Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En primer lugar, es esta una tesis cuyo objeto de interés es la estructura de legitimación de la sanción administrativa, no del procedimiento de cognición y atribución de la misma. Muchas veces, al abordar al Derecho Administrativo Sancionador, se confunden criterios sustantivos con los puramente procesales, tratando ambos aspectos de la cuestión- de suyo diferentes y gobernados por plataformas normativas diferentes- en una sola línea argumental, por lo mismo confusa. Nosotros, en cambio, desde ya advertimos que las consideraciones que informarán el desarrollo del presente texto se enmarcan en un objetivo netamente sustantivo, aun cuando nos haremos cargo de algunos aspectos procedimentales tangenciales a nuestro estudio

A pesar de reconocerse en Chile potestades sancionadoras a la Administración desde el comienzo mismo de la República y de crecer éstas elefantiásicamente en las últimas décadas, el Derecho Administrativo Sancionador, esto es, aquella rama del Derecho Público, y específicamente del Derecho Administrativo, que ha de regular quién, cómo y con qué límites las puede ejercer, es aún incipiente. Tan incipiente es el Derecho Administrativo Sancionador en nuestro medio que la doctrina aún discute cómo denominar esta materia. Y lo es tanto que, reconozcámoslo con cierta desazón, la doctrina se ha detenido extensa e inoficiosamente en la discusión sobre la ontología de la sanción -¿es o no pena?-, bajo el supuesto, absolutamente errado, de que de ella depende la aplicación o no de los principios inspiradores del Derecho Penal al Derecho Administrativo Sancionador. Y peor aun, parte importante de nuestra doctrina ha comenzado la construcción dogmática del Derecho Administrativo Sancionador a partir de la elaboración que al respecto ha efectuado la doctrina española e incluso llevándola a extremos inaceptables, en circunstancias que las bases conceptuales y normativas –especialmente constitucionales- de ésta son sustancialmente distintas a las nuestras. Error lamentablemente habitual en nuestra doctrina

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el contexto de la evaluación del desempeño ambiental de nuestro país, el cuestionamiento a la institucionalidad ambiental vigente y la reforma propuesta por el Ejecutivo a través del Proyecto de Ley que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, cobra concreta importancia analizar la institucionalidad vinculada a las funciones de fiscalización y sanción en materia ambiental, así como el estudio del desempeño de los organismos que hasta la fecha detentan dichas potestades. Con el objeto de comprender los marcos normativos que determinan las competencias de los diversos organismos y de hacer un examen analítico del ejercicio de éstas, es necesario identificar y entender los elementos de una política pública adecuada para lograr un óptimo nivel de cumplimiento de la normativa ambiental. La exigencia de cumplimiento de las regulaciones se justifica en la búsqueda del bien común, que se supone ha sido considerado al determinar el contenido de dichas regulacionesNote1. , y que en este caso se desprende del propósito de asegurar los derechos constitucionales establecidos en los numerales 8° y 9° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. De esta forma, el Estado debe tomar las decisiones correspondientes para dar una garantía real en el ejercicio de dichos derechos, para lo cual debe diseñar e implementar la estructura institucional y normativa que así lo permita. La estructura nacional se caracteriza por la distribución sectorial de competencias y la dispersión normativa, la que ha determinado en gran medida los pobres resultados en relación a la protección del medio ambiente. La evaluación del desempeño ambiental de Chile realizada en el año 2005 conjuntamente por la OCDE y la CEPAL señala que “Una política de fiscalización de la normativa ambiental sobre la base de la coordinación de los órganos sectoriales de supervisión y control no es la solución institucional más eficaz para asegurar su cumplimiento”, indicando como recomendación: “desarrollar y fortalecer aún más los marcos normativos (normas, entre otros) para mejorar la salud ambiental y cumplir los compromisos internacionales de Chile; examinar formas de fortalecer la capacidad de cumplimiento y fiscalización, incluso mediante reformas institucionales, como por ejemplo el establecimiento de un órgano de inspección ambiental.” Esto significa que el modelo chileno, caracterizado por la multiplicidad de entidades con competencias relacionadas con las acciones de fiscalización y sanción, no contaría con la estructura apropiada para lograr el cumplimiento ideal de la normativa ambiental que permita una adecuada protección del medio ambiente y la salud

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Todo órgano de la Administración del Estado debe realizar un trabajo de interpretación para determinar el verdadero sentido y alcance de las normas que le confieren competencia y regulan su procedimiento. Si bien es cierto la ley le confiere, en varios casos, una potestad expresa para interpretar las normas, también lo es que, aunque no las posean, igual deben realizar una tarea interpretativa. Estas las hemos conceptualizado como las facultades implícitas de interpretación. Puede suceder que el organismo administrativo cambie el criterio de su interpretación, y por lo mismo adopte medidas opuestas a las que venía realizando con anterioridad. Esta realidad puede originar vulneraciones a diferentes principios del Derecho Administrativo como a las garantías constitucionales de las personas. Esta problemática se dará con mayor frecuencia en el caso de los cambios de criterios interpretativos en los órganos administrativos con potestad sancionadora. En efecto, se pretende dilucidar en el presente trabajo los conflictos entre los cambios de criterio, en uso de las facultades interpretativas, con los principios del Derecho Administrativo Sancionador, y garantías constitucionales como los principios de igualdad jurídica, actos propios de la Administración, igualdad ante la ley, confianza legítima, irretroactividad, culpabilidad, y otros que se estudiarán. Se buscará precisar la problemática, y dar ciertas luces de soluciones a ellas. Para el desarrollo se estudiará, en primer lugar, lo que se debe entender por Derecho Administrativo Sancionador como sus elementos y características. En segundo término, entraremos en el estudio de la Infracción y Sanción Administrativa. En tercer lugar, veremos el concepto de potestad interpretativa sancionadora, como los conflictos con los principios y garantías aludidas. Finalmente, para comprender mejor la problemática, haremos un análisis de lo estudiado en el caso de la sanción interpuesta por la Superintendencia de Valores y Seguros a los señores Piñera y Cueto, según se analizará.

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento. / El presente estudio tiene por objeto analizar la estructura y los elementos más relevantes que componen el Derecho Administrativo Sancionador chileno. En concreto, se exhibirá al lector un estudio acerca de la Potestad Sancionatoria Administrativa, la Teoría General de la Infracción Administrativa y la Teoría General de la Sanción Administrativa. Asimismo, se dedicarán palabras acerca de los Procedimientos Administrativos Sancionatorios y examinaremos la fisionomía jurídica del Acto Administrativo. Para llevar a cabo estas labores, se ha investigado la más reciente jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, información que ha sido complementada y revisada críticamente en base a las ideas aportadas por los más distinguidos autores doctrinarios, tanto nacionales como extranjeros. Además, se han extraído ejemplos desde la realidad legislativa nacional, con el objeto de conocer la materialización normativa de los criterios más importantes

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / 23/12/2017

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene por objeto investigar, como tema central, la situación, alcance y aplicación del principio de imparcialidad en Chile. La motivación de esta obra es, esclarecer al lector, en primer lugar, en qué consiste este principio, y en especial, cómo se desenvuelve y opera en el ámbito de un procedimiento seguido ante órganos de la administración investidos expresamente por ley de potestad sancionatoria, a la luz del ordenamiento jurídico nacional y su enlace con la Constitución Política de la República

La administración del Estado para cumplir con sus fines, se ha visto en la necesidad de incorporar potestades sancionatorias a un número cada vez mayor de sus órganos.Un ejemplo de esta situación es el notorio aumento de las Superintendencias en nuestro país, instituciones emblemáticas al momento de imponer sanciones. Aunque existen cuestionamientos acerca de la legitimidad de esta facultad del Estado de imponer sanciones, no podemos reconocer que es una realidad innegable. Es por ello que resulta cada vez más importante delimitar el ejercício de esta función, con mayor razón si, las sanciones impuestas siempre provocan un gravamen para los administrados, lo que puede ser reflejado en perjuicios monetarios o en ciertas restricciones no menores

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación tiene por objeto comprobar si las sanciones administrativas aplicadas por la Superintendencia del Medio Ambiente (desde ahora, Superintendencia o SMA) son eficaces en cuanto a la finalidad u objetivo principal de dicha institución, es decir, respecto a la protección del medio ambiente y la salud de las personas, y el fomento al cumplimiento de la legislación ambiental. La metodología utilizada para dilucidar dicha eficacia consiste en la definición del concepto de eficacia; un análisis crítico de las bases metodológicas para la determinación de sanciones administrativas, adoptadas por la Superintendencia; y el análisis de las fiscalizaciones, procedimientos sancionatorios, sanciones administrativas e infractores reincidentes que han existido, desde el año 2013 hasta mediados del año 2016. En este sentido, en base a los datos recolectados, se concluye que las sanciones administrativas aplicadas por la Superintendencia son eficaces, en relación al cumplimiento de la legislación ambiental por parte de los sujetos no infractores. Empero, no es posible afirmar la eficacia de dichas sanciones en relación a la reincidencia de los sujetos infractores, por la baja cantidad de fiscalizaciones posteriores realizadas a los mismos. Además, a juicio del autor, es factible el perfeccionamiento del sistema administrativo sancionador, mediante diversas alternativas y recomendaciones que nacen del análisis crítico de la investigación realizada, sumado a opiniones Doctrinales y experiencias del Derecho comparado.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo tiene como objetivo el estudio del principio de legalidad en el Derecho Administrativo Sancionador. Para ello abarcaremos primeramente al Derecho Administrativo Sancionador y su naturaleza jurídica, nutrida por la rama administrativa y penal; el cual, al no poseer principios ni reglas propias debe recurrir a los principios del Derecho Penal para la aplicación de ius puniendi, o Derecho Punitivo del Estado, sin embargo, esta aplicación será en forma matizada. Dentro de este contexto nuestra hipótesis se centra en que una correcta aplicación del principio de legalidad en el Derecho Administrativo Sancionador debe considerar además cuatro aristas: legalidad en la determinación de la infracción, en la atribución de potestad al órgano sancionador, en la determinación de la sanción y finalmente en el procedimiento sancionador. En este sentido, este proyecto se justifica, pues que no existe en nuestro medio jurídico, un texto acabado que analice desde estas cuatro perspectivas el principio de legalidad en el Derecho Administrativo Sancionador.