Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En la presente memoria se busca profundizar en el estudio del factor tiempo dentro de los procedimientos administrativo-sancionatorios, su origen, incidencia, consecuencias y necesario respeto para que éste sea conforme a derecho, estudiando tanto la normativa, doctrina y jurisprudencia atingente al caso. En dicho trabajo, se le otorga especial énfasis a reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Chile, a propósito de que ésta ha acuñado una nueva figura extintiva denominada “decaimiento del procedimiento administrativosancionador”, que extingue el procedimiento administrativo-sancionador. Así, es que dicho estudio busca reivindicar la necesidad de que todo procedimiento administrativo-sancionador se desarrolle dentro de límites temporales que den pleno respeto a los derechos y garantías de todo ciudadano.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / En Chile, el desarrollo del Derecho Medio Ambiental es reciente, manifestación de ello es que sólo en 1980 se consagro el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, a través del artículo 19 N° 8 de la Constitución Política de la República. En consecuencia, aún más reciente es la concepción de derecho administrativo sancionador ambiental, noción que está indisolublemente ligada a la idea de derecho administrativo sancionador. De manera que, el objetivo que guía a la presente memoria es analizar y establecer los fundamentos que avalan la existencia de un derecho administrativo sancionador ambiental, así como los límites establecidos al ejercicio de la potestad sancionatoria radicada en la Superintendencia del Medio Ambiente.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / El Estado a través de órganos denominados Superintendencias realiza la labor de supervigilancia que le encomienda la Constitución. En particular, en materia de pensiones esta labor es realizada por la Superintendencia de Pensiones la que en términos generales, controla, fiscaliza, resuelve los conflictos en el ámbito administrativo y regula la actuación, de las entidades públicas, y especialmente privadas que intervienen en la gestión del sistema, y sanciona. El presente estudio se centra en la potestad fiscalizadora y sancionadora de la Superintendencia de Pensiones, analizando en primer lugar, a la Superintendencia desde un punto de vista de su estructura orgánica, continuando con el análisis del procedimiento a través del cual se concretan dichas funciones; y finalizando con la exposición de los principales criterios utilizados por la jurisprudencia administrativa y judicial en casos concretos de aplicación de sanciones por parte de dicha entidad

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria tiene por objetivo desarrollar uno de los temas más controversiales que se han suscitado en nuestro ordenamiento: El Derecho Administrativo Sancionador. La calificación de controversial se debe a que, en cada etapa de su reciente desarrollo, existen voces disidentes. En un primer momento, una parte de la doctrina calificó las potestades sancionatorias de la Administración como inconstitucionales, mientras otros abogaban por su legitimidad. Luego, la discusión se refirió a los principios y normas que informan esta disciplina y, al respecto, mientras algunos se inclinan por situarla dentro del Derecho Penal, otros afirman que se trata de una disciplina autónoma que, por su escaso desarrollo normativo, puede ser integrada por los principios del orden punitivo. Actualmente, el estado de la discusión no ha progresado sustancialmente, a pesar de algunas notables contribuciones desde la doctrina y la jurisprudencia. En efecto, hoy la discusión se encuentra entrabada en el alcance de la aplicación de dichos principios penales. Por estas consideraciones, este trabajo se configura como un intento por colaborar en la sistematización del Derecho Administrativo Sancionador y entenderla como una rama específica, estableciendo su distancia con el Derecho Penal, abordando particularmente la manifestación de la actividad punitiva de la Administración ejercida por la Superintendencia de Valores y Seguros, respecto de la cual se han suscitado ciertos debates y ciertas controversias que no tienen una posición pacífica en la doctrina, ni en la jurisprudencia nacional.

Tesis (magíster en derecho )

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo tiene por objeto describir las competencias de fiscalización ambiental en el marco de la reforma a la institucionalidad ambiental llevada a cabo el año 2010. Para estos efectos, en primer lugar se describen aquellos factores que la doctrina internacional ha identificado como determinantes para obtener un adecuado nivel de cumplimiento y aplicación de la normativa ambiental. Posteriormente, se procede a realizar un análisis comparativo de las potestades de fiscalización existentes antes y después de la reforma del 2010, conclusiones que se basan en una recopilación y sistematización de la normativa chilena vinculada a la materia, que se expone detalladamente en el anexo I de este trabajo.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El objetivo de esta Memoria es realizar un análisis jurídico del régimen de responsabilidad de los integrantes del Centro de Despacho Económico de Carga en los casos de fallas generalizadas en el suministro de energía eléctrica, desde el análisis de las normas de responsabilidad de la legislación eléctrica vigente y desde el punto de vista de la jurisprudencia dictada en la materia. Para lograr el objetivo antes mencionado, se ha efectuado un estudio respecto de los principios generales del Derecho Administrativo Sancionador, específicamente aquellos principios que informan al Derecho Administrativo Sancionador Eléctrico, y las normas eléctricas vigentes que lo configuran. Además, se efectúa una descripción general del sistema eléctrico chileno, su regulación y coordinación, se analiza el principio de seguridad como objetivo de dicho sistema, las facultades de la autoridad administrativa, en este caso la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, para fiscalizar y sancionar el incumplimiento de la normativa eléctrica vigente por parte de las empresas eléctricas, y se finaliza con un análisis jurisprudencial de los fallos dictados en la materia

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En los últimos años, la doctrina administrativista nacional ha manifestado un creciente interés por el estudio de la potestad sancionadora que el ordenamiento jurídico le confiere a los órganos de la Administración del Estado. Ahora bien, ante la falta de un cuerpo normativo general en la materia, la doctrina y la jurisprudencia han ido sistematizando los principios y reglas aplicables al ejercicio de dicha potestad. Sin embargo, la opción del legislador ha sido la de regular a nivel sectorial el ejercicio de esta potestad en las respectivas leyes especiales de ciertos órganos de la Administración. Así, recientemente, ocurrió con la dictación de la Ley Nº 21.000 que creó la Comisión para el Mercado Financiero, en reemplazo de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El tema que abordaremos, adquiere importancia, toda vez que actualmente nuestro país cuenta con un gran número de personas que se encuentran sujetas a la supervigilancia de Gendarmería de Chile. Así por ejemplo, al 31 de marzo de 2014, el total de atendidos (hombres y mujeres) por la administración penitenciaria ascendió a la suma de 121.506 personas6. Todas estas personas pueden ser objeto de una sanción disciplinaria, cuando se cumplen los supuestos estipulados en el Reglamento Penitenciario para que ello ocurra. Adoptaremos una posición crítica de nuestro sistema Disciplinario Penitenciario actual, dado que éste no resulta ser coherente con los estándares internacionales y que han sido aceptados por nuestro país, pues es posible evidenciar que ciertas características del marco normativo vigente, propician la violación de determinados derechos que deberían tener un mayor grado de protección. Además, se intentará dejar en evidencia ciertos problemas que nuestro sistema penitenciario actual presenta.