Partiendo de un análisis histórico del control difuso como prerrogativa de los órganos jurisdiccionales, hasta su incorporación paulatina al ordenamiento jurídico peruano, se pretende sentar así, las bases teóricas que permitirán comprender la importancia de su aplicación en el ámbito de la administración pública moderna. Encontrados así, sitios comunes entre ambos conceptos, veremos, hasta qué punto, prerrogativas pensadas en principio únicamente para los fueros judiciales, impactan positivamente en la función moderna de la administración pública y especialmente, desde la óptica del Tribunal Registral de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, órgano administrativo que constituye la segunda instancia dentro del procedimiento registral y que no ha sido ajeno a los vaivenes producidos por las decisiones del Tribunal Constitucional sobre el control difuso en sede administrativa. El estudio que se realiza a continuación, nos aproximará a detectar, a través de casos concretos, si una potestad de ese tipo, ha sido eficiente en su contribución de forjar una jurisprudencia registral más próxima a los preceptos constitucionales, o si por el contrario, la potestad de inaplicación de las normas por parte de estos Tribunales, no es tan necesaria, si en defecto de ello existen otros mecanismos de control constitucional. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene como objetivo analizar la naturaleza jurídica de la interpretación y jurisprudencia administrativa emanada de la Superintendencia de Valores y Seguros, su rol como fuente del Derecho Administrativo, y en particular como fuente de regulación de los gobiernos corporativos. Para ello se definirá y caracterizará el concepto de gobierno corporativo, para luego exponer el debate doctrinal que gira en torno a la aceptación de la jurisprudencia administrativa como fuente formal de derecho, para finalizar analizando los casos más relevantes de resoluciones emanadas de la Superintendencia de Valores y Seguros que aportan elementos normativos a la regulación de los gobiernos corporativos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / En primer término, trataremos de conceptualizar el problema suscitado a raíz de la no implementación de los Tribunales Administrativos contemplados en la Constitución de 1925. Expondremos la regulación constitucional sobre la materia, la influencia del derecho europeo continental (especialmente el francés) y reseñaremos algunas de las principales opiniones doctrinales sobre el asunto. Luego, delimitaremos brevemente las instituciones de mayor relevancia para nuestro objeto de estudio, particularmente el rol del Poder Ejecutivo, la Contraloría General de la República y la Corte Suprema. En el siguiente apartado, clasificaremos la selección de jurisprudencia de manera binaria. Dividiremos los casos según si se acogió la competencia de los Tribunales Ordinarios de Justicia para conocer sobre las reclamaciones recaídas sobre los actos expedidos por la Administración, o bien, se negó. Distinguiremos también el tipo de acto administrativo impugnado, y el sector en que este acto impactó. Posteriormente, identificaremos una batería acotada de argumentos o criterios por medio de los cuales los jueces aceptaban o negaban su competencia. A partir de estas consideraciones, sostendremos que la idea de que durante la vigencia de la Constitución de 1925 se verificó una denegación sistemática de acceso a la justicia, por no implementarse los mentados Tribunales Administrativos, no es del todo certera. La conclusión del ensayo, a fin de cuentas, es que la incompetencia de los Tribunales Ordinarios no es una cuestión que deba darse por evidente. Argumentaremos que los criterios o razones señalados, poseen la virtud de entregar una explicación sobre el modo en que el Poder Judicial intentó internalizar el problema ocasionado, por medio de las herramientas que el sistema jurídico le ofrecía. Además, sostendremos que una metodología como la propuesta, entrega luces sobre algunas de las notas características del actual sistema de Derecho Público chileno. Para finalizar, sintetizaremos las conclusiones que se coligen del presente ensayo

Entendido el precedente vinculante como materialización del Principio de Seguridad Jurídica, la presente investigación busca demostrar la importancia de seguir y cumplir los precedentes judiciales por parte de la administración pública, comprobando para ello su eficacia vinculante —sea judicial o constitucional— afirmando que tal eficacia alcanza a todo el ordenamiento jurídico, incluido los tribunales administrativos. Es por ello que luego de investigar sobre el tema señalaremos los fundamentos positivos para la eficacia vinculante del precedente, comprobando con ello que los tres poderes del Estado —en específico los tribunales administrativos— se encuentran sujetos a la eficacia vinculante de tal norma de origen jurisprudencial. La hipótesis de trabajo identificada y que sirve de base para la presente investigación es que el criterio —señalado expresamente en la resolución como precedente vinculante—emitido por la Corte Suprema a través de la Casación N° 4392-2013 LIMA no ha sido seguido por diferentes fallos emitidos por el Tribunal Fiscal, pues mediante Resolución N° 11970-4-2015, por ejemplo, los vocales realizaron una singular interpretación del precedente para concluir que el caso desarrollado no era sustancialmente igual al desarrollado en la referida Casación, y, por ello, no podría aplicarse el criterio. Sin embargo, creemos que los precedentes vinculantes al aludir a los fallos de los máximos tribunales que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de las leyes, deberán ser observados por los tribunales de inferior jerarquía – incluidos los tribunales administrativos- al resolver casos idénticos o análogos a los que inspiraron los primeros; y esto debido a que los precedentes tienen como función principal asegurar la coherencia y predictibilidad dentro del ordenamiento jurídico

El presente trabajo de investigación versa en exponer cuál ha sido el tratamiento, criterios y lineamientos que han llevado a cabo el Tribunal del Servicio Civil respecto a la aplicación del principio de irretroactividad principalmente en la manifestación de retroactividad benigna sobre la norma que regula la prescripción, concretamente en los casos de responsabilidad administrativa disciplinaria. Asimismo, se ha tomado como punto de partida la importancia que tiene la naturaleza jurídica de la prescripción, un tema que resulta controvertido para el sector de la doctrina, pues dada su naturaleza no posee la calidad de norma sancionadora y por tanto inaplicable el principio de retroactividad benigna. Sobre estas premisas es que el presente trabajo de académico tiene como objetivos el dar a conocer el tratamiento actual de la prescripción en relación a su naturaleza jurídica y aplicación en el tiempo en los criterios aplicados por el Tribunal de Servir. De igual manera, se pretenden analizar las posiciones doctrinarias acerca de las teorías sustantiva y procesal respecto al fundamento de la prescripción; y las consecuencias jurídicas de aplicar el principio de irretroactividad en la norma que establece los plazos de prescripción y en los administrados como principales destinatarios de la misma.

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / El presente artículo realiza un análisis económico de la política pública que fluctúa entre el establecimiento de tribunales contenciosos administrativos especializados y una estructura general de justicia administrativa en Chile. Desarrolla variables con el fin de construir una inecuación que permita poner de manifiesto los beneficios y costos de la actual estructura especializada de tribunales contenciosos administrativos, para evaluar, finalmente, el desarrollo de la política pública que estableció la actual estructura en desmedro de una generalista. / The present article makes an economic analysis of the public policy that fluctuates between the establishment of specialized administrative courts and a general administrative justice’s structure. It develops variables in order to construct an inequality that allows to show the benefits and costs of the current specialized administrative court’s structure, to finally evaluate the development of the public policy that established the current structure to the detriment of a general one.

Partiendo de un análisis histórico del control difuso como prerrogativa de los órganos jurisdiccionales, hasta su incorporación paulatina al ordenamiento jurídico peruano, se pretende sentar así, las bases teóricas que permitirán comprender la importancia de su aplicación en el ámbito de la administración pública moderna. Encontrados así, sitios comunes entre ambos conceptos, veremos, hasta qué punto, prerrogativas pensadas en principio únicamente para los fueros judiciales, impactan positivamente en la función moderna de la administración pública y especialmente, desde la óptica del Tribunal Registral de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, órgano administrativo que constituye la segunda instancia dentro del procedimiento registral y que no ha sido ajeno a los vaivenes producidos por las decisiones del Tribunal Constitucional sobre el control difuso en sede administrativa. El estudio que se realiza a continuación, nos aproximará a detectar, a través de casos concretos, si una potestad de ese tipo, ha sido eficiente en su contribución de forjar una jurisprudencia registral más próxima a los preceptos constitucionales, o si por el contrario, la potestad de inaplicación de las normas por parte de estos Tribunales, no es tan necesaria, si en defecto de ello existen otros mecanismos de control constitucional.