Tesis para optar al título académico de magíster en derecho

el año 2014 el número de las medidas correctivas ambientales ordenadas por el OEFA ha aumentado, de 28 medidas ordenadas en el periodo 2009- julio 2014 hasta 1227 medidas ordenadas en el periodo julio 2014- julio 2016. Al respecto, el TFA ha anulado un número muy pequeño de medidas correctivas en el sector de hidrocarburos1 mientras que en el sector minería el TFA confirmó un gran número de medidas apeladas. Sumado a ello, en abril de 2016, el OEFA publicó una metodología para la aplicación de las medidas correctivas la cual velaba porque cumplan con la finalidad de revertir el impacto ambiental negativo generado. Al respecto, los datos señalados mostrarían que la DFSAI habría ordenado medidas correctivas proporcionales a los administrados, por ello la interrogante en la presente investigación es ¿la metodología para la aplicación de las medidas correctivas de adecuación en el OEFA logró que las mismas reviertan el impacto ambiental negativo? La hipótesis consiste en que la aplicación de las medidas correctivas no fue proporcional para revertir el impacto ambiental negativo que la conducta infractora hubiera podido producir. Las conclusiones de la presente investigación consisten en que la metodología del OEFA cumple con los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional; sin embargo, la aplicación de dicha metodología en dos resoluciones del TFA / Trabajo académico

El presente trabajo de investigación busca analizar la importancia del pago del aporte por regulación de las empresas de mediana y gran minería para la institucionalidad del OEFA, tanto por su sostenibilidad financiera como para la continuidad del mismo, ejerciendo una eficiente fiscalización y supervisión ambiental. Para lo cual se parte desde la importancia de la actividad minera en el Perú como factor del desarrollo económico y a la vez sostenible, mediante el cual el OEFA, como organismo regulador social – ambiental, garantiza el cumplimiento de las normas de protección al ambiente a través sus facultades de evaluación, supervisión, fiscalización y de aplicación de incentivos a través del cobro del aporte por regulación. Este tema resulta relevante al haber ha sido cuestionado dicho cobro por las empresas mineras, tanto en la vía procesal-constitucional como en la vía administrativa ante INDECOPI. En este análisis se trabaja desde el desarrollo de la actividad minera en el Perú, su regulación ambiental, así como las funciones del OEFA como organismo regulador, la naturaleza del aporte y la importancia del mismo; finalmente se exponen los problemas jurídicos generados a raíz de dicho cobro. Se concluye reafirmando la importancia del cobro del aporte por regulación al brindar beneficios tanto para las sostenibilidad financiera de OSITRAN, como para las empresas mineras y las comunidades, a fin de contar con una buena convivencia socio ambiental; conforme a ello, se proponen algunas alternativas para alcanzar una solución neutra o conciliatoria ante las contingencias legales iniciadas, a fin de evitar algún daño y/o perjuicio que pueda repercutir con el crecimiento económico del país, la libertad de empresas y la afectación al medio ambiente. / Trabajo académico

El artículo de investigación visibiliza los criterios aplicados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental para el ejercicio de la competencia otorgada por el artículo 17° de la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, desde su entrada en vigencia en el mes de abril de 2013 hasta diciembre de 2017, periodo de tiempo que nos permite analizarlos antes, durante y después que surta efecto la declaración de ilegalidad e inconstitucionalidad de la Resolución de Consejo Directivo N° 031-2014-OEFACD que aprobó reglas jurídicas para la aplicación del artículo 17° de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental en el ámbito de la fiscalización ambiental minera, emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. De la revisión comparativa de las principales resoluciones de 11 procedimientos desarrollados en el periodo de investigación seleccionado, se acredita que la Entidad inobserva lo planteado por el Poder Judicial al reemplazar la figura “grupo económico” por el de “actuación como productor único”, obviando el análisis previo y medular de la instancia judicial: el OEFA debe aplicar la competencia otorgada por el artículo 17° de la Ley N° 29325 respetando de forma irrestricta las competencias de los gobiernos regionales, entre ellas las vinculadas a fiscalizar el cumplimiento de las condiciones habilitantes de los estratos de pequeña minería y minería artesanal. / Trabajo académico

Todos los peruanos tenemos el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida (numeral 22 del artículo 2° de la Constitución). Este precepto constitucional está ligado a garantizar el bienestar de las personas dentro del ambiente donde se desarrollan. No obstante, la ejecución de actividades productivas puede generar un daño ambiental que involucre la salud de personas; es decir, que se afecte su bienestar. A fin de evitar esta situación, los titulares de dichas actividades tienen obligaciones que cumplir, siendo que el Estado peruano vela por el cumplimiento de las mismas y aplica, en caso corresponda, medidas para corregir esta situación. Considerando ello, este trabajo analiza dos pronunciamientos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA que versan sobre derrames de hidrocarburos ocurridos en nuestra Amazonía en los últimos 4 años, mediante los cuales se determinó la responsabilidad administrativa por ocasionar un daño a la salud de las personas, así como la imposición de medidas administrativas contra la empresa responsable. De la revisión de dichos pronunciamientos, advertimos que sus análisis sobre el daño a la salud por influjo ambiental han sido divergentes. Si bien es factible que los pronunciamientos puedan diferenciarse, ello será correcto siempre y cuando los actos administrativos estén debidamente motivados y cumplan con los principios de la normativa administrativa. No obstante, en nuestra opinión, el OEFA no ha motivado sus pronunciamientos, al no explicar por qué no consideró la opinión de la autoridad de salud para determinar la afectación de la salud de las personas, considerando que se trata de un tema transectorial; así como, determinó la responsabilidad administrativa de la empresa valorando medios indiciarios que no tienen un sustento técnico. En este contexto, consideramos necesario: establecer lineamientos para definir el daño a la salud por influjo ambiental, así como su probanza en vía administrativa; establecer la obligatoriedad que la autoridad de fiscalización ambiental solicite un informe técnico antes de emitir su decisión final a la autoridad de salud, bajo responsabilidad administrativa; así como diseñar una política ambiental en temas de salud ambiental. Por último, el accionar de la vía administrativa como un mecanismo de comando y control tiene como fin asegurar el bienestar integral de las personas, lo cual no puede desconocer los derechos que asisten a los administrados inmersos en un procedimiento sancionador. / Trabajo académico

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento

In terms of environmental protection the priority is the prevention of pollution before any other measure. However, should this protective measure be compulsory or voluntary for all those who affect the environment? Is recycling or energy efficiency required?.In this article, the author analyzes these issues based on comparative legislation, doctrine and jurisprudence. Similarly, focusing on the mining and energy issue, studies its national regulation and its correlation with the activity of the Peruvian environmental inspection agency. / En materia de protección del ambiente lo prioritario es la prevención de la contaminación antes que cualquier otra medida. Sin embargo, ¿esta medida de protección debería ser obligatoria o voluntaria para todo aquel que afecte el medio ambiente? ¿Es exigible el reciclaje o la eficiencia energética?.En el presente artículo, la autora analiza estos temas sobre la base de la legislación comparada, doctrina y jurisprudencia. De igual forma, centrándose en el tema minero-energético, estudia su regulación nacional y su correlación con la actividad del organismo de fiscalización ambiental peruano.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo tiene por objeto describir las competencias de fiscalización ambiental en el marco de la reforma a la institucionalidad ambiental llevada a cabo el año 2010. Para estos efectos, en primer lugar se describen aquellos factores que la doctrina internacional ha identificado como determinantes para obtener un adecuado nivel de cumplimiento y aplicación de la normativa ambiental. Posteriormente, se procede a realizar un análisis comparativo de las potestades de fiscalización existentes antes y después de la reforma del 2010, conclusiones que se basan en una recopilación y sistematización de la normativa chilena vinculada a la materia, que se expone detalladamente en el anexo I de este trabajo.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene como objetivo analizar el modelo de fiscalización ambiental vigente en Chile y contrastarlo con el propuesto en el Proyecto de Ley Boletín 9404-12, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, tomando ciertos criterios internacionales que permitirán dilucidar qué es un modelo de fiscalización eficiente y cuál, si lo hubiese, resultaría más idóneo en la tarea de protección de la diversidad biológica de nuestro país. Con este fin, en el primer capítulo se abordará el concepto de biodiversidad y el problema que enfrenta y ha enfrentado nuestra nación en torno a ella y su regulación, enunciando determinados acontecimientos e hitos legislativos relevantes que se encuadran dentro de esta temática. En el segundo capítulo, se presentará el Proyecto de Ley, explicándose, entre otros elementos, sus aspectos generales, la institucionalidad que propone y por supuesto, el modelo de fiscalización que pretende establecer. Por su parte, el tercer capítulo se avocará a explicar el rol de la Superintendencia del Medioambiente y, fundamentalmente, su papel en la labor fiscalizadora en Chile, siendo la entidad que encabeza actualmente dicha tarea. En el mismo capítulo, y tal como anticipábamos, se expondrán algunos criterios internacionales que colaborarán para acercarnos a descubrir qué debe contemplar un modelo eficiente en materia de fiscalización. Finalmente, en el cuarto y último capítulo se realizará un análisis comparativo entre el modelo de fiscalización ambiental de la Superintendencia del Medioambiente y el consagrado en el Proyecto de Ley, de manera de efectuar una mirada crítica de ambos y, en base a lo expuesto en los capítulos anteriores, lograr determinar en las conclusiones si alguno de ellos logra erigir un modelo que propende a una protección efectiva de la biodiversidad en nuestro país.

The purpose of this article is to introduce the competencies of OEFA, the way this organization has been implementing mechanisms for its exercise and the liabilities of the administered regarding supervision and control. / La finalidad de este artículo es dar a conocer las competencias del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la forma como este organismo viene implementado losmecanismos para su ejercicio y las obligaciones del administrado respecto de la supervisión y fiscalización.