Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Hoy existe un amplio consenso en que la fuerza normativa y la supremacía de la Constitución requieren ser salvaguardadas institucionalmente, como una forma de garantizar los derechos fundamentales. La jurisdicción constitucional es el ámbito donde se ejerce su defensa y se cautela el cumplimiento de sus disposiciones, que tiene por objeto primordial limitar a través de normas constitucionales el poder de los gobiernos. Estas normas se traducen en procedimientos e instituciones dotadas de las herramientas necesarias para ejercer con eficacia el control jurisdiccional de constitucionalidad respecto tanto de los órganos estatales como de particulares.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En esta presentación señalaré los objetivos del trabajo, la metodología usada y las dificultades que tuve para confeccionarlo. Dentro de los objetivos buscados, están el saber acerca de la vida personal del Senador González Madariaga, su labor como parlamentario, específicamente su aporte y su visión en los problemas limítrofes entre Chile y Argentina. Además, su aporte, primero como diputado en la agrupación de departamentos de Ancud, Castro y Quinchao, y después como Senador por las provincias de Valdivia, Osorno, Llanquihue, Chiloé, Aysén y Magallanes y sus homenajes a distintas personalidades y naciones.

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento. / El presente estudio tiene por objeto analizar la estructura y los elementos más relevantes que componen el Derecho Administrativo Sancionador chileno. En concreto, se exhibirá al lector un estudio acerca de la Potestad Sancionatoria Administrativa, la Teoría General de la Infracción Administrativa y la Teoría General de la Sanción Administrativa. Asimismo, se dedicarán palabras acerca de los Procedimientos Administrativos Sancionatorios y examinaremos la fisionomía jurídica del Acto Administrativo. Para llevar a cabo estas labores, se ha investigado la más reciente jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, información que ha sido complementada y revisada críticamente en base a las ideas aportadas por los más distinguidos autores doctrinarios, tanto nacionales como extranjeros. Además, se han extraído ejemplos desde la realidad legislativa nacional, con el objeto de conocer la materialización normativa de los criterios más importantes

Magíster en Análisis Sistémico Aplicado a la Sociedad / Las constituciones en la modernidad han cumplido la función de separar el derecho de la política, brindando a ambos criterios de legitimidad procedimental en su operar. Por un lado, el derecho puede dictaminar en base a la ley decisiones sobre lo legal/ilegal utilizando al poder para llevar su dictamen más allá de sus límites; por otro, la política se desprende del problema de la soberanía al constituir la idea de pueblo soberano, asignando el uso del poder anclado a la ley. Todo lo anterior, se entiende en el marco de la creación de derechos fundamentales contenidos en las constituciones que buscan reglamentar los derechos inalienables de cada ciudadano, tanto en su relación con el Estado como con otros actores sociales. De esta manera, derechos como habeas corpus, a la vida, a la libertad, a la propiedad privada, a la autodeterminación individual, a la salud, a la educación, entre otros, se vuelven relevantes. En los años veinte del siglo pasado, Hans Kelsen sostuvo la necesidad de crear tribunales especializados, que mantuvieran la Constitución como la suprema norma del sistema jurídico. Debían tener la potestad de legisladores negativos, capaces de expulsar cualquier precepto legal que fuera en contra de la norma primera. Así en su Austria natal se creó el primer Tribunal Constitucional (TC) del mundo, diseminándose la idea después de la II Guerra Mundial a raíz del trauma de las experiencias fascistas italiana y alemana. Así, la tarea de estos tribunales es resguardar la Constitución como norma primera, asegurando el goce de los derechos fundamentales contenidos en ella. El actual Tribunal chileno existe desde la aprobación de la Constitución de 1980. Con la última reforma constitucional del año 2005, se ha visto enfrentado a casos de alta connotación pública que representan una novedad en el derecho constitucional vigente. Procesos que se relacionan con los derechos homosexuales, la relación entre privados y particulares en el derecho a la salud, la privacidad de la información o políticas públicas relacionadas con la fertilidad han sido materia de sentencia. En otras palabras, existen derechos especialmente sensibles para la población que son factor de decisión judicial. De esta manera, se construye una relación entre decidores y afectados, donde los primeros deben considerar los impactos de su decisión. Esta última tensión en el Tribunal Constitucional –decidores/afectados- no ha logrado ser especificada conceptual y operacionalmente. En general, al Tribunal lo han considerado una herencia anti-democrática o un organismo de control de los poderes del Estado, olvidando su relación con el aseguramiento de los derechos fundamentales. Por ello esta investigación busca caracterizar al Tribunal Constitucional chileno como organización y su operación en casos de alta connotación pública relacionados con derechos fundamentales socialmente sensibles, considerando la forma de procesar el riesgo de los impactos de las decisiones relacionadas con estos derechos

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Por la trascendencia que tiene en la interpretación de la constitución política y especialmente por los alcances en el desarrollo del derecho internacional, es que en esta memoria se analizará la sentencia del Tribunal Constitucional dictada el día 28 de enero de 1999 y que vino a resolver este conflicto, delimitando las atribuciones de los diferentes poderes públicos en el sistema de tratados en la constitución política de la república.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Sentencias emanadas de la Corte Suprema de Justicia comprendidas en el Libro Registro de Sentencias Civiles del mes de Abril de 2002, en el Libro Registro de Sentencias Laborales del mes de Enero de 2003 y sentencias emanadas del Tribunal Constitucional comprendidas en el Libro Registro de Sentencias del Tribunal Constitucional de los años 2001, 2002 y 2003.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La prohibición de la prisión por deudas aparece ya desde el derecho romano y se consagra posteriormente de forma internacional y comparada en tratados internacionales y constituciones de diversos países, situación que demuestra la importancia que cobra el derecho a la libertad personal por sobre el cobro de las deudas civiles en la sociedad moderna. Sin embargo, la concisa formulación de la prohibición en tales cuerpos normativos y la dictación de nuevas leyes que incluyen distintas sanciones o apremios, son factores que han suscitado duda sobre si existe pleno respeto a esta prohibición. Chile no escapa a este panorama, lo que se demuestra por la interposición de diversos recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, en especial respecto al apremio de arresto civil. La presente memoria tiene por objeto exponer y analizar el apremio de arresto civil y la prohibición de la prisión por deudas, en cuanto a su evolución histórica, consagración normativa y jurisprudencia internacional y comparada, y la opinión de diversos tribunales nacionales, con especial énfasis en las decisiones del Tribunal Constitucional chileno.

El presente artículo tiene como propósito plantear en el ordenamiento jurídico peruano el proceso constitucional de amparo directo ante el Tribunal Constitucional, el mismo que sería utilizado para los supuestos contra las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura, contra las resoluciones del Poder Judicial y contra las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones.

El presente artículo analiza la motivación que realizo del Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Caso Reforma Magisterial 3, referido a la constitucionalidad de la destitución de docentes por haber sufrido condena por delito de terrorismo, apología del terrorismo y sus agravantes antes de incorporarse o reincorporarse a la carrera pública magisterial, establecida en el art. 49 literal c) de la Ley N° 29944. Se analiza los antecedentes que dieron origen a dicha medida; el desarrollo jurisprudencial del principio de resocialización, derecho al libre desarrollo de la personalidad, y el derecho de educación; y la motivación del Colegiado a partir del esquema de Toulmin y el test de proporcionalidad. / This article analyzes the motivation that I make of the Constitutional Court in the sentence relapsed in the Magisterial Reform Case 3, refering to the constitutionality of the dismissal of teachers for having suffered a conviction for the crime of terrorism, apology for terrorism and its aggravating factors before joining or rejoin the public teaching career, established in art. 49 literal c) of Law No. 29944. The antecedents that gave rise to said measure are analyzed; the jurisprudential development of the principle of re-socialization, the right to free development of the personality, and the right to education; and the motivation of the collegiate from the Toulmin scheme and the proportionality test.

Tesis para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / La acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad es hoy una de las acciones constitucionales más relevantes de nuestro ordenamiento jurídico. A raíz de la reforma constitucional introducida por la Ley Nº 20.050 se modificó sustancialmente, desde el órgano llamado a conocerla hasta sus legitimados activos. En la presente tesis nos centraremos en identificar el procedimiento y particularidades de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad cuando ha sido deducida por órgano legitimado, para lo cual nos referiremos a la acción en sí misma, al procedimiento establecido para su sustanciación y evolución histórica, realizando un análisis pormenorizado en las diferencias teóricas que presenta cuando el legitimado activo es un tribunal, así como una revisión de la jurisprudencia emanada desde año 2006 a 2017, respecto de requerimientos deducidos por órgano legitimado, a fin de determinar si, efectivamente, existen diferencias teóricas en la acción, y si, de existir, estas se manifiestan en la jurisprudencia que emana del Tribunal Constitucional / 8 mayo de 2020