Memoria (magíster en derecho, mención derecho penal) / Con la entrada en vigencia, el año 2.005, de la Ley N° 20.000, sobre tráfico ilícito de estupefacientes, se incorporó en la letra a) del artículo 19, una circunstancia agravante que no existía en la ley precedente, esto es, en la Ley N°19.366. La nueva circunstancia es “si el imputado forma parte de una agrupación o reunión de delincuentes, sin incurrir en el delito de organización del artículo 16”. Dicha circunstancia modificatoria de responsabilidad penal, ha originado una serie de problemas en atención a su redacción, lo que, a su vez, ha generado múltiples interpretaciones, no concordantes. A ello se suma que la doctrina nacional no se ha encargado de analizar en profundidad la agravante en cuestión, existiendo en la práctica sólo informes encargados por el Ministerio Público como por la Defensoría Penal Pública sobre el tema, con los inconvenientes que ello implica, principalmente, la visión interesada que cada uno de dichos organismos presenta sobre la cuestión debatida. Tampoco existe hasta hoy una recopilación y sistematización de la jurisprudencia que haya abordado el tema, circunstancias todas que hacen aún más difícil la tarea de los operadores del nuevo sistema procesal penal a la hora de determinar si se configura o no la agravante en un caso concreto. En efecto, dado lo ambiguo de la redacción de la letra a) del artículo 19 de la Ley N° 20.000, surgen una serie de preguntas, entre otras, ¿cuáles son los límites entre la coparticipación, la asociación ilícita y la agravante específica? El trabajo que se desarrolla en las siguientes páginas tiene por finalidad determinar el tratamiento que le han dado nuestros Tribunales de Justicia a la agravante en comento, a partir de su incorporación en la Ley Nº 20.000 -año 2005- a la fecha y, ante la ausencia de una investigación semejante, ser fuente de consulta y referencia. A través del estudio de la jurisprudencia de nuestros tribunales de justicia –Tribunales de Garantía, Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, Cortes de Apelaciones, Corte Suprema y Tribunal Constitucional, se analizarán, definirán posturas y tesis jurídicas consistentes y significativas, las que sin lugar a dudas, constituirán una herramienta importantísima para los operadores del nuevo sistema procesal penal, toda vez que permitirá identificar los elementos esenciales de la agravante en estudio y determinar, en definitiva, si ésta se configura o no en un caso concreto. Estudiar los elementos o circunstancias que deben concurrir para que se configure la agravante de la letra a) del artículo 19 de la Ley N° 20.000, permite dar sentido jurídico a la norma sustantiva penal, esto es, fijar su sentido punitivo

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo pretende demostrar que la drogodependencia o adicción a la pasta base de cocaína, cuando alcanza tal grado patológico (diferenciado del mero consumo deshabituado o del consumo habitual), se torna apta para interferir la imputabilidad jurídico-penal del sujeto adicto, pudiendo fundamentarse bajo criterios médicos, sociológicos y jurídicos que tal circunstancia es ubicable tanto dentro del supuesto de inimputabilidad de la eximente de locura o demencia del art. 10 n°1 del Código Penal, como dentro del supuesto de eximente incompleta del art. 11 n°1 del Código Penal, dependiendo de la intensidad en que concurran sus presupuestos. Para esto indagaremos en la conceptualización médico-psiquiátrica de la drogodependencia a nivel internacional, y en doctrina jurídico-penal nacional y comparada orientativa de cuáles serían los criterios que permiten interpretar el genuino sentido de las circunstancias modificatorias de responsabilidad implicadas.