El estudio se refiere a la configuración y emisión de los precedentes constitucionales vinculantes efectuada por el Tribunal Constitucional del Perú (TC) durante los años 2005 a 2015. Se pretende demostrar que la opción interpretativa del artículo VII del Título preliminar del Código Procesal Constitucional desarrollada por el TC es equivocada en relación a los modelos estadounidense y colombiano, que se caracterizan por su flexibilidad. En nuestro país el precedente constitucional vinculante es rígido y autoritario y más se parece a un tipo de legislación general que a la técnica del precedente de casos específicos. También, se analizan de manera global los 48 precedentes dictados por el TC según los criterios cronológico, temático, por sus efectos y según se trate de interpretaciones constitucionales o legales. El resultado de dicha evaluación nos indica que el Pleno de los años 2005 a 2007 dictó 30 precedentes (62.5%), tendencia que disminuyó en los siguientes años con el Pleno de los años 2007 a 2014 que emitió 14 precedentes (29.1%) y el actual que sólo ha dictado 4 precedentes (8.33%). Se ha comprobado que la emisión de los precedentes constitucionales vinculantes se ha caracterizado por abordar temas coyunturales y de poca relevancia constitucional, demostrándose que la mayoría de temas regulados son de carácter legal. Se propone respetar y garantizar algunos criterios constitucionales para la emisión de los precedentes vinculantes: la función del TC de intérprete supremo de la Constitución, el acceso a la justicia, la finalidad de los procesos constitucionales, el recurso efectivo para la protección de los derechos fundamentales y la independencia judicial. Se concluye que el TC debe cambiar su interpretación y práctica para pasar de un precedente rígido y autoritario a uno de tipo flexible y que se circunscriba a temas constitucionales, según los modelos de referencia (EE.UU., Colombia). / Tesis

Esta investigación busca desarrollar el contenido jurídico del principio procesal constitucional de elasticidad, también denominado principio de adecuación de las formalidades al logro de los fines de los procesos constitucionales. Este principio no ha sido desarrollado de manera cabal por nuestra legislación ni por nuestro Tribunal Constitucional a la hora de aplicarlo a sus resoluciones constitucionales, ya que no podemos encontrar una definición del mismo, así como la extensión de sus alcances ni los límites en su aplicación en los procesos constitucionales / Tesis

Psicóloga / Autor No Autoriza la publicación de su tesis a texto completo en el Portal de Tesis Electrónicas de la Universidad de Chile / El derecho del niño a ser escuchado y que su opinión sea considerada, especialmente en procesos judiciales que le afecte, es uno de los cincuenta y cuatro artículos que componen la Convención sobre los Derechos del Niño, la que fue ratificada por Chile en 1990. Una parte importante de los procesos judiciales que afectan a niños, niñas y adolescentes y por ende en los que se debería promover el derecho a ser escuchado, se concentran en los Juzgados de Familia. En estos Juzgados se resuelven, entre otras problemáticas referidas a la vulneración de derechos de los niños, niñas o adolescentes. La presente investigación es un estudio de carácter exploratorio y descriptivo que tiene como objetivo describir y analizar cómo se lleva a la práctica el derecho del niño a ser escuchado en Juzgados de Familia desde la perspectiva de Jueces y Consejeros Técnicos. Para este fin se realizó una entrevista semi-estructurada a una muestra de siete Jueces y Consejeros Técnicos de la Región Metropolitana en el año 2016. Entre otros resultados, se puede destacar que los entrevistados coinciden en que la falta de normativa u orientaciones técnicas a nivel nacional permite que se actúe con discrecionalidad frente a las entrevistas de niños, niñas y adolescentes, que los espacios físicos no son adecuados para garantizar este derecho y que existen diversas necesidades de capacitación para tener mejores competencias frente a la entrevista. Se espera que esta memoria de investigación sea una contribución a los debates de Psicología Jurídica en Chile y motivación de futuras investigaciones sobre la materia

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Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de este trabajo investigativo es conocer el rol que cumplen los Consejeros Técnicos dentro de los Tribunales de Familia. Específicamente enfocado en los Tribunales de Familia de Santiago, se busca determinar la naturaleza de esta institución para luego abocarse en la función que cumplen ante las principales materias conocidas por estos Tribunales, comparándose además la figura del Consejo Técnico con algunas de las figuras intervinientes dentro de un proceso de familia. A fin de establecer resultados, el trabajo se realiza mediante una comparación de funciones, basándose en lo establecido por los distintos cuerpos normativos que regulan su actuar, con el ejercicio práctico de la profesión. Para ello, la investigación se realizó bajo tres aristas: la primera, indicando lo establecido por cuerpos legales aplicables a la institución, a fin de determinar las funciones que la ley encomienda al Consejo Técnico; una segunda arista en la que a través de entrevistas a Consejeros Técnicos se busca conocer que actuaciones realizan en la práctica al momento de enfrentarse a las distintas materias sometidas a su conocimiento; y una última etapa, en la que se analizan causas patrocinadas por el Departamento de Enseñanza Clínica del Derecho, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en la que se revisan todas las actuaciones realizadas por los Consejeros Técnicos dentro de aquellas causas, a fin de determinar su participación

No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Pensamos, que la Ley N°19.968 que crea los Tribunales de Familia, en adelante LTF, publicada en agosto de 2004 y que entró a regir en todo el territorio nacional en octubre de 2005, reviste la transcendencia jurídica y social antes señalada, puesto que instauró una judicatura especializada para hacer frente a los conflictos de naturaleza familiar -incluidas las materias de infancia y adolescencia- y dotó, a la misma, de procedimientos cuyas características particulares tienen por objeto otorgar respuestas adecuadas a este tipo de conflictos que afectan a una institución tan trascendente, como lo es la familia. La intención detrás de esta labor, que se desarrolla en los diez capítulos que a continuación se referirán, es mirar el procedimiento de familia desde la óptica de sus principios formativos, con el fin de determinar la forma en que estos principios actúan, e indagar cómo la decisión en cuanto a la elección e implementación del principio respectivo termina afectando al procedimiento en su conjunto, determinando su éxito, o en el caso contrario, incluso amenazando aspectos sensibles del mismo debido a la mala interpretación y desarrollo de estos principios formativos, lo que finalmente puede redundar en una deficiente administración de justicia en estas materias y tornar estériles las reformas que se han emprendido al respecto. El primer capítulo contiene una revisión de los motivos o razones que dieron origen y que justifican las modificaciones introducidas en la administración de justicia en materia de familia, infancia y adolescencia. El segundo capítulo revisa aquellas reformas que introdujeron modificaciones procedimentales de fondo en la LTF. El tercer capítulo contiene un análisis de las nociones generales relativas a los principios formativos del procedimiento. En los siguientes capítulos (IV a X) se expone sobre cada uno de los principios consagrados en la LTF, procurando hacer una labor analítica a su respecto, al clasificarlos, agruparlos y revisar sus expresiones normativas directas como indirectas; junto con la revisión crítica de los límites y la aplicación que recibe actualmente cada de ellos. A titulo de conclusión, se enumeran las fortalezas y deficiencias del nuevo sistema de la justicia de familia a las cuales se puede arribar, luego del acabado estudio de los diversos principios procesales consagrados por el legislador en la LTF.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Más allá de esta problemática, es importante preguntarse ¿Cómo y con qué reglas interpreta el juez nacional, tratados que si bien, forman parte de su legislación, nacieron en un ámbito ajeno e independiente al resto de las leyes a interpretar?

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El tema de la mediación hoy en día ha ganado un espacio definitivo en todas las áreas sociales y particularmente en las jurídicas, asentándose como método de resolver conflictos en forma colaborativa y no confrontacional. Sin duda, va a tener especial protagonismo en estos tiempos, - Siglo XXI-, donde se plantean nuevas formas de modernización en la dinámica formas de resolver los temas sociales en general, y legales, en particular. Esta ha sido mi principal motivación al elegir este tema para realizar mi memoria de título, esto es la necesidad de ofrecer un método distinto de resolver los conflictos acorde con los requerimientos y tiempos actuales. Por lo mismo en los dos primeros Capítulos he centrado mi investigación en esta nueva metodología, con sus particularidades y su aplicación práctica. En el Capitulo tercero intento analizar y evaluar el sistema de protección de los derechos en nuestro país, su evolución y sus falencias. También relato las primeras experiencias de mediación en nuestro país, como en otras naciones. Sin embargo, mi interés no ha sido solamente el de investigar sobre este nuevo sistema, sino por sobre todo dar cuenta de su tratamiento en la recién promulgada Ley de Los Tribunales de la Familia, donde se pretende que el bien jurídico tutelado sea la familia y ,en especial, los infantes, que son por cierto los sujetos de derecho más vulnerables y dignos de protección. Creo que esta nueva Ley era una deuda muy importante para nuestro país, ya que instituciones tan importantes como la familia, los menores y sus tribunales especiales, deberían haber tenido un tratamiento legislativo más eficiente y coherente hace larga data, toda vez que esta problemática impacta en forma directa en toda la vida de nuestra sociedad, y es ahí donde oportunamente, se detendrían muchos problemas de integración, desarrollo e inserción de un individuo más sano y pleno en nuestra sociedad. Por lo mismo, he tratado de ahondar en todos los tipos de casos en que este nuevo sistema de resolver conflictos tendría lugar esta nueva ley, llegando a concluir desde ya, que en esta nueva área del derecho – la mediación-, nos plantea un rol preponderante en la mejor aplicación posible de esta Ley, lo que significa un gran desafío académico y profesional.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / A fin de delimitar el objeto de este trabajo y atendida la evolución histórica, social y estructural que ha tenido cada una de las instituciones a las que resulta aplicable la regulación penal y procesal que establece el Código de Justicia Militar, nos limitaremos al Ejército, especialmente en lo referente al ámbito disciplinarios; sin perjuicio de ello, muchas de las conclusiones en las que culminará este trabajo debieran considerarse para la Fuerza Aérea y para la Armada de Chile. Mención especial merece Carabineros de Chile por cuanto, tratándose de una Institución que habitualmente se relaciona con el mundo civil resulta en si cuestionable la aplicación de la normativa militar a su caso particular. Hipótesis de trabajo. El Ejército se funda sobre tres grandes pilares: obediencia, jerarquía y disciplina, principios presentes en el nuevo proceso de modernización de la Institución, pero, a fin 6 de consolidar este proceso resulta necesario que se adecúe el sistema de Justicia Militar en tiempos de paz a las normas establecidas en la Constitución , integrando a su respecto los principios de inamovilidad e independencia y asegurando de esta forma a los integrantes de la Institución la existencia de un procedimiento acorde con la Constitución y los estándares establecidos en los documentos internacionales que Chile ha suscrito