Desde la primera década del siglo XXI, empezaron a surgir normas haciendo referencia a los conceptos de emprendimiento y emprendedores, los cuales tomaron protagonismo en la segunda década en América Latina y España, con la expedición de normas específicas sobre emprendimiento, en todos los niveles, de lo cual no existe un análisis doctrinal en conjunto. Se evidencia esta situación como parte de un fenómeno económico global, que ha encontrado en el emprendimiento una estrategia para lograr crecimiento económico, generación de empleo y equidad social. Revisados la mayoría de países Iberoamericanos, se encuentra que casi todos han expedido normas sobre el tema, las cuales versan sobre varias áreas del Derecho, haciendo énfasis en algunos aspectos del mercado y determinados sectores poblacionales. Dichas normas, también presentan definiciones de los conceptos de emprendimiento y emprendedor, los cuales se analizan a la luz de las instituciones jurídicas de libertad de empresa, empresa y empresario; así como las formas jurídicas para el emprendimiento: el empresario individual y los empresarios sociales.

En el presente artículo, la autora hace una introducción a la figura del Representante de los Obligacionistas detallando los requisitos, funciones, responsabilidades y demás características de dicha institución, acompañando esto de las normas concernientes a esta figura. Centrándose en la emisión de obligaciones por oferta pública, la autora nos narra estos aspectos necesarios del Representante de los Obligacionistas, pieza clave entre el Sindicato de los Obligacionistas y el emisor.

This article is the first chapter of the second edition of “The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach”, by Reinier Kraakman, John Armour, Paul Davies, Luca Enriques, Henry Hansmann, Gerard Hertig, Klaus Hopt, HidekiKanda and Edward Rock (Oxford University Press, 2009). The book as a whole provides a functional analysis of Corporate (or Company) Law in Europe, the U.S., and Japan. Its organization reflects the structure of Corporate Law throughout all jurisdictions, while individual capitals explore the diversity of jurisdictionalapproaches to the common issues of Corporate Law. In its second edition, the book has been significantly revised and expanded. / Este artículo es el primer capítulo de la segunda edición de The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach, por Reinier Kraakman, John Armour, Paul Davies, Luca Enriques, Henry Hansmann, Gerard Hertig, Klaus Hopt, Hideki Kanda y Edward Rock (Oxford University Press, 2009). El libro como un todo provee un análisis funcional del Derecho Corporativo (o Societario) en Europa, Estados Unidos y Japón. Su organización refleja la estructura del Derecho Corporativo a lo largo de todas las jurisdicciones, mientras que los capítulos individuales exploran la diversidad de los enfoques de distintas jurisdicciones a los problemas comunes del Derecho Corporativo. En su segunda edición, el libro ha sido significativamente revisado y expandido.

El Derecho de Adquisición Preferente (“DAP”) es uno de los mecanismos más utilizados para limitar la libre transferencia de las acciones de una sociedad anónima. Tradicionalmente, el estudio del DAP se ha centrado en su enfoque societario; sin embargo, en la presente investigación, a fin de tener una visión más aprehensiva, se propone además un análisis desde el Derecho Civil y desde la perspectiva económica de esta preferencia. En el ordenamiento societario peruano, el artículo 237 de la Ley General de Sociedades establece un DAP, de aplicación supletoria, para la transferencia de acciones en las Sociedades Anónimas Cerradas (“SAC”). La presente tesis se centra en el análisis del procedimiento de ejercicio de este DAP en las SAC, y a lo largo del desarrollo se muestran los potenciales problemas e incertidumbres alrededor de este procedimiento que pueden impedir y/o poner en cuestionamiento una efectiva transferencia de las acciones de una sociedad. A su vez, se proponen respuestas e interpretaciones para prevenir controversias en el ejercicio de este DAP y así evitar costos no queridos para los involucrados en este procedimiento.

El presente informe jurídico tiene como finalidad analizar las implicancias y efectos jurídicos originados a raíz de la demanda de disolución interpuesta por Specchi S.A.C. (a través de su gerente general, Oscar Sampietro), contra la señora Ana Cecilia Ricci (en adelante, “Sra. Ricci”) y contra el mencionado gerente general en calidad de accionista (en adelante, “Sr. Sampietro”), en la cual Specchi S.A.C. solicita que se declare su disolución de pleno derecho por no contar con la pluralidad de accionistas requerida por ley por un plazo mayor al establecido en el artículo 4° de la Ley General de Sociedades (en adelante, “LGS”). Esta pérdida de pluralidad se origina, sin embargo, en la resolución contenida en la sentencia emitida por el Cuarto Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima1, que declara la existencia de la unión de hecho conformada por la Sra. Ricci y el Sr. Sampietro. Tal sentencia incluye, además, otro pronunciamiento: declara fundada la liquidación de la sociedad de bienes originada en tal unión de hecho respecto de todos los bienes de dicha sociedad, incluyendo Specchi S.A.C. Jurisprudencialmente, se reconoce que los efectos de la declaración de unión de hecho son de aplicación retroactiva, por lo que respecto de Specchi S.A.C. se genera una situación sui generis al no tenerse punto claro respecto de cómo esta aplicación retroactiva modifica (o no) la composición accionaria de Specchi S.A.C. El análisis de los problemas jurídicos en materia de derecho de familia y derecho societario se realiza no sólo de manera extensiva y sistemática respecto de las normas de derecho de familia y de derecho societario, pero también analizando su ratio legis, interrelación, origen y aplicación, así como se emplea una orientación dogmático-jurídica en atención a la revisión de diversa doctrina aplicable.

En el presente artículo, se estableció el marco de las denominadas operaciones acordeón de acuerdo a nuestra regulación jurídica societaria. Luego se analizó un conocido caso que se trata en sede constitucional; CHIQUITOY (expediente N° 00228-2009-PA/TC- La Libertad). Acto seguido, se analizó la viabilidad de los requisitos de validez que planteo el TC para la aplicación de la operación acordeón a una sociedad que se encuentra inmersa en un proceso concursal. Finalmente se estableció los requisitos para la aplicación de la operación acordeón para aquellas sociedades que si bien es cierto estas pasando por una inestabilidad financiera aún no están inmersas en un proceso concursal.

El destino de las ganancias en una empresa puede generar distintos problemas y enfrentamientos entre los accionistas, quienes son los llamados a decidir sobre las utilidades; este conflicto tiene como origen intereses que se contraponen, uno de estos puede ser el buscar que la sociedad mejore su posición económica mediante la capitalización del total de sus utilidades frente al derecho de los accionistas, generalmente minoritarios, en recibir los dividendos. De este modo, resulta atractivo para la sociedad poder reinvertir sus utilidades, dado que no requerirá otro tipo de financiamiento, pero esto representa dejar sin ganancias a los socios. Así, surge justificar la reinversión por un interés social, el cual consideramos debe ser visto como el objeto por el cual se constituye una empresa, que es el fin lucrativo. En ese sentido, el presente trabajo de investigación procura establecer que se debe priorizar el derecho del socio minoritario a percibir dividendos frente a una capitalización del total de utilidades, lo cual no representa un limite o una acción en contra de los planes de negocios o crecimiento de la compañía, sino un acceso efectivo a las ganancias generadas por ésta, como una retribución al capital invertido y compensación por el riesgo asumido. De esta forma, para evitar los posibles conflictos, se podría buscar que exista un mecanismo mixto para poder satisfacer ambas necesidades, lo mencionado mediante una política de dividendos basada en principios de buen gobierno corporativo, y a su vez en respeto del ordenamiento jurídico actual, el cual en la Ley General de Sociedades prevé la existencia del Dividendo Obligatorio, representando para nuestro caso un aspecto relevante que ayuda a garantizar este derecho patrimonial del accionista. / Trabajo de investigación

De acuerdo al artículo 36 de la Ley General de Minería, los socios, directores, representantes, trabajadores y contratistas, y las personas que dependan económicamente de estos, no podrán solicitar concesiones un radio de 10 kilómetros de las concesiones de titularidad de otra persona con la que mantengan cualquiera de las relaciones indicadas. Pese a ello, Newmont Perú S.R.L. (Newmont) solicita sustituir a Back Arc Minerals S.R.L. (BAM) respecto a la concesión Tacna 101, ubicada a menos de 10 kilómetros de un grupo de concesiones del primero. Tacna 101 fue solicitada por BAM cuando su accionista mayoritario, Ever Jesús Márquez Amado, era un trabajador de Newmont, a quien sí le hubiese sido aplicable el artículo 36 de la LGM si él hubiese solicitado la referida concesión. En vista de ello, Newmont solicita la aplicación extensiva del artículo 36 de la Ley General de Minería y el levantamiento del velo societario de BAM respecto a Ever Jesús Márquez Amado. La solicitud de Newmont fue rechazada en primera y segunda instancia por el INGEMMET y el Consejo de Minería, respectivamente. En nuestra opinión, no correspondía aplicar del artículo 36 de la Ley General de Minería. Por un lado, no era posible aplicar extensivamente el artículo 36 de la Ley General de Minería al no haber una laguna que integrar. Por otro, al existir otros remedios en el ordenamiento distintos a la sustitución respecto a la concesión Tacna 101, no era posible levantar el velo societario de BAM.

En nuestro país desde el año 2018, siguiendo la corriente de implementación de sociedades por acciones simplificadas existente en la región, también se ha implementado la Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada no obstante hasta la fecha no se advierte una aplicabilidad ni el logro de los fines esperados ya que tal como esta sociedad ha sido legislada no viene siendo aplicable en nuestro país, por lo que corresponde evaluar el tratamiento y analizar la importancia de las SACS respecto a su aplicación a la problemática de la informalidad económica y empresarial que agobia a la economía del país desde el año 2018 en la que ha sido promulgada así como sugerir aportes para su mejora aplicativa a partir de preguntas respecto a su aplicabilidad, la experiencia en otros países propuestas para su mejora del Decreto Legislativo 1409. Para tal efecto en el presente trabajo se analizará la Ley Modelo sobre Sociedad por Acciones Simplificada de la OEA, el reglamento del decreto Legislativo 1409, la actual Ley general de sociedades, el Anteproyecto de la Ley General de Sociedades y la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo N° 1409 así como también doctrina nacional y comparada a fin de que analizándola y evaluando sus características conforme a la naturaleza simplificada que ostenta se compare frente a la legislación de la región que se ha tomado por conveniente en el presente trabajo para determinar similitudes, diferencias y carencias de nuestra SACS frente a demás sociedades simplificadas. Ello nos permitirá determinar que toda sociedad anónima simplificada idónea debe cuando menos tratar sobre la unipersonalidad, la pertinencia de incluir personas jurídicas como socios y la idoneidad de tomar como patrimonio para su constitución a bienes no inscribibles o inscribibles, un objeto social indeterminado y otros alcances así como también constatar que esta ley debe guardar consonancia con el anteproyecto de la ley general de sociedades para no generar futuras contradicciones ni colisiones legales. A tal efecto se han revisado los pocos trabajos de investigación y tesis que existen respecto del tema que es materia del presente trabajo con los cuales compartimos algunas similitudes cuando analizamos y evaluamos una problemática jurídica común que existe a la fecha, siendo que el presente trabajo se diferencia de los anteriores primeramente en la medida que generalmente los ya existentes han realizado un análisis teórico a partir del poco tiempo de entrada en vigencia de la norma bajo análisis, más el presente trabajo además de ello verifica que en la practica la nueva sociedad no viene siendo aplicada en nuestra realidad jurídica de allí que el análisis de solución del problema, sus propuestas y conclusiones toman un matiz distinto y más profundo. Además, se ha buscado en el presente trabajo aplicar el método comparativo con países distintos que los realizados en trabajos anteriores, así como también se ha buscado comparar con otro tipo de sociedades e incluso con la EIRL para deslindar ideas que puedan confundir en temas relevantes como la unipersonalidad. Todo lo indicado nos lleva a concluir que el diseño legislativo reflejado en el decreto Legislativo N° 1409 no permite avizorar mayor o mejor ventaja aplicativa alguna respecto a otras sociedades anónimas existentes en el país como es el caso de SAC, EIRL e incluso la SRL más allá de la posibilidad de constitución sin intervención notarial y del procedimiento digital de constitución simplificado.

Analiza conceptos de registros públicos, rol de Principios Registrales, diferencias entre registros de bienes y de personas, objeto, función del Registro Mercantil, rol de la Teoría de la Apariencia, su presencia en el derecho mercantil societario; desarrolla una Teoría General de la Apariencia Jurídica, como base para la protección de terceros registrales, el Principio de Oponibilidad Registral, normas del Código de Comercio, Ley General de Sociedades y Registro Mercantil, establece características del ?Tercero Registral Mercantil de Oponibilidad?, el Principio de Fe Pública Registral del Perú, del artículo 2014° del Código civil; problemática de la norma que aprueba este principio para el Registro Mercantil, aplicabilidad en el derecho peruano. Propone: características del personaje regulado adecuadamente. Delimita características, presupuestos de operadores jurídicos a tener en cuenta cuando se trata de brindar protección jurídica a terceros que se vinculan con las sociedades. / Trabajo de investigación