Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo versa sobre la implementación del nuevo sistema de responsabilidad penal adolescente en Chile, el cual es analizado desde la perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La relevancia de este tema radica en que las modificaciones legales en comento pretenden, entre otras cosas, cumplir con los compromisos adquiridos por Chile en materia de Derechos Humanos de los y las adolescentes, contenidos en los tratados internacionales pertinentes. Si bien, lo reciente de estos cambios legislativos no permiten realizar una evaluación práctica acabada de sus efectos, sí posibilita un análisis crítico de la técnica legislativa utilizada así como de las ideas que sustentaron los cambios, para poder determinar si efectivamente con ellas se cumple con las obligaciones internacionales de Chile o aún es necesario perfeccionar la institucionalidad legal para poder alcanzar dicho objetivo. La hipótesis que aventuramos al realizar esta investigación consiste en que las y los adolescentes que son juzgados bajo el nuevo sistema de responsabilidad por infracción a la ley penal, pasan a ser un grupo excluido en la sociedad, ya que la ejecución y aplicación de este sistema no posibilita su plena reinserción social, ni cumple con los estándares mínimos de respeto y goce de sus derechos fundamentales. En relación a la metodología utilizada para el desarrollo de la presente investigación, el contexto del problema planteado se abordará desde una perspectiva teórica, mediante la revisión y análisis de literatura relativa a la justicia juvenil, en general, y a la interrelación de ésta con los Derechos Humanos, en particular. Se examinarán también experiencias comparadas en esta problemática. Para abordar la justificación de la hipótesis se utilizará también la investigación de campo, a través de entrevistas cualitativas y la participación en seminarios, con operadores del sistema de justicia juvenil y personas dedicadas al estudio o trabajo en estas materias.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La memoria plantea que los mecanismos de denuncia, investigación y sanción de vulneraciones policiales efectuadas en este contexto resultan ineficaces. Por una parte, destaca el hermetismo de los mecanismos administrativos internos de denuncia y sanción a 14 los funcionarios de Carabineros y Policía de Investigaciones, que inhiben la participación de los afectados y la ciudadanía en general, abordando las denuncias administrativas como un asunto de interés meramente institucional y no de interés público, en desmedro de las garantías del debido proceso que debieran regir para los afectados. Por otra parte, aborda la insuficiencia de los mecanismos penales externos a las instituciones policiales para hacer frente al, a su juicio, gran volumen de denuncias de irregularidades policiales que merecerían reproche penal, o al menos, investigaciones penales exhaustivas. A modo de ejemplo, se destaca que, entre el año 1999 al 2013, del total de 20.742 denuncias por violencias innecesarias registradas en el período señalado, solo se registraron aprox. 369 sentencias condenatorias.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La imposibilidad de alcanzar la verdad en el contexto de todo proceso judicial, supone la existencia de potenciales riesgos de error: riesgo de condenas falsas y riesgo de absoluciones falsas. Los riesgos recién señalados no son los mismos en todo tipo de procedimientos judiciales, o al menos, no tienen el mismo contenido en cuanto a los bienes jurídicos que afectan, en consecuencia, no todos los riesgos tienen el mismo costo relativo. La elección de un determinado estándar de prueba para un determinado tipo de proceso judicial consiste en una elección político valorativa por distribuir la prevalencia de esos determinados riesgos que inevitablemente podrán producirse. La Ley Nº 20.393 de 2009, que establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas no específica de manera expresa en su articulado el estándar de prueba aplicable para este tipo de procedimiento, sin embargo, la misma Ley señala expresamente que las cuestiones de orden procesal no tratadas allí, se remiten a las reglas generales establecidas en el Código Procesal Penal y otras Leyes especiales que sean aplicables. A partir de lo anterior, se ha aplicado en materia de procedimiento penal el idéntico estándar de prueba exístete respecto de las personas físicas o naturales para las personas jurídicas, esto es, el exigente estándar de prueba más allá de toda duda razonable. En el siguiente trabajo se critica la aplicación del estándar de prueba más allá de toda duda razonable en el procedimiento penal contra la persona jurídica, y se propone que es posible utilizar otro estándar de prueba. La diferente naturaleza de las penas que arriesga la persona jurídica respecto de la persona natural o física, supone que los bienes jurídicos afectados con el potencial error en la condena existente en el primer tipo de procedimiento difieren respecto de los bienes jurídicos afectados con el potencial error de condena existente en el segundo. Las personas jurídicas jamás arriesgarán penas privativas o restrictivas de libertad ambulatoria o de desplazamiento como la persona física o natural, y por lo tanto, es posible la aplicación de un estándar menos exigente.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Por medio del presente trabajo, buscamos dilucidar el régimen jurídico penal aplicable a situaciones de socorro, y abordaremos en consecuencia y de manera tangencial de lo anterior el sistema de responsabilidad civil aplicable a este tipo de situaciones. Buscaremos distinguir entre la situación de un rescatista institucionalizado y aquella en la cual interviene un sujeto sin obligación previamente que lo induzca a la acción, ni capacitación al efecto. Trataremos de verificar que tipo de criterios de imputación eventualmente se aplican a uno u otro caso. También revisaremos que cuasidelitos en particular se podría generalmente incurrir al emprender esta clase de acciones. Adicionalmente estudiaremos la doctrina del Buen Samaritano, de origen anglosajón, y veremos si tiene alguna recepción de nuestro ordenamiento jurídico nacional actualmente, y, en la afirmativa, trataremos de dilucidar que consecuencias jurídicas prácticas puede esta construcción dogmática tener.

Tesis (magíster en derecho con mención en derecho penal) / Ante la ausencia de un texto legal expreso que se pronunciare al respecto, la doctrina y la jurisprudencia, bajo el imperio del Código de Procedimiento Penal y aplicando una lógica inquisidora, intentaban determinar qué actuaciones procesales tenían la aptitud para suspender el curso de la prescripción de la acción penal. Las dudas existentes al respecto parecían disiparse con la regulación efectuada por el Código Procesal Penal. Este cuerpo normativo, de manera expresa, asigna a un determinado hito procesal el efecto suspensivo de la prescripción. A partir de la formalización de la investigación, la prescripción de la acción penal se encuentra suspendida. Sin perjuicio del claro tenor literal de la norma, la práctica judicial sigue siendo vacilante, concediendo a actuaciones distintas, los efectos que el legislador ha reservado a la comunicación de cargos que realiza el ente persecutor ante el correspondiente órgano jurisdiccional. Nuestro objetivo es contribuir a la discusión no tan sólo a partir del explícito texto legal, sino que extrayendo consecuencias de los principios orientadores del nuevo proceso penal, los que deben tener un pleno reconocimiento en el actuar de las agencias encargadas de la represión de los delitos

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Es así, que en la conformación del mundo actual se han venido- de un tiempo a esta parte- generando nuevos procesos, con características particulares históricamente, lo que trasunta en ámbitos como las nuevas invenciones del progreso tecnológico, la potente masificación del acceso a la información, la hegemonía del mercado en la sociedad; hechos que no hacen sino constituir formas de trabajo y relaciones sociales especiales, determinados por éstas mismas. A consecuencia de ello, emerge una gama de problemáticas ignoradas hasta hoy, generando entonces la necesidad por parte de los Estados de implementar nuevas políticas y respuestas. De esta forma, se ha impuesto un capitalismo capaz de disciplinar desde la diversidad, o bien, dominar en forma sutil y difusa, con nuevos dispositivos y técnicas de control que operan desde ámbitos formales e informales. Y aunque el mundo sea muy distinto al de 20 o 30 años atrás, el Derecho Penal sigue siendo una institución esencial en lo que a control social significa, no obstante sus manifestaciones actuales implican algo más que meras características históricas. Es así, que nuevos paradigmas han entrado en acción, marcados significativamente por el debilitamiento de los principios liberales clásicos, que alguna vez sustentaron una ideología fuertemente reductora del poder punitivo del Estado frente a los particulares. Se relativizan garantías, funciones, objetivos del derecho penal, provocándose con ello un giro radical expresado en el paso de la noción del derecho penal como garantía para los ciudadanos, a un derecho penal erigido en dominio sobre los sujetos. De esta forma, queda el camino abierto para convertir al Derecho Penal en un potente instrumento institucional, capaz de legitimar la represión sobre conductas e individuos que consciente o inconscientemente se despliegan como amenazas al orden establecido. Se pasa así, de un derecho penal del hecho, a uno del autor

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En nuestro primer capítulo analizaremos cada una de las sanciones establecidas en la LRPJ, tanto en lo que se refiere su orientación político-criminal y naturaleza jurídica, como en lo relativo al detalle de su regulación. En segundo término, en el capítulo 2, analizaremos el sistema de determinación de sanciones, instituciones novedosas de aplicación post-condena y las salidas alternativas susceptibles de aplicación en los procedimientos juveniles, todo a efectos de poder vislumbrar con claridad las reales características del sistema de sanciones de nuestra ley penal juvenil, sobre todo en lo relativo a la importancia que tiene la privación de libertad en esta normativa. En el capítulo siguiente trasladaremos nuestro centro de atención a lo que constituyen los fines de la pena en el Derecho penal juvenil, análisis que se referirá no sólo a los fines de la pena declarados en la LRPJ, sino que también y principalmente a las orientaciones doctrinarias en la materia, la normativa internacional pertinente y las críticas que a este respecto puedan formularse. En el capítulo cuarto esbozaremos un examen crítico respecto de ciertas formulaciones doctrinarias, que pese a contar con la aquiescencia de la normativa internacional en la materia, no dejan de ofrecer reparos a los ojos del mandato de restricción en el uso del internamiento y a la vez porque se ven frustrados los objetivos de igualdad que prescribe la doctrina de la protección integral, dicho razonamiento se torna urgente considerando que dicha orientaciones dogmáticas fueron, en cierta medida, incorporadas en la LRPJ, y éstas a la vez forman parte del eje central del sistema de sanciones de la citada ley. En nuestro último capítulo (conclusiones), a la luz de las características previamente analizadas del sistema de sanciones que establece nuestra ley penal juvenil, ofrecemos nuestra posición respecto a la idoneidad de dicho sistema en cuanto a la consecución de los fines de la pena que la propia ley declara, especialmente en lo que a integración socio-educativa se refiere

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de la memoria es investigar el verdadero alcance de dos modificaciones introducidas por la Ley de Matrimonio Civil de 2004: el reconocimiento civil de los matrimonios celebrados ante entidades religiosas de derecho público y la responsabilidad penal por causa de su celebración. Ambos respecto del matrimonio canónico, pero cuyas conclusiones son aplicables a los diversos regimenes religiosos con presencia en nuestro país. La investigación se divide en dos partes. En la primera formada por los tres primeros capítulos, se estudian los principales antecedentes jurídicos que constituyeron el matrimonio en Occidente y se constata la preeminencia de las jurisdicciones del Estado y de la Iglesia Católica; luego, se exponen los elementos fundamentales del matrimonio canónico, y se concluye definiendo la naturaleza y características del actual sistema matrimonial chileno. En la segunda parte formada por los capítulos cuarto y quinto, se examina la influencia del matrimonio religioso, principalmente del canónico, en el origen y evolución de los delitos que han castigado los matrimonios ilegales en Chile; y se analiza dogmáticamente la renovada categoría de la celebración de matrimonios religiosos civilmente ilegales. La memoria consigue comprobar que los efectos civiles de los matrimonios religiosos celebrados ante entidades religiosas de derecho público son accesorios a la celebración efectiva del matrimonio civil, por tanto, virtuales y carentes de sentido; y además son exclusivamente formales, debido a que se refieren únicamente al rito religioso. En base a lo anterior, los delitos para castigar la celebración de matrimonios religiosos civilmente ilegales constituyen una extensión impropia del catalogo punitivo y una amenaza potencial para la libertad de los ministros de culto. Para superar la situación indicada, se exponen las posibles soluciones y se propone la que es considerada más adecuada a nuestra realidad.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En este punto, se hace necesario explicar la razón por la cual en esta memoria no abundan las sentencias dictadas por la Corte Suprema y por la Corte de Apelaciones acerca de la atenuante de irreprochable conducta anterior. Al respecto, cabe señalar que muy pocos de los fallos pronunciados sobre este tema por los tribunales superiores de justicia –y que se recopilaron para este trabajo-, contenían una parte expositiva y otra considerativa, lo cual era fundamental a la hora de hacer esta investigación, dada la estructura de las fichas de sentencias –que requieren datos como la relación de los hechos y el razonamiento del tribunal-. En cuanto a la investigación, un total de 113 sentencias fueron analizadas y sistematizadas, siendo ordenadas primeramente de acuerdo al Tribunal que las dictó –comenzando por la Corte Suprema, continuando por las Cortes de Apelaciones, y luego, con los Tribunales Oral en lo Penal y los Juzgados de competencia común-. El segundo criterio utilizado para sistematizar los fallos recopilados corresponde a la fecha en que estos fueron pronunciados, identificando cada uno de ellos a través de su respectivo 2 registro de ingreso al Tribunal. Finalmente, se procedió a ordenar los aspectos más relevantes de cada sentencia en un modelo de fichas que recoge datos tales como el Tribunal que dictó el fallo, una reseña de los hechos constitutivos de delito, los fundamentos del Tribunal para acoger o negar lugar a la aplicación de la atenuante en comento y la decisión adoptada por los jueces respecto a acoger o negar lugar a la atenuante en comento. De esta manera, por los motivos primeramente señalados, y a través de los criterios de sistematización indicados, esta investigación pretende aportar al análisis y delimitación de la atenuante de irreprochable conducta anterior, identificando y dando a conocer los razonamientos mayormente usados en la práctica judicial para tales efectos en la aplicación de esta circunstancia modificatoria de la responsabilidad penal, siendo este repertorio, en consecuencia, una útil herramienta de consulta, al tratarse de una investigación trabajada sobre la base de parámetros objetivos

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Esta memoria de investigación pretende constituir una muestra de la importancia de poseer un marco conceptual configurado por una teoría de la acción de raíces analíticas para una adecuada construcción de una teoría del hecho punible, sensible a una determinada comprensión de la agencia y de la imputación. Su objetivo específico se estructura en torno a los pasos requeridos en la búsqueda de una interpretación razonable del artículo 10 n° 6 del código penal chileno, que exige la ausencia de “motivos ilegítimos” para dar lugar a la justificación por legítima defensa de terceros extraños. Entre estos pasos cuentan, fundamentalmente, un análisis del papel que han de desempeñar los motivos de un agente en la atribución de responsabilidad jurídico penal, la determinación del rol de los así llamados “factores o elementos subjetivos” en materia de causas de justificación, y una elucidación de la estructura, así como de algunos ámbitos de aplicación, de la imputación extraordinaria. La investigación se realizó en el marco del proyecto FONDECYT nº 11110274, titulado “La ontología del hecho punible. Fundamentos de teoría de las normas y teoría de la acción para la dogmática de la parte general del derecho penal”, cuyo investigador responsable es el Dr. Juan Pablo Mañalich