El presente informe jurídico analizará el caso arbitral seguido por la demanda interpuesta por Season Group Limited y Blue Orbis Corporation contra Comercializadora Llantas Unidas S.A.S., por terminación unilateral del pacto de accionistas en aplicación del derecho al desistimiento unilateral sin justa causa recogido en el artículo 1365° del Código Civil. A partir de esta controversia, se analizará la naturaleza jurídica del desistimiento unilateral sin justa causa recogido en el artículo 1365° del Código Civil y de los pactos de accionistas de carácter parasocietario para determinar si (i) dicha norma es de orden público aplicable a todos los contratos de ejecución continuada y a plazo indeterminado; (ii) si Llantas Unidas S.A.S. podía invocar dicha norma para poder resolver unilateralmente el pacto de accionistas que tenía suscrito con Blue Orbis Corporation; y, (iii) si Llantas Unidas S.A.S. tenía que invocar una “justa causa”, como argumenta el Tribunal Arbitral que resuelve el caso, para poder ejercer el derecho de terminar el pacto de accionistas de manera unilateral sin “abuso de derecho”. Finalmente, se analizará si el pacto de accionistas es un contrato coligado al contrato de compraventa de acciones mediante el cual Comercializadora Llantas Unidas S.A.S. se convierte en accionista de Lima Caucho S.A. tras recibir el 50% de las acciones que tenía Season Group Limited en Lima Caucho S.A. Para ello, de acuerdo a la doctrina, se estudiará qué es la coligación contractual y los presupuestos para determinar que dos contratos son coligados. Con ello, se responderá si la resolución del pacto de accionistas conlleva, inescindiblemente, a la resolución del contrato de compraventa de acciones en el caso concreto.

La incorporación del arbitraje como mecanismo de solución de controversias obligatorio para los contratos de servicios, bienes y obras donde participe el Estado Peruano ha supuesto que la gran parte de procesos arbitrales se desarrollen bajo la normativa de contrataciones, donde las materias controvertidas son diversas. Dentro de este grupo, adquieren especial relevancia las relacionadas a las solicitudes de ampliaciones de plazo, pues, en la gran mayoría de contratos, por diferentes motivos, los contratistas consideran que existen razones para que el plazo inicial de ejecución del contrato se vea prorrogado. Asimismo, se debe tener presente que el sector de la construcción, en el cual se encuentran los contratos de obra del Estado, es especialmente conflictivo, por la alta especialización que se requiere. Ante ello, existe un porcentaje más que considerable de contratos de obra con el Estado, en los cuales se van a presentar controversias sobre ampliaciones de plazo En ese sentido, en el presente caso se analizará lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento sobre los requisitos que se deben cumplir para el otorgamiento de una ampliación de plazo, así como, realizar un análisis, y sentar una posición jurídica, sobre los efectos jurídicos que genera la aprobación de una ampliación de plazo, todo ello, teniendo como base lo resuelto en un caso en concreto bajo la aplicación de la normativa y el Contrato. / The incorporation of arbitration as a mandatory dispute resolution mechanism for service, goods and works contracts involving the Peruvian State has meant that most of the arbitration proceedings are carried out under the contracting regulations, where the matters in dispute are diverse. Within this group, those related to requests for term extensions are particularly relevant, since in the vast majority of contracts, for different reasons, the contractors consider that there are reasons for the initial term of the contract to be extended. It should also be borne in mind that the construction sector, in which State construction contracts are found, is particularly conflictive, due to the high level of specialization required. In view of this, there is a more than considerable percentage of construction contracts with the State, in which controversies will arise regarding term extensions. In this context, the analysis of the present case analyzes the provisions of the State Contracting Law and its Regulations on the requirements that must be met for the granting of a term extension, as well as to analyze and establish a legal position on the legal effects generated by the approval of a term extension, all based on what has been resolved in a specific case under the application of the regulations and the Contract.

El objetivo principal de la investigación es determinar cómo se producirían los actos de deficiencia funcional y presuntamente de corrupción a partir de la dinámica social e interrelación entre actores, procedimientos, prácticas y sistemas organizativos del Tribunal de Contrataciones del Estado, periodo 2017 al 2019. Ello, a partir de la descripción de la estructura, organización, recursos y funcionamiento interno y de cara a los usuarios del Tribunal, comprender las reglas institucionales que generan límites y oportunidades para los implementadores de políticas públicas de lucha anticorrupción en la entidad e identificando aquellos espacios sensibles a prácticas de deficiencia funcional o incluso de actos de corrupción. El Tribunal de Contrataciones del Estado es competente para resolver los procedimientos administrativos-sancionadores durante el proceso de selección y de resolver los recursos de apelación de los participantes. Además que existe un arduo trabajo por parte del OSCE en la lucha contra la corrupción, ya que en los últimos años se ha aprobado diversos documentos normativos que promueven una conducta anticorrupción. Por último, se observó que existen múltiples factores asociados a los actores del Tribunal de Contrataciones del Estado que pueden devenir en ineficiencia funcional y/o corrupción, estos factores son, la ausencia de personal y de promoción de especialistas legales, la ineficiente gestión de expedientes, la poca capacitación en valores y la rotación de personal.

La presente investigación manifiesta el análisis realizado sobre la Resolución N.° 3556-2023/SPC-INDECOPI – Mariella Ángeles De Melo contra Rímac Seguros y Reaseguros donde, según indican los hechos la empresa asegurada incumplió el deber de idoneidad con relación al servicio de seguro vehicular. Resaltando que, Rímac denegó la cobertura de la póliza de seguro y, adicionalmente a ello, la empresa proveedora del servicio condicionó el reclamo de la denunciante. Este informe incide sobre la necesidad de desarrollar la idoneidad en los servicios que se prestan en el mercado y como, se precisa establecer la imagen del consumidor razonable como el tipo de consumidor que la autoridad debe proteger. Todo ello con la finalidad de promover, decisiones de consumo mucho más meditadas y responsables y, así, evitar o aminorar los conflictos en las relaciones de consumo. El presente trabajo de invesigación se ha trazado como objetivos; a) demostrar que la denunciante actúo diligentemente para la solicitud de corrección de datos, b) examinar si los medios probatorios presentados para la solicitud de corrección de la póliza son suficientes para reflejar la diligencia ordinaria, c) determinar que a la empresa aseguradora le es imputable la denegatoria de cobertura, d) acreditar si se condicionó el reclamo de la denunciante y, e) acreditar la existencia de infracción al deber de idoneidad con respecto al servicio de seguro vehicular. Aunado a ello, se examinará el impacto de la pandemia por COVID-19 en las relaciones de consumo y, el efecto de la digitalización en las mismas. / This investigation expresses the analysis carried out on Resolution No. 3556- 2023/SPC-INDECOPI – Mariella Ángeles De Melo against Rímac Seguros y Reaseguros where, according to the facts, the insured company failed to comply with the duty of suitability in relation to the insurance service. vehicular. Highlighting that, Rímac denied coverage under the insurance policy and, in addition to this, the company providing the service conditioned the complainant's claim. This report focuses on the need to develop suitability in the services provided in the market and how it is necessary to establish the image of the reasonable consumer as the type of consumer that the authority must protect. All of this with the purpose of promoting much more thoughtful and responsible consumer decisions and, thus, avoiding or reducing conflicts in consumer relationships. The present research work has been outlined as objectives; a) demonstrate that the complainant acted diligently for the data correction request, b) examine whether the evidence presented for the policy correction request is sufficient to reflect ordinary diligence, c) determine that the insurance company is attributable to the denial of coverage, d) prove whether the complainant's claim was conditioned and, e) prove the existence of a violation of the duty of suitability with respect to the vehicle insurance service. In addition to this, the impact of the COVID-19 pandemic on consumer relations and the effect of digitalization on them will be examined.