto por una serie de otros derechos fundamentales y porque su desarrollo convencional y su delimitación constitucional y legal en el Perú ha sido errática. En ese sentido, un desarrollo errático del derecho a la consulta previa y una escaza regulación y cultura de la tutela colectiva en el Perú hacen que este tipo de procesos sean casi inexistentes y que se deban enfrentar a serias complicaciones. En el presente artículo analizamos los supuestos de legitimación para obrar en la tutela de este derecho en particular, diferenciándolo de la representación procesal. Así, pretendemos esclarecer cuestiones fundamentales respecto de la tutela colectiva del derecho a la consulta previa. / Trabajo académico

¿De qué sirve el reconocimiento de nuestros derechos si estos no están garantizados? ¿Quién o quiénes deben garantizar esos derechos? ¿Qué sucede si aquel o aquellos que deban garantizar o velar por que se garanticen nuestros derechos estuvieran ausentes o ni siquiera existan? Si nuestros derechos no están garantizados, ¿pueden surgir los conflictos? Ahora, si nos referimos más específicamente a los derechos de los pueblos indígenas del Perú, ¿existe una raíz común de todos los conflictos sociales que involucran a los pueblos indígenas y al Estado peruano? ¿Es acaso la falta de garantía de sus derechos la raíz de ese tipo de conflictos? ¿Es acaso que aquel o aquellos que deban garantizar o velar por que se garanticen sus derechos están ausentes o, lo que es peor, ni siquiera existen? Fueron precisamente estas preguntas las que nos motivaron a la realización del presente estudio y que surgieron casualmente durante el tiempo en que llevamos trabajando en este tipo de temas. No fue ni es sencillo aún encontrar respuestas inmediatas a cada una de esas preguntas, todas ellas tan estrechamente relacionadas; sobre todo cuando se tienen tantas respuestas, todas ellas razonables y válidas. No obstante, nos llamó la atención la presencia de un elemento que encontramos de manera constante en los conflictos sociales que involucran a los pueblos indígenas y al Estado peruano, y que podría marcar más o menos el inicio o la causa de los mismos. La falta de garantía o, si se quiere, de cumplimiento efectivo por parte del Estado peruano de su obligación jurídica de protección especial de los derechos de los pueblos indígenas fue lo que nos motivó a afirmar inicialmente que no existe o se haya ausente una institucionalidad estatal indígena (en adelante, IEI) en el Perú. Es decir, se encuentra ausente una entidad coordinadora en materia indígena en el Poder Ejecutivo que garantice y vele por que las demás entidades estatales y la ciudadanía en general respeten y garanticen estos derechos. Sin embargo, no nos hallábamos totalmente convencidos de esta afirmación inicial. / Tesis

Tesis

La investigación plantea la relevancia del estudio del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas en el seno de las Naciones Unidas (1945-2016). Tiene como principal objetivo demostrar la existencia de una evolución del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. La investigación traza una línea de continuidad entre el principio de libre determinación de los pueblos y el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, entendido como un derecho mediante el cual determinan libremente su condición política y persiguen su desarrollo social, económico y cultural. La tesis tiene un enfoque de derechos humanos, multiculturalista e historiográfico. En una primera etapa (1945-1966), las Naciones Unidas reconoce el derecho de libre determinación de los pueblos, entendido como la posibilidad de ejercer el derecho de secesión, y deja a la jurisdicción interna de los Estados la posibilidad del reconocer la existencia de pueblos indígenas subestatales. En una segunda etapa (1966- 1989), las Naciones Unidas extiende los alcances de la primera etapa en el sentido de que se diseñan criterios para el reconocimiento de la existencia de pueblos indígenas, aunque sin mención explícita a su derecho de libre determinación. Y en una tercera etapa (1989-2016), las Naciones Unidas reconoce explícitamente el derecho de libre determinación de los pueblos indígenas, entendido como libre determinación interna, es decir en el marco de Estados Plurinacionales. Esta evolución se manifiesta en un conjunto de hitos jurídicos, como es el caso de la Carta de las Naciones Unidas (1945), el Convenio 107 sobre poblaciones indígenas y tribales (1957), los Pactos Internacionales (1966), el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales (1989), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), y en la existencia de una institucionalidad indígena en la ONU / Tesis

Tesis

El presente Informe analiza la Sentencia de Inconstitucionalidad recaída en el Expediente No. 023-2009-PI/TC, interpuesta por el señor Gonzalo Tuamana Tuamana (en representación de 5000 ciudadanos), contra el Decreto Legislativo No. 1079. Este Decreto, establece mecanismos de tutela de las Áreas Naturales Protegidas y regula las competencias del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas SERNANP. Por ello, se analizará normativa interna, instrumentos internacionales, doctrina y jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como por el máximo Tribunal de otros países de la región. En base a lo descrito, plantearé mi postura respecto a la constitucionalidad del presente Decreto, con la finalidad de identificar si se debió realizar el proceso de consulta previa a los pueblos indígenas antes de emitir este Decreto. Al respecto, es necesario comprender el sistema que regula a estas áreas, por lo cual las describiré, con la finalidad de demostrar que este Decreto no afectó materialmente a los pueblos indígenas que habitan en ellas. Finalmente, analizaré el derecho a la consulta previa contenida en el Convenio 169 de Organización Mundial del Trabajo con la finalidad de identificar su contenido y alcances, lo que permitirá reafirmar mi postura respecto a la constitucionalidad de este Decreto. / This report analyzes the Unconstitutionality Ruling in Case No. 023-2009-PI/TC, filed by Mr. Gonzalo Tuamana Tuamana (on behalf of 5000 citizens), against Legislative Decree No. 1079. This Decree establishes mechanisms for the protection of Natural Protected Areas and regulates the competencies of the National Service of Natural Protected Areas - SERNANP. Therefore, we will analyze internal regulations, international instruments, doctrine and jurisprudence issued by the Inter-American Court of Human Rights, as well as by the highest Court of other countries in the region. Based on the above, I will present my position regarding the constitutionality of this Decree, in order to identify whether the process of prior consultation with indigenous peoples should have been carried out before issuing this Decree. In this regard, it is necessary to understand the system that regulates these areas, for which I will describe them, with the purpose of demonstrating that this Decree did not materially affect the indigenous peoples that inhabit them. Finally, I will analyze the right to prior consultation contained in Convention 169 of the World Labor Organization in order to identify its content and scope, which will allow me to reaffirm my position regarding the constitutionality of this Decree.

En los últimos años, la tutela de los derechos colectivos ha sido materia de regulación en la mayoría de las legislaciones Iberoamericanas, existiendo inclusive un Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica. Si bien se han realizado esfuerzos para regular este tipo de procesos, los mismos no han sido homogéneos ni ordenados, existiendo casos (como el de Argentina) donde el desarrollo es jurisprudencial y no legislativo. En el Perú, la regulación ha sido muy escaza, desordenada y poco conectada (por decir lo menos), lo cual ha generado la casi nula existencia de este tipo de procesos en la práctica. Lo cierto es que este tipo de procesos es una importante herramienta para la tutela de una serie de derechos de especial naturaleza como lo son los derechos colectivos. El presente trabajo comenta analiza el caso específico de la tutela colectiva del derecho a la consulta previa. De los pueblos indígenas. El derecho a la consulta previa es un tema complejo puesto que está compuesto por una serie de otros derechos fundamentales y porque su desarrollo convencional y su delimitación constitucional y legal en el Perú ha sido errática. En ese sentido, un desarrollo errático del derecho a la consulta previa y una escaza regulación y cultura de la tutela colectiva en el Perú hacen que este tipo de procesos sean casi inexistentes y que se deban enfrentar a serias complicaciones. En el presente artículo analizamos los supuestos de legitimación para obrar en la tutela de este derecho en particular, diferenciándolo de la representación procesal. Así, pretendemos esclarecer cuestiones fundamentales respecto de la tutela colectiva del derecho a la consulta previa.

La investigación plantea la relevancia del estudio del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas en el seno de las Naciones Unidas (1945-2016). Tiene como principal objetivo demostrar la existencia de una evolución del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. La investigación traza una línea de continuidad entre el principio de libre determinación de los pueblos y el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, entendido como un derecho mediante el cual determinan libremente su condición política y persiguen su desarrollo social, económico y cultural. La tesis tiene un enfoque de derechos humanos, multiculturalista e historiográfico. En una primera etapa (1945-1966), las Naciones Unidas reconoce el derecho de libre determinación de los pueblos, entendido como la posibilidad de ejercer el derecho de secesión, y deja a la jurisdicción interna de los Estados la posibilidad del reconocer la existencia de pueblos indígenas subestatales. En una segunda etapa (1966- 1989), las Naciones Unidas extiende los alcances de la primera etapa en el sentido de que se diseñan criterios para el reconocimiento de la existencia de pueblos indígenas, aunque sin mención explícita a su derecho de libre determinación. Y en una tercera etapa (1989-2016), las Naciones Unidas reconoce explícitamente el derecho de libre determinación de los pueblos indígenas, entendido como libre determinación interna, es decir en el marco de Estados Plurinacionales. Esta evolución se manifiesta en un conjunto de hitos jurídicos, como es el caso de la Carta de las Naciones Unidas (1945), el Convenio 107 sobre poblaciones indígenas y tribales (1957), los Pactos Internacionales (1966), el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales (1989), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), y en la existencia de una institucionalidad indígena en la ONU

¿De qué sirve el reconocimiento de nuestros derechos si estos no están garantizados? ¿Quién o quiénes deben garantizar esos derechos? ¿Qué sucede si aquel o aquellos que deban garantizar o velar por que se garanticen nuestros derechos estuvieran ausentes o ni siquiera existan? Si nuestros derechos no están garantizados, ¿pueden surgir los conflictos? Ahora, si nos referimos más específicamente a los derechos de los pueblos indígenas del Perú, ¿existe una raíz común de todos los conflictos sociales que involucran a los pueblos indígenas y al Estado peruano? ¿Es acaso la falta de garantía de sus derechos la raíz de ese tipo de conflictos? ¿Es acaso que aquel o aquellos que deban garantizar o velar por que se garanticen sus derechos están ausentes o, lo que es peor, ni siquiera existen? Fueron precisamente estas preguntas las que nos motivaron a la realización del presente estudio y que surgieron casualmente durante el tiempo en que llevamos trabajando en este tipo de temas. No fue ni es sencillo aún encontrar respuestas inmediatas a cada una de esas preguntas, todas ellas tan estrechamente relacionadas; sobre todo cuando se tienen tantas respuestas, todas ellas razonables y válidas. No obstante, nos llamó la atención la presencia de un elemento que encontramos de manera constante en los conflictos sociales que involucran a los pueblos indígenas y al Estado peruano, y que podría marcar más o menos el inicio o la causa de los mismos. La falta de garantía o, si se quiere, de cumplimiento efectivo por parte del Estado peruano de su obligación jurídica de protección especial de los derechos de los pueblos indígenas fue lo que nos motivó a afirmar inicialmente que no existe o se haya ausente una institucionalidad estatal indígena (en adelante, IEI) en el Perú. Es decir, se encuentra ausente una entidad coordinadora en materia indígena en el Poder Ejecutivo que garantice y vele por que las demás entidades estatales y la ciudadanía en general respeten y garanticen estos derechos. Sin embargo, no nos hallábamos totalmente convencidos de esta afirmación inicial.

El Tribunal Constitucional, como institución autónoma e intérprete de la Constitución, además de ser escenario en el que se realiza argumentación jurídica, también es espacio de disputa de discursos políticos, pues es a través de los fundamentos de sus sentencias en que se legitiman ideologías. En la línea de las aproximaciones que los magistrados constitucionales peruanos realizan acerca del sistema de justicia indígena-comunal y de su comprensión de las circunstancias sociales, culturales y jurídicas que rodean a la diversidad de Pueblos Indígenas existentes en el Perú, se evidencian una serie de discursos jurídicos que, aunque intenten partir de una igualdad jurídica abstracta y apelen al reconocimiento jurídico de una pluralidad étnica y un pluralismo jurídico, en la realidad de los hechos evidencian relaciones de tensión, dado que sus interpretaciones acerca del artículo 149° de la Constitución reproducen preconcepciones y reflejan un abanico de posturas que, al explicitarse en sus sentencias, legitiman ideologías en las que no necesariamente se reconoce la autonomía jurisdiccional indígena ni la igualdad de condiciones entre las formas de justicia ordinaria y comunal. El presente texto propone analizar el corpus de seis sentencias del Tribunal Constitucional peruano, emitidas de 2009 a 2017, en las que dicho órgano interpretó los alcances del artículo 149°. A partir de ello, se busca determinar si es que los discursos jurídico-constitucionales expresados en dichas sentencias contemplan (o no) posturas de negación, asimilación, subordinación o de apertura hacia el ejercicio autónomo de la función jurisdiccional indígena-comunal; para lo cual se hace uso del Análisis Crítico del Discurso (ACD) como método de deconstrucción de las argumentaciones jurídicas seleccionadas. Finalmente, se hace una reflexión sobre el Derecho como instrumento que emplea modos de acción discursivos que proyectan y a su vez son reflejo de las tensiones en la praxis social cotidiana.