Hasta el siglo XX, el estudio de la creación de las leyes ocupaba un espacio importante en el quehacer jurídico. Sin embargo, desde ese entonces hasta ahora, prácticamente se ha perdido todo interés en él, por lo que la validez, alcance e idoneidad de las normas es determinada recién luego de que estas entran en vigencia. En otras palabras, podríamos decir que, actualmente, nuestro Código Penal organiza y regula su catálogo de delitos usando el método de ensayo y error. Esto ocasiona que -entre otras malas prácticas- se proscriba acciones muy similares en distintos tipos penales, lo que significa una sobrenormativización del derecho que provoca confusión en la aplicación de las leyes, inseguridad jurídica e, incluso, impunidad. Un ejemplo claro de excesiva regulación la encontramos en la relación entre dos tipos penales de trascendencia actual: la negociación incompatible como una norma general y la colusión como una norma específica. Ambos delitos mantienen una marcada semejanza: son de mera actividad, protegen el mismo bien jurídico -el interés del Estado en las contrataciones públicas*-, se cometen por funcionarios (sujetos con deberes especiales) en las mismas clases de operaciones o contratos, en contra de la Administración Pública, en agravio del Estado y estipulan una pena abstracta casi idéntica. Ante esta enorme similitud, la presente investigación procura determinar si la colusión es una norma necesaria en nuestra regulación y si su vigencia no conlleva mayores costos que beneficios. Para lograr este objetivo, debemos evaluar si la concertación -único elemento que la diferencia de las demás normas de fraude- de la colusión -norma general- provoca una desvalorización social notoriamente distinta a la negociación incompatible -norma específica-. De ser así, esa sería la única razón que podría justificar la vigencia de un delito que sanciona exclusivamente los fraudes mediante acuerdos, cuando ya contamos con otra norma que sanciona los fraudes en general. Caso contrario, la colusión debe derogarse (por esta y otras razones) y cederle su ámbito de aplicación a la negociación incompatible. Desde nuestra perspectiva, la modalidad de fraude de la colusión no tiene una desvaloración social significativamente distinta a la negociación incompatible, por lo que no se justifica su regulación. Por otro lado, su propia vigencia tiene efectos sumamente nocivos. Por ejemplo, la participación necesaria -exigida en la norma- entorpece la aplicación de sanciones en contra de los funcionarios e, incluso, puede provocar impunidad. Además, la redacción de los dos párrafos de la colusión tampoco es clara, pues confunde la modalidad simple con la tentativa de la modalidad agravada. Por dichas razones, en este trabajo contradecimos 154 años de legislación de delitos de fraude contra la Administración Pública* y proponemos derogar la colusión y ajustar la redacción de la negociación incompatible para que, en adelante, este último sancione los fraudes cometidos mediante concertación (y prescinda de la participación necesaria). Finalmente, también hemos propuesto una pena agravada para las negociaciones incompatibles que, primero, superen un mínimo cuantitativo de perjuicio económico al Estado o, segundo, se cometan en procesos de contratación, actuados en una situación de emergencia, que pongan en serio riesgo o dañen otros bienes jurídicos. / Tesis

A partir de un análisis conjunto de los artículos 3 y 43 de la Constitución, se advierte que el Estado peruano presenta las características básicas de un modelo social y democrático de Derecho. De esta suerte, un punto importante que se debe tomar en cuenta es que el mismo engloba distintas funciones que se hallan en sintonía con los elementos libera, social y democrático que contiene y dan pie a dicha estructura / Tesis

Explica acerca de como la violación sexual a mujeres rurales ayacuchanas ejercida por varones enfrentados en el conflicto armado interno ha influido en sus vidas. Mediante dos vías: a) la búsqueda de significados que otorgaron estas mujeres sobrevivientes sobre su sexualidad, violencia que sufrieron , relación de pareja, relaciones familiares y entorno social; b) y la identificación del impacto y las secuelas de dicha violación en la salud de ellas y entorno social. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La criminalización de la colusión fue una respuesta legislativa a la demostrada insuficiencia preventiva ofrecida por el DL N° 211. En este trabajo se analiza la legitimidad de la criminalización de la colusión a la luz del principio de proporcionalidad, sometiendo sus normas de comportamiento y su norma de sanción a un test para verificar la satisfacción de dicho principio. Para ello, se ofrecen ciertas herramientas históricas y dogmáticas a efectos de poder realizar un análisis global del fenómeno de la colusión y de la decisión legislativa de su criminalización. Se concluye que la criminalización de la colusión es legítima desde la óptica del principio de proporcionalidad constitucional, y se ofrecen algunas consideraciones finales acerca de otras medidas idóneas para prevenir y sancionar conductas colusivas.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Desde 1990, la delincuencia y la seguridad ciudadana se han posicionado como una de las principales preocupaciones de la población chilena. A esta creciente preocupación, se suma el hecho de que las personas presentan un alto índice de temor al delito, de acuerdo a varias mediciones. También, se dice que el número de delitos cometidos habría tenido aumento explosivo y que, incluso, el Estado habría perdido el control efectivo del fenómeno delictual. Lo anterior ha generado una profunda sensación de inseguridad en las personas que se ha mantenido a lo largo de los años, pese a que Chile es considerado uno de los países más seguros de Latinoamérica, región que se caracteriza por ser particularmente violenta. El siguiente trabajo de investigación pretende proporcionar un diagnóstico respecto de la realidad criminal del país, en base a las estadísticas que entregan las instituciones públicas de seguridad y justicia, para luego revisar las causas por las cuales las personas tienen una percepción alta de inseguridad y miedo al delito, y finalmente encontrar una explicación a esta paradoja.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Los boletines 10.155-07 y 10.739-07 introdujeron a tramitación en el Congreso dos proyectos de ley que buscan incluir el delito de corrupción privada en el Código Penal chileno. A raíz de estas iniciativas, el presente trabajo pretende plantear la necesidad de reflexionar en torno a elección de la vía penal como herramienta para enfrentar un asunto de alta connotación pública y complejidad como es la corrupción privada, haciendo especial énfasis en la falta de un estudio acabado de las limitaciones y desventajas que ello puede traer aparejado. Para ello se aborda, en primer lugar, el contexto en que las iniciativas legislativas surgieron y sus propuestas concretas. A continuación, se exponen sucintamente los principales modelos y respuestas adoptadas por otros países en relación a la punibilidad de esta figura, con miras a adquirir una visión crítica y anticipar las consecuencias prácticas que podría tener en nuestro país el seguir alguno de ellos. Finalmente, se presentan distintos aspectos que hacen cuestionable la propuesta de persecución penal de la corrupción privada y las críticas específicas que pueden plantearse a los proyectos de ley referidos a ella.

Memoria para optar al título profesional de Ingeniero en Recursos Naturales Renovables / La protección penal ambiental constituye una de las más importantes consecuencias de la preocupación por el medio ambiente en el ordenamiento jurídico a nivel internacional. Por ahora, en Chile no existe un sistema de tipos penales cuyo fin sea la protección al medio ambiente, pudiéndose encontrar cuerpos legales sectoriales que significan su protección de forma indirecta. No obstante, se ha discutido la idea de sancionar penalmente la responsabilidad de las personas naturales y jurídicas por los perjuicios ocasionados al ambiente. En este contexto, el objetivo general de la presente memoria es generar recomendaciones al sector privado ante la posible tipificación y sanción de los delitos contra el medio ambiente en Chile. Para ello se estudió en primer lugar la situación de los países con tradición de derecho continental, puntualizando en la Unión Europea y América Latina, enfocándose en España y Brasil, respectivamente. Además, se analizó la evolución histórica en Chile de siete proyectos de ley en la materia sumado a una revisión de la aplicación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la Ley N° 20.393. Luego, sobre la base del análisis de la realidad nacional y la influencia internacional se determinaron cuatro posibles escenarios a los cuales el sector privado podría enfrentarse. Los escenarios quedaron diferenciados según el grado de interés de la alta gerencia de las empresas en el cumplimiento normativo o la prevención de los delitos ambientales, desprendiéndose como escenario deseado el Escenario 2: Interés en la prevención de delitos ambientales. Para este escenario se plantearon y validaron a través de juicio experto las recomendaciones, resaltando entre ellas el diseño e implementación de un modelo de prevención de delitos ambientales de alto nivel, centrado en la responsabilidad de las máximas autoridades administrativas de una empresa. Lo anterior permitió concluir que si bien la aplicación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas no se ha incorporado en los últimos proyectos de ley, anticiparse a la tipificación a través de un modelo de prevención de delitos ambientales permite evitar acciones lesivas contra el medio ambiente, respaldando a los tomadores de decisiones dentro de una empresa.

No description available.

No description available.

No description available.