El siguiente informe pretende analizar el Pleno de Sentencia N° 423/2023, emitido en razón del Exp N° 00882-2023-PA/TC que contiene la disputa entre Ricardo Moran Vargas, en representación de los menos E.M. y C.M. y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). El problema del caso surge a raíz de la solicitud de inscripción extemporánea de los menores E.M y C.M. presentada por Ricardo Moran Vargas ante Reniec para que estos sean inscritos como ciudadanos peruanos. Dicha solicitud fue presentada por Moran Vargas únicamente consignando sus apellidos (Moran Vargas) como apellidos de los menores, en tanto estos fueron concebidos mediante maternidad subrogada y no se “conoce” la identidad de la madre. Reniec en respuesta la solicitud emite las Resoluciones 109-2021- ORSBORJJR10LIM-GOB/RENIEC y 110-2021-ORSBORJ-JR10LIMGOB/ RENIEC denegando el pedido de inscripción de ambos menores de edad justificando que ello contravenía lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del Código Civil. La impugnación de esta denegatoria por parte de Moran Vargas escaló hasta el Tribunal Constitucional. El presente informe pretende realizar una propuesta de interpretación a los artículos 20 y 21 del Código Civil con la finalidad de que estos permitan responder no solo a casos como el presente si no también a la realidad cambiante de nuestra sociedad sin representar un supuesto de discriminación y asegurando la mayor satisfacción de los derechos fundamentales de los menores de edad. / The following report intends to analyze the Plenary Judgment No. 423/2023, issued on account of Exp N° 00882-2023-PA/TC containing the dispute between Ricardo Moran Vargas, on behalf of the minors E.M. and C.M. and the National Registry of Identification and Civil Status (Reniec). The problem of the case arises from the request for extemporaneous registration of minors E.M. and C.M. filed by Ricardo Moran Vargas before Reniec so that they may be registered as Peruvian citizens. Said request was filed by Moran Vargas only including his surname (Moran Vargas) as the surname of the children, since they were conceived through surrogate motherhood and the identity of the mother is not "known". Reniec, in response to the request, issued Resolutions 109-2021- ORSBORJJR10LIM-GOB/RENIEC and 110-2021-ORSBORJ-JR10LIMGOB/ RENIEC denying the request for the registration of both minors, justifying that this contravened the provisions of articles 20 and 21 of the Civil Code. The challenge of this denial by Moran Vargas escalated to the Constitutional Court. The present report intends to make a proposal for the interpretation of articles 20 and 21 of the Civil Code with the purpose of allowing them to respond not only to cases such as the present one but also to the changing reality of our society without representing a case of discrimination and ensuring the greatest satisfaction of the fundamental rights of minors.

Este trabajo analiza la importancia de la consulta previa en proyectos de infraestructura que afectan a los pueblos indígenas en Perú, centrándose en el caso del proyecto de la Línea de Transmisión 220 KV Moyobamba-Iquitos y Subestaciones Asociadas. La relevancia de esta investigación radica en su complejidad y el impacto en los derechos colectivos de los pueblos indígenas, así como en la necesidad de equilibrar el desarrollo económico con la protección de estos derechos. Mis objetivos son examinar si se ha respetado el derecho a la consulta previa, identificar los principales problemas jurídicos que surgen en este contexto y proponer recomendaciones para mejorar la aplicación de este derecho en futuros proyectos. Quiero lograr un entendimiento más profundo de cómo la consulta previa puede ser una herramienta efectiva para la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones, asegurando que sus derechos sean considerados y protegidos adecuadamente, sobre todo cuando se trate de proyectos de infraestructura eléctrica. La reflexión principal es que la consulta previa debe ser realizada antes de la implementación de cualquier proyecto que pueda afectar los derechos de las comunidades indígenas, respetando la jerarquía normativa y los principios de legalidad para garantizar la protección de sus derechos en todo momento. También se exhorta a que el Estado pueda brindarle a nuestros pueblos indígenas, la protección necesaria para la salvaguarda de sus territorios. / This study analyzes the importance of prior consultation in infrastructure projects that affect indigenous peoples in Peru, focusing on the case of the 220 KV Moyobamba-Iquitos Transmission Line and Associated Substations project. The relevance of this research lies in its complexity and the impact on the collective rights of indigenous peoples, as well as the need to balance economic development with the protection of these rights. My objectives are to examine whether the right to prior consultation has been respected, identify the main legal issues that arise in this context, and propose recommendations to improve the application of this right in future projects. I aim to achieve a deeper understanding of how prior consultation can be an effective tool for the participation of indigenous peoples in decision-making, ensuring that their rights are adequately considered and protected, especially in the case of electrical infrastructure projects. The main conclusion is that prior consultation should be conducted before the implementation of any project that could affect the rights of indigenous communities, respecting the normative hierarchy and principles of legality to ensure the protection of their rights at all times. It is also urged that the State provide indigenous peoples with the necessary protection to safeguard their territories.

El presente caso se trata de una sentencia del Tribunal Constitucional resolviendo el recurso de agravio constitucional interpuesto por el Sr. Andreas Kulenkampff Von Bismarck contra la resolución de fecha 13 de septiembre de 2010, donde el Colegiado analiza si se han vulnerado los derechos fundamentales del debido proceso, la igualdad ante la ley, de propiedad y a contratar con fines lícitos. Pese a que, dos de los tres procesos ordinarios que originaron el proceso de amparo, ya estaban en etapa de ejecución, el Tribunal Constitucional decide resolver declarado fundada en parte la demanda de amparo, al demostrarse que los pagarés no fueron completados según lo pactado y, además, declaro nulas las resoluciones que estimaron fundadas las demandas interpuestas por el Banco de Comercio. A partir de ello, surgen diferentes interrogantes. En primer lugar, la potestad del Tribunal Constitucional para revisar todo el proceso ordinario, no solo del proceso de amparo, sino de los juicios civiles, sin ningún tipo de cautela al perjudicar al Banco de Comercio que ya contaba con dos sentencias firmes a su favor. En segundo lugar, cómo se podría delimitar el grado de intervención del Tribunal cuando revisa resoluciones judiciales ordinarias. En tercer lugar, si en este caso, el Tribunal Constitucional observó y aplicó dichos límites. Debido a ello, en el presente informe se buscará dar respuesta a las interrogantes anteriormente planteadas, con el objetivo de entender cómo el Tribunal Constitucional debe revisar los procesos judiciales ordinarios en los procesos de amparo. / The present case is about a ruling by the Constitutional Court that resolves the appeal for constitutional grievance filed by Mr. Andreas Kulenkampff Von Bismarck against the resolution dated September 13, 2010, where the Court analyzes whether fundamental rights are respected due to process, equality before the law, property and contracting for lawful purposes. Although two of the three ordinary processes that gave rise to the amparo process were already in the execution stage, the Constitutional Court decided to declare the amparo claim partially founded, having proven that the promissory notes were not executed as agreed. and, furthermore, I declare void the resolutions that considered the claims filed by the Banco de Comercio to be founded. From this, different questions arise. Firstly, the power of the Constitutional Court to review the entire ordinary process, not only the protection process, but also the civil processes, without any type of caution to the detriment of the Banco de Comercio, which already had two final rulings. . favor. . Secondly, how could the degree of intervention of the Constitutional Court be delimited when reviewing ordinary judicial resolutions? Thirdly, whether in the present case the Constitutional Court respected and applied said limits. Therefore, this report will seek to answer the questions previously raised, with the aim of understanding how the Constitutional Court should review ordinary judicial processes in amparo proceedings.

Jhojana Rudas Guedes interpuso una demanda contra RENIEC solicitando la inaplicación del artículo 20 del Código Civil, debido a que dicha entidad condicionó la entrega de su DNI a la modificación del orden de sus apellidos en su partida de nacimiento, donde el apellido materno figura en primer lugar. Argumenta que este condicionamiento vulnera su derecho a la identidad, así como su derecho a la igualdad y no discriminación por razón de sexo. En este contexto, el presente trabajo abordará el análisis del fallo emitido por el Tribunal Constitucional, comenzando por determinar si la interpretación realizada por RENIEC fue constitucional o no. Asimismo, se evaluará si, existió vulneración al derecho a la identidad, en relación con el nombre como elemento dinámico y el derecho al libre desarrollo de la personalidad,así como, la vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación, analizado a la luz del avance social y normativo, desde un enfoque de género. Por último, también se analizará si se respetaron los parámetros del principio de legalidad por parte de RENIEC y si el habeas corpus fue la vía adecuada para que la demandante exija la protección de sus derechos. / Jhojana Rudas Guedes filed a lawsuit against RENIEC requesting the non-application of Article 20 of the Civil Code, because RENIEC conditioned the issuance of her ID card on changing the order of her surnames in her birth certificate, where her mother's surname appears first. She argues that this condition violates her right to identity, as well as her right to equality and non-discrimination based on sex. In this context, this paper will address the analysis of the ruling issued by the Constitutional Court, starting by determining whether RENIEC's interpretation was constitutional or not. Additionally, it will evaluate whether there was a violation of the right to identity, in relation to the name as a dynamic element and the right to personal development, as well as the violation of the right to equality and non-discrimination, analyzed in the context of social and normative progress from a gender perspective. Finally, it will also analyze whether RENIEC respected the parameters of the principle of legality and whether habeas corpus was the appropriate avenue for the plaintiff to demand protection of her rights.

El presente informe analiza los límites legales en una intervención policial que compromete las libertades personales de una pareja de esposos por la presunta comisión de hechos delictivos que configura flagrancia. Este análisis se realiza bajo la perspectiva del buen gobierno, asegurando que las acciones policiales no sólo respeten los derechos humanos, sino que también se manejen dentro de los principios del buen gobierno como transparencia, rendición de cuentas, corrección, legalidad y eficacia. Así, se busca garantizar que las intervenciones policiales sean legítimas y refuercen la confianza en las autoridades. Por ello, el informe se realiza en base del marco constitucional y legal de la institución policial, que garantiza una actuación de calidad y fortalece la confianza en las autoridades policiales y el respeto por los derechos humanos. Desde una visión crítica, sostiene que el derecho a la libertad personal no es absoluto, ya que puede haber una razón legal que permita garantizar la protección de un bien jurídico como la seguridad ciudadana, que es una demanda constante de la sociedad. Por ello, la detención no es arbitraria si cumple con el marco legal y tiene como finalidad detener la comisión de delitos que atentan contra el orden público. / The present report analyzes the legal boundaries in a police intervention that compromises the personal freedoms of a married couple for the alleged commission of criminal acts constituting flagrante delicto. This analysis is conducted from the perspective of good governance, ensuring that police actions not only respect human rights but also adhere to the principles of good governance such as transparency, accountability, propriety, legality, and effectiveness. Thus, it seeks to guarantee that police interventions are legitimate and reinforce trust in the authorities. Therefore, the report is based on the constitutional and legal framework of the police institution, which guarantees quality performance and strengthens trust in police authorities and respect for human rights. From a critical perspective, it argues that the right to personal liberty is not absolute, as there may be a legal reason that allows for the protection of a legal good such as public safety, which is a constant demand of society. Therefore, detention is not arbitrary if it complies with the legal framework and aims to stop the commission of crimes that threaten public order.

La consulta previa es un derecho previsto en el Convenio N.° 169 de la OIT y en la legislación nacional. Se aplica cuando el Estado emite una norma susceptible de afectar directamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Es decir, si se verifica la afectación, se activa de inmediato la consulta previa. Por el contrario, su ausencia deja de lado su puesta en marcha. Esta particular circunstancia convierte a la afectación directa en un concepto clave para la implementación de la consulta. Por esta razón, es necesario definirla de la manera más clara posible, ya que de ella depende la concreción de un derecho. Sin embargo, no es una tarea sencilla pues el propio Convenio 169 no ha señalado qué debemos entender por ella y la legislación nacional prefiere una fórmula abierta a diferentes interpretaciones. Por ello, resulta gravitante aproximarnos a este concepto a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pues en su condición de intérprete final de la Constitución, a la vez que es el garante de los derechos de las personas, incluidos los de los pueblos indígenas, nos da luces sobre su contenido. Precisamente, el presente informe jurídico revisa críticamente la sentencia del expediente 01717-2014- PC/TC y analiza si su aproximación al concepto de afectación directa garantiza el derecho a la consulta previa.

El presente informe jurídico tiene como objetivo general analizar la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. N°00413-2022-PHC/TC, la cual resulta de gran relevancia ya que mediante esta se establecen parámetros y límites a las atribuciones de la policía en la realización del control de identidad, mediante el cual, sin necesidad de un mandato judicial, el policía puede requerir la identificación de una persona con fines de prevención o investigación de un delito. En ese sentido, se analizará de manera crítica la sentencia considerando que, si bien la decisión del máximo intérprete constitucional es acertada en declarar fundada la demanda de hábeas corpus a favor de Luis Enrique Rodríguez Gutiérrez y Katya Karina Vilca Jaramillo; no obstante, el caso plantea cuestiones más amplias que deben ser abordadas, las cuales incluyen el delimitar parámetros objetivos para determinar qué se entiende por “actitud sospechosa”, categoría usada usualmente en las actuaciones u operaciones policiales para justificar su labor en la prevención del delito. Por ello, consideramos que el máximo intérprete de la Constitución ha perdido una valiosa oportunidad de crear criterios jurisprudenciales más sólidos respecto a esta problemática, la cual es común y cotidiana en la práctica. Particularmente, debió haber considerado los parámetros ya delimitados por Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Fernández Prieto y Tumbeiro vs. Argentina. En dicha sentencia, se establecieron criterios respecto a la exigencia de elementos probatorios concretos que fundamenten la actividad del control y prevención policial para el resguardo de la libertad personal. / Constitutional Court in Exp. N°00413-2022-PHC/TC, which is of great relevance, as it establishes parameters and limits to the powers of the police in carrying out identity checks, whereby, without the need for a warrant, the police can request the identification of a person for the purpose of preventing or investigating a crime. In this sense, we will critically analyse the sentence considering that, although the decision of the highest constitutional interpreter is correct in declaring the habeas corpus petition in favour of Luis Enrique Rodríguez Gutiérrez and Katya Karina Vilca Jaramillo to be well founded; nevertheless, the case raises broader issues that must be addressed, which include the delimitation of objective parameters to determine what is understood by "suspicious attitude", a category usually used in police actions or operations to justify their work in crime prevention. For this reason, we consider that the highest constitutional court has missed a valuable opportunity to create more solid jurisprudential criteria with respect to this problem, which is common and everyday in practice. In particular, it should have considered the parameters already established by the Inter-American Court of Human Rights in the case of Fernández Prieto and Tumbeiro v. Argentina. In this judgment, criteria have been defined with respect to the requirement of concrete evidence to support the activity of police control and prevention in order to safeguard personal liberty.

El informe jurídico busca examinar la decisión del Tribunal Constitucional que declaró improcedente la demanda de amparo presentada por Susel Paredes y Gracia Aljovín, quienes solicitaban que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) inscribiera su matrimonio celebrado en el extranjero. Como problema jurídico principal, consideramos que la decisión del Tribunal parece eludir el reconocimiento de un matrimonio no heterosexual, afectando directamente a una relación homosexual. Esto plantea interrogantes acerca de las consecuencias de este razonamiento desde la perspectiva de la igualdad como principio fundamental del orden constitucional peruano. Asimismo, señalamos que el objetivo de la presente investigación es que la noción del matrimonio, no debe excluir a las parejas del mismo sexo, pues habría una protección legal y constitucional que aseguran sus derechos. Además, respaldamos esta postura demostrando que no habría impedimento alguno en la Constitución que señale que el matrimonio tiene como requisito que sea entre un hombre y una mujer. A manera de conclusión, consideramos que resulta relevante reflexionar sobre el impacto de la decisión del Tribunal en relación con la igualdad. La negativa de reconocer el matrimonio de las demandantes, basada en argumentos que parecen eludir la cuestión fundamental de la igualdad en el acceso al matrimonio, se interpreta como una limitación injustificada de sus derechos fundamentales. Este caso subraya la necesidad de revisar y fortalecer el marco normativo para asegurar que el matrimonio igualitario reciba igual protección y reconocimiento legal, acorde con el principio de igualdad y no discriminación como base. El presente informe se fundamentó en la revisión de fuentes doctrinales, el uso de jurisprudencia de países de la región, y el análisis de las diversas normativas que integran nuestro sistema jurídico. / The legal report seeks to examine the Constitutional Court's decision that deemed inadmissible the writ of amparo filed by Susel Paredes and Gracia Aljovín, who sought the registration of their marriage conducted overseas by the National Registry of Identification and Civil Status (RENIEC). A key legal issue we address is that the Court's decision seems to circumvent recognition of non-heterosexual marriage, directly impacting a homosexual relationship. This raises questions about the consequences of such reasoning from the perspective of equality as a fundamental principle of the Peruvian constitutional order. Likewise, we argue that the objective of this investigation is to assert that the notion of marriage should not exclude samesex couples, as they are entitled to legal and constitutional protection of their rights. Furthermore, we support this stance by demonstrating that there is no constitutional impediment stipulating marriage must exclusively be between a man and a woman. As a conclusion, we note that it is imperative to reflect on the impact of the Court's decision regarding equality. The denial of recognition of the petitioners' marriage, based on arguments that seem to evade the fundamental issue of equal access to marriage, is interpreted as an unjustified limitation of their fundamental rights. This case underscores the need to review and strengthen the policy framework to ensure that equal protection and legal recognition are afforded to same-sex marriage, in accordance with the principles of equality and non-discrimination as a basis. This report is grounded in the review of doctrinal sources, the comparison of jurisprudence of Latin American countries, and the exhaustive analysis of the diverse regulations comprising our legal system.

El presente Informe analiza la Sentencia del Tribunal Constitucional que resuelve el recurso de agravio constitucional interpuesto por la Asociación Solaris Perú contra la Primera Sala Comercial de Lima contra la Primera Sala Comercial de Lima. En ese sentido, se analizan los siguientes problemas jurídicos. En primer lugar, se examina la procedencia de la demanda de amparo, pese al rechazo liminar de la demanda en las dos instancias previas, basándose en la supuesta inexistencia de resoluciones judiciales firmes y la ausencia de vulneración de derechos constitucionales, en aplicación de la Sentencia No. 142-2011-PA/TC (precedente María Julia). En segundo lugar, se analiza la competencia del Tribunal Constitucional para resolver sobre el fondo de la controversia a pesar del rechazo liminar de la demanda en las instancias previas y si, por tanto, se podía pronunciar respecto de si la admisión a trámite de las demandas de anulación vulneró los derechos constitucionales invocados por la Asociación Solaris Perú. Finalmente, a través de un minucioso análisis de los hechos del caso y los argumentos planteados, el presente Informe Jurídico busca esclarecer los problemas planteados y proporcionar respuestas precisas a las interrogantes surgidas en su evaluación. / In accordance with the decision of the Constitutional Court in the amparo lawsuit against a judicial resolution filed by Asociación Solaris Perú against the Primera Sala Comercial de Lima, this report analyzes the following legal issues. Firstly, it examines the admissibility of the amparo lawsuit, despite the summary dismissal of the lawsuit in the previous two instances, based on the alleged absence of final judicial rulings and the lack of violation of constitutional rights, in accordance with Judgment No. 142-2011-PA/TC (Maria Julia precedent). Secondly, it analyzes the competence of the Constitutional Court to rule on the merits of the controversy despite the summary dismissal of the lawsuit in previous instances, and therefore, whether it could pronounce on whether the admission to processing of the annulment lawsuits violated the constitutional rights invoked by Asociación Solaris Perú. Finally, through a thorough analysis of the case facts and arguments presented, this Legal Report seeks to clarify the issues raised and provide precise answers to the questions that arose in its evaluation.

El actual informe jurídico analiza la resolución No. 03640-2021-PHC/TC, en relación con la demanda de inconstitucionalidad presentada por Piero Renzo Dellepiane Reggiardo en su propio nombre, en el de sus familiares y en el de los propietarios de los condominios "Terrazas de Chepeconde S.A.C." e "Inversiones Condominio Aventura S.A.C." contra el "Club Tennis Las Terrazas Miraflores" (en adelante "Club Terrazas") por vulneración del derecho constitucional a la libre circulación. Esta situación surge a partir de la implementación por parte del Club Terrazas de un sistema de portón, control y vigilancia en el kilómetro 120,8 de la Panamericana Sur, que restringe el acceso a las playas de Cerro Azul que colindan con su predio, a pesar de que existe una servidumbre de paso (en adelante, SP) y una Resolución Jefatural mediante la cual, la municipalidad la reconoció como un acceso de uso público de conformidad con la normativa especial. Al respecto, el Tribunal Constitucional (en adelante, el TC) La demanda fue estimada parcialmente, condenando al Club Terrazas a garantizar el libre acceso a las playas y reconociendo la vulneración del derecho al libre tránsito. Coincido con esta postura y la utilizaré para ilustrar la importancia de garantizar vías de acceso que permitan a los ciudadanos acceder a espacios públicos, como las playas. Para ello, en primer lugar, Dilucidaré el régimen de playas para determinar el marco normativo que se aplicará al caso concreto, evaluaré la existencia de una vía de acceso en el km 120,8 de la Carretera Panamericana Sur y desarrollaré el concepto del derecho constitucional a la libertad de tránsito. Con base en ello, determinaré si se vulneró el derecho a la libertad de tránsito del demandante. En segundo lugar, evaluará si la presencia de un SP es una condición necesaria para garantizar el libre acceso a la playa. En tercer lugar, se estudiará el mecanismo de habeas corpus (en adelante HC) para determinar si es el método adecuado para garantizar el derecho a la libertad de tránsito. Finalmente, El derecho constitucional del demandante a la libertad de tránsito fue violado, como se determinó en el análisis antes mencionado. Además, se determinará que no es necesaria la presencia de un SP para garantizar el acceso sin restricciones a las playas. En consecuencia, la HC es el recurso de protección adecuado en caso de que se acredite la violación del derecho a la libertad de tránsito, y no sirve como método de ejecución de resoluciones administrativas. / This legal report analyzes File No. 03640-2021-PHC/TC, in relation to the constitutional claim of Piero Renzo Dellepiane Reggiardo in favor of himself and the owners and relatives of the condominium “Terrazas de Chepeconde S.A.C.” and “Inversiones Condominio Aventura S.A.C.” against the “Club Tennis Las Terrazas Miraflores” for violating the right to freedom of movement for implementing a gate and surveillance at kilometer 120.8 of the South Pan- American Highway. In this way, access is not allowed to the beaches of Cerro Azul near the land of Piero Renzo Dellepiane's property. Although there is an established right of way and the issuance of express municipal provisions that determine the mandatory nature of the beach law and its regulations. The Constitutional Court declared the claim founded for proving the violation of the right to free movement and ordered the “Club Tennis Las Terrazas Miraflores” to guarantee free access to the beaches, a position that I share and for which I will demonstrate the importance of there being accesses that allow the entry of citizens to public spaces such as beaches. First of all, I am going to explain the beach regime to identify the rules that will apply to this specific case. I will evaluate the existence of an access road at km 120.8 of the South Pan-American Highway and the concept of the constitutional right to freedom of transit will be developed. I will determine whether the plaintiff's right to freedom of movement was violated. Secondly, I will analyze whether the existence of a right of way is an essential requirement to guarantee free access to the beaches. Thirdly, I will develop the concept of the habeas corpus mechanism and, consequently, A determination will be made as to whether habeas corpus is the most effective method of guaranteeing the right to freedom of movement. Finally, the conclusion that the constitutional right to freedom of movement was violated will be reached as a consequence of the previous analysis. Additionally, the presence of a right of way is not a prerequisite for ensuring that the beaches are accessible without charge. As a result, habeas corpus is the appropriate method of safeguarding against the violation of the right to freedom of movement without serving as a means of enforcing administrative resolutions.