El control de convencionalidad presupone la interrelación de los tribunales nacionales y los tribunales internacionales en materia de derechos humanos.

En el presente informe nos vamos a centrar en los avances que ha registrado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano en el entendimiento de la salud como derecho fundamental y en la delimitación de sus contenidos y exigencias normativas.

Se trata de proteger a los justiciables que realmente demandan la tutela urgente de sus derechos; esto significa, por parte del Tribunal, un redimensionamiento de su funcionamientoadministrativo, de la mano con lo previsto en las sentencias como en el reglamento interno de la institución, y también de una serie de decisiones de organización del trabajo interno

El artículo presenta una revisión panorámica de la conformación histórica del Tribunal Constitucional peruano y los diferentes modelos de jurisdicción constitucional, los precedentes constitucionales y los controles constitucionales.

En el marco del caso de la “barrera electoral” (un tema de derecho electoral) el presente trabajo tiene los siguientes principales objetivos: 1) analizar cuál ha sido el razonamiento del Tribunal Constitucional por el que llega a la conclusión que la barrera electoral establecida por la Ley N° 28617, no es inconstitucional; 2) precisar los conceptos que maneja el Tribunal Constitucional sobre un cierto número de instituciones jurídicas centrales (necesarios para la resolución de este tipo de casos), como son, inter alia: el principio democrático, el principio de soberanía popular, la democracia representativa, el sistema de representación proporcional, y el derecho fundamental a la participación política; 3) demostrar que el Tribunal Constitucional estaría manejando conceptos restrictivos sobre estas materias constitucionalmente relevantes debido, en parte, a una singular concepción que ha desarrollado sobre el principio de soberanía popular, que no corresponde a la significación usualmente atribuida a este principio, también establecido por la Constitución, de la que se aparta; y 4) determinar que, bajo una redefinición de conceptos, en particular, tomando en cuenta la concepción más amplia, y generalmente aceptada, del derecho fundamental a la participación política, la barrera electoral de 5%, sí sería inconstitucional.

El presente trabajo aborda la aplicación de los estándares interamericanos de protección de los derechos de las personas LGBTIQ+ por Perú a través del control de convencionalidad. En ese sentido, nos centraremos en sus dos manifestaciones ("erga omnes" e "inter partes") con base en el análisis de los avances normativos y las sentencias desarrolladas por el Tribunal Constitucional en materia de identidad de género y matrimonio igualitario; así como, aquellas sentencias en las que Perú es parte material del proceso respecto a casos de violencia contra personas LGBTIQ+ ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. / The present paper addresses the application of inter-American standards for the protection of the rights of LGBTIQ+ persons by Peru through conventional control. In this regard, we will focus on its two manifestations ("erga omnes" and "inter partes") based on the analysis of the normative advances and the judgments developed by the Constitutional Court on gender identity and equal marriage; as well as those judgments in which Peru is a material part of the process regarding cases of violence against LGBTIQ+ persons before the Inter- American Court of Human Rights. / Trabajo académico

El siguiente informe pretende analizar el Pleno de Sentencia N° 423/2023, emitido en razón del Exp N° 00882-2023-PA/TC que contiene la disputa entre Ricardo Moran Vargas, en representación de los menos E.M. y C.M. y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). El problema del caso surge a raíz de la solicitud de inscripción extemporánea de los menores E.M y C.M. presentada por Ricardo Moran Vargas ante Reniec para que estos sean inscritos como ciudadanos peruanos. Dicha solicitud fue presentada por Moran Vargas únicamente consignando sus apellidos (Moran Vargas) como apellidos de los menores, en tanto estos fueron concebidos mediante maternidad subrogada y no se “conoce” la identidad de la madre. Reniec en respuesta la solicitud emite las Resoluciones 109-2021- ORSBORJJR10LIM-GOB/RENIEC y 110-2021-ORSBORJ-JR10LIMGOB/ RENIEC denegando el pedido de inscripción de ambos menores de edad justificando que ello contravenía lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del Código Civil. La impugnación de esta denegatoria por parte de Moran Vargas escaló hasta el Tribunal Constitucional. El presente informe pretende realizar una propuesta de interpretación a los artículos 20 y 21 del Código Civil con la finalidad de que estos permitan responder no solo a casos como el presente si no también a la realidad cambiante de nuestra sociedad sin representar un supuesto de discriminación y asegurando la mayor satisfacción de los derechos fundamentales de los menores de edad. / The following report intends to analyze the Plenary Judgment No. 423/2023, issued on account of Exp N° 00882-2023-PA/TC containing the dispute between Ricardo Moran Vargas, on behalf of the minors E.M. and C.M. and the National Registry of Identification and Civil Status (Reniec). The problem of the case arises from the request for extemporaneous registration of minors E.M. and C.M. filed by Ricardo Moran Vargas before Reniec so that they may be registered as Peruvian citizens. Said request was filed by Moran Vargas only including his surname (Moran Vargas) as the surname of the children, since they were conceived through surrogate motherhood and the identity of the mother is not "known". Reniec, in response to the request, issued Resolutions 109-2021- ORSBORJJR10LIM-GOB/RENIEC and 110-2021-ORSBORJ-JR10LIMGOB/ RENIEC denying the request for the registration of both minors, justifying that this contravened the provisions of articles 20 and 21 of the Civil Code. The challenge of this denial by Moran Vargas escalated to the Constitutional Court. The present report intends to make a proposal for the interpretation of articles 20 and 21 of the Civil Code with the purpose of allowing them to respond not only to cases such as the present one but also to the changing reality of our society without representing a case of discrimination and ensuring the greatest satisfaction of the fundamental rights of minors.

Este trabajo analiza la importancia de la consulta previa en proyectos de infraestructura que afectan a los pueblos indígenas en Perú, centrándose en el caso del proyecto de la Línea de Transmisión 220 KV Moyobamba-Iquitos y Subestaciones Asociadas. La relevancia de esta investigación radica en su complejidad y el impacto en los derechos colectivos de los pueblos indígenas, así como en la necesidad de equilibrar el desarrollo económico con la protección de estos derechos. Mis objetivos son examinar si se ha respetado el derecho a la consulta previa, identificar los principales problemas jurídicos que surgen en este contexto y proponer recomendaciones para mejorar la aplicación de este derecho en futuros proyectos. Quiero lograr un entendimiento más profundo de cómo la consulta previa puede ser una herramienta efectiva para la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones, asegurando que sus derechos sean considerados y protegidos adecuadamente, sobre todo cuando se trate de proyectos de infraestructura eléctrica. La reflexión principal es que la consulta previa debe ser realizada antes de la implementación de cualquier proyecto que pueda afectar los derechos de las comunidades indígenas, respetando la jerarquía normativa y los principios de legalidad para garantizar la protección de sus derechos en todo momento. También se exhorta a que el Estado pueda brindarle a nuestros pueblos indígenas, la protección necesaria para la salvaguarda de sus territorios. / This study analyzes the importance of prior consultation in infrastructure projects that affect indigenous peoples in Peru, focusing on the case of the 220 KV Moyobamba-Iquitos Transmission Line and Associated Substations project. The relevance of this research lies in its complexity and the impact on the collective rights of indigenous peoples, as well as the need to balance economic development with the protection of these rights. My objectives are to examine whether the right to prior consultation has been respected, identify the main legal issues that arise in this context, and propose recommendations to improve the application of this right in future projects. I aim to achieve a deeper understanding of how prior consultation can be an effective tool for the participation of indigenous peoples in decision-making, ensuring that their rights are adequately considered and protected, especially in the case of electrical infrastructure projects. The main conclusion is that prior consultation should be conducted before the implementation of any project that could affect the rights of indigenous communities, respecting the normative hierarchy and principles of legality to ensure the protection of their rights at all times. It is also urged that the State provide indigenous peoples with the necessary protection to safeguard their territories.

La consulta previa es un derecho previsto en el Convenio N.° 169 de la OIT y en la legislación nacional. Se aplica cuando el Estado emite una norma susceptible de afectar directamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Es decir, si se verifica la afectación, se activa de inmediato la consulta previa. Por el contrario, su ausencia deja de lado su puesta en marcha. Esta particular circunstancia convierte a la afectación directa en un concepto clave para la implementación de la consulta. Por esta razón, es necesario definirla de la manera más clara posible, ya que de ella depende la concreción de un derecho. Sin embargo, no es una tarea sencilla pues el propio Convenio 169 no ha señalado qué debemos entender por ella y la legislación nacional prefiere una fórmula abierta a diferentes interpretaciones. Por ello, resulta gravitante aproximarnos a este concepto a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pues en su condición de intérprete final de la Constitución, a la vez que es el garante de los derechos de las personas, incluidos los de los pueblos indígenas, nos da luces sobre su contenido. Precisamente, el presente informe jurídico revisa críticamente la sentencia del expediente 01717-2014- PC/TC y analiza si su aproximación al concepto de afectación directa garantiza el derecho a la consulta previa.

El presente informe jurídico se enfoca en realizar un análisis del Expediente con Código E-2493, en el cual se encuentra en debate la determinación de la legitimidad negocial de SITENTEL, un sindicato conformado por trabajadores de la empresa Telefónica del Perú y de la rama de telecomunicaciones, frente a cuatro empresas que forman parte de la cadena de productividad de la empresa principal, así como si las emplazadas forman parte del ámbito de las telecomunicaciones y por tanto, si es válido entablar una negociación colectiva a nivel de rama con estas. El objeto del presente trabajo pretende demostrar cómo es que la Autoridad Administrativa de Trabajo interpreta finalmente (de una manera evolutiva) la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. En tal sentido, podemos afirmar que no sólo el legislador tiene la obligación constitucional de fomento de la negociación colectiva, sino que esta obligación compromete a todo el Estado, incluyendo las instancias administrativas, pues así lo ordena la Constitución también los Tratados Internacionales que el Perú ha ratificado. La investigación es esencialmente bibliográfica, consistente en la revisión de libros, revistas y publicaciones en internet. Para ello, se utilizará como fuentes, opiniones y doctrina de diversos autores, los cuales nos darán una definición de conceptos como legitimidad negocial, representatividad, descentralización productiva y principio de primacía de la realidad. Además, se examinará la normativa peruana laboral, la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, específicamente los artículos que conciernen a la negociación colectiva, los niveles y requisitos de legitimidad negocial, así como normativa constitucional e internacional (Convenios de la OIT) y las opiniones de organismos internacionales como la del Comité de Libertad Sindical. Hay que tener en cuenta que tras la Opinión Consultiva 27 2022 de la Corte Interamericana de Justicia, los pronunciamientos de organismos internacionales como el CLS forman parte del corpus iuris internacional que regula este derecho, con lo que sus pronunciamientos se han visto fortalecidos en su esfera aplicativa Asimismo, se usará la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para analizar la restricción de la libertad de negociación que anteriormente establecía el artículo 45 de la LRCT y cómo este es declarado inconstitucional por el mismo órgano. Para ello usará la sentencia del expediente N°03561-2009-PA/TC (Caso Sindicato Único de Trabajadores Marítimos y Portuarios del Puerto del Callao contra ASPPOR, APAM y ASMARPE).