El presente trabajo de investigación “La necesidad de inaplicar la duplicidad del plazo de prescripción en el delito de peculado culposo”, analiza el tratamiento legal vigente de la prescripción en el delito de peculado culposo proponiendo inaplicar su duplicidad; como también su naturaleza jurídica de la duplicidad de la prescripción, el delito de peculado culposo en el ordenamiento jurídico peruano.

Inaug.-diss.--Kiel. / Vita. "Literatur": p. [7]-8.

Ponencias y comunicaciones del Primer Encuentro Internacional de Informática y Ciencias Humanas realizado en Lima del 24 al 26 de Agosto de 1995

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La institución del ombudsman tendría su origen histórico, siguiendo la información señalada por la página del Ombudsman Chileno1, en el mundo, en Esparta y Atenas, donde los "Eflore" y los "Euthynoi" respectivamente se dedicaban a controlar las actividades de los funcionarios del gobierno y las actividades municipales. Más tarde, en la China de la dinastía Han, el Emperador destacó un funcionario denominado "Yan", para que ejerciera un contralor sistemático y permanente destinado a supervisión de la administración imperial y sus funcionarios, recibiendo las peticiones del público contra lo que se denominaban "injusticias administrativas". Por su parte, en el Imperio Persa, el rey Ciro encargó al "O Olho de Rei" el ejercicio de un contralor sobre la actividad de todos los funcionarios. 1Página web del Ombudsman Chileno. www.Ombudsman.cl 11 Tiempo después, en el siglo XV, el Consejo de los Diez, en Venecia, con probada eficacia controló los excesos burocráticos de la ciudad. En el siglo XVI, el Gran Senescal de Suecia, como verdadero inspector de los tribunales de justicia, exponía ante el rey las anormalidades que advertía en la administración de justicia, constituyéndose así en el predecesor del control administrativo que ejercería el Ombudsman. En efecto, fue en Suecia donde nace la figura del Ombudsman o Defensor del Pueblo tal como hoy en día la conocemos, con sus actuales características, institucionalizándola en el año 1809 luego de una disputa entre el rey y el parlamento. Cuando el régimen autoritario cedió paso a una monarquía parlamentaria, se delimitaron las atribuciones de las tres funciones del Estado, creándose un Ombudsman representante del Parlamento, al que se denominó como Justitie ombudsman. Se le encargó el control de la observancia de las leyes por parte de los tribunales y funcionarios, facultándolo para demandar ante la Justicia, a quienes en el ejercicio de su 12 función hubieren, por parcialidad, favor o cualquier otro motivo, cometido ilegalidades o descuidado el correcto desempeño de los deberes propios de su cargo. En su carácter de representante o comisionado del Poder Legislativo, tutelaba los derechos, garantías e intereses de los habitantes. La Institución, elevada al rango Constitucional por el país nórdico, prontamente dio innumerables muestras de su eficacia, siendo entonces adoptada por otro país escandinavo, Finlandia, quien lo incluyó en su Carta Magna de 1919. La innegable evolución que ya se avizoraba de esta figura, se retrasó hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, aunque, pese a ello y demostrando que la institución podía adaptarse a diversos sistemas jurídicos, Dinamarca la incluyó en su Constitución de 1953. Luego de que Dinamarca abriera las puertas del interés internacional por esta figura, sobrevino un período en el que se vio nacer gran cantidad de representantes de tan novedoso medio de control, a lo largo de todo el planeta y con distintos nombres: "Ombudsman" en Suecia, "El Contralor del estado" en Israel, "Proveedor de Justicia" en Portugal, "Mediador" en Francia, 13 "Defensor Cívico" en Italia, "Comisionado Parlamentario" en Gran Bretaña y "Defensor del Pueblo" en España y Argentina, entre otros. En América Latina, esta institución, ha recibido distintas denominaciones equivalentes como son: “Defensor del Pueblo”, “Procurador de los Derechos Humanos”, “Defensor de los Habitantes” o el proyecto chileno que lo llama “Defensor Ciudadano”. Se presenta en el continente como un fenómeno que se ha incorporando de manera reciente, pero abarcando casi a la totalidad de los países de la región. Es por eso que el presente trabajo tiene por fin explorar la situación de algunos países de América Latina, siguiendo el modelo del trabajo ya realizado por la Comisión Andina de Juristas, para lo cual se ha buscado entregar una visión de casos distintos al estudio de la Comisión.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El principal objeto que ha tenido el presente trabajo, es dar a onocer, en forma muy somera, en que consiste esta institución, cuales son sus principales características, como se ha desarrollado en otros países, y en forma muy especial, señalar la gran importancia que su instauración tiene en el país, como un mecanismo para consolidar el pleno estado de derecho

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Precisamente para contribuir con el establecimiento de una institucionalidad acorde con la dignidad y vulnerabilidad de nuestros niños es que desarrollé la presente investigación, que apunta específicamente a dilucidar lo que ha pasado en Chile con la instauración de la institución del Defensor del Niño y, más aún, intento dilucidar qué es o hace un Defensor de la Infancia, pues se han generado ciertas expectativas en relación a lo que el trabajo de este podría alcanzar respecto al logro de niveles óptimos de respeto y promoción de los Derechos de la Infancia, por lo demás, ¿Puede la figura efectivamente ayudar en el fomento del respeto a los derechos de infancia?, y de poder hacerlo, ¿basta la sola instauración de la institución o es necesario dotarla de ciertos elementos para ello?.

O trabalho apresenta um estudo sistematizado da curadoria especial, focando especialmente em sua efetividade para a tutela de vulneráveis processuais. Após abordar a vulnerabilidade no âmbito do processo civil, indica que as hipóteses em que há previsão de atuação do curador especial são situações em que a parte está em condições de especial dificuldade para exercer plenamente seus direitos. É apresentado o histórico da curadoria especial até o contexto atual, em que passa a ser função institucional da Defensoria Pública. Analisa pormenorizadamente as peculiaridades da atuação do curador especial na tutela dos direitos do réu revel citado por edital ou com hora certa, do réu preso e do incapaz sem representante legal ou cujos interesses colidam com os de seu representante. A efetividade da curadoria especial é evidenciada pela forma com que a atividade é desempenhada em cada fase do processo. Além disso, apresenta análise de julgados do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que tratam da atuação do curador especial, demonstrando que, em diversas oportunidades, o exercício desta função traz resultados positivos, ainda que parcialmente, ao litigante vulnerável. Aborda, ainda, dados sobre a curadoria especial no Estado de São Paulo, apontando que a quantidade de processos em que há esta atuação é proporcionalmente pequena em relação ao movimento judiciário total, bem como que o montante empregado diretamente para seu custeio é razoável. O trabalho expõe, ademais, a percepção de defensores públicos do Estado de São Paulo que exercem a atribuição de curadores especiais, por meio de questionário a eles aplicado. Por fim, conjugando todos os dados apresentados, demonstra que a curadoria especial é efetiva para garantir a ampla defesa e o contraditório das partes em situação de vulnerabilidade processual. / This research introduces a systemized study of the special curator´s activity by emphasizing its capacity to provide protection for those in situation of procedural vulnerability. Overcoming the study of the procedural vulnerability, the research shows that the legal rules that determine the special curator´s activity are related to litigants that are in special situations which compromise the practice of its legal rights in court. After providing the special curators development history, the research leads to the allocation of the curator function on to the Public Defender´s Office. The research also analyses the capacity of such activity in order to protect the rights of the defendant in default cited by edict, of the arrested defendant, and of the minor or disable group lacking legal capacity without legal guardian or trustee. Furthermore, the research checks out how the performance of the special curator activity is able to provide a way of overcoming harmful effects from procedural vulnerability in several stages of the civil procedure. Moreover, the research verifies case-laws regarding the special curator activity in the Brazilian Supreme Court of Justice, Brazilian Federal Court of Justice and State of São Paulo´s Court of Appeals. In several opportunities the results are well-founded to the litigant in procedural vulnerability. The information presented regarding the special curator´s activity in the State of São Paulo is able to demonstrate that the legal proceeding quantity and its direct costs are reasonable. An opinion poll on the special curator activities among the Public Defenders reveals their evaluation regarding this subject. Finally, the research put together all the information provided, concluding that the special curator´s activity is able to assist and assure the full defense and the right of adversary proceedings for those in procedural vulnerability situation.

Este trabalho se propõe a estudar se a abrangência da legitimidade de atuação atribuída pela Constituição Federal à Defensoria Pública pode ser entendida de forma a albergar a possibilidade de defesa judicial da moralidade administrativa. A relevância deste estudo se revela na repercussão social da discussão. É dizer, considerando a corrupção como um dos maiores entraves ao desenvolvimento social, então a eficiência no controle da moralidade administrativa está diretamente ligada à eficiência na própria redução da desigualdade social, que, por sua vez, é o fundamento maior da atuação da Defensoria Pública. Seria lícito, nesta perspectiva, impedir o ajuizamento de Ação de Improbidade pela Defensoria? Enfrenta-se o questionamento à luz da perspectiva de que a instituição tem a responsabilidade de defesa dos direitos individuais e transindividuais dos necessitados, entendidos estes como qualquer sujeito em situação de vulnerabilidade (a despeito de sua particular condição econômica). Entendeu-se por bem dividir o estudo em quatro partes, cada uma das quais correspondendo a um dos conceitos chaves delimitados pelo próprio título. Ou seja, primeiro se estuda a Defensoria Pública, logo após é feito um exame sobre o controle jurisdicional da Administração Pública; em terceiro lugar, é feita uma análise dos aspectos relevantes do conceito da moralidade administrativa, para, só então, em último lugar, adentrar especificamente a questão do problema efetivamente proposto. Nesta oportunidade, pretendeu-se enfrentar cada um dos argumentos costumeiramente levantados por aqueles que respondem negativamente à questão proposta. Considerados os pressupostos mencionados, concluiu-se pela legitimidade da Defensoria Pública para a tutela jurisdicional da moralidade administrativa. Destarte, caso seja constatado que a Ação de Improbidade é a melhor solução para o caso concreto, não existe razão jurídica que justifique a obstaculização desta via processual à Defensoria Pública. / This paper aims to examine whether the scope of action of legitimacy conferred by the Constitution to the Public Defense can be understood in order to accommodate the possibility of legal defense of administrative morality. The relevance of this study is revealed in the social repercussions of the discussion. That is, considering corruption as one of the greatest barriers to social development, then the efficient control of administrative morality is directly linked to efficiency in specific reduction of social inequality, which, in turn, is the largest foundation of the work of the Public Defense. Would it be reasonable, in this perspective, prevent the filing of Misconduct Action by the Public Defense? Such questioning is faced in the light of the view that the institution has the responsibility to defend both and transindividual rights of the needy, which are understood as any subject in a vulnerable situation (despite their particular economic condition). It was understood to be appropriate to divide the study into four parts, each of which corresponding to one of the key concepts defined by their own title. That is, firstly the Public Defense is studied, afterwards an examination is made on the judicial control of the Public Administration; thirdly, an analysis of the relevant aspects of the concept of administrative morality is made, only then, finally, specifically touch upon the issue of the effectively proposed problem. This time, it was intended to address every argument customarily raised by those who respond negatively to the question posed. Considering the aforementioned assumptions, we concluded the legitimacy of the Public Defense for the judicial protection of administrative morality. Thus, should it be found that the misconduct of action is the best solution to the present case, there is no legal reason to justify hindering this procedural means to the Public Defense