Tesis para optar al grado de Magíster en Políticas Públicas / No disponible a texto completo / A lo largo del año 2011, los medios de comunicación captaron la atención de los ciudadanos y políticos al mostrar accidentes mortales y homicidios con armas de fuego. La ley en Chile establece restricciones para el control de armas que a nivel internacional se encuentran dentro de las legislaciones medias en cuanto a nivel de prohibición. El debate internacional sobre las armas de fuego ha demostrado que todavía no se ha resuelto el problema. En América, el 74% de los homicidios son todavía cometidos con armas de fuego. Los resultados de los estudios empíricos muestran que países con mayor disponibilidad de armas, como son el caso de Estados Unidos o Finlandia, poseen mayores tasas de crímenes violentos (homicidios, suicidios y accidentes mortales). Además, los resultados muestran que existiría un efecto sustitución entre las diferentes armas, por lo que una mayor restricción de la ley de armas podría causar una mayor utilización de armas blancas. Si bien no existe unanimidad en los estudios, la mayoría de la literatura revisada pareciera apoyar la primera tesis. La situación en Chile amerita una revisión. Los índices de violencia y las tasas de homicidios cometidas con armas han aumentado y la evidencia apunta a que mayores medidas de fiscalización de restricción en el acceso a estas permitirían frenar una posible multiplicación de violencia como ha ocurrido en otros países de América Latina (México y Brasil).

Teniendo en consideración que la evolución de las sociedades, obliga a las Naciones a regular sus normas de acuerdo a las necesidades colectivas y con el devenir de los avances científicos de la era presente demanda la evolución de las leyes a fin de que estas regulen situaciones que no se sospecharon, derogando la normatividad que resulte obsoleta, o simplemente se mejoren las leyes que resulten inadecuadas puesto que el derecho cambia en la medida en que cambian las condiciones de los pueblos, en tal sentido, hoy en día la Prueba Indiciaria ha adquirido una notable importancia que ha permitido ser considerado en el Código Procesal Penal de 1991, en el Titulo V “DE LA PRUEBA”, Capitulo VIII, “DE LA PRUEBA INDICIARIA, artículo 246, que para su aplicación debe cumplirse los requerimientos contemplados en dicha norma legal. Lo que permitirá al Juzgador valorarla para adoptar decisiones justas al momento de emitir sentencia; de cuyos avances la Justicia Militar no debe ni puede quedar al margen. Esta necesidad ha impulsado al graduando hacer un estudio de este importante medio probatorio, dentro del derecho Penal Militar, con el deseo de que este estudio sea una guía de consulta y permita a los Operadores Judiciales Militares tener un conocimiento amplio de este importante medio probatorio para su debida aplicación en la difícil tarea de administrar justicia, asimismo permita la modificación del Código de Justicia Militar que hoy en día requiere su actualización con la incorporación de la Prueba Indiciaria, como lo han hecho los Códigos de Justicia Militar de los países vecinos. El Código de Justicia Militar del año 80 actualmente vigente con algunas modificaciones hechas por la Ley 26677, contiene normas que hoy en día devienen en obsoletas en comparación con las nuevas corrientes penales y con este estudio se contribuirá en alguna medida su actualización

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / El Procedimiento Disciplinario Militar es aquel procedimiento de carácter administrativo mediante el cual son investigadas y sancionadas las faltas a la disciplina contempladas en el Reglamento de Disciplina para las Fuerzas Armadas y en el Reglamento de Investigaciones Sumario Administrativas de las Fuerzas Armadas y que tiene por objetivo final preservar, acrecentar o restablecer la disciplina en aquellos casos en que ha sido vulnerada. El presente trabajo se ha propuesto evaluar desde la perspectiva del Derecho Administrativo Sancionador si son satisfechas las exigencias establecidas por el artículo 19 numero 3 de la Constitución Política de la República en el Procedimiento Disciplinario Sancionador. Para lograr el objetivo planteado, la Memoria se dividirá en dos capítulos, en el primero de ellos se desarrollarán todos aquellos temas generales que al autor le parecen relevantes para contextualizar el trabajo y en el segundo se contrastará el Procedimiento Disciplinario Militar con el precepto constitucional citado.

Como es sabido, el todo está constituido por las partes. Esta Investigación ha sido dividida en los siguientes capítulos: El primero titulado Paradigmas Metodológicos de la Jurisdicción Militar y el Delito de Función; el segundo que lleva por titulo Paradigmas Teórico-Conceptuales de la Jurisdicción Militar, el tercero cuyo título es Jurisdicción Militar: Competencia y Composición de los Tribunales Militares; el cuarto titulado El Debido Proceso en la Jurisdicción Militar; el quinto que lleva por título El Delito de Función y su Necesaria Reformulación; el sexto titulado La Jurisdicción Militar y el Delito de Función en el Derecho Comparado; y el séptimo intitulado El Delito de Función, la Criminalidad de la Guerra Interna y la Criminalidad del Regreso en el Perú de las últimas décadas. En ellos exponemos los conceptos teóricos y metodológicos, nuestras hipótesis de trabajo y nuestro pensamiento.

Tema sumamente delicado y preocupante es el relativo a la Jurisdicción Militar, y que ahora está relacionado con el título de la presente tesis Conflictos de competencia entre el Poder Judicial y la Jurisdicción Militar en el contexto constitucional. Y se presenta más arduo todavía si se toma en cuenta que su tratamiento académico ha sido descuidado en los ámbitos constitucional y legal. Y qué decir cuando se ve que el poder político, a través de la línea evolutiva histórica –en especial, el Poder Ejecutivo– ha sido el que ha impuesto las reglas de juego para el desarrollo y aplicación de la Jurisdicción Militar, resultando muchas veces excesivas las decisiones que, en un momento determinado, expidieron los Tribunales Militares, precisamente integrados por jueces reclutados por el propio Poder Ejecutivo, desconociéndose a los demás aparatos estatales. La historia nos enseña que la función política de las Fuerzas Armadas ha sido un fenómeno persistente en América Latina, y en el caso peruano se deja notar esta dura realidad, lo cual ha permitido que se lleven a cabo permanentes oscilaciones de la autoridad civil que trajo como producto la ruptura de los diques de la democracia, por parte de las camarillas políticas, de casta y elitista, con el propósito de controlar el poder social y político. Frente a esto surge la siguiente interrogante: ¿Estado Constitucional o Estado Militar? La respuesta se podrá apreciar a lo largo del presente estudio.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El tema de la presente memoria de grado no escapa a esta realidad, pues la justicia militar en Chile (específicamente el Código de Justicia Militar), desde hace ya mucho tiempo necesita tanto una revisión crítica, como una reforma, tanto en su parte procesal como en su parte penal, al tratar de las diversas conductas tipificadas como delito militar. Las razones que nos llevan a realizar este trabajo son de variada naturaleza y obedecen a muchos motivos, las que podemos resumirlas en las siguientes: - Nuestro actual Código de Justicia Militar data del año 1925, y desde aquella fecha no ha sido objeto de reforma sustancial alguna, lo que hace de este cuerpo legal una ley anquilosada, empantanada en viejas doctrinas y que no muestra una consecuencia sistémica con procedimientos similares en cuanto a sus fines y aspiraciones. La evolución que ha experimentado el Derecho después de la segunda Guerra Mundial, en lo que se refiere a la concepción y fines de la pena; las garantías procesales; evolución del llamado Derecho Internacional de los Derechos Humanos; las nuevas ideas del ejercicio de la democracia, así como del rol del Estado en esta, etc. La evolución que el propio Derecho Penal Militar ha experimentado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, la concepción jurídica actual de delito militar; sus requisitos; personas que pueden cometer delitos militares, etc. Queremos brindar a través del presente texto, una revisión crítica del actual Código de Justicia Militar, contrastarlo con los principios contenidos en nuestra carta fundamental, y examinar cual es el sistema adoptado en derecho comparado

Se enfoca en un tema de actualidad en el mundo del Derecho Penal Militar como es la Justicia Militar en el Perú, conocido como Fuero Militar, se puede advertir que la Ley Penal Militar Policial vigente, regulada por el D.Leg.No.1.094, no está todavía adecuada a la Constitución Política de 1993. Esta falta de adecuación se presenta en la forma y en el fondo, en la forma, la denominación dada a la Ley Penal Militar Policial, como: "Código Penal Militar Policial", no guarda concordancia con la denominación "Código de Justicia Militar", señalada en el Art. 173 de la C.P.P. de 1993, al agregarse los términos: "Código Penal y Policial”, a la indicada denominación, sin haberse fundamentado en la exposición de motivos de dicha Ley, las razones de dichos cambios y contravenir el Art. 51 de nuestra Carta Magna, que consagra la primacía de la Constitución, sobre normas de inferior jerarquía. En el fondo, el denominado Código Penal Militar Policial, considera como figuras delictivas, tres Delitos de Función Militar Policial, en los Arts 133, 134 y 135, tipificados como: Afectación del Material Destinado a la Defensa, Apropiación Ilegítima de Material Destinado al Servicio y Hurto de Material Destinado al Servicio, respectivos, que estuvieron tipificados en el Art. 142 del anterior Código de Justicia Militar Policial, D. Leg. No. 961 como: Afectación de los Bienes Destinados a la Defensa, Seguridad Nacional y Orden Interno, expulsado de nuestro ordenamiento jurídico, mediante Sentencia del Tribunal Constitucional del 2006, recaída en el Expte. No.0012-2006-PI/TC, Demanda interpuesta por el Colegio de Abogados de Lima, contra determinadas normas del D.Leg.No. 961 del Código de Justicia Militar Policial. También señala como error de fondo, que la definición del delito de función, precisado en el Art. 2 del Título Preliminar del Código Penal Militar Policial, no ha considerado todos los elementos que debe tener todo delito, donde sólo se considera la conducta, obviando considerar los demás elementos como la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad y la punibilidad en la figura genérica y rectora del delito de función militar policial. Se plantea para corregir el error de forma, se presente al Congreso de la República una Ley de Reforma Constitucional, conforme al Art. 206 de la C.P.P.de 1993, a fin de que se agregue el térrnino: "Policial", al término: "Código de Justicia Militar" quedando como: "Código de Justicia Militar Policial". Para corregir el error de fondo, se plantea que el Congreso de la República apruebe un nuevo "Código de Justicia Militar Policial", que derogue los Arts. 133, 134 y 135, del C.P.M.P. precitado y considere al definir del delito de función, la tipicidad, la culpabilidad, la antijuridicidad y la punibilidad. / Tesis

Publicación a texto completo no autorizada por el autor / El documento digital no refiere asesor / Tiene como origen la necesidad de disipar la incertidumbre jurídica generada, a raíz de no haberse establecido con precisión los criterios que limitan la competencia de la justicia común frente a la jurisdicción militar policial en el Perú y, es que, a pesar de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de la República, no se ha acabado la labor de esclarecer con precisión dichos criterios, dando lugar a procesos penales paralelos por los mismos hechos y contra las mismas personas (militares y policías), para el efecto, se ha realizado una investigación de naturaleza causal explicativa, subsumiendo tipos de investigación exploratoria como descriptiva, que se desarrolla en el ámbito jurídico social con un diseño de naturaleza no experimental, habiéndose abordado la normativa vigente, teniendo como referencia la derogada; los criterios y motivación empleados por el Tribunal Constitucional, al momento de resolver acciones constitucionales sobre la materia y de la Corte Suprema de la República al dirimir las Contiendas de Competencia; asimismo, se han recogido criterios doctrinarios pertinentes, con lo cual y haciendo un proceso de análisis y síntesis se ha logrado plasmar conclusiones esclarecedoras, dando precisiones y criterios a tener en cuenta, tanto para resolver contiendas de competencia como para legislar en materia penal militar policial en lo que a la parte especial se refiere. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta memoria se estructura en dos partes y cada una de ella cuenta con dos capítulos. El primero trata de las generalidades y particularidades que caracterizan a las instituciones que integran las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. Allí se destaca el hecho de tratarse de organismos que forman parte de la Administración Pública y el de poseer una especial característica en lo que concierne a la Responsabilidad del Estado: La frecuencia y gravedad con que, a propósito del desarrollo de sus actividades, se producen daños sobre las personas o sus bienes, cuestión que se ilustra con la mención de una serie de ejemplos concretos recogidos de la prensa. Se hace referencia también a su organización interna, en cuanto resulta pertinente al régimen de subordinación bajo el cual se desenvuelven sus agentes