El presente trabajo de investigación surge ante la necesidad de que las entidades que cumplen una función reguladora, entendiendo la misma bajo una concepción amplia, adopten las herramientas pertinentes para la llevar a cabo las mejores decisiones, siendo una de ellas el Análisis de Impacto Regulatorio. En ese sentido, surge la pregunta si la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP debe de considerar adoptar dicha herramienta tomando en cuenta su rol fundamental en el sistema financiero al dictar normas y directrices a las entidades financieras (bancos, cajas, financieras, aseguradoras, etc.). Conforme a ello, en esta investigación, se propone como hipótesis la necesidad que la SBS analice la aplicación del Análisis de impacto Regulatorio en el Sistema Financiero Peruano al momento de regular; es decir que adopte dicha herramienta regulatoria en su proceso de evaluación y producción normativa, puesto que ello permitirá la adopción de la mejor solución ante alguna falla en el sistema financiero peruano, disminuyendo los costos y cargar a las entidades reguladas, así como el establecimiento de un proceso regulatorio estandarizado que genere un contrapeso al poder discrecional que goza el regulador sin que ello afecte su autonomía

El presente trabajo analiza la regulación existente en nuestro país respecto a la legitimación para plantear procesos que tutelan derechos supraindividuales, haciendo énfasis en el artículo 82 del Código Procesal Civil y el artículo 843 del Proyecto de Reforma de dicho Código. Ante la legitimación limitada a un número específico de instituciones que plantean las normas mencionadas, el objetivo de esta investigación radica en plantear una propuesta distinta, donde se busque otorgar una legitimidad amplia para este tipo de procesos en los que el juez en cada caso en concreto deberá analizar la “representatividad adecuada” de la persona o institución que plantee la demanda colectiva. Para lograr este objetivo, además de realizar un breve marco conceptual respecto a la legitimidad para obrar, los derechos difusos, derechos colectivos, los derechos individuales homogéneos y la representatividad adecuada, analizaremos nuestra propuesta planteada a partir de un caso real: la indemnización solicitad por INDECOPI a distintas farmacias por vulnerar derechos de consumidores al concertar precios de sus productos.

El sistema previsional peruano tiene una naturaleza alternativa: el trabajador debe elegir entre el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) o el Sistema Privado de Pensiones (SPP). En este contexto, la administración de fondos de pensiones por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) posee una serie de normas que, con el fin de proteger el derecho a la pensión, impactan en la relación de estas empresas con sus clientes, convirtiéndose en restricciones a la libertad de empresa. Así, para efectos de este trabajo se han seleccionado tres: la licitación de afiliados, las restricciones a la fidelización y el trámite que regula el otorgamiento de una pensión de jubilación. El objetivo principal consiste en determinar si es que tales limitaciones constituyen vulneraciones al derecho a la libertad de empresa, teniendo en cuenta el desarrollo doctrinario y jurisprudencial de este derecho, así como el del derecho a la pensión, por tratarse del fundamento último de las normas del SPP. Para tal fin, se han utilizado dos metodologías: en primer lugar, el método comparado, a partir de las experiencias de Chile y Colombia, a fin de determinar las razones detrás de las restricciones y la postura que el Estado ha tomado en esta materia; en segundo lugar, el test de proporcionalidad, como herramienta de análisis de la constitucionalidad de las medidas

A mediados del año 2016, la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos presentó al pleno el Proyecto de Ley 289/2016-CR, un proyecto de ley muy polémico que buscó modificar la legislación vigente en torno al servicio de estacionamientos; obligando a las empresas, entre otras cosas, a establecer un sistema de precios que cobre por minuto, prohibiendo así otros sistemas de cobro habituales como el típico “por hora o fracción”. Así, gracias a esta y muchas otras propuestas regulatorias polémicas en el país, surge inevitablemente la pregunta: ¿qué tan bien estamos regulando en el Perú? Existe una tendencia global, encabezada por la OCDE, de mejorar la calidad de la regulación en todos los países miembros y observadores, mediante la propuesta de metodologías y herramientas que garanticen un proceso de formulación de políticas regulatorias de calidad que aumente las probabilidades de éxito de la regulación propuesta; siendo el más importante y reciente, el modelo de Análisis de Impacto Regulatorio (RIA). Considerando las intenciones del país de formar parte de la OCDE en el futuro cercano, resulta de gran importancia la adopción de los modelos propuestos por este organismo en los procesos de toma de decisión de políticas regulatorias. El objetivo central de la presente tesis fue analizar los avances y las limitaciones en la aplicación de herramientas de calidad regulatoria en el proceso de formulación de políticas regulatorias en el Perú, empleando el caso del Proyecto de Ley 289/2016-CR como caso de estudio. Para ello, se planteó un marco metodológico en torno a un proceso RIA, incluyendo una serie de características y condiciones que un proceso RIA ideal debería contener. Luego, se realizaron entrevistas a dos congresistas y un asesor miembros de la Comisión, con el fin de conocer, al mayor detalle posible, el proceso que siguieron al formular este proyecto de ley. Finalmente, se realizó un análisis crítico de este proceso, contrastándolo con las características del RIA ideal propuestas en el marco metodológico; y sumando las opiniones sobre este proceso de expertos en economía, expertos en políticas públicas y expertos en RIA. El análisis evidenció que, a pesar de que el proceso de formulación del proyecto de ley sigue las etapas requeridas por un proceso RIA, existen falencias en todas las etapas, y a distintos niveles, entre las que destacan problemas con la identificación del problema y sus causas, así como errores lógicos en el árbol de objetivos; los que se verán con mayor detalle en el capítulo de resultados.