No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La resolución por inejecución es una de las instituciones esenciales del derecho de los contratos. Es uno de los remedios contractuales más fuertes que la ley otorga al acreedor y el que le da mayor garantía a éste, puesto que en un mercado donde existe una multiplicidad de proveedores, y donde las obligaciones de género son las predominantes, la ejecución forzada de un contrato respecto de un deudor incumplidor resulta menos atractiva para los intereses de un acreedor, que, de ser liberado de la ley del contrato, quedaría libre para continuar sus negocios y proveerse de un sucedáneo al bien o servicio incumplido. A pesar de su importancia, ni el Código Civil ni la doctrina le otorga un trato orgánico como institución, sino que se refieren a ella al tratar las condiciones. Si bien no se discute en doctrina cuáles son los requisitos para interponer la acción resolutoria, si es cierto que del examen particular de estos requisitos pueden surgir ciertas controversias o dificultades. Una de estas controversias es acerca del cumplimiento imperfecto frente a la resolución, es decir, si existen incumplimientos de menor entidad que no den lugar a la resolución, o bien, si la resolución requiere de un incumplimiento calificado, o incumplimiento resolutorio. Si bien actualmente la mayoría de la doctrina está de acuerdo en que no cualquier incumplimiento da lugar a la resolución, esta cuestión no se ha tratado muy profundamente. Más importante aún, no existe consenso en la doctrina respecto a que criterio se debe emplear para determinar cuando un incumplimiento da lugar a la resolución y cuando no. La jurisprudencia por su parte es oscura en este sentido. Esto nos ha motivado a investigar acerca del incumplimiento resolutorio en nuestro derecho, su desarrollo en la doctrina nacional y en particular cuál ha sido en definitiva la posición de la jurisprudencia frente a esta problemática. Para este propósito analizaremos la condición resolutoria tácita como un remedio contractual, estudiando el incumplimiento como una institución en sí misma, haremos revista de las distintas posiciones doctrinales que se han dado en el medio nacional, así como las soluciones que se le ha dado a esta problemática tanto en derecho comparado como en instrumentos internacionales. Finalmente, y teniendo presente todo lo anterior, examinaremos la jurisprudencia nacional actual a fin de establecer como se ha resuelto este problema en la práctica.

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / La presente memoria propone una reflexión crítica en torno a la aplicación de la vertiente subjetiva de interpretación contractual a actos celebrados entre partes sofisticadas, entendiendo por tales a aquellos agentes expertos que negocian un plano de igualdad y que tienen la aptitud de plasmar genuinamente su voluntad en el texto contractual. En particular, se argumenta a favor de la aplicación de un sistema objetivo de interpretación, que dé primacía a la voluntad declarada por sobre la búsqueda de la voluntad interna de las partes. Para ello, primero se estudian ciertas distinciones elementales en materia de hermenéutica contractual, normas de derecho positivo y el entendimiento de la doctrina tradicional sobre el sistema chileno. En segundo lugar, se delimita el concepto de partes sofisticadas, por medio del estudio de diferentes categorías contractuales, de propuestas doctrinarias y del análisis de normas nacionales que permiten sostener que la sofisticación encuentra reconocimiento en nuestra legislación. Por último, sobre la base de marco conceptual previamente reseñado, se desarrollan argumentos que giran en torno a principios generales del derecho, normas de hermenéutica contractual y consideraciones de índole económica, con el objeto de fundar la necesidad de dar aplicación a un sistema de interpretación objetivo a un contrato celebrado entre partes sofisticadas

Memoria para optar al Grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / En la presente memoria se aborda la problemática que plantea la Ley Nº 20.720 en torno al sistema recursivo dispuesto en ella. En la Primera Parte (acápite Nº 1) repasaremos el concepto de insolvencia y haremos una breve referencia a la historia, a fin de contextualizar al lector, reflexionando, a su vez, sobre la relevancia social que envuelve la problemática desde la perspectiva del orden público económico. Por último, nos referiremos al régimen concursal chileno y especialmente a la tendencia que se ha registrado en el último tiempo, tanto a nivel internacional como nacional, consistente en favorecer las fórmulas de reestructuración del pasivo del deudor por sobre la liquidación, lo cual, en definitiva, se traduce en la consagración del reemprendimiento como solución primera ante el mal estado de los negocios del deudor. Continuaremos con una visión crítica a la Ley 20.720 planteada por la doctrina respecto de tres aspectos: error de diagnóstico; falta de neutralidad de la ley ante la solución más idónea frente a cada caso particular; y error de concepto en que incurre la Ley 20.720. (Acápite N°2). En el apartado Nº 3. se tratarán los Principios Procesales Preponderantes en el Procedimiento Concursal dispuesto en la Ley 20.720, a saber, el principio de bilateralidad de la audiencia y el principio de celeridad. Se le dará especial énfasis a este último, dada su estrecha relación e influencia directa en el sistema recursivo materia de la presente memoria. Después de repasar los principios preponderantes, se hará una exposición el Régimen de recursos de la Ley Nº 20.720, específicamente los Recursos de Reposición, Apelación y Casación, dando especial énfasis al Recurso de Apelación (Nº 4) Luego efectuaremos una valoración crítica del artículo 4 de la Ley en comento. (N° 5). 5 Posteriormente se analiza la jurisprudencia relativa a los recursos que los litigantes han interpuesto a fin de esquivar la carencia del sistema recursivo, a saber, el Recurso de Queja, Recurso de Hecho y Acción de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad. (Nº 6). A continuación, comentaremos una reciente sentencia de la Corte Suprema, en la cual se declara admisible el recurso de apelación, en el sentido de que ésta significa una excepción a la improcedencia que han declarado los tribunales respecto del recurso en estudio, el cual, como se sabe, se encuentra especialmente restringido en la nueva Ley. Para finalizar, realizaremos una recapitulación de lo expuesto en la memoria y las conclusiones a las que ha arribado la autora (N° 7) y, asimismo, una enunciación de la Bibliografía utilizada en la presente memoria. (N° 8).

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En todos los sistemas en que se encuentra consagrada la institución del abono de las medidas cautelares personales a la pena, ésta apela a la reducción de la extensión de una pena impuesta cuando el condenado ya ha sido afectado por providencias cautelares que han limitado o restringido los mismos bienes jurídicos que serán limitados o restringidos como consecuencia del castigo penal. Siendo indiscutible que tal reducción debe tener por fundamento, al menos, la existencia de medidas adoptadas en el mismo proceso en que se impone la respectiva pena, se ha defendido la operatividad del “abono en causa diversa”, vale decir, del cómputo procedente en virtud de privaciones de libertad decretadas en procesos diversos de aquel en que se impone la pena susceptible de reducción en su extensión. La presente tesis pretende abordar la figura del abono en causa diversa, con el fin de determinar si es procedente su operatividad en el ordenamiento nacional, limitando nuestro análisis al abono sobre penas, amén de temporales y divisibles, privativas de libertad. Para lograr tal objetivo, junto con un tratamiento general de la institución del abono, abordaremos la recepción del abono en causa diversa en la jurisprudencia y doctrina nacional y en algunas legislaciones extranjeras, representativas de las principales tendencias existentes a su respecto. Se concluye que dicho abono sí es procedente en nuestro derecho, a la luz de la interpretación extensiva del artículo 26 del Código Penal. Este precepto, al tener incidencia en la vigencia de un derecho fundamental como es la libertad personal, debe interpretarse de un modo acorde a su mayor extensión y vigencia, como lo exige el respeto por la dignidad humana. Es esta interpretación extensiva la que permite incluir en el cómputo toda aprehensión cautelar padecida previamente por el sujeto, independientemente del proceso en que ha sido decretada.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / A través del presente trabajo se pretende analizar los conceptos y lineamientos que se han originado a raíz de las operaciones entre partes relacionadas, principalmente vistas desde la tributación internacional y local en algunos casos elegidos. Se analizará el concepto de parte relacionada a través de las normativas que han formulado diversos organismos internacionales y las contenidas en algunas legislaciones como Reino Unido, España, Estados Unidos, Alemania y Chile. Este trabajo representa la suma de las investigaciones realizadas sobre las normas de relación, iniciadas en el Taller de Memoria de la Facultad de Derecho de La Universidad de Chile a cargo del Profesor Sergio Endress, en donde la propuesta fue realizar un trabajo de reconocimiento exhaustivo de todas las normas de relación contenidas en la Ley de Impuesto a la Renta, recogiendo los comentarios atingentes de parte de la doctrina y la jurisprudencia administrativa del Servicio de Impuestos Internos. Posteriormente, las investigaciones continuaron en el Taller de Memoria a cargo del Profesor Cristián Gárate en el ámbito del derecho tributario internacional, centrándose en el análisis de los convenios internacionales y las legislaciones extranjeras. Finalmente, bajo la guía del Profesor Gustavo Lagos, se revisó y complementó el presente trabajo, especialmente refiriéndose a los últimos cambios de la legislación tributaria a raíz de la Reforma Tributaria. A todos ellos, agradezco profundamente la ayuda y guía entregada.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente tesis desarrolla las reformas procesales introducidas al Decreto Ley 211 en el contexto de la criminalización de la colusión, con el objeto de analizar críticamente las deficiencias del diseño dual utilizado por el legislador nacional. Para ello, en el primer capítulo se estudia el problema de la aplicación de los principios penales al derecho administrativo sancionador y como esto incide en el sistema de defensa de la libre competencia. Luego, en el segundo capítulo de la tesis revisamos los diseños institucionales de persecución de la colusión y la evolución del castigo penal de este ilícito en Chile. Finalmente, el tercer capítulo del trabajo está dedicado al análisis de los conflictos procesales que hemos detectado en el sistema de persecución penal de la colusión, esto es, la constitucionalidad de la regla de legitimación activa, la infracción al principio ne bis in ídem, la vulneración del derecho a defensa, la utilidad penal del material probatorio producido por la Fiscalía Nacional Económica en sede de libre competencia y la vigencia del artículo 285 del Código Penal.

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / En el marco del proyecto de actualización del Repertorio de Legislación y Jurisprudencia del Código Civil, y en específico del Tomo V, “Contratos parte General”; la exhaustiva revisión de los dictámenes, tanto de las diferentes Cortes de Apelaciones, como de los veredictos esgrimidos por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, arrojó un sinnúmero de nuevas consideraciones y criterios en la aplicación de los distintas leyes e instituciones jurídicas. Es tarea de esta memoria estudiar y analizar adecuadamente la evolución de la jurisprudencia en materia de responsabilidad contractual desde la segunda mitad de la década de los noventa hasta nuestros días, de manera tal que los renovados argumentos esgrimidos por los Tribunales de Justicia orienten precisamente a todos aquellos que ejerzan la práctica jurídica. Para esto hemos dividido el amplio espectro de concepciones relacionados a la responsabilidad contractual en 15 diferentes tópicos, a saber: 1) Teoría de la imprevisión, 2) Responsabilidad profesional, 3) Cláusula exoneratoria de responsabilidad, 4) Riesgo, 5) Resolución, 6) Excepción de contrato no cumplido, 7) Intereses, 8) Intervención de terceros, 9) Culpa, 10) Caso fortuito, 11) Mora, 12) Reajustes, 13) Causalidad, 14) exigibilidad de la obligación y 15) Cúmulo de responsabilidad. Esta labor no es sino la fase final de un arduo proceso investigativo que incluyó, en una primera etapa, una búsqueda y recopilación de sentencias ligadas a los temas globales relacionados al área de contratos y obligaciones; y posteriormente un completo estudio, en la forma de fichas de análisis especializadas, que contiene una relación de los hechos y de la historia procesal de cada caso en particular.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La rebeldía es entendida por la mayoría de la doctrina como aquella inactividad del sujeto pasivo en la relación jurídica-procesal. Esta institución de vital importancia para la continuación del proceso, al evitar su paralización o entorpecimiento, tiene como objetivo último, resguardar la tutela jurisdiccional de aquella parte diligente que comparece en juicio. Este trabajo tiene la finalidad de analizar esta institución, desde las nociones más básicas y generales de la rebeldía, hasta su aplicación y efectos en materia laboral en el procedimiento ordinario de aplicación general.