Tesis (Magíster en derecho, mención en derecho ambiental) / Actividad Formativa Equivalente a Tesis (AFET) / La presente Actividad Formativa Equivalente a Tesis (AFET) aborda desde un análisis crítico, las vías de evaluación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA): Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y Estudio de Impacto Ambiental (EIA), y su vínculo con los principios rectores en los cuales el SEIA fue fundado; de tal manera de determinar si ellas cumplen o se enmarcan sobre la base de estos principios. Para tal efecto, se analiza la doctrina y jurisprudencia ambiental nacional reciente, examinando la forma en que se han implementado las distintas vías de evaluación, y si estas se relacionan con los principios que lo sustentan. En este sentido en primera instancia se abordan cada uno de los principios rectores del SEIA y su relevancia. Posteriormente se analizan las dos distintas vías de evaluación establecidas en el SEIA en tanto contenidos y procedimientos, para finalmente establecer la relación entre ellas y cada uno de los principios que constituyeron la base fundamental de su concepción y creación. El resultado de esta investigación, pretende aportar al debate en torno a la evaluación ambiental de proyectos en Chile y en la incorporación de innovaciones en el mecanismo de la evaluación ambiental de proyectos en el actual sistema.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación, comienza con la exposición del sistema de responsabilidad civil como mecanismo de prevención y reparación del daño ambiental, comúnmente recogido en diversas legislaciones, e incluida en el Derecho chileno a partir de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Esta ley, establece un régimen general de responsabilidad basado en la culpa del autor del daño ambiental, el que contempla ciertos matices, tales como las presunciones de culpabilidad que invierten la carga probatoria en favor de la víctima de un daño ambiental, entre otros. En los capítulos siguientes, se describe y analiza especialmente la presunción de culpabilidad del artículo 52 de la Ley N° 19.300, con el objeto de determinar su alcance normativo, para enseguida estudiar los fallos de la Excelentísima Corte Suprema, y de los Tribunales Ambientales de Santiago y Valdivia que aplican la presunción, examinando su incidencia práctica y su evolución, para finalmente concluir cuáles son las tendencias jurisprudenciales en la materia.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo busca identificar el régimen jurídico aplicable a los humedales tipo turbera y pomponales (o humedales de musgo sphagnum) y a la actividad extractiva de sus recursos. Se intentará identificar sus características, fortalezas y falencias para determinar, primero, si es necesario regular y, luego, cuáles serían los principios y normas que deberían regir esa nueva regulación, en pos de conservar estos recursos y dar continuidad a los servicios ecosistémicos que ellos prestan, especialmente en el Archipiélago de Chiloé donde cumplen un rol crucial como reserva de agua potable para la producción y consumo humano, además de otros servicios como el almacenamiento de grandes cantidades de carbono y reserva de biodiversidad. Se revisarán, además, regulaciones de recursos similares, así como la forma en que el derecho comparado se hace cargo de la necesidad de conservarlos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La imposición de un Caudal Ecológico Mínimo (CEM) en el acto administrativo que autoriza el traslado del ejercicio de un derecho de aprovechamiento de Aguas (DAA) es un tema controvertido en instancias administrativas, judiciales y en la literatura doctrinaria de Derecho de Aguas. Sin embargo, no ha sido analizado desde una perspectiva del Derecho Público, lo que puede tener importantes consecuencias, tanto en la limitación de las facultades de la administración sectorial, concerniente al Derecho Administrativo; como en la efectiva protección del recurso natural, concerniente al Derecho Ambiental. El presente ensayo explora el tratamiento sobre el Caudal Ecológico Mínimo que ha hecho la literatura ambiental y sectorial en Chile, así como la aplicación que se le ha dado por la Dirección General de Aguas. En este trabajo argumentamos tres cosas, en primer lugar, que la interpretación amplia del dispositivo que ha hecho la Dirección General de Aguas (DGA) en favor de asignar un CEM a los DAA, ante un traslado de su ejercicio, no se condice con la literalidad del artículo 129 bis 1 del Código de Aguas; en segundo lugar, que siendo acertado el intento de la administración por dejar el tenor literal de la disposición legal por una interpretación que sea coherente con el sistema (maximizando la aplicación del dispositivo en consideración al deber constitucional del organismo, sobre la protección de los recursos naturales y medio ambiente), tal solución falla al contradecir una serie de normas elementales para la disciplina; por este motivo y en tercer lugar, proponemos una interpretación alternativa, que permite mediante la legítima aplicación de las potestades implícitas otorgadas por la propia normativa sectorial y ambiental vigente, arribar a un resultado que haga efectiva la conservación del recurso, sin renunciar a la coherencia dogmática de las instituciones del Derecho de Agua.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Durante el desarrollo de este trabajo hemos planteado la necesidad de un Política de Conservación de Suelos, la cual debiera estructurarse en base a dos ejes fundamentales: la prevención y la reparación. La prevención persigue evitar que el daño ambiental ocurra, toda vez que la magnitud y complejidades propias de los daños de esta naturaleza muchas veces no permiten dar una respuesta adecuada, ya sea por los altos costos de reparación o por la lenta recuperación del suelo. Al servicio de este objetivo, hemos propuesto como una de las herramientas a implementar la Ordenación del Territorio, definida como la “expresión espacial de las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas de la sociedad

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene como objetivo realizar un análisis de carácter descriptivo en relación a la legitimación activa en materia de justicia ambiental, especialmente vinculado a las nuevas exigencias del Acuerdo de Escazú y a la figura del ombudsman o Defensor del Pueblo Ambiental como posible respuesta en Chile. Para llevar a cabo lo anterior, se comenzará por la descripción del Acuerdo de Escazú y de aquellos planteamientos en relación al acceso a la justicia ambiental que constituyen un nuevo estándar de exigencia a nivel regional. A continuación, se realizará un estudio de la normativa y doctrina nacional más importante en materia de acceso a la justicia ambiental y las diversas acciones que consagra el ordenamiento jurídico chileno, para lo cual se realizará una descripción de dichas acciones con sus características más relevantes mencionando brevemente sus elementos y finalidades. En tercer lugar, se llevará a cabo una lectura detallada de la institución del ombudsman, revisando aquellos estándares propuestos por las organizaciones internacionales para la institución y de manera más concreta para el estudio de sus funciones y características principales en la implementación a través de la revisión de la normativa legal de algunos países como Argentina, Costa Rica, Perú o Venezuela para este órgano. Así, luego del estudio del Acuerdo de Escazú, de nuestro ordenamiento jurídico en materia de legitimación en el acceso a la justicia ambiental y el análisis de la institución del ombudsman, se pudo concluir en relación al aporte que tendría la figura del ombudsman ambiental de acuerdo al proyecto de ley actualmente en tramitación en nuestro país.

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / Actualmente la racionalidad de nuestro sistema regulatorio cuenta con un déficit importante, a saber, no es posible tener información fidedigna respecto a cómo es que operan en la realidad las normas dictadas para regular una determinada actividad, en particular para el caso de estudio, los Planes de Prevención y Descontaminación Atmosférica. Lo anterior es drámatico si comprendemos que estos planes son instrumentos de gestión ambiental que buscan prevenir un impacto significativo en el medio ambienta y la salud de las personas, operativizando el mandato contenido en la garantía del artículo 19 n°8 de la Constitución Política de la República. A su vez, dinamizadores de regulación posterior, además de tener un fuerte contenido económico. Es por lo anterior que este trabajo se propone analizar cómo dotar de mayor racionalidad a nuestro ciclo de política regulatoria en el sentido de que éste debe ser completado, constatando la necesidad de incluir una evaluación ex post de la regulación secundaria en material ambiental para, pero muy particularmente de los Planes de Prevención y Descontaminación Atmosférica. Para efectos de lo anterior se presenta una conceptuación de la evaluación regulatoria ex post, se hace hincapié en su contenido (particularmente en el análisis de costo-beneficio), se presenta las experiencias comparadas, además de estudiar los ejemplos y resultados que ha tenido en Chile respecto a otras regulaciones. Finalmente, se propone una serie de contenidos mínimos que debería tenereste tipo de evaluaciones para ser idóneamente operativa en nuestro país