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La presente investigación tiene por objetivos siguientes: a) Exponer los fundamentos jus-sociológico, ius-filosófico y ius-formal del arbitraje y su relación con la jurisdicción como mecanismos heterocompositivos de solución de conflictos en la sociedad; b) Y, a partir de ella, exponer el fenómeno de la constitucionalización del arbitraje en nuestra historia constitucional y particularmente en la Constitución de 1993, así como la posición adoptada por el Tribunal Constitucional al respecto, y exponer nuestra posición respecto de los mismos conforme a los fundamentos y naturaleza jurídica del arbitraje, así como exponer y fundamentar las propuestas para una debida constitucionalización del arbitraje en el Perú; y, c) Exponer los fundamentos del control constitucional del arbitraje en el Estado Constitucional de Derecho; y, a partir de ello, determinar que tal control al ser básicamente jurisdiccional no resulta ser una función exclusiva de la justicia constitucional (Tribunal Constitucional y órganos especializados en lo constitucional del Poder Judicial) a través de los procesos constitucionales de la libertad (y del proceso de amparo en particular), sino que más bien, el control constitucional del arbitraje constituye una función que ordinariamente corresponde ser cumplida por los jueces ordinarios (Poder Judicial) a través de la vía procesal específica e igualmente satisfactoria que el amparo y que constituye el proceso (o recurso) de anulación de laudo previsto en el Decreto Legislativo N° 1071 (que norma el arbitraje); y, más bien, sólo excepcionalmente tal control corresponde ser realizado a través del proceso de amparo como vía extraordinaria y urgente. / Tesis

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El presente trabajo aborda el estudio de la fuerza vinculante de los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la finalidad de determinar si tienen fuerza vinculante para los tribunales nacionales de Estados que no han sido condenados en los casos donde se establecieron. Para ello, se establece el concepto de estándar, luego se analizan los diferentes argumentos esgrimidos en torno a su fuerza vinculante, tanto los desarrollados por la propia Corte Interamericana como por la doctrina especializada. De ahí se desarrolla, desde una perspectiva general, la recepción de los estándares interamericanos por las cortes nacionales para, finalmente, analizar la recepción y seguimiento del estándar sobre la invalidez de las leyes de auto-amnistía. Con el análisis de casos de la Corte Interamericana que establecen ese estándar y de las cortes de Argentina, Uruguay y Colombia que los reciben y utilizan se arriba a la conclusión que su fuerza vinculante depende, en gran medida, del uso que le dan las cortes nacionales. / The present work deals with the study of the binding force of the standards of the Inter- American Court of Human Rights, with the purpose of determining if they have binding force for the national courts of States that have not been condemned in the cases where they were established. To this end, the concept of a standard is established, then the different arguments put forward regarding its binding force are analyzed, both those developed by the Inter-American Court itself and by the specialized doctrine. From there, from a general perspective, the reception of the inter-American standards by the national courts is developed to, finally, analyze the reception and follow-up of the standard on the invalidity of the self-amnesty laws. With the analysis of cases of the Inter-American Court that establish that standard and of the courts of Argentina, Uruguay and Colombia that receive and use them, it is concluded that their binding force depends, to a large extent, on the use of the national courts. / Tesis

Los tribunales constitucionales están difundidos y consolidados institucionalmente en la mayoría de las democracias, de modo que el debate sobre la legitimidad democrática de la justicia constitucional no debe se concentrar exclusivamente en la cuestión normativa sobre qué tipo de poder deben tener estos tribunales, sino también envolver el problema sobre cómo ellos de hecho ejercen ese poder, lo que suscita un análisis de sus prácticas de decisión y de argumentación, que hoy representan un elemento fundamental de su autoridad y credibilidad institucionales y reivindica un papel teórico crucial de las teorías del discurso y de la argumentación jurídica. Sin embargo, estas teorías siempre se caracterizaron por ser esencialmente normativas y analíticas y enfocaren en la justificación de las decisiones por el juez individual. Esta tesis de doctorado construye algunas bases de una teoría de la argumentación jurídica que sea más empírica para comprender cómo los tribunales constitucionales de hecho argumentan y deciden, y más pragmática para ofrecer propuestas de perfeccionamiento institucional. El foco de análisis no incide en la fundamentación desarrollada monológicamente en los textos de las decisiones, sino en las prácticas de deliberación entre los magistrados, como discursos argumentativos de carácter intersubjetivo e interactivo en el ámbito de los órganos colegiados de los tribunales constitucionales, en los cuales ganan relevo los aspectos dialécticos y retóricos de la argumentación. La tesis está dividida en tres partes. La Parte I relaciona las temáticas de la jurisdicción constitucional, de la democracia (deliberativa) y de la argumentación jurídica, estableciendo una conexión entre los distintos campos de estudio de la teoría constitucional, de la teoría política y de la teoría de la argumentación jurídica, y trabaja con algunas premisas que pueden servir de base para la construcción de una teoría de la argumentación constitucional, o sea, una teoría sobre las prácticas argumentativas de los tribunales constitucionales, en las cuales tiene aspecto central la deliberación entre los magistrados. La Parte II presenta los resultados de la investigación empírica cualitativa realizada en el Tribunal Constitucional de España y en el Supremo Tribunal Federal de Brasil, especialmente con entrevistas a los magistrados de estos tribunales, describiendo los aspectos más importantes de sus prácticas deliberativas, las cuales corresponden a dos modelos distintos en el plano del derecho comparado: el modelo de deliberación secreta y de decisión per curiam y el modelo de deliberación pública y de decisión seriatim. La Parte III es destinada a la reflexión sobre algunos desafíos analíticos de la teoría de la argumentación constitucional frente a los aspectos institucionales de la deliberación en los tribunales constitucionales revelados en la Parte II. Finalmente, colocando el acento en el campo pragmático de la teoría, se formula un decálogo de directrices para el perfeccionamiento institucional de la capacidad deliberativa de los tribunales analizados.

En este artículo se trata de desentrañar la naturaleza jurídica del proceso de amparo, estudiando aquellas características esenciales intrínsecas y despojadas del régimen legal quele establezca cada sistema de jurisdicción constitucional. Los tribunales constitucionales identifican al amparo con una doble naturaleza, que persigue no solo la tutela subjetiva de los derechos fundamentales de las personas, sino también comprende la tutela objetiva de la Constitución. Lo primero supone la restitución del derecho violado o amenazado, lo segundo la tutela objetiva de la Constitución, esto es, la protección del orden constitucional como una suma de bienes institucionales.

El artículo presenta una revisión panorámica de la conformación histórica del Tribunal Constitucional peruano y los diferentes modelos de jurisdicción constitucional, los precedentes constitucionales y los controles constitucionales.

La presente investigación tiene por objetivos siguientes: a) Exponer los fundamentos jus-sociológico, ius-filosófico y ius-formal del arbitraje y su relación con la jurisdicción como mecanismos heterocompositivos de solución de conflictos en la sociedad; b) Y, a partir de ella, exponer el fenómeno de la constitucionalización del arbitraje en nuestra historia constitucional y particularmente en la Constitución de 1993, así como la posición adoptada por el Tribunal Constitucional al respecto, y exponer nuestra posición respecto de los mismos conforme a los fundamentos y naturaleza jurídica del arbitraje, así como exponer y fundamentar las propuestas para una debida constitucionalización del arbitraje en el Perú; y, c) Exponer los fundamentos del control constitucional del arbitraje en el Estado Constitucional de Derecho; y, a partir de ello, determinar que tal control al ser básicamente jurisdiccional no resulta ser una función exclusiva de la justicia constitucional (Tribunal Constitucional y órganos especializados en lo constitucional del Poder Judicial) a través de los procesos constitucionales de la libertad (y del proceso de amparo en particular), sino que más bien, el control constitucional del arbitraje constituye una función que ordinariamente corresponde ser cumplida por los jueces ordinarios (Poder Judicial) a través de la vía procesal específica e igualmente satisfactoria que el amparo y que constituye el proceso (o recurso) de anulación de laudo previsto en el Decreto Legislativo N° 1071 (que norma el arbitraje); y, más bien, sólo excepcionalmente tal control corresponde ser realizado a través del proceso de amparo como vía extraordinaria y urgente.

La Constitución peruana encarga al Ministerio Público el deber de investigar el delito, dotándolo de autonomía y de una serie de potestades orientadas a que dicha función sea efectivamente aplicada. No obstante, el Código Procesal Penal del 2004 introdujo una figura judicial novedosa en nuestro ordenamiento: el juez de la investigación preparatoria (en su actuación durante la etapa de investigación). La actividad que tiene a su cargo dicha figura judicial constituye, en el entender mayoritario y pacífico de la doctrina y jurisprudencia nacional, una actividad válida, pues permite el control de las actuaciones del Ministerio Público con ocasión de la investigación del delito; sin embargo, es evidente que debe justificarse por qué la potestad jurisdiccional tendría que implicar, necesariamente, en el proceso penal, una potestad de control sobre la actuación de la fiscalía. El presente trabajo se cuestiona, por ello, sobre la legitimidad constitucional de la función del juez durante la investigación. La tesis pretende mostrar que dicha función de control del juez sobre una actuación constitucionalmente autónoma como la del fiscal, solo tiene fundamento si se la lee de manera conjunta con la constitucionalización de los derechos fundamentales (artículo 44 de la Constitución Política). Esta función jurisdiccional de control se presenta como un límite constitucional a los actos de averiguación del delito, en la lógica de que la verdad no se puede obtener a cualquier precio. El principio acusatorio no colisiona con dicha función de control jurisdiccional, pues ésta no se encamina a realizar actos de investigación.

Entre los múltiples dilemas que deben resolverse al estructurar un proceso de justicia transicional, se encuentra la posibilidad de construir políticas que respeten los estándares de derecho internacional y no representen un obstáculo para que se llegue a un acuerdo entre las partes en conflicto. El presente artículo plantea que el margen de apreciación nacional es un mecanismo idóneo para la incorporación de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ámbito nacional y, más concretamente, en procesos de justicia transicional. Para ello, se explicará el margen de apreciación nacional y su compatibilidad con el control de convencionalidad, las críticas a la incorporación del margen de apreciación en el contexto americano y la posibilidad de utilizar el margen de apreciación en contextos de justicia transicional, como mecanismo idóneo para incorporar y armonizar las decisiones de la Corte Interamericanacon los procesos de justicia transicional. / Among the multiple dilemmas that must be resolved when structuring a transitional justice process is the possibility of constructing policies that respect the standards of international law and do not represent an obstacle to reaching an agreement between the parties in conflict. This article proposes that the national margin of appreciation is a suitable mechanism for the incorporation of the judgments of the InterAmerican Court of Human Rights at the national level and, more specifically, in transitional justice processes. To this end, the national margin of appreciation and its compatibility with the control of conventionality, the criticisms to the incorporation of the margin of appreciation in the American context and the possibility of using the margin of appreciation in transitional justice contexts will be explained, as a suitable mechanism to incorporate and harmonize the decisions of the Inter-American Court with transitional justice processes.