Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / El presente trabajo tiene por objeto presentar una propuesta normativa que dé cuenta de una categorización en cuanto a la naturaleza jurídica de la reinserción social en el sistema penitenciario de adultos. A fin de satisfacer tal objetivo, se comenzará advirtiendo sobre las dificultades que ha suscitado, tanto la falta de una definición legal y doctrinal unívoca del término resocialización, como la multiplicidad de conceptos y acepciones que han surgido respecto de él, revelando la evolución de éste y delimitando un contenido acorde a la legislación nacional. Seguidamente, se presentarán dos discusiones doctrinarias que dan cuenta de tales inconvenientes, referidas al grado de intervención estatal en el tratamiento penitenciario, y a su efectividad. Luego, se dará paso al análisis, tanto de la regulación nacional y su concreción fáctica, como de los diversos Tratados Internacionales que versan sobre la materia, especificando el alcance jurídico de éstos una vez incorporados al ordenamiento jurídico nacional. Enseguida, se desarrollará una “valoración de las normas” dentro del ordenamiento, permitiendo identificar aquellos preceptos que se vinculan con la reinserción social dotándola de un significado coherente con la normativa coexistente. Tras lo anterior, y con el propósito de identificar si la resocialización constituye o no un derecho, se procederá a efectuar una interpretación sistemática de los diversos principios, estándares, derechos y normas que conforman el ordenamiento jurídico nacional, observando la noción de “Bloque Constitucional de Derechos” y “Estado Constitucional ampliado”, donde la normativa nacional e internacional se conciben de forma holística, dando una armonía que posibilita la configuración de una respuesta certera. Finalmente, se procederá a exponer sobre los efectos derivados del resultado de la interpretación, especificando cuál es la posición del Estado en su rol de garante del penado, para posteriormente señalar también los lineamientos que promuevan esta interpretación y las consecuencias que de ello derivan

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria analiza tanto la normativa nacional e internacional que rige el sistema penitenciario destinado a mujeres privadas de libertad en Chile, como cada uno de los programas penitenciarios donde se incluyen como usuarias a mujeres. La perspectiva de género es la base a partir de la cual se desarrolla el presente análisis jurídico, reflejándose en cada una de las temáticas tratadas. De este modo, se plantean tres hipótesis que se desarrollan a lo largo de cada una de las problemáticas de género analizadas. Estas hipótesis son: Hipótesis 1: Existen parámetros internacionales mínimos que regulan la situación de las mujeres privadas de libertad y las condiciones en que éstas deben encontrarse, adoptadas por el Estado Chileno solo de forma parcial. Hipótesis 2: No existe en Chile una regulación clara orientada a las necesidades propias del género femenino privado de libertad. Hipótesis 3: La respuesta estatal en materia penitenciaria, desde una perspectiva de género, ha resultado insuficiente o prácticamente nula. Además, la aproximación a las temáticas de género se estructura de la siguiente forma: Aproximaciones al debate y normativa general; La cuestión familiar; La salud femenina; Educación, Reinserción y rehabilitación; Derechos sexuales y reproductivos; Infraestructura carcelaria y alternativas al encierro; Seguridad y vigilancia carcelaria femenina; Estadísticas sobre población penitenciaria femenina; Fotografía actual de la situación carcelaria femenina: Planes y programas

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta memoria tiene por finalidad demostrar que en el sistema penitenciario chileno, aquellos que se encuentran privados de libertad sufren la transgresión de más derechos de los que legalmente pueden ser vulnerados, como es la privación a la libertad de movimiento, no cumpliéndose así con la esencia del sistema penitenciario, cual es el privar de libertad al carcelario y la adecuada adaptación del sujeto a la sociedad luego de cumplir su condena. Como forma de remediar este problema se plantean una serie de propuestas, algunas ideadas para ser adaptadas a nuestro sistema penitenciario y otras recogidas de distintas políticas implementadas en países desarrollados, las cuales constituyen una experiencia que podría replicarse en nuestro país

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el presente trabajo de investigación, se realiza un análisis crítico del Tribunal de Conducta, órgano penitenciario establecido por el Reglamento de la Ley de Libertad Condicional (Decreto Supremo Nº 2.442). Con ese objetivo, se analiza preliminarmente la llamada relación jurídica penitenciaria, vínculo jurídico existente entre las personas privadas de libertad y el Estado .En el segundo acápite, se establece el carácter administrativo del Tribunal de Conducta, para luego indicar las normas que serían aplicables al mismo teniendo en cuenta esa naturaleza jurídica. A continuación, el tercer capítulo se centra en las normas del Tribunal que regulan aspectos orgánicos del mismo, mientras que en el cuarto acápite, se efectúa un análisis en detalle de las distintas funciones del Tribunal de Conducta, las que se encuentran directa o indirectamente vinculadas al acceso por parte del interno a beneficios penitenciarios. En el quinto apartado se postula la posibilidad de aplicar supletoria o directamente las disposiciones y los principios de la ley Nº 19.880 a las normas que regulan al Tribunal de Conducta. En el sexto capítulo, se exponen los puntos críticos detectados al examinar la regulación del Tribunal de Conducta. Por último, se efectúan algunas reflexiones finales en torno a las interrogantes inicialmente planteadas. Específicamente, se concluye que en su estado actual, la regulación referida al Tribunal de Conducta es inadecuada teniendo en cuenta la importancia del órgano analizado, razón por la cual se hace necesaria y urgente una reforma en la materia

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria tiene por objeto analizar el fenómeno del Hacinamiento Carcelario en el Sistema Penitenciario Nacional, con la finalidad de determinar si es atentatorio de la Dignidad Humana de los privados de libertad. Para ello, esencial será el estudio de los conceptos en comento haciéndolos aplicables, posteriormente, a nuestro sistema carcelario. Asimismo, la obtención de cifras referentes a la sobrepoblación crítica de los penales, tanto históricas como actuales, permitirá establecer concretamente cuáles son los índices de sobreocupación en relación con la capacidad según diseño de los mismos. Sobre la marcha del presente estudio, se irá haciendo referencia a varios mecanismos para el paliamiento del Hacinamiento Carcelario, así como el estudio de jurisprudencia comparada, con el fin de lograr hacer frente a la problemática y, a su vez, para una comprensión y noción global de la misma.

Ingeniero Civil Industrial / Tesis no disponible en línea / Actualmente, el sistema cerrado de Gendarmería de Chile cuenta con una población cercana a los 50.000 internos los que son evaluados con el fin de caracterizar la población penal y poder tomar acciones para promover un mayor orden dentro de las unidades y así disminuir la ocurrencia de eventos críticos. Si bien el proceso de Clasificación y Segmentación están definidos y las áreas quienes ejecutan el proceso están caracterizadas junto con sus responsabilidades, estas funcionan de manera sub óptima según lo que se espera de ellas. La ausencia de roles; objetivos; flujos de información; levantamiento, almacenamiento y análisis de información no permiten un desempeño mejor. Lo anterior se traduce en la imposibilidad de exigir resultados y gestionarlos, ya que no se cuentan con las herramientas necesarias para obtener los resultados esperados. A partir de lo anterior se desprende el objetivo general de este trabajo, la elaboración de instrumentos de medición de la eficacia del sistema de clasificación y segmentación de reclusos para apoyar la evaluación y el mejoramiento continuo del sistema. Como principales resultados de este trabajo se destaca el diseño de los instrumentos comprometidos que servirán para evaluar la eficacia del actual proceso en base a los objetivos declarados por la Ficha de Clasificación los que consisten en general en proveer un medio seguro en la unidad tanto para los internos como los gendarmes. Además la importancia que representa el diagnóstico de la situación actual, que contextualizada con experiencia internacional de países líderes en el área, permitió detectar falencias y deficiencias de los planteamientos nacionales, a tal punto de descartar uno de los objetivos declarados, debido a que en la actualidad en el país no existe un mecanismo capaz de hacerse cargo de favorecer los programas de intervención. Finalmente, dado que las condiciones actuales no son el medio adecuado para que un proceso relevante como el de clasificación y segmentación de reclusos funcione de la manera que se espera, se realiza un set de propuestas que buscan formalizar y levantar información para su control y gestión, como por ejemplo un modelo de almacenamiento de datos propio del procedimiento y sugerencias de como analizar esta información Como conclusión, se debe señalar que la importancia de formalizar de manera más rigurosa, gestionar y reevaluar este procedimiento es clave para la institución, ya que en la eficacia de este proceso se ven expuestos los objetivos a cumplir por Gendarmería de Chile como lo es el proporcionar un espacio seguro para sus internos (Atender), buscar medios para modificar la conducta de los criminales en busca de la reinserción social (Asistir) y facilitar la labor de vigilancia de los individuos que deben cumplir su pena (Vigilar).

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo es una primera aproximación a un problema escasamente tratado en la ejecución penal en Chile y que se refiere al traslado de Establecimientos Penitenciarios de personas condenadas a penas privativas de libertad. Se comenzará haciendo referencia al concepto de “traslado” de forma tal de delimitar claramente el objeto de estudio, seguida luego de un somero análisis de las teorías justificantes de la pena que han de orientar a los actores de la ejecución penal en el ejercicio de sus potestades legales. En seguida, para una mejor comprensión del problema planteado, analizaremos la normativa pertinente tanto a nivel nacional como internacional, que sea de relevancia para el traslado de condenados a penas privativas de libertad. Se afirmará en este trabajo que el traslado de un condenado no es una decisión administrativa inocua, sino que, muy por el contrario, ésta puede acarrear vulneración de derechos tanto del interno trasladado, como de su núcleo familiar y social. Y que, por lo mismo, aun cuando se trate de una potestad discrecional de Gendarmería, no se encuentra ajena al control jurisdiccional. Por otra parte, se expondrá también el cómo la Autoridad Penitenciaria, en ejercicio de sus potestades legales, utiliza el traslado de los internos con la intención de sancionarlos informalmente y como mecanismo de control dentro de los Establecimientos Penales, excediendo de esta forma los límites del Estado de Derecho. Por último, nos dedicaremos a analizar el oficio N°6562-2007 de la Excelentísima Corte Suprema, con el objeto de demostrar que éste no es obstáculo para que los Tribunales de Justicia intervengan cuando por el traslado se puedan afectar derechos de los condenados y su núcleo familiar y social.

Autorizada por el autor, pero con restricción para ser publicada a texto completo hasta el año 2014 / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La actual doctrina mayoritaria, no vacila en señalar que el sistema de categorías del derecho penal, debe ser complementado con principios orientadores, extraídos de la política-criminal y que sean acordes con los postulados fundamentales de todo Estado de Derecho democrático, en contraposición al positivismo decimonónico que “destierra de la esfera de lo jurídico las dimensiones de lo social y de lo político”, siendo “este axioma, aceptado por Liszt como evidente” , y sirviendo de base a esa aparente oposición y antigua creencia entre derecho penal y política criminal . Las consecuencias de esta metodología producen un doble criterio de análisis del conflicto penal “de tal manera que puede ser dogmáticamente cierto lo que desde el punto de vista político-criminal es equivocado, y a la inversa” , vinculándose de tal manera que no produzcan una contradicción sino una síntesis, evitando que los intereses político-criminales queden “difuminados, a capricho y sin fuerza de convicción científica, cuando se les concibe con el sentimiento jurídico o con finalidades momentáneas, sin encontrar su apoyo en una relación valorativa comprobable en la ley.” . En suma “el camino acertado sólo puede consistir en dejar penetrar las decisiones valorativas político-criminales en el sistema del Derecho penal, en que su fundamentación legal, su claridad y legitimación, su combinación libre de contradicciones y sus efectos no estén por debajo de las aportaciones del sistema positivista formal proveniente de Liszt.” . Profundizando, una inconexión entre el sistema lógico-abstracto del derecho penal y las valoraciones de la política-criminal es inadmisible “y también pierde su sentido el voluble procedimiento de aprovecharse de la rivalidad entre la labor criminológica y la dogmática jurídico-penal: pues el transformar los conocimientos criminológicos en exigencias político-criminales y éstas, a su vez, en reglas jurídicas de lege lata o ferenda, es un proceso, cuyos estadios concretos son de igual manera importantes y necesarios para el establecimiento de lo socialmente justo.” . Por lo demás cierto sector de la doctrina nacional, ha comenzado en las últimas décadas, ha desarrollar el olvidado ámbito de la ejecución de la pena, poniendo especial atención y énfasis respecto de una de sus partes , denominada derecho penitenciario, logrando otorgar coherencia al sistema del derecho penal, debido a que en el cumplimiento de la pena privativa de libertad, se materializan y quedan expuestas al escrutinio público las finalidades-valorativas de la sanción penal, asignadas por las diversas doctrinas existentes al particular, que encontramos en todos los manuales de la parte general del derecho penal, posibilitando de esta forma la necesaria vinculación entre estas materias, y por lo demás, revitalizando de este modo los intereses sociales que motivaron al marqués de Beccaria cuando escribió su famosa e influyente obra de “Los delitos y las penas” , la cual dio inició al movimiento de reforma carcelaria en el viejo continente, y que hasta el día de hoy sigue vigente

Magíster en Gestión y Políticas Públicas / Chile es el segundo país en Sudamérica con mayor cantidad de reclusos, presentando una tasa de 296 internos por cada 100 mil habitantes, esta cifra da cuenta de la crisis por la que atraviesa el sistema penitenciario hace décadas. En este contexto, en el año 2006 se impulso el Programa de Inversión Infraestructura penitenciaria, el cual introduce la participación de privados en ámbitos del sistema penitenciario, hasta la fecha de responsabilidad exclusivamente estatal, esta incorporación se realiza principalmente con el objetivo de ampliar la infraestructura carcelaria ante el aumento de la población penal privada de libertad. Pese a que el programa mixto público privado se inició durante el año 2006, a la fecha, no existe un cuerpo de conocimiento que contribuya a evaluar si efectivamente la participación de privados ha aumentado las posibilidades de rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad. En este contexto surgió como pregunta directriz de la investigación: ¿es conveniente dejar en manos de privados la rehabilitación de los reclusos, cuando ésta es una responsabilidad del sector público? En este contexto, este estudio de casos busca generar una contribución al análisis de la incorporación de privados en los programas de rehabilitación y reinserción social, planteándose como objetivo general: Comparar la oferta programática en rehabilitación y reinserción social entre el sistema de cárceles tradicional y concesionada, en los Complejos Penitenciarios Valparaíso y Rancagua . Para el logro de éste, se utilizaron fuentes secundarias de información, las que permitieron dar a conocer el contexto de la seguridad ciudadana en Chile, principalmente el diagnóstico de la población penal recluida en los casos analizados. Éste análisis se complementó con el aporte de fuentes primarias, con el objetivo de conocer las percepciones de los distintos actores involucrados en esta materia. En términos generales, algunas de las conclusiones de este estudio de casos son: 1) destaca que la mayoría de los actores coincide en que es difícil realizar un juicio respecto si es ganancioso o más efectivo dejar en privados la labor de asistencia que anteriormente realizaba de forma exclusiva el sector público, a través de Gendarmería, pues no es claro que la oferta programática de las cárceles concesionadas en reinserción social sea mejor. Hay consenso en que es positivo concesionar las labores de atención, relacionadas con las condiciones de habitabilidad, alimentación, salud, entre otros; pues la empresa privada es más eficiente en la entrega de los servicios que Gendarmería; 2) en ambas modalidades, hay una clara tendencia a la construcción de indicadores en los ámbitos de insumos y procesos, no visualizándose en términos de productos, resultados e impacto, que permitan ver si el resultado de las acciones diseñadas e implementadas por el servicio, significan un mejoramiento en la habitabilidad de las condiciones objetivas y están contribuyendo a la reinserción social de la población penal. Algunas de las recomendaciones que surgen de esta investigación son: 1) la función de asistencia debe ser parte de un organismo público, que este a cargo de los procesos de rehabilitación y reinserción social de la población condenada; 2) la creación de un indicador de reinserción social, y no basar este proceso sólo en indicadores de reincidencia; 3) la creación de un instrumento que permita cuantificar variables en las unidades tradicionales, para obtener el gasto real por recluso; y, 4) finalmente, se recomienda trabajar en medidas enfocadas en la coordinación intersectorial de los actores.