Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo pretende dar respuesta a la interrogante acerca de si las discriminaciones históricas contra grupos vulnerabilizados han repercutido en la interpretación de las instituciones jurídicas actuales. En lo específico, en esta tesis desarrollaremos un análisis jurídico-dogmático comparado de la aplicación de la atenuante contenida en el art. 11 Nº5 del CP chileno cuando se hace en casos de femicidios (art. 390 inc. 2º CP). Para su desarrollo, partiremos analizando los principios de igualdad y no discriminación como mandatos para los Estados y sus instituciones a la hora de interpretar las leyes y veremos cómo se han visto sesgadas por el paradigma biológico, que posiciona a lo masculino como un valor dominante, que ha excluido, invisibilizado y desplazado otros valores y otras vidas, totalmente reconocibles. A la vez, aportamos un paneo general de la respuesta feminista a este fenómeno a través de la perspectiva del género y su rol en la reinterpretación de las instituciones jurídicas. Luego realizamos un análisis acabado en torno al tipo de femicidio recogido en el inc. 2º del art. 390 del CP chileno, su conceptualización y alcances, el bien jurídico que protege para terminar contextualizándolo como un delito por odio. Por último, analizaremos la atenuante de arrebato y obcecación desde una perspectiva dogmático-jurídica comparada a nivel nacional, latinoamericano, pero principalmente desde la óptica española, quienes seguramente son quienes más estudios han dedicado a este tema tanto a nivel jurisprudencial como a nivel académico. Concluiremos esta tesis, realizando un cruce entre la atenuante y el delito de femicidio, para ello ponemos énfasis en una lectura interpretativa que sin ser completamente excluyente del modelo formal considere las variables de género al momento de su aplicación.

Tesis (para optar al grado de magíster en derecho mención en Derecho Penal) / Esta investigación tiene por objetivo general analizar la situación en que encontraren aquellas personas jurídicas que fueren imputadas por alguno de los delitos contemplados en la Ley 20.393 del año 2009, que estableció la responsabilidad penal justamente de las personas jurídicas, específicamente en relación a las posibilidades de defensa penal que le cabrían cómo respuesta a una interpretación estricta de las normas de la ley, en base a la cual se considere a priori que, por el mero hecho de no tener implementado el modelo de prevención que la misma ley establece, debiera ser condenada y cómo una interpretación de esta naturaleza podría afectar derechos constitucionalmente consagrados o principios generales del derecho penal

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El estudio de la irreprochable conducta anterior del delincuente, como circunstancia atenuante de la responsabilidad penal, es un tema abordado someramente por la doctrina, a pesar de ser la atenuante que registra mayor aplicación por parte de nuestros tribunales ante delitos de mayor connotación social. La escasa investigación existente carece de una perspectiva político criminal que analice la institución a la luz de la teoría de los fines de la pena y los principios limitadores del ius puniendi estatal. La relevancia de estos principios radica en que, sólo mediante su estudio y aplicación, será posible desarrollar apropiadamente una fundamentación de la atenuante coherente con un Derecho Penal de Garantías. La hipótesis planteada en esta investigación consiste en que la Irreprochable Conducta Anterior del Delincuente constituye un indicio de menor o nula necesidad de inocualización, intimidación y corrección o resocialización del sujeto, en consideración a que, con anterioridad al delito, ha mantenido un comportamiento acorde a la ley penal y las expectativas ético sociales imperantes, constituyendo el delito una excepción a su conducta habitual. Es decir, la irreprochable conducta anterior del delincuente fundaría la atenuación de la pena, basándose en exigencias preventivo especiales y en los principios limitadores del ius puniendi estatal: Subsidiariedad del Derecho Penal, Resocialización y Necesidad de la Pena. A fin de establecer la efectividad de esta hipótesis será necesario analizar, desde un punto de vista crítico, dogmático y jurisprudencial, la justificación de la existencia de la atenuante de responsabilidad penal contenida en el artículo 11 número 6 del Código Penal, siendo éste el objetivo principal de la presente investigación.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El derecho a ejercer una defensa legítima despierta el más profundo interés incluso en personas que no están ligadas de modo alguno con el sistema jurídico. No resulta poco habitual que, en reiteradas ocasiones, quienes estamos relacionados de una u otra manera al estudio del derecho hayamos sido interrogados por nuestros cercanos acerca de los límites de esta causal de justificación. “Si estoy siendo víctima de un robo, ¿puedo herir al asaltante?”, “¿puedo incluso quitarle la vida si es necesario?”, “¿es lo mismo si está dentro de mi hogar?”, son los comunes cuestionamientos que nos han realizado en repetidas oportunidades. Ya expresaba esta cercanía con el derecho en comento un proyecto de ley del parlamento alemán del año 1962, manifestando que la legítima defensa es para el particular un “(…) derecho protector duro y enraizado en la convicción jurídica del pueblo”.Note1. En primer lugar, se ha sostenido que la legítima defensa se justifica en el principio de protección individual de bienes jurídicos. Según esta posición, la legítima defensa se presenta como la manera a través de la cual el Estado, ante la imposibilidad de conjurar el riesgo que constituye el comportamiento del agresor, propone una forma lícita de autoayuda en la que el mismo agredido puede velar por la intangibilidad de sus bienes jurídicos.Note2. De esta forma, la legítima defensa es concebida como una consecuencia necesaria del derecho que tiene el individuo de proteger sus intereses, derecho que coincide por una parte con su instinto de conservación y que responde por otra a la imposibilidad del Estado de proteger eficazmente todos aquellos bienes que merecen ser protegidos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La Jurisprudencia de los Tribunales Superiores de nuestro país expuesta a lo largo de la presente investigación ha sido abundante y sobre los más diversos ámbitos de la responsabilidad penal médica, por lo que pretendo sea una contribución eficaz para su estudio. De manera adicional, en este trabajo se examinan los diferentes delitos médicos dolosos que se contemplan en el Código Penal chileno y en algunas legislaciones extranjeras.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Actualmente las empresas son, sin dudarlo, el principal agente económico de la sociedad. La libertad con que operan las compañías, viene antecedido, por un afán de expansión y de crecimiento económico. Favorecido por ello, las personas jurídicas se han vuelto el escenario ideal para la comisión de delitos surgiendo así la “criminalidad empresarial”, la que atenta contra bienes jurídicos importantes para la sociedad. La urgente necesidad de protección de dichos bienes desencadenó el surgimiento de políticas criminales preventivas, permitiendo que durante el siglo XX, se diera paso a la responsabilidad penal empresarial, en función de la necesidad de frenar la criminalidad empresarial. Dieron inicio a esto, los países de tradición jurídica anglosajona, menos apegados a la dogmática jurídica. En cambio, los países de tradición jurídica continental, fueron más reacios y sus reformas tomaron más tiempo. Particularmente, en el caso de Chile nunca se manifestó mayor interés en implementar medidas para frenar la irresponsabilidad de las personas jurídicas, hasta éste se volvió uno de los requisitos para ser miembro permanente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Es en este escenario que nace la Ley Nº 20.393 la cual consagra la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El principal elemento de interés del presente trabajo, se enfoca en el análisis de los modelos de imputación utilizados para la atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas. Se inicia la investigación a partir de los modelos presentes en el derecho comparado, para luego conocer y analizar las características del modelo mixto de responsabilidad, basado en el defecto de organización de la persona jurídica, sistema de imputación escogido por el legislador chileno. Lógicamente se abordaran sus alcances más relevantes y las falencias que se prevé tendrá la Ley Nº 20.393 bajo este sistema de imputación

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo expone el estado de la discusión acerca de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la doctrina nacional e internacional. Mediante la introducción de herramientas conceptuales de la teoría de la acción y los desarrollos en el ámbito de la agencia de entes colectivos,se busca aportar en la comprensión de la capacidad de acción-elemento de la responsabilidad penal- para indagar en la posibilidad de que éstos sean considerados sujetos pasivos de imputación. De acuerdo a los resultados obtenidos, un conjunto de criterios sustantivos y formales permiten distinguir entre clases de colectivos humanos según su complejidad y estructura normativa. Algunos de ellos serían candidatos a ser considerados verdaderos agentes y, por lo tanto, sujetos de imputación. En este sentido, cabría afirmar de ellos verdadera capacidad de acción en sentido jurídico-penal.

Memoria (para optar al grado de magíster en derecho mención en derecho penal) / Palabras claves: Medidas de seguridad, locura, historia, criminología, psiquiatría Endemoniados y parte de una masa homogénea, “considerada inferior”, conformada por leprosos, mendigos y seres con vida licenciosa que requerían misericordia divina para perdonar su alma, a sujetos considerados enfermos desde una óptica médica que requieren atención y orientación, con el fin de proteger a la sociedad de la comisión de nuevos ilícitos. La presente investigación apunta a determinar el origen de las medidas de seguridad, mediante el análisis del escenario histórico del tratamiento de la locura existente antes y después de la irrupción de la psiquiatría como disciplina científica, en el derecho penal. Nos adentraremos mediante un estudio descriptivo a conocer los paradigmas en torno al tratamiento de los enfermos mentales, en la edad media, en la ilustración y su posterior evolución al sistema de medidas de seguridad

Tesis (para optar al grado de magíster en derecho penal de los negocios y de la empresa) / La presente investigación tiene por objeto desde una perspectiva teórico-jurídica, analizar la problemática de las graves lesiones a los derechos fundamentales de los trabajadores acometidas por parte de los empleadores o empresarios en Chile y lo insuficiente que ha resultado la legislación nacional existente para su prevención y sanción. Proponiéndose a modo de alternativa de solución, la criminalización o penalización de determinadas conductas empresariales que lesionan gravemente derechos fundamentales de los trabajadores

Magíster en Gestión y Políticas Públicas / Chile es el segundo país en Sudamérica con mayor cantidad de reclusos, presentando una tasa de 296 internos por cada 100 mil habitantes, esta cifra da cuenta de la crisis por la que atraviesa el sistema penitenciario hace décadas. En este contexto, en el año 2006 se impulso el Programa de Inversión Infraestructura penitenciaria, el cual introduce la participación de privados en ámbitos del sistema penitenciario, hasta la fecha de responsabilidad exclusivamente estatal, esta incorporación se realiza principalmente con el objetivo de ampliar la infraestructura carcelaria ante el aumento de la población penal privada de libertad. Pese a que el programa mixto público privado se inició durante el año 2006, a la fecha, no existe un cuerpo de conocimiento que contribuya a evaluar si efectivamente la participación de privados ha aumentado las posibilidades de rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad. En este contexto surgió como pregunta directriz de la investigación: ¿es conveniente dejar en manos de privados la rehabilitación de los reclusos, cuando ésta es una responsabilidad del sector público? En este contexto, este estudio de casos busca generar una contribución al análisis de la incorporación de privados en los programas de rehabilitación y reinserción social, planteándose como objetivo general: Comparar la oferta programática en rehabilitación y reinserción social entre el sistema de cárceles tradicional y concesionada, en los Complejos Penitenciarios Valparaíso y Rancagua . Para el logro de éste, se utilizaron fuentes secundarias de información, las que permitieron dar a conocer el contexto de la seguridad ciudadana en Chile, principalmente el diagnóstico de la población penal recluida en los casos analizados. Éste análisis se complementó con el aporte de fuentes primarias, con el objetivo de conocer las percepciones de los distintos actores involucrados en esta materia. En términos generales, algunas de las conclusiones de este estudio de casos son: 1) destaca que la mayoría de los actores coincide en que es difícil realizar un juicio respecto si es ganancioso o más efectivo dejar en privados la labor de asistencia que anteriormente realizaba de forma exclusiva el sector público, a través de Gendarmería, pues no es claro que la oferta programática de las cárceles concesionadas en reinserción social sea mejor. Hay consenso en que es positivo concesionar las labores de atención, relacionadas con las condiciones de habitabilidad, alimentación, salud, entre otros; pues la empresa privada es más eficiente en la entrega de los servicios que Gendarmería; 2) en ambas modalidades, hay una clara tendencia a la construcción de indicadores en los ámbitos de insumos y procesos, no visualizándose en términos de productos, resultados e impacto, que permitan ver si el resultado de las acciones diseñadas e implementadas por el servicio, significan un mejoramiento en la habitabilidad de las condiciones objetivas y están contribuyendo a la reinserción social de la población penal. Algunas de las recomendaciones que surgen de esta investigación son: 1) la función de asistencia debe ser parte de un organismo público, que este a cargo de los procesos de rehabilitación y reinserción social de la población condenada; 2) la creación de un indicador de reinserción social, y no basar este proceso sólo en indicadores de reincidencia; 3) la creación de un instrumento que permita cuantificar variables en las unidades tradicionales, para obtener el gasto real por recluso; y, 4) finalmente, se recomienda trabajar en medidas enfocadas en la coordinación intersectorial de los actores.