El presente Informe tiene como objetivo exponer y analizar los razonamientos del Tribunal Constitucional en la sentencia relativa al caso del desdoblamiento de las legislaturas ordinarias por parte del Congreso de la República. La disolución del parlamento por parte del ex presidente Martín Vizcarra mediante Decreto Supremo 165-2019-PCM en septiembre del año 2019, trajo como consecuencia la elección de un nuevo Congreso, destinado a completar el período parlamentario 2016 – 2021. Cuando éste estaba por culminar, en junio del año 2021, el Congreso introdujo, mediante Resolución Legislativa 021-2020-2021-CR, una modificación a la tercera disposición transitoria del Reglamento del Congreso, creando una cuarta legislatura ordinaria, con el objetivo de aprobar, en segunda votación, proyectos de leyes de reforma constitucional, de acuerdo a los requisitos que establece el artículo 206 de la Constitución. La Resolución Legislativa fue cuestionada en un proceso de acción de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda e inconstitucionales la Resolución Legislativa 021-2020-2021-CR, así como, por consecuencia, las tres leyes de reforma constitucional aprobadas durante la cuarta legislatura ordinaria irregular, argumentando que el Congreso había cumplido tan solo en las apariencias con los requisitos que la Constitución exige para su reforma en el artículo 206. / The purpose of this paper is to expose and analyze the reasoning of the Constitutional Court in the ruling on the case of the division of ordinary legislatures by the Congress of the Republic. The dissolution of parliament by former President Martín Vizcarra through Supreme Decree 165-2019-PCM in September 2019, resulted in the election of a new Congress, intended to complete the 2016-2021 parliamentary period. When it was about to end, in June 2021, Congress introduced, through Legislative Resolution 021-2020-2021-CR, a modification to the third transitory provision of the Regulations of Congress, creating a fourth ordinary legislature, with the objective of approving, in second vote, constitutional reform bills, in accordance with the requirements established in article 206 of the Constitution. The Legislative Resolution was questioned in an unconstitutionality action process. The Constitutional Court declared the lawsuit founded and Legislative Resolution 021-2020-2021-CR unconstitutional, as well as, consequently, the three constitutional reform laws approved during the irregular fourth ordinary legislature, arguing that Congress had complied only in the appearances with the requirements that the Constitution demands for its reform in article 206.

Esta investigación da a conocer el proceso mediante el cual los iletrados llegaron a ser ciudadanos en 1980. Para ello, recorre los siglos XIX y XX, siendo los puntos centrales las Asambleas Constituyentes de 1932 y 1979. En un principio los políticos abrazaron las corrientes darwinista e indigenista; una vez establecida la semejanza entre indio e iletrado, estimaron que eran incapaces de discernir o aportar a la construcción de un país moderno, que necesitaban ser tutelados. En 1932 se reconfirmó esta exclusión, establecida en 1895. En el trayecto hacia 1979, ciertos sucesos políticos y sociales modificaron la narrativa, lográndose el consenso hacia el voto del iletrado. Para realizar esta investigación he consultado fuentes primarias en los repositorios del JNE, Congreso e INEI. También recogí testimonios en la provincia de Anta (Cuzco), entre un grupo de pobladores analfabetos, semi analfabetos y que estuvieron cercanos a ellos en la coyuntura electoral de 1980. Esta fue una concesión. No hubo iletrados, ni dirigentes reclamándolo. Ellos lucharon por recuperar tierras ancestrales y por acceder a la educación. El sufragio no estuvo entre sus metas ni reflejó el sentir campesino; por lo que fue una preocupación de políticos e intelectuales. A nivel oficial, no se discutió suficientemente sobre la apremiante necesidad de eliminar el analfabetismo. En el Sur Andino no se consiguió reducirlo significativamente, por lo que siguió representando un azote para la conformación de un país soberano. Por último, cuando el Perú concedió el sufragio de los iletrados fue parte de la corriente democratizadora que recorrió Latinoamérica. / This research reveals the process by which the illiterate became citizens in 1980. it covers the 19th and 20th centuries, with the central points being the Constituent Assemblies of 1932 and 1979. At first the politicians embraced the Darwinist and indigenist currents; Once the similarity between Indian and illiterate was established, they considered that they were incapable of discerning or contributing to the construction of a modern nation, that they needed to be protected. In 1932, this exclusion was confirmed. On the way to 1979, certain political and social events modified the narrative, achieving consensus towards the illiterate vote. To carry out this research I have consulted primary sources in the repositories of the JNE, Congress and INEI. I also collected testimonies in Anta (Cuzco), among a group of illiterate and semi-illiterate residents who were close to them during the 1980 electoral situation. This was a concession. There were no illiterate people, nor leaders demanding it. They fought to recover ancestral lands and to access education. Suffrage was not among their goals nor did it reflect peasant sentiment, it was a concern of politicians and intellectuals. At the official level, the need to eliminate illiteracy was not sufficiently discussed. In the South Andean region, it was not possible to significantly reduce it, which is why it continued to represent a scourge for the formation of a sovereign country. Finally, when Peru granted suffrage to the illiterate, it was part of the democratizing current that swept through Latin America.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Debido a la realidad observada respecto a las conductas o inconductas congresales, la presente investigación, desarrolla una sistematización sobre una muestra representativa de 36 casos sobre acusaciones contra congresistas que fueron vistos y resueltos en su gran mayoría por la Comisión de Ética que fue creada por el Congreso de la República. Al realizarse dicha sistematización, se han identificado factores que se repiten y se aprecian en diferentes periodos legislativos estos últimos 16 años. Los factores encontrados son los siguientes: el constante incumplimiento legal y antiético al ejercer su cargo, el uso abusivo de sus privilegios y el involucramiento en actos de corrupción. Nuestra hipótesis central de investigación determina que estos factores observados en las conductas y/o inconductas congresales reiterados a lo largo de diferentes periodos legislativos son, por su gravedad e impunidad, sustento valedero para evaluar la posibilidad de una reforma constitucional sobre el mecanismo de revocatoria. La metodología que utiliza esta tesis es la cualitativa, el método de investigación es la sistematización y estudio socio-jurídico del Derecho. Al realizarse los análisis y reflexiones críticas sobre dichos factores, se ha logrado establecer los siguientes elementos: la conducta de los congresistas ante la sociedad y la Comisión de Ética, el desenvolvimiento de la Comisión de Ética sobre los casos presentados ante ella y la normativa ética del Congreso que aplica la Comisión de Ética. La conclusión principal de esta investigación es la establecida y demostrada ineficacia de dicha Comisión en el cumplimiento de sus funciones. Al estar determinada dicha conclusión, se procederá a presentar experiencias internacionales valiosas sobre el mecanismo de revocatoria congresal o parlamentaria que se viene aplicando en otros países. Se desarrollará finalmente el sustento sobre una reforma constitucional peruana a favor de permitir al ciudadano revocar a sus representantes al congreso que, en su gran mayoría, vienen denigrando con sus inconductas el cargo y la representación que les otorgó el ciudadano al elegirlos.

La reinterpretación del artículo 9 estuvo influenciada por el uso de un liderazgo político anti-mainstream por Shinzo Abe desde que llega al poder en 2012. Los medios utilizados para lograr este fin fueron cuatro: la alianza con el partido Nuevo Komeito en el Parlamento Bicameral, la intimidación de medios de comunicación críticos hacia la postura anti-mainstream de Abe, la reinterpretación de tradiciones existentes o temas sensibles como el de las ‘mujeres confort’, las visitas al santuario Yasukuni y las transformaciones de la política de defensa, y finalmente, por medio de una ‘diplomacia orientada hacia los valores’. Del mismo modo, Abe ha hecho uso de la firma de Tratados de Libre Comercio para acercarse no solo de manera comercial, sino en materia de seguridad a otros países de la región, como India o Australia, para quitarle influencia a China en la región del Este Asiático. Por otro lado, la presión que ha ejercido la relación en materia de seguridad con Estados Unidos, la influencia política y económica de China en la región y la amenaza bélica norcoreana, si bien han ‘facilitado’ la reinterpretación, han sido, en cierta manera, sobre-dimensionadas por Abe para agilizar la implementación de su agenda en materia de seguridad.

El problema que se aborda en este artículo es la viabilidad política y constitucional del uso del referéndum como mecanismo de cambio constitucional en el Perú. Esta es una polémica que se reavivó a raíz de la propuesta del ex presidente Pedro Castillo, la cual consistió en la realización de una reforma constitucional por medio de un referéndum para positivar la figura de la Asamblea Constituyente. Asimismo, el marco jurídico constitucional que generó interpretaciones divergentes ha sido el artículo 32, inciso 1 de la Constitución peruana, el cual reconoce que por medio de referéndum puede realizarse la reforma total de la Constitución. Además, aunque parezca una polémica nueva, en realidad, es antigua y ello se observa en las diferentes tendencias interpretativas generadas en el marco del Tribunal Constitucional peruano, las cuales son contrastadas en este artículo. A dicho contraste, se le suma el análisis de esta problemática en base al análisis de un caso latinoamericano: el del uso del referéndum en Venezuela para el cambio constitucional (1999). Por último, se debe mencionar que la finalidad del artículo es visibilizar las tensiones entre la democracia representativa y democracia directa, así como de reflexionar sobre cuál sería la interpretación más acorde con la protección del derecho de participación política ciudadana en el Perú. / The problem addressed in this article is the political and constitutional viability of referendum as a mechanism for constitutional change in Peru. This is a controversy that was revived as a result of the proposal of former president Pedro Castillo, which consisted of carrying out a constitutional reform through a referendum to affirm the figure of the Constituent Assembly. Likewise, the constitutional legal framework that generated divergent interpretations has been article 32, paragraph 1 of the Peruvian Constitution, which recognizes that a total reform of the Constitution can be carried out through a referendum. Furthermore, although it may seem like a new controversy, in reality, it is old and this is observed in the different interpretative trends generated within the framework of the Peruvian Constitutional Court, which are contrasted in this article. To this contrast, we add the analysis of this problem based on the analysis of a Latin American case: the use of the referendum in Venezuela for constitutional change (1999). Finally, it should be mentioned that the purpose of the article is to make visible the tensions between representative democracy and direct democracy, as well as to reflect on what would be the most consistent interpretation with the protection of the right of citizen political participation in Peru. / Trabajo académico

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento