En el Perú, sucesivas normas han buscado mitigar cualquier perjuicio que la participación de los acreedores vinculados produzca en el sistema; así, progresivamente se ha ido restringiendo la intervención de los acreedores vinculados en las decisiones del procedimiento concursal hasta la publicación del D.U. 061-2009, del 28 de mayo de 2009, que eliminó el derecho de voto de los acreedores vinculados en las Juntas de Acreedores. Para algunos, los acreedores vinculados no deben votar en las Juntas de Acreedores; para otros, restringirles este derecho contraviene los principios del sistema concursal y es un desincentivo al otorgamiento de créditos, cuando los vinculados son una de las principales fuentes de financiamiento de la empresa, más aún en situaciones de crisis. A la fecha, subsiste la incertidumbre sobre del derecho de voto de los acreedores vinculados en las juntas de acreedores. Esta situación nos llevó a las siguientes preguntas: ¿Los acreedores vinculados deben participar en las Juntas de Acreedores? ¿Cómo regular la participación de los acreedores vinculados en las Juntas de Acreedores? ¿Cómo proteger el crédito del acreedor vinculado? En nuestra opinión la situación de vinculación es un elemento que permite la negociación entre acreedor y deudor sin necesidad de intervención del Estado. Por ello, no se justifica la votación de los acreedores vinculados en los procedimientos concursales pues su natural búsqueda del máximo beneficio los incentivará a emplear el sistema concursal para buscar beneficios adicionales a los que obtiene un acreedor no vinculado. Por lo expuesto, consideramos que la eliminación del derecho de voto de los acreedores vinculados es una medida que va a llevar al sistema concursal peruano a la eficiencia, hipótesis que demostraremos y zanjaremos la discusión relativa a la participación de los acreedores vinculados en el sistema concursal. / Tesis

Tesis

La presente investigación tiene como eje el sistema concursal, lo cual supone apreciar el contexto de crisis patrimonial del deudor y la necesidad que sus acreedores concilien intereses para optimizar la recuperación. Así, debiéndose optar por la reestructuración o la liquidación, cualquiera de tales decisiones involucra una elección eficiente que maximice el cobro sin incrementar innecesariamente los costos asociados. Al respecto, se advierte que en la experiencia concursal peruana se registran básicamente casos de liquidaciones, con pagos parciales y la insatisfacción de acreencias que carecen de órdenes preferentes de cobro. Es decir, las reestructuraciones no son práctica habitual que genere la recuperación integral del crédito concursado. Y si bien las fórmulas del rescate patrimonial pueden de ser de lo más variado, corresponde que nos preguntemos por qué los acreedores no han optado mayormente por la reestructuración. Consideramos que la respuesta debe buscarse teniendo en cuenta el mejor momento en el que los acreedores pueden analizar esquemas de regularización de pasivos. Y estimamos que la identificación de tal momento corresponde a la diligencia del deudor y su administración, quienes son responsables de activar oportunamente los mecanismos concursales, a fin que la constatación tardía de la insolvencia no genere indefectiblemente la liquidación. Siendo así, si verdaderamente se le asigna al sistema concursal una función de protección del crédito (por la trascendencia económica del mismo), corresponderá que se verifique si existe un régimen que incentive el recurso oportuno a los mecanismos concursales de saneamiento o si acaso hay dispositivos legales por mejorar. Ello nos lleva a cuestionarnos sobre los perfeccionamientos pertinentes al régimen concursal preventivo, de tal manera que los deudores accedan al mismo antes de la crisis generalizada y se optimicen las posibilidades de pago a los acreedores. / Trabajo de investigación

El trabajo se divide en dos partes y un total de cinco capítulos. El primero aborda el estudio general del instituto del capital social examinándose las diferentes acepciones y funciones del mismo, prestando además especial atención a la importantísima función de garantía y los intereses que esta pretende tutelar. El segundo capítulo analiza el entramado jurídico sobre el que se construye la doctrina del capital en el ordenamiento jurídico español. Para ello se parte de la referencia individualizada de los diferentes principios ordenadores del capital social para luego, detallar las específicas manifestaciones del principio de realidad, efectividad o correspondencia mínima como máxima expresión de la representación del capital social como cifra de garantía y retención aparejada a la función de garantía. En el tercer capítulo se examina la crisis por la que actualmente atraviesa la función garantista del capital social mostrándose las diferentes críticas realizadas en torno a la disciplina del capital. El cuarto capítulo aborda aquellas circunstancias que, junto con las críticas realizadas a la figura, han coadyuvado a que se esté planteando una nueva concepción alejada de la ofrecida por la Segunda Directiva en torno al capital social. Con este fin, el capítulo expone de un lado, la influencia ejercida por el Derecho Norteamericano, y de otro, los diferentes acontecimientos que en el Derecho Europeo muestran un claro cambio de tendencia. En el quinto y último capítulo se examina una protección alternativa de los acreedores utilizando principalmente los mecanismos empleados por el Derecho Norteamericano. El trabajo concluye además con un análisis de las consecuencias que tendría abolir por completo el capital social de nuestro sistema jurídico. Particularmente, dichas consecuencias se han centrado en lo que respecta a la financiación de las sociedades y a cómo lograr la adecuada tutela de los acreedores sin la existencia de dicho régimen.

La motivación en escribir sobre este tema llega por el acercamiento que pude tener con los procesos concursales. Mi participación desde distintos ángulos me ha llevado a ver como el Proceso Concursal Ordinario (PCO) ha venido perdiendo confianza como alternativa viable para los operadores. Además, este tema tiene relevancia en indicadores de alcance mundial, que inciden en aspectos macros como son la economía y finanzas de un país a través de la inversión, lo que evidencia cuan preparados están los mercados en un aspecto como la insolvencia para invertir en menos mercados. Como hipótesis nos planteamos que el PCO ha sufrido pocos cambios normativos sustantivos en el tiempo y ha sido golpeado por factores que lo han llevado a perder espacio como alternativa de solución para las empresas en insolvencia. Buscamos que se entienda cómo las empresas pueden verse afectadas por crisis financieras o económicas en su desarrollo, ser atendidas de distintas maneras en entornos diferentes y que, con un poco de atención, orden, recursos y renovación, pueden lograrse mejoras que recuperen la confianza en este proceso. Este proceso, a lo largo del tiempo, solo ha tenido dos actualizaciones normativas que no han reflejado un cambio real en el proceso, lo que nos lleva a tomar un enfoque de impacto y calidad regulatoria como base para analizar las externalidades que las empresas viven en su día a día, en el marco del contexto económico, social o político que puede afectar a las mismas en su operatividad financiera y económica. Concluimos que deben darse acciones previas concretas por parte del Estado y de la misma administración de tal forma que se plantee un mejor marco para el PCO antes de tratar de crear nuevos procedimientos que, como vimos durante la pandemia del COVID-19 en el caso del PARC, fracasaron en el intento de ser una nueva alternativa real para las empresas insolventes.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La locución “quiebra” es idónea para ser subsumida dentro de múltiples acepciones, atendiendo a diversos criterios. Desde una primera aproximación, la nomenclatura “quiebra” puede ser examinada en el sentido natural y obvio que autoriza la Real Academia Española de la Lengua , en los siguientes términos: “Juicio por el que se incapacita patrimonialmente a alguien por su situación de insolvencia y se procede a ejecutar todos sus bienes en favor de la totalidad de sus acreedores” . Desde una perspectiva económica, la quiebra implica un estado crítico patrimonial, provocado por “una enfermedad del patrimonio” . Por otra parte, introduciéndonos en el examen jurídico de la voz “quiebra”, la doctrina le ha imputado los siguientes alcances: a) En un sentido empírico, la quiebra puede ser entendida como la materialización de un estado de crisis del patrimonio de su titular. b) En un sentido estrictamente económico, la quiebra hace alusión a un magno descalabro monetario que desemboca en la declaratoria de quiebra. c) En un sentido jurídico, la quiebra consiste en el cotejo del estado de quiebra económica para proceder a declararla judicialmente, en virtud de la cual el patrimonio del titular se sujeta a un procedimiento concursal al que concurren, en pago, todos sus acreedores.

Como es de conocimiento público, con fecha 25 de marzo del 2015 se publicó en el diario oficial el peruano la ley No 30313 - Ley de Oposición al Procedimiento de inscripción Registral en Trámite y cancelación del Asiento Registral por Suplantación de identidad o Falsificación de Documentación y Modificatoria de los Artículo 2013 y 2014 del Código Civil y de los artículos 4 y 55 y la quinta y sexta Disposiciones complementarias, transitorias y finales del decreto legislativo 1049, dicha norma, como su nombre bien lo indica. Dicha ley ha abierto un debate de orden académico y práctico entre diversos expertos en materia registral así como diversos cultores del derecho civil. Existiendo posturas bastante críticas que tildan de incoherente a la precitada ley. Mientras que otros consideran que se ha efectuado un correcto desarrollo de la técnica legislativa. En el presente escrito no se desarrollarán todos los ámbitos regulados en esta ley sino que nos concentraremos exclusivamente en el impacto que la misma ha tenido en el Código Civil. Por otro lado se analizarán brevemente otras herramientas que han surgido como la alerta registral, la inmovilización temporal de partidas, asi como la base centralizada de datos notariales. / Trabajo académico

El Derecho concursal es excepcional y los intereses en torno a él trascienden a los intereses de los actores directamente involucrados. En virtud de ello y dada la situación de crisis patrimonial del deudor, el procedimiento concursal, al constituir indubitable herramienta del Derecho concursal, debe ser célere, de bajo costo y predecible. En ese sentido, hay situaciones en las que el patrimonio del deudor es liquidado hasta agotarse quedando deudas impagas y, a pesar de que en el Perú el procedimiento concursal es seguido ante una autoridad administrativa, es de competencia de una distinta – la judicial - decretar la quiebra del concursado. Esta pluralidad de autoridades conlleva una serie de desventajas que dificultan la tramitación del procedimiento concursal en tales casos, traducidas en la falta de especialización de la autoridad judicial en temas concursales, en su desconocimiento en cuanto a los hechos que dieron pie al sometimiento del deudor a concurso y en su lastimosamente usual confusión en cuanto a los alcances de algunas instituciones concursales, tales como el propio concurso, la liquidación o la quiebra. Vale precisar que esta última desventaja se ve acentuada en cuanto históricamente las leyes concursales peruanas no siempre han atribuido el mismo uso a las precitadas instituciones y en cuanto no existe unanimidad al respecto en la legislación concursal extranjera, por lo que se hace preciso darles un vistazo a fin de una mayor aproximación a dichas instituciones, y a la jurisprudencia concursal peruana para develar las desventajas precitadas. Hecho ello, se concluye que resulta necesaria una sola autoridad especializada encargada de dirigir en su totalidad y en todos los supuestos el procedimiento concursal desde su principio hasta su culminación, pues ello contribuye a alcanzar con mayor eficacia y eficiencia los fines del Derecho concursal. / Trabajo de investigación

El problema central que busca resolver la presente tesis se basa en la forma de afrontar la crisis por parte de las empresas, siendo que el Sistema Concursal tiene como finalidad velar por los acreedores y el deudor en una situación de insolvencia, debido a que este último por el mal manejo de sus deudas no puede cumplir con sus obligaciones, además, éste sistema busca el reflotamiento de las empresas o en caso de no ser posible esto, la salida ordenada de las que no lo fueran. Sin embargo, dicho fin no se ve reflejado en la realidad, pues no muchas empresas se acogen a dicho sistema. La presente investigación tiene como principal aporte el de brindar mecanismos para resaltar los beneficios del Sistema Concursal Peruano, a través del Procedimiento Concursal Preventivo. Por tanto, es necesario realizar una comparación de los procedimientos concursales que se han incorporado a lo largo de la historia del Derecho Concursal Peruano, desde la Ley de Quiebras hasta la actual Ley General del Sistema Concursal. El cambio de concepto del Derecho Concursal trajo consigo un Sistema Concursal más proteccionista, y como resultado de ello, a lo largo de las modificaciones que se realizaron a las leyes concursales, se crearon e incorporaron diversos procedimientos, cada uno con finalidades distintas, pero todos con el objetivo de hacer más atractivo el Sistema Concursal. Otra finalidad del presente proyecto es dar a conocer en base a estadísticas el acogimiento de los procedimientos que brinda el Sistema Concursal Peruano, además de analizar casos de Procedimientos Concursales Preventivos, demostrando así los resultados del acogimiento por parte de las empresas a este procedimiento particular.

En el presente artículo, se estableció el marco de las denominadas operaciones acordeón de acuerdo a nuestra regulación jurídica societaria. Luego se analizó un conocido caso que se trata en sede constitucional; CHIQUITOY (expediente N° 00228-2009-PA/TC- La Libertad). Acto seguido, se analizó la viabilidad de los requisitos de validez que planteo el TC para la aplicación de la operación acordeón a una sociedad que se encuentra inmersa en un proceso concursal. Finalmente se estableció los requisitos para la aplicación de la operación acordeón para aquellas sociedades que si bien es cierto estas pasando por una inestabilidad financiera aún no están inmersas en un proceso concursal.