Los programas de transferencias monetarias condicionadas son un componente fundamental de las redes de protección social, por lo que se han extendido en los países en desarrollo. La variante peruana de programa de transferencia monetaria condicionada es el Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres - Juntos, que tiene por finalidad contribuir a la reducción de la pobreza y evitar la transmisión intergeneracional de la misma mediante la entrega de incentivos monetarios para el acceso y uso de servicios de salud y educación. Una figura sin la que no podría pensarse su implementación es el gestor local, burócrata que lleva a cabo buena parte de los procesos del programa, representa al programa frente a las usuarias e instituciones locales, incluso representa al Estado en el territorio y maneja un nivel de discrecionalidad en su labor que le permite moldear la política en la que trabaja. La presente investigación, se propone responder (1) cómo los gestores lidian con la demanda de cumplir una larga lista de tareas y metas burocráticas para el programa; de brindar un servicio polivalente y de calidad; y a la par, interactuar con las usuarias, lo cual les exige un trato personalizado y ciertas habilidades para asumir una serie de situaciones fortuitas. Junto con lo anterior se indaga (2) qué determina la forma en que los gestores usan la discrecionalidad y cómo afecta ésta a la implementación del programa .Tras una revisión teórica y de evidencia y de un trabajo de campo llevado a cabo en Lima y Cajamarca, la presente muestra que los gestores locales simplifican procesos operativos, estandarizan y controlan a las usuarias y sus hogares. Además, muestra que éstos operan con un nivel alto de discrecionalidad; que puede explicarse por factores organizacionales, factores individuales de los propios gestores y factores de las usuarias. Y que la discrecionalidad afecta de distintas formas a la implementación del programa en los lugares en que se realizó el trabajo de campo. / Tesis

La tesi té per objecte l'estudi dels elements configuradors de la prestació de jubilació en la seva modalitat contributiva, és a dir, l'edat pensionable (o edat d'accés a la pensió de jubilació) i el cessament voluntari de l'activitat professional, posant-se de manifest com les diferents reformes aprovades sobre el sistema de Seguretat Social i, en especial, sobre el sistema de jubilació a partir de la dècada dels anys 80 han anat desconfigurant aquesta prestació.En aquest sentit en la Tesi es fa una crítica àmpliament fonamentada i raonada de l'ús abusiu que s'ha fet i que es fa de les diferents modalitats de jubilació anticipada, ja que no solament no han servit per a facilitar l'anomenat "relleu intergeneracional", sinó que, al contrari, són un seriós obstacle per a fer front al fenomen de l'envelliment demogràfic, la manifestació més directa del qual constitueix el canvi en l'estructura de la població per edats derivat de l'important descens de les taxes de natalitat i fertilitat conjuntament amb el corresponent augment dels índexs de longevitat, fenomen aquest que està provocant una profunda transformació de la piràmide demogràfica.Així, es realitza un anàlisi crític de l'ús de la jubilació com si es tractés d'una mesura de política d'ocupació, ja que es produeix una important fallida de la voluntarietat com a element característic del cessament, mitjançant, entre d'altres mesures, la jubilació forçosa i molt especialment, per que està donant lloc a una expulsió anticipada del mercat de treball a nombrosos treballadors encara aptes pel treball que ateses les importants dificultats d'ocupació de les persones de edat avançada es veuen obligades a mantenir-se com a inactives durant molt de temps, en la majoria dels casos en contra del que és la seva voluntat.En front a aquest panorama en la Tesi es proposa reforçar aquests dos elements configuradors de la prestació de jubilació, restringint al màxim l'ús de la jubilació anticipada, efectuant majors controls de la mateixa per a que només sigui utilitzada per empreses que realment ho necessiten, de forma limitada en el temps, i dotant de major flexibilitat a l'edat de jubilació mitjançant el reforçament del seu caràcter de dret al descans i atribuint-ne una major eficàcia a la voluntarietat de aquest dret del treballador.També s'aborda l'examen d'altres qüestions, entre d'altres, referides al funcionament intern de aquesta prestació; el tractament diferenciat establert en els diferents règims de Seguretat Social; el seu càlcul; així com un examen de les fonts estatals e internacionals de regulació de aquesta matèria amb una significativa incidència respecte a la necessitat de realitzar una lectura conjunta dels arts. 41 i 50 de la Constitució espanyola de 1978 i a la complexa aplicació del Reglament de la Unió Europea, Reglament CEE/ 1408/1971 pel reconeixement i càlcul de la prestació de jubilació en el cas de cotitzacions a diversos Estats de la Unió Europea.

This paper analyzes the employment policy of the current Peruvian government. We begin with some considerations on the economic and social context of the period 2011-2015 and specifically on the concept of precariousness in employment. Then we analyze the most important changes in labor and social security matters; finally, we will discuss some proposals for concrete measures regarding the search for solution of the problems addressed. / El presente trabajo se propone analizar la política laboral del actual Gobierno peruano. Empezaremos con algunas consideraciones sobre el contexto económico y social del período 2011-2015 y específicamente sobre el concepto de la precariedad en el empleo. Luego, analizaremos los cambios más importantes en materia laboral y previsional; finalmente, expondremos algunas propuestas como medidas concretas respecto a la búsqueda de solución de los problemas tratados.

The article focuses on a new problem that requires an adequate legal answer that respects the rights of the persons with disabilities: are all persons with disabilities incapacitated for work? This question tries to make a critical assessment of the traditional systems of social security that assumed that any disability led to the end of the productive life. However, that differs completely from the view of the social model of disability that states that disability comes from the social barriers and not from the persons. If disability is not the same as incapacity to work, how and when should this latter figure be applied? The existence of both figures requires us to differentiate them. The hypothesis is that these figures are different but may coexist at the same time. / El presente artículo intentará enfocarse en una problemática que comienza a presentarse en la realidad y que requiere una respuesta jurídica adecuada y respetuosa de los derechos de las personas con discapacidad: ¿todas las personas con discapacidad tienen incapacidad para el trabajo? Esta pregunta busca realizar una valoración crítica de los tradicionales sistemas de seguridad social que entendieron que toda discapacidad llevaba al fin de la vida productiva. No obstante, esto confronta directamente los postulados del modelo social de la discapacidad que proclaman que las imposibilidades de las personas con discapacidad provienen de barreras sociales y no de las personas. Si la discapacidad no equivale a la incapacidad, ¿cómo debe entenderse y aplicarse dicha figura? La existencia de ambas figuras nos reta a plantear cuáles son las diferencias y similitudes entre ambas. Esta investigación se guía bajo la hipótesis de que ambos términos denotan situaciones distintas aunque estas pueden presentarse de manera simultánea.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La Salud se enmarca dentro de las necesidades básicas del ser humano, considerándolo tanto en forma personal como en sociedad. La visión que se ha tenido de la salud en los diversos tiempos ha ido evolucionando conforme cambian los ritmos de vida y los roles de los individuos dentro de una sociedad moderna como la de hoy. De ahí la importancia que tiene dentro de la vida del ser humano, y por tanto, de las políticas que se empleen frente a los desafíos del futuro en esta área. En el marco de los Derechos Humanos, el derecho a la salud, viene a formar parte de los derechos de segunda generación, pues en las primeras declaraciones de estos derechos, sólo aparecían aquellos relacionados con las ideas de libertad imperantes en la época de su origen, llamados derechos de primera generación. Los derechos de segunda generación, surgen a fines del siglo XIX producto del proceso de industrialización que vivió el mundo, y su correlativa “cuestión social”, y por el carácter de los bienes jurídicos que protegen se denominan “derechos sociales” y pasan a formar parte del listado contenido en la Declaración Universal de Derechos de 1948, los cuales tienen como base los principios de igualdad y solidaridad.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / En el marco de la Seguridad Social, y de la protección de estados de necesidad generados por contingencias sociales, se ha resguardado de aquéllos al trabajador que ha sido víctima de un accidente o enfermedad profesional. El Estado, a través de la ley 16.744, creó un Seguro Social que disminuye el impacto de estos hechos sobre el ingreso y vida del trabajador afectado; esta ley generó el contexto jurídico de las prestaciones a las que un trabajador tiene derecho y los organismos que las otorgan. La presente memoria trata de las facultades y competencias de los distintos organismos respecto de la Salud Ocupacional, y las sucesivas modificaciones que éstas han tenido en la actualidad, delimitando esta materia ante la existencia de una dispersión normativa importante que ha dificultado su estudio y ha devenido en la confluencia de facultades similares en órganos, que por su naturaleza, tienen diferentes competencias

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por los autores para ser publicada a texto completo / Con el objeto de entregar una respuesta a las inquietudes y difundir el conocimiento de dos de las más importantes modificaciones al Sistema de Pensiones Chileno, hemos decidido realizar esta memoria, en la cual se exponen y analizan sus principales aspectos y resultados.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Nuestra investigación lleva por título “La noción de riesgo en materia de responsabilidad del empleador por accidentes del trabajo”. Proyecto de Ley sobre responsabilidad penal del empleador por accidentes del Trabajo” y es que, a raíz de los graves hechos acaecidos el año 2010 en la Mina San José, en que quedaron atrapados 33 mineros, trabajadores de la minera San Esteban Primera S.A., se reabrió el debate en torno a la seguridad e higiene en materia laboral, a las responsabilidades que caben en casos como el antedicho y a la fiscalización que corresponde al aparato público en estas materias. En este contexto, el 17 de noviembre de 2010, se presenta el “Proyecto de Ley que establece Responsabilidad Penal del Empleador por accidentes del trabajo”. Y es que, a pesar de que el artículo 69 de la Ley 16.744 de Accidentes del Trabajo y Enfermedades profesionales establece una dualidad de acciones civiles, cuando el accidente o enfermedad se deba a culpa o dolo de la entidad empleadora o de un tercero, lo hace sin perjuicio de las acciones criminales que correspondan, haciendo procedente accionar penalmente por la vía ordinaria. No obstante ello, los legisladores observan la falta de un tipo penal especial que haga referencia a la relación de trabajo, como lo han hecho códigos penales, tal vez, más proteccionistas. Pero yendo más allá, el problema que se observa a través de este proyecto de ley es la falta de un tipo penal que permita castigar la puesta en riesgo de la vida e integridad de los trabajadores, dando lugar así a los llamados delitos de peligro o sin víctima

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento. / La investigación que se desarrolla a continuación, corresponde a un estudio cuya hipótesis es dilucidar la compatibilidad o incompatibilidad del lucro a propósito de la gestión privada de la Seguridad Social en Chile. Para cumplir con dicho objetivo, la investigación se divide en cuatro capítulos y en una consideración final. Así, en el primer capítulo se reconoce la importancia del Estado para la satisfacción de necesidades y el desarrollo permanente según sus fines de los individuos, situación que actualmente se materializa en el deber de respeto, promoción y garantización que le cabe a dicha entidad respecto a los derechos fundamentales de los individuos, en particular a partir de la consideración del derecho a la Seguridad Social como un derecho fundamental; en el segundo capítulo, previa descripción de la evolución histórica del modelo socioeconómico chileno, se conceptualiza el lucro y la valoración, a favor y en contra, de su presencia en la provisión de bienes y servicios públicos; en el tercer capítulo, se estudia la actualidad y la evolución histórica de la Seguridad Social como disciplina propiamente tal y como sistema social, tanto a nivel comparado como en la realidad chilena; en el cuarto capítulo, se expone brevemente la gestión de la Seguridad Social y se analiza la incidencia que dentro de la gestión privada tiene el fenómeno lucro. Finalmente, a partir de los antecedentes y argumentos expuestos, como consideración final se concluye la incompatibilidad distorsionadora del fenómeno lucro con los lineamientos y fines que un sistema de Seguridad Social debe representar, al menos en teoría, dentro de una sociedad democrática moderna.

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / La mayor parte del debate igualitarista ha girado en torno al problema de la métrica de la igualdad. Numerosas respuestas han surgido a la pregunta sobre la ¿igualdad de qué? En el marco de la discusión igualitarista, la felicidad, el bienestar, las oportunidades de vida o una combinación de estos y otros factores han sido propuestos como criterios para medir la justicia. Sin embargo, muy poco se ha escrito respecto de la igualdad a través del tiempo. Los autores igualitaristas deben clarificar la unidad temporal de los juicios distributivos. ¿Es la vida completa de las personas o un segmento de tiempo la unidad de interés igualitario? Lo anterior cobra especial importancia si consideramos la longevidad de la población en Occidente, y en particular en nuestro país. El presente trabajo tiene como objetivo general plantear y evaluar críticamente los argumentos que se han esgrimido para sostener la perspectiva de vidas completas, perspectiva empleada por defecto por los autores igualitaristas, para después contrastarla con la perspectiva de segmentos de tiempo. Dicho debate nos permitirá dilucidar los principios de justicia que deben guiar a las instituciones sociales que realizan distribuciones entre personas que pertenecen a distintos grupos de edad. Luego, se emplearán los criterios de distribución señalados al problema específico de la institucionalidad de la previsión social