Tesis (magíster en derecho con mención en derecho y nuevas tecnologías ) / Actividad formativa equivalente a Tesis (AFET) / El presente trabajo propone un análisis de la excepción contemplada en el artículo 71 G de la Ley 17.336, referido a la modificación de una obra arquitectónica por parte de su propietario sin el consentimiento de su autor, y la consecuente limitación a los derechos de autor que dicha norma implica. Particularmente, se busca realizar un análisis del concepto modificación, y su interacción con los derechos del autor, particularmente el derecho patrimonial de adaptación, y el derecho moral de integridad de la obra, teniendo en cuenta la justificación de la excepción, como una herramienta de equilibrio entre los derechos del autor de la obra, y los derechos del dueño del inmueble sobre la cual ésta se erige. La investigación postula que si bien el concepto de modificación es un concepto amplio, que actúa como una excepción al derecho patrimonial de adaptación, no es absoluto respecto del derecho moral de integridad, el cual constituye un elemento de ponderación, que impide la introducción de modificaciones que resulten en una mutilación o deformación de la obra. Finalmente, la investigación señala que si bien la determinación de cuando existe una modificación, cubierta por la excepción, y cuando se trata de una deformación o mutilación, es una cuestión de hecho, existen ciertos criterios que sirven ayuda en la elucidación de este examen.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo revisa la reforma introducida por la Ley N° 21.030 en el N° 2 del artículo 119 del Código Sanitario. Dicha ley estableció un modelo de causales que autorizan la realización de abortos voluntarios (consentidos por la mujer embarazada) en las situaciones en ella descritas. En especial, el N° 2 del artículo 119 del Código Sanitario estableció el denominado aborto embriopático, procedente en casos de inviabilidad fetal y que constituye una figura inédita en el derecho chileno. De ahí que su análisis sea de gran interés para determinar la forma en que la ley ha recogido esta causal, ya existente en el derecho comparado, y su eventual aplicación práctica. Con este objetivo, este trabajo primero estudia la situación del delito de aborto previo a la reforma mencionada, para luego estudiar los cambios realizados por la misma. Luego, se analiza el aborto embriopático en detalle, en comparación con las otras causales introducidas y con especial énfasis en el derecho comparado, en un intento de definir sus alcances dentro de la legislación nacional. Por último, se discuten sus fundamentos, se postula una interpretación sobre el rol de esta causal abortiva en el esquema de responsabilidad y se revisan sus requisitos de procedencia

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo analiza en profundidad el artículo 16 B de la Ley N° 18.410 referente a las compensaciones en materia eléctrica, norma que regula tanto el monto como al ente responsable de llevar a cabo dichas compensaciones. Ello, con el objeto de exponer a la comunidad académica dos problemáticas, la primera referente a la indemnización de los daños sufridos por los clientes regulados, la cual no es siempre proporcional al daño causado. Y la segunda, en relación a la situación del ente encargado de llevar a cabo las compensaciones, quien es siempre la distribuidora, independiente de que el culpable sean las generadoras o transmisoras, y que aún cuando se le concede la posibilidad de repetir en contra de los responsables, esto es susceptible de variadas trabas. Todo lo cual es tratado a lo largo de cinco capítulos, siguiendo un orden deductivo, en el primero, se explica el funcionamiento del mercado eléctrico, sus agentes, deberes y obligaciones, en el segundo, se exponen los problemas mencionados en el párrafo anterior, mientras que en el capítulo III y IV, se establece el estatuto de responsabilidad civil aplicable, junto a un estudio de los elementos, para luego finalizar en el capítulo V con análisis de los pros y contras de las diversas soluciones propuestas, frente a la difícil determinación 7 del sujeto pasivo, y así, entregar los argumentos que permitan justificar la tesis propuesta.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de la presente investigación consiste en distinguir los conceptos del artículo 297 del Código Procesal Penal, como son los principios de la lógica, conocimientos científicamente y las máximas de la experiencia; analizar las diversas funciones que cumplen las máximas de la experiencia en un sistema de valoración racional de la prueba como la sana crítica; y estudiar su aplicación en el proceso penal chileno. A través del análisis de jurisprudencia, se intentará conocer el uso que los tribunales superiores de justicia han hecho del concepto, y como éstos han contribuido a precisar los alcances de “las máximas de la experiencia” mediante el conocimiento de recursos de nulidad en materia procesal penal. / 07/11/2017

Tesis (para optar al grado de magíster en derecho mención en derecho tributario) / El asunto a resolver radica en la relación existente entre dos normas que están protegiendo bienes jurídicos disímiles: por una parte a nivel local existe el Art. 35 del Código Tributario que impone a todos los funcionarios del Servicio el deber de reserva legal tributario respecto de los datos de sus declaraciones obligatorias que digan relación con su renta o conceptos afines. Por otra parte, en el Modelo de Convenio para evitar la doble tributación se inserta el Art. 26 que impone a los estados contratantes el deber de intercambio de información. Se analizará el ámbito de aplicación de ambos deberes y como se resuelven en la práctica. Existe una breve mención al secreto bancario

Memoria (licenciado en ciencias Jurídicas y sociales) / Para nadie es novedoso el hecho de que la educación, y particularmente el derecho a, ha estado en la palestra pública en Chile en los últimos años. A partir de la denominada “Revolución Pingüina” del año 2006, pero fundamentalmente mediante las movilizaciones sociales que se desarrollaron por la temática el año 2011, se comenzó a discutir sobre la relevancia de este derecho para la sociedad misma. No obstante, aquel proceso abrió más preguntas que respuestas. Si se solicitaba la verdadera materialización de la educación como un derecho, ¿qué ocurría, en términos prácticos, que aquél -contemplado en el artículo 19 N°10 de nuestra Carta Fundamental- no era concebido socialmente como tal? En atención a la primacía de la realidad sobre la teoría, podrían concebirse variadas respuestas. No obstante, existe un desafío aún anterior: qué entendemos realmente por Derecho a la Educación, y, junto con ello, qué es la educación en sí. Los derechos humanos de segunda generación o también denominados derechos prestacionales requieren una reconfiguración, una que logre saldar la deuda del Estado moderno, aquella que haga práctica el principio que establece que aquél está al servicio de la persona humana en todas sus facetas, y que comprende que aquellos derechos, concebidos desde el sacrificio de años de historia, le pertenecen a todo ser humano sin importar sus características diferenciadoras del otro. De dicha forma, analizar el concepto de derecho a la educación no sólo desde su jurisprudencia mediante la tutela indirecta mediante el derecho a la propiedad, sino desde sí y para sí, abarcando, con la prudencia suficiente, el recurrir a la filosofía, la sociología y, por sobre todo, al derecho nacional e internacional. Una construcción que devele la posibilidad de configurar el mismo pero también de tutelarlo: hablamos de pasar del papel a la defensa del derecho mismo a educarnos.

Tesis (magíster en derecho) Universidad de Chile, 2017. / El artículo 19 de la Ley 19.968, recoge la idea de que los niños, niñas y adolescentes actúen en los procesos debidamente representados en juicio por un curador ad litem, en todos los casos en que se hallen comprometidos intereses de un niño, niña o adolescente, y carezcan de representante legal o sus intereses sean contradictorios o independientes a los de sus representantes legales. La presente investigación, tiene por objeto delimitar las funciones y competencias del curador ad litem, más precisamente cual es su rol, analizando éste tanto desde el punto de vista teórico dogmático, como en una dimensión práctica. Desde el punto de vista teórico-dogmático, se hará un recorrido por sus antecedentes históricos, para luego entrar en el análisis de los principios que sustentan el derecho de los NNA a ser representados en los juicios de familia, teniendo como eje central la actual concepción del niño como sujeto de derechos. En otra esfera de la investigación, se realizará un análisis de campo, para conocer y determinar cual es el rol del curador ad litem en cuanto a su funcionamiento actual en la Justicia Familiar.