En nuestra Constitución se regula al trabajo como un derecho y un deber, base del bienestar social y familiar y medio de realización de la persona. Además, la misma indica que es competencia del estado establecer políticas de fomento de empleo productivo y educación para el trabajo, sin embargo, la realidad que experimentan las personas con antecedentes penales es distinta, pues estas tienen grandes dificultades para reincorporarse al mercado laboral. En ese sentido, la presente investigación tiene por finalidad evidenciar que la solicitud de antecedentes penales como requisito para acceder a un puesto de trabajo constituye una forma de discriminación, tomando como objeto de estudio la importancia del derecho al trabajo y la libertad de trabajo, de la misma manera se analiza el acceso al empleo y las políticas de reinserción laboral en la legislación comparada de quienes tienen antecedentes penales. Finalmente se establecen políticas que fomenten el acceso al empleo de las personas con antecedentes penales. / Tesis

El presente trabajo de investigación parte de la hipótesis de que el trabajo es una de las herramientas más importantes para lograr la resocialización de las personas que han estado privadas de la libertad y que los antecedentes penales significan una barrera infranqueable para acceder a un puesto de trabajo. En el primer capítulo se analiza el origen y la evolución que ha tenido el registro de antecedentes penales desde las primeras civilizaciones en las que se observan símbolos utilizados con ese fin hasta los mecanismos más modernos utilizados en la actualidad. Asimismo, se vincula su evolución con las prácticas vinculadas al control social y la estigmatización que ello genera en los individuos que han pasado por las cárceles. Todo ello, sin perder de vista el ideal resocializador que forma parte de las políticas de ejecución de la pena en países con principios constitucionales como el nuestro. Por último, se vincula los temas analizados con la problemática de la reinserción laboral. En el capítulo segundo se analizan los diferentes sistemas de regulación de los antecedentes penales teniendo en cuenta que la publicidad resulta ser un factor determinante. Se desarrollan los mecanismos utilizados en Estados Unidos, Australia e Inglaterra donde los AP son utilizados como una herramienta de protección de la sociedad. Por otro lado, se encuentra países como Holanda, Francia, España y Alemania que intentan lograr un equilibrio entre la seguridad y la privacidad. En el tercer capítulo se realiza un amplio desarrollo de lo que ocurre en Argentina respecto de los AP. Para ello, en primer lugar se grafica el origen y evolución de los registros de AP. Seguidamente, se analiza la regulación existente en la materia y por último, se detallan los problemas que la misma ha generado en la práctica, resultando que muchos de ellos se deben a las falencias legislativas y a las limitaciones que impone el propio Estado. Finalmente, se analizan los diferentes proyectos de reformas legislativas existentes en la materia. En el capítulo cuatro se encuentran las conclusiones, efectuando una comparación entre la legislación argentina con los diferentes sistemas de regulación de los AP. Finalmente, se señalan los aspectos relevantes que deben ser considerados para el análisis y discusión de la problemática en nuestro país.

En nuestra Constitución se regula al trabajo como un derecho y un deber, base del bienestar social y familiar y medio de realización de la persona. Además, la misma indica que es competencia del estado establecer políticas de fomento de empleo productivo y educación para el trabajo, sin embargo, la realidad que experimentan las personas con antecedentes penales es distinta, pues estas tienen grandes dificultades para reincorporarse al mercado laboral. En ese sentido, la presente investigación tiene por finalidad evidenciar que la solicitud de antecedentes penales como requisito para acceder a un puesto de trabajo constituye una forma de discriminación, tomando como objeto de estudio la importancia del derecho al trabajo y la libertad de trabajo, de la misma manera se analiza el acceso al empleo y las políticas de reinserción laboral en la legislación comparada de quienes tienen antecedentes penales. Finalmente se establecen políticas que fomenten el acceso al empleo de las personas con antecedentes penales.

El acelerado envejecimiento poblacional que atraviesa nuestro país repercute en distintos ámbitos de la sociedad, entre ellos, el mercado laboral. El marco jurídico y los planes nacionales sobre el adulto mayor, han previsto la obligación estatal de promover y gestionar oportunidades de empleo productivo y formal para este sector de la población. Sobre esa base, en este estudio se proponen tres medidas jurídicas que deberán tenerse en cuenta para efectivizar la reinserción y permanencia laboral del adulto mayor en las políticas públicas que al respecto se han adoptado en el Perú.

El presente artículo científico tuvo por objetivo determinar la importancia de establecer medidas para la reinserción laboral del preso en la sociedad peruana. Asimismo, analizar la situación actual de la reinserción laboral del preso y fundamentar la necesidad para implementar las medidas adecuadas. Por tanto, el presente artículo científico fue desarrollada de acuerdo con un paradigma teórico y aplicando un método de investigación de tipo cualitativo en el cual empleamos la descripción e interpretación como procedimientos, y recurrimos a la observación, fichaje y el respectivo análisis normativo como técnicas. Finalmente, es primordial proteger los derechos de las personas privadas de su libertad, así como también evitar los problemas de reincidencia delictiva, discriminación y falta de apoyo por parte del Estado hacia los reclusos. Asimismo, todo ello impide a que el reo una vez cumplido su pena pueda encontrar un empleo, viéndose afectado y subsecuentemente la sociedad. Seguidamente, se analizó los mecanismos aplicados por distintos países con respecto al trabajo del preso como medida de reinserción, ya que dichos lineamientos servirán como base para la implementación en nuestra normativa nacional.