Los procesos de movilidad humana no son fenómenos recientes en la historia del Perú. Tampoco lo son las medidas que el Estado adopta para controlar la movilidad internacional hacia y a través de su territorio. Sin embargo, en la actualidad, se evidencian importantes elementos que influyen directamente en la manera en que este país regula estos procesos, resaltando, una variación en su perfil migratorio, debilidades internas del sistema de gestión migratoria nacional y un contexto de inseguridad ciudadana, que han facilitado que el enfoque de seguridad, actualmente, sea preponderante y transversal en la agenda pública y en el diseño e implementación de mecanismos de control migratorio, teniendo importantes consecuencias en términos de la vigencia y del respeto de garantías de protección de las personas extranjeras que se encuentran sometidas a procedimientos de deportación. Para llegar a dicha conclusión, esta tesis toma como base tres premisas fundamentales que son desarrolladas en el marco teórico: la expulsión de personas en situación de movilidad es una expresión de la facultad de los Estados para controlar las migraciones internacionales; esta facultad no es absoluta, siendo que la protección debida al ser humano es uno de los principales límites de la potestad de expulsión de los Estados; y, el enfoque de seguridad, al colocarse en el centro del sistema de control migratorio, afecta la vigencia de derechos y garantías y consolida “Estados de Excepción Migratorios”, entendidos como una desviación de la facultad de los Estado de establecer “Estados de Excepción”, mediante los cuales se instauran campos de (des)regulación donde el sujeto de derechos se convierte en un objeto de sanción y el Estado suspende el cumplimiento de obligaciones internacionales establecidas por el Derecho Internacional. Bajo dichas premisas, se desarrollan dos capítulos analíticos. El primero está dirigido a evidenciar que el control migratorio, y en ese marco los procesos de expulsión, son herramientas al servicio de la seguridad ciudadana en el Perú. Ello, de por sí, no debe ser entendido necesariamente como un aspecto negativo. Sin embargo, la prevalencia de la agenda de seguridad ha significado un “relajamiento” en cuanto al apego estricto a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado respecto a las garantías y derechos de las personas sometidas a estos procedimientos, pudiendo estarse consolidando “Estados de Excepción Migratorios” en nuestro país. Ello será demostrado en el segundo capítulo analítico, el cual analiza las normas, procedimientos y prácticas relacionadas a la expulsión de extranjeros en el país. En cuanto a los aspectos metodológicos, la investigación se enmarca dentro del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en convergencia con otras ramas del Derecho Internacional que limitan la potestad de los Estados de controlar la movilidad humana, y utiliza sus enfoques y las líneas de análisis para examinar la adecuación de las normas nacionales que se aplican a los procesos de expulsión y la actuación de las autoridades responsables de la aplicación y ejecución de dichas medidas. Asimismo, resalta su carácter interdisciplinario (relaciona diversas ramas del Derecho Internacional con el Derecho administrativo sancionatorio y la Sociología del Derecho) y la combinación de técnicas como la entrevista y la investigación documental con el análisis de fuentes de información secundarias. Se debe tener presente que existe poca literatura nacional especializada en el análisis de los procedimientos de expulsión y un limitado acceso a fuentes de información oficiales que permitan dicha evaluación.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Posterior a la llegada del hombre blanco europeo, Estados Unidos de América se ha configurado como un centro de atracción para muchas personas que, por diversos motivos, han puesto su confianza en el porvenir en este territorio. En lo que respecta a los procesos migratorios contemporáneos, la hegemonía económica, social y cultural que ha ejercido a partir del siglo XX le ha permitido imponer sus intereses en el concierto internacional, y la prosperidad alcanzada en estos ámbitos atrae a millones de personas que buscan establecerse de forma permanente en su territorio, por cualquiera de las variadas razones que impulsan los movimientos migratorios actuales, que van desde verse obligados a una reubicación y búsqueda de mejores condiciones de vida, a cumplir el afán de conocer aquél lugar en que tantos dicen haber logrado un sueño, el “sueño americano” de bien estar, entre muchas otras. Ninguno de los procesos migratorios que ha visto dicha tierra ha estado exento de polémica, y los conflictos de diversa naturaleza parecen estar íntimamente ligados a dichos fenómenos. En la actualidad la política migratoria de dicho país se encuentra en constante debate en el interior del mismo, especialmente aquella que respecta a los inmigrantes ilegales o indocumentados. A nivel internacional, en tanto, se cuestiona su nivel de compromiso con los derechos sociales en general, y de personas inmigrantes en particular, a partir de la no ratificación y, en algunos casos, ni siquiera la firma de ciertos tratados considerados fundamentales al respecto. Siendo Estados Unidos el centro de inmigración por excelencia a nivel internacional, nos interesa aquí analizar la forma en que éste cumple con estándares internacionales en el reconocimiento de derechos sociales para inmigrantes, o bien, determinar su vi carácter deficitario, tanto en atención a un estándar general internacional, como a las obligaciones jurídicas que este país puede presentar en atención a su calidad de miembros de distintas organizaciones internacionales. Para ello se analiza la figura del Green Card y la posibilidad real de su obtención, las dificultades para lo mismo y, más importante aún, los derechos que a través de ella se adquieren, con el fin de hacer la comparación necesaria con instrumentos internacionales. Para un mejor entendimiento, se explica de forma previa la forma de Estado que ha adoptado el país en análisis, para luego dar a conocer la forma en que se configura su sistema migratorio, pues consideramos que no es posible comprender a cabalidad el segundo sin conocerse el primero.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación busca, en primer lugar, describir el funcionamiento de los Centros de Internación en Régimen Cerrado y Semi Cerrado del Servicio Nacional de Menores, específicamente desde la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente -el 18 de junio de 2007-. Se identificarán las dificultades prácticas que ha traído la aplicación del sistema sancionatorio diferenciado que la ley creó para los menores entre 14 y 18 años, para posteriormente comparar las condiciones observadas con la normativa sobre derechos de los niños, niñas y adolescentes consagrados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, ratificada por nuestro país en 1990. Según la información recabada durante la investigación, se analizará finalmente si la vulneración de estos Derechos es un factor que condiciona el fracaso de la labor de reinserción social que desempeña el SENAME.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Antes de entrar de lleno en materia, definiremos una serie de conceptos que estarán presentes a lo largo de estas páginas. Luego, trataremos temas, que si bien no son, en estricto rigor, propios de esta Memoria, es necesario considerarlos previamente, como son las teorías sobre el comienzo de la vida y los derechos reproductivos. Posteriormente, la primera parte de esta Memoria se abocará al análisis de las diversas técnicas de reproducción humana asistida que se desarrollan actualmente para enfrentar los problemas de infertilidad. Se mencionan las opiniones tanto favorables como contrarias a cada una de estas técnicas. A continuación, analizaremos la naturaleza jurídica del embrión humano, examinando las diferentes posturas que existen al respecto, para luego indicar fundadamente cual es nuestra posición en este tema. En la tercera parte trataremos, al fin, el tema específico de nuestro trabajo, esto es, daremos respuesta a la pregunta sobre qué hacer con los embriones supranumerarios, señalando los distintos destinos que pueden otorgárseles. En el capítulo siguiente, examinaremos el tratamiento de esta temática en el derecho internacional, derecho comparado y legislación nacional. Finalmente, plantearemos nuestra postura sobre cómo la legislación nacional debiese abordar esta materia.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo del presente trabajo, consiste en analizar si en la Ley N° 20.084, de Responsabilidad Adolescente (LRPA) se plasmó efectivamente el principio de especialidad en los operadores de justicia, consagrado en las obligaciones internacionales adoptadas por Chile, mediante la ratificación de diversos tratados internacionales de derechos humanos. Para poder concluir respecto a este análisis, fue necesario analizar la evolución histórica del reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes desde objetos de protección a sujetos de derechos. Luego, se estudiaron los instrumentos internacionales que consagran el principio de especialidad, así como las opiniones, casos contenciosos y recomendaciones de organismos internacionales; así, también se procedieron a establecer ciertos estándares que deben primar en la práctica profesional de los operadores de justicia que trabajan con niños, niñas y adolescentes. Posteriormente, se procedió a examinar la legislación chilena, su evolución y la actual LRPA; para analizar si ésta efectivamente satisface las obligaciones internacionales contraídas voluntariamente por Chile. Por último, se analizó la situación de Brasil, España y Alemania, respecto a algunos aspectos de Justicia Juvenil que resultan de utilidad para superar algunos aspectos pendientes en nuestra legislación. Finalmente, se concluye que en nuestro país no existe una consagración real del principio de especialidad, por ende existe un largo camino que recorrer, el que deberá comenzar con reformas legislativas.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Este trabajo pretende exponer y sistematizar de una forma coherente y práctica la abundante y en ocasiones disímil jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, recaída en el actual Estatuto de los Profesionales de la Educación, cuyo texto primitivo se encuentra contenido en la Ley Nº 19.070, vigente desde el 1º de Julio del año 1991, modificado por varias leyes posteriores y refundido, coordinado y sistematizado en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 del año 1996 del Ministerio de Educación, publicado en el Diario Oficial Nº 35.672 de fecha 22 de Enero de 1997, mismo que a la fecha también ya ha sufrido algunas modificaciones de relevancia. Para todos los que se vinculan de alguna forma a la función docente, este trabajo puede representar una ayuda en orden a conocer y eventualmente interpretar adecuadamente la normativa contenida en el referido Estatuto Docente y su Reglamento, así como el gran número de normas que lo complementan e informan

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales / La presente tesis se gesta en el taller de memoria “Legislación Indígena Nacional Comparada” impartido por el profesor guía Óscar Dávila Campusano. Este trabajo tiene como principal finalidad hacer una investigación y análisis del Convenio 169 sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo y la forma en que se ha incorporado este convenio en la jurisprudencia nacional, relativa a las acciones de protección interpuestas por los pueblos indígenas en los diversos tribunales superiores de nuestro país, particularmente relacionadas con el derecho a consulta garantizado en dicho convenio. Esta labor la realizaremos a partir del análisis de las causas jurisprudenciales favorables en sede de protección que tienen como derecho vulnerado el Derecho a Consulta Indígena, lo que nos ayudará a inferir si existe en Chile una aplicación jurisprudencial efectiva del Derecho a Consulta tal como está regulada en el Convenio 169, y no simplemente como lo regula la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Finalmente nos abocaremos la forma en cómo se asimila y/o aplica el Convenio 169 en México y Bolivia, dos de los veintidós países que han aprobado y ratificado dicho convenio, y que a mayor abundamiento, son los países con mayor población indígena en Latinoamérica. Para dicha labor realizaremos un análisis jurisprudencial de las principales causas encontradas de los distintos tribunales de ambos países en las cuales hubo una real protección al Derecho a Consulta regulado por el Convenio 169, lo que nos permitirá inferir si tanto en Bolivia como en México hay efectivamente una real legislación nacional y una correcta formulación y aplicación jurisprudencial, que sea armónica y de la forma en que lo establece el derecho internacional, más específicamente el Convenio 169 de la OIT.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene por fin reflexionar sobre la posibilidad y la forma de aplicación de la figura del autodespido en el fútbol, considerando las particulares características normativas que ésta actividad posee. Para realizar dicho estudio se ha procedido a investigar la amplia normativa que rige al balompié, para compararla con la legislación ordinaria a fin de determinar los efectos de la aplicación del despido indirecto en la actividad futbolística, considerando la existencia de un régimen paralelo al contrato de trabajo que rige las relaciones de los jugadores con los clubes, como lo es la propiedad sobre derechos federativos y económicos derivados de estos

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene como pilar fundamental el análisis de los conflictos que se suscitan entre consumidores y proveedores y los métodos de resolución que se han aplicado para resolverlos. De esta forma, se intentó afirmar la siguiente hipótesis: “el arbitraje es un método eficaz y eficiente para resolver conflictos en sede de consumo que es factible de ser establecido en Chile”. Para contextualizar se ha debido introducir el tema caracterizando el conflicto de consumo, describiendo en qué consiste un acto de consumo, los sujetos que participan de él y las normas y principios sustantivos que rigen en esta materia, para luego aportar información sobre la experiencia comparada de Argentina, España y México respecto de los cuales se ha realizado un análisis legal, doctrinario y jurisprudencial en materia de arbitraje de consumo: sus ventajas y desventajas, procedimiento previsto, cómo ha sido acogido por los sujetos de los actos de consumo y cómo conviven los distintos métodos de resolución de conflictos. La investigación se realizó conforme al método dogmático tradicional, combinado con metodologías propias de la investigación cualitativa, realizándose entrevistas semi-estructuradas a juristas del ámbito nacional e internacional. Como resultado se formulan propuestas susceptibles de ser aplicadas en la legislación chilena, además de servir de base para nuevas investigaciones y proyectos.