Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social / El presente trabajo tiene por objetivo analizar el concepto de empresa modificado por la Ley N° 20.760, que establece en materia laboral el supuesto de multiplicidad de razones sociales, para efectos de determinar su alcance y aportar para su interpretación en aquellos casos en que los trabajadores se ven insertos en un grupo de empresas o holdings sin existir claridad acerca de quién opera como centro de imputación jurídico-laboral frente a sus derechos y obligaciones. En particular, el estudio pretende definir si, frente a esta problemática, la reforma ha buscado soluciones mediante la ampliación del concepto de empleador, incorporando la figura definida clásicamente por el artículo 3° letra a) del Código del Trabajo en la configuración del nuevo concepto de empresa, o más bien, mediante la concreción legal de la doctrina de la unidad económica sustentada por nuestros tribunales de justicia. Para ello, se ha hecho un repaso y análisis doctrinario y jurisprudencial del concepto de empresa, de empleador, y de la teoría de la unidad económica, examinando al finalizar, los principales argumentos que se dieron en el contexto de la discusión legislativa de la Ley Nº 20.760, y el análisis que la Dirección del Trabajo y los Tribunales de Justicia han hecho de ella a través de dictámenes y jurisprudencia respectivamente, para, finalmente, mediante un análisis deductivo, proceder a comprobar la hipótesis de este estudio

Made available in DSpace on 2016-01-26T12:51:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 elianasallessouza_dissert.pdf: 2199265 bytes, checksum: ce8620f794403e1e0d30438701cf175a (MD5) Previous issue date: 2006-03-07 / This study describes the methodology for the publication of a scientific journal on the Internet using the SciELO Library standard. In order to include the journal on the internet a few editing, diagramming and image formatting software are required, in addition to an internet database. In this study the Scielo Library was used. The publication of journals over the Internet allows an easy and quick search of updated articles of a large array of journals. The inclusion of scientific journals on the Internet has promoted an evolution in terms publication, thus contributing to enhance the access of investigators and readers who may in turn accelerate spreading and obtaining scientific studies information thanks to a network with worldwide access. / Este trabalho consiste em descrever a metodologia para publicação de uma revista científica na Internet utilizando o padrão da Biblioteca Scientific Library On-line (SciELO). Para a inclusão da revista na Internet são necessários alguns softwares de editoração, diagramação e tratamento de imagens, além de um banco de dados na internet. Neste trabalho foi utilizado a Biblioteca Scielo. A publicação das revistas na Internet permite pesquisar com facilidade e rapidez artigos atualizados das revistas das mais diversas áreas. A inclusão das revistas científicas na Internet proporcionou uma evolução em termos de publicações, contribuindo, assim, para o aprimoramento do acesso de pesquisadores e leitores que podem agilizar a divulgação e o conhecimento das pesquisas cientificas graças a uma rede com acesso mundial.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La Ley 21.000, de 2017, vino a reemplazar a la antigua institucionalidad de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) creada por el DL 3.538, creando un nuevo órgano, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en adelante la Comisión. La ley 21.000 dota a la Comisión de la potestad de aplicar multas en interés fiscal a los directores y gerentes de sociedades anónimas sujetas a su fiscalización que incurren en infracciones a las leyes, reglamentos, estatutos y demás normas que rijan las sociedades anónimas abiertas, ya sea por órdenes o instrucciones impartidas por la misma Comisión. Este poder sancionatorio de la Comisión está limitado por el principio de legalidad, el cual solo permite multar por las causales que la ley expresamente señale. Sin embargo, la Comisión se ha amparado en el artículo 41 de la Ley de Sociedades Anónimas, que consagra el deber de cuidado o diligencia de los directores, para estimar que las faltas a estos deberes deben ser sancionadas administrativamente por incurrir en una infracción a la Ley de Sociedades Anónimas. De modo que no se sanciona por la infracción a la ley, sino, por una infracción a un deber de cuidado, lo que es un terreno arbitrario y de dudosa legalidad. En el presente trabajo se revisará las bases regulatorias de los órganos fiscalizadores, los cambios al sistema y, finalmente, proponer algunas soluciones a las carencias del mismo.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Mediante la presente memoria intentaremos realizar un análisis respecto de las exigencias y la necesidad de fundamentar las sentencias judiciales a la luz de la garantía del debido proceso y en particular respecto de la garantía que recae sobre toda sentencia de ser debidamente fundamentada, toda vez que en nuestra legislación, el artículo 501 inciso 3º del Código del Trabajo, se faculta al juez para omitir de la sentencia la síntesis de los hechos y las alegaciones de las partes, así como el análisis de la prueba rendida, los hechos probados y el razonamiento que condujo al juez a fallar de una u otra manera. Esto lo realizaremos a lo largo de cuatro capítulos en los que abordaremos los aspectos más relevantes. En primer lugar, analizamos la fundamentación de las sentencias desde el debido proceso, su contenido y las garantías que lo comprenden, además de revisar la recepción normativa de esta garantía en el derecho internacional y el ordenamiento nacional. En segundo lugar, se determina cual es el contenido de la Motivación de la sentencia, así como las funciones endoprocesales y extraprocesales de la misma. En tercer lugar, daremos un breve repaso al procedimiento monitorio en materia laboral, respecto de sus características, naturaleza jurídica, así como a sus etapas y veremos algunos problemas anexos al tema en estudio respecto del mismo. Por último, en el capítulo final de este trabajo, analizamos, en base a todo lo anterior, los problemas y los alcances que se derivan de la omisión del análisis de la prueba y la fundamentación de la sentencia dentro del procedimiento monitorio.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / 28/11/2019

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente obra tiene por objetivo determinar si con la modificación a la Ley N°19.496 por la Ley N°20.555, en especial con la introducción del artículo 17-D, la cláusula de garantía general hipotecaria sigue teniendo la validez que ha sido reconocida por la jurisprudencia y parte de la doctrina civil. En efecto, se había cuestionado arduamente la validez de la cláusula de garantía general hipotecaria, pero había comenzado a asentarse su acogida. Por ello, es relevante determinar cómo cambia este panorama la modificación efectuada por la Ley N°20.555 a la Ley N°19.496, y si ello es suficiente para modificar el paradigma. Para ello, estructuraremos la obra en dos partes. En la primera, se conceptualizará la cláusula de garantía general hipotecaria, efectuando una síntesis de los argumentos que se han dado a favor y en contra de la misma. Asimismo, analizaremos manuales jurídicos clásicos, como también algunos textos especializados sobre la materia, y fallos recientes de nuestros tribunales. La segunda parte de nuestra obra, revisa la modificación introducida por la Ley N°20.555 a la Ley N°19.496, su contexto, fundamentos, reglamentos y circulares afines. Para ello, se analizarán textos legales relevantes como también la historia del proyecto de la Ley N°20.555. Al final, podremos aseverar, a modo de conclusión, que la modificación de Ley N°20.555 no afecta gravemente la validez de la cláusula de garantía hipotecaria, sino que sólo se limita a consagrar legalmente lo que las buenas prácticas comerciales en el ámbito bancario han ido construyendo en los últimos años sobre la misma

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El trabajo pretende una revisión crítica de la denominada “hipótesis represiva” de la sexualidad, centrándose en el rol de la prohibición de la sodomía. La tesis central consiste en plantear que la proscripción de la sodomía no sólo es la manifestación del tabú de la homosexualidad masculina sino que es –también– constitutiva del paradigma falo(go)céntrico en atención al cual la agencia sexual femenina es jurídicamente invisibilizada

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / La regulación del medio ambiente es relativamente reciente en Chile, haciéndose necesaria una revisión sobre su establecimiento a fin de generar mayor comprensión jurídica. Dentro de ella es vital el estudio de los mecanismos de tutela, especialmente la tutela constitucional en atención a su jerarquía y, puesto que además, irradia a todo el ordenamiento jurídico. Por ello pretendo analizar el derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, concretamente el mecanismo de tutela existente en caso que alguna acción (u omisión) afecte de forma ilegal este derecho1, analizar las razones que motivaron su regulación, su extensión y cómo ha operado en la práctica. Este derecho es bastante peculiar. Tal como se señaló en la moción sobre la modificación a la garantía constitucional en comento: los graves índices de contaminación que se registran en nuestro país ponen de relieve la necesidad de crear una mayor conciencia ciudadana y un control más estricto sobre quienes, amparándose en procedimientos de larga duración o en la carencia de una legislación ambiental coherente, permiten o realizan actos que provocan serios daños al desarrollo de un entorno capaz de permitir una vida sana y de preservar un ambiente adecuado para las generaciones venideras. (BIBLIOTECA DEL 1 Artículos 19 N° 8 y 20 inciso 2°, Constitución Política de la República. v CONGRESO NACIONAL DE CHILE [BCN]. Historia de la Ley N° 20.050 Reforma Constitucional que introduce diversas modificaciones a la Constitución Política de la República [en línea]. [fecha de consulta: 13 de julio de 2015]. P. 275. Disponible en: <http://www.bcn.cl/leychile/Navegar?idNorma=241331>). Estas palabras evidencian que se trata de un derecho colectivo, donde las medidas que digan relación con él afectarán a toda la población, incluso aquella que no ha tomado parte del proceso o se encuentra fuera de nuestras fronteras, motivo por el cual resulta imperioso concretizarlo

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación tuvo por objetivo determinar y analizar el procedimiento aplicable a los adolescentes entre 14 y 17 años, imputados por crimen o simple delito que se encuentren en la hipótesis del artículo 10 N° 1 del Código Penal. A partir del análisis de los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, como la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el Pacto de San José de Costa Rica, las Reglas de Beijing, las Directrices de Riad, Reglas de las Naciones Unidas para los Menores privados de libertad y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, se determinaron los estándares internacionales aplicables a esta hipótesis. Asimismo, se recurrió al derecho comparado (Derecho penal adolescente estadounidense y alemán) para conocer los avances y posibles alternativas a la persecución penal común para adolescentes con trastornos mentales. A la luz del marco teórico anterior, se analizó la normativa nacional pertinente, comprendiendo principalmente la Ley N° 20.084 y su reglamento, así como su implementación. Esto último, a partir de la información proporcionada por el Servicio Nacional de Menores (SENAME), el Hospital Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak, y encuestas realizadas a Defensores Públicos juveniles. Los datos recabados permitieron constatar vulneraciones a los derechos y garantías inherentes al debido proceso. En este sentido, se constató la aplicación a menores de edad de medidas de seguridad, procedimiento regulado en el Código Procesal Penal y aplicado a adultos. A partir de lo anterior, se formularon sugerencias orientadas a la adecuación del actual sistema a las exigencias de los instrumentos internacionales.