Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicado a texto completo / Dentro de un panorama en que se ha vuelto cada vez mas frecuente la solicitud de extradición, probablemente como consecuencia del aumento de la criminalidad, de la población y a causa a mi juicio de la idea globalizadora del hombre contemporáneo, esta institución pretente de forma más holgada transformarse en una herramienta básica del nuevo ordenamiento o justicia penal internacional, toda vez que existe un cierto concenso en uniformar la justicia de ciertos delitos que a los países interesa reprimir y evitar la impunidad en un mundo donde la distancia ya no es obstáculo.

El presente trabajo, parte de un hecho histórico registrado entre los meses de junio de 2005 y agosto de 2006, época en que el ex presidente Alberto Fujimori aún permanecía prófugo de la justicia y el Estado peruano tenía legítimo interés por lograr su extradición. Más allá del significado político del hecho y de sus implicancias jurídicas, lo cierto es que el tema representaba un problema para el Perú, y el gobierno de turno debía resolverlo. En ese contexto, es que identificado el hecho político a partir de algunas circunstancias que exigieron su inmediata atención, el gobierno adoptó una política específica con la finalidad de dotar de mayor eficacia los esfuerzos por lograr la efectiva extradición del entonces prófugo. El gobierno dispuso entonces la creación de una plataforma de coordinación interinstitucional, como instrumento operativo para cumplir su objetivo. Es entonces la política de extradición aprobada en aquella época y su implementación a través del instrumento creado para tal fin, el estudio de caso que importa al presente trabajo. Para ello se plantea como objetivo principal determinar si la política aplicada en aquel entonces, independientemente de su éxito o fracaso, logró constituirse como un modelo o únicamente representó una experiencia excepcional. Asimismo, destacar las innovaciones que introdujo al procedimiento formal de extradición, a nivel institucional y operativo, a fin de determinar si tales elementos lograron aportarle mayor utilidad y eficacia. Desde la perspectiva del análisis de las políticas públicas, el presente trabajo busca describir partes del ciclo de una política pública específica, centrando su análisis en la fase implementación, rescatando de ella modos de trabajo coordinado entre distintos niveles del gobierno, siendo el común denominador de dicha dinámica, la priorización de los aspectos técnicos aplicados al caso, entendidos desde el plano político, como el principal medio para alcanzar el objetivo de gobierno trazado. / Tesis

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente Memoria se refiere a un tipo de pronunciamiento judicial, donde juegan las bases de la jurisdicción, en particular, los principios de territorialidad y extraterritorialidad. Esto también ocurre en la ley procesal chilena. La Constitución Política de la República en su artículo 76 indica que “La facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los Tribunales establecidos por la Ley”, en consecuencia, esta disposición rige a todas las leyes dictadas en conformidad a nuestra Constitución como lo indica el artículo 7º del Código Orgánico de Tribunales. Éste dice que: “los Tribunales sólo podrán ejercer su potestad en los negocios y dentro del territorio que la Ley le hubiere asignado” En efecto, la Extradición dice relación con resoluciones judiciales de los Tribunales en materia penal que involucran las relaciones con otros Estados en el ámbito jurídico, diplomático y político. No obstante es indispensable mencionar el artículo 5° del Código Penal que señala “La Ley Penal chilena es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluso los extranjeros. Los delitos cometidos dentro del mar territorial o adyacente quedan sometidos a las prescripciones de éste código.” (Principio de territorialidad).

En el presente artículo, el autor desarrolla y cuestiona el tratamiento jurisprudencial de los derechos fundamentales en escenarios de tensión social y política. Para ello, expone casos emblemáticos en los que el tribunal Constitucional o la Corte suprema han fallado, al parecer, influenciados por el escenario político. Finaliza haciendo una breve reflexión sobre el poder y cómo este puede terminar dirigiendo el curso de los derechos fundamentales. In this paper, the author explores and then questions the jurisprudential treatment of fundamental rights when social and political tension arises. Then, he explores some examples in which the TC or the CS have ruled, seemingly, influenced by the political scenario. Finally, the author makes a brief reflection on power and how it can conclude driving the path fundamental rights follow.

Autor no autoriza el acceso completo de su documentos hasta el 05/11/2019 / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / 05/11/2019

El presente trabajo, parte de un hecho histórico registrado entre los meses de junio de 2005 y agosto de 2006, época en que el ex presidente Alberto Fujimori aún permanecía prófugo de la justicia y el Estado peruano tenía legítimo interés por lograr su extradición. Más allá del significado político del hecho y de sus implicancias jurídicas, lo cierto es que el tema representaba un problema para el Perú, y el gobierno de turno debía resolverlo. En ese contexto, es que identificado el hecho político a partir de algunas circunstancias que exigieron su inmediata atención, el gobierno adoptó una política específica con la finalidad de dotar de mayor eficacia los esfuerzos por lograr la efectiva extradición del entonces prófugo. El gobierno dispuso entonces la creación de una plataforma de coordinación interinstitucional, como instrumento operativo para cumplir su objetivo. Es entonces la política de extradición aprobada en aquella época y su implementación a través del instrumento creado para tal fin, el estudio de caso que importa al presente trabajo. Para ello se plantea como objetivo principal determinar si la política aplicada en aquel entonces, independientemente de su éxito o fracaso, logró constituirse como un modelo o únicamente representó una experiencia excepcional. Asimismo, destacar las innovaciones que introdujo al procedimiento formal de extradición, a nivel institucional y operativo, a fin de determinar si tales elementos lograron aportarle mayor utilidad y eficacia. Desde la perspectiva del análisis de las políticas públicas, el presente trabajo busca describir partes del ciclo de una política pública específica, centrando su análisis en la fase implementación, rescatando de ella modos de trabajo coordinado entre distintos niveles del gobierno, siendo el común denominador de dicha dinámica, la priorización de los aspectos técnicos aplicados al caso, entendidos desde el plano político, como el principal medio para alcanzar el objetivo de gobierno trazado.

La gestión de la calidad en el sector público peruano ha cobrado durante esta última década mayor relevancia, con varias entidades públicas peruanas que han optado por certificarse en ISO 9001, pero ¿realmente estas certificaciones pueden generar valor público? La extradición es una figura jurídica en la que intervienen varias entidades públicas y es responsabilidad del Ministerio Público – Fiscalía de la Nación según el Código Procesal Penal peruano, en esta figura también participa el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – MINJUSDH para emitir un informe de carácter administrativo que realiza recomendaciones. En el 2018 el MINJUSDH certificó en la norma ISO 9001 esta pequeña parte en la participa, a la cual denominó como “proceso de extradiciones”, a pesar de que cuenta con otros procesos en los que tiene mayor protagonismo e impacto en el ciudadano, situación que genera la pregunta ¿Por qué certificar el “proceso de extradiciones” y no otros procesos del MINJUSDH? Como señala Moore (1998), existen personas que son más hábiles en generar una buena reputación y mejorar su línea de carrera que en generar resultados que tengan impacto. Asimismo, Cohen, March, & Olsen (1972), señalan que los tomadores de decisiones encuentran los mismos problemas a donde quieran que vayan y la mayor parte de decisiones que toman es al vuelo, es decir, las soluciones responden a los problemas para los que fueron seleccionadas. En el desarrollo de la presente tesis, se demuestra que en el caso de la certificación del “proceso de extradiciones” del MINJUSDH se cumple lo señalado en la teoría del bote de basura de Cohen, March & Olsen, es decir, se verifica su vigencia a pesar de su antigüedad. Además, en base a lo indicado por Moore sobre las formas de cómo generar valor público, se corroboró que el “proceso de extradiciones” no cumple con ninguna de estas formas y que por lo tanto la certificación ISO 9001 del MINJUSDH no genera valor público.

This article reflects on the treaty-making power of the Congress and the President of the Republic in light of the Peruvian domestic law and International Law (particularly within the framework of the Vienna Convention of 1969 on the Law of Treaties) taking into account the discussions that arose betweenthe legislative and the executive powers regarding the ratification of the Extradition Treaty between Peru and France of 2016. The domestic law applicable to the conclusion of a treaty in Peru establishes that the President of the Republic is the only one who has the power to express the consent of the State to be bound by a treaty through ratification, which has internationallegal effects. The Congress has the power to approve treaties whose provisions are related to topics listed in Article 56 of 1993 Peruvian Constitution. The Congress’ legislative approval implies a parliamentary control regarding the acts of the President. However, Congress cannot compel the President to ratify a treaty (as it was discussed regarding the Extradition Treaty between Peru andFrance) neither issue the ratification. / Este artículo reflexiona en torno a las atribuciones para celebrar tratados que tienen el Congreso y el Presidente de la República a la luz del derecho interno peruano y del Derecho Internacional (en especial, de la Convención de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados), teniendo en cuenta las discusiones que surgieron entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo con respecto a la ratificación del Tratado de Extradición entre la República de Perú y la República Francesa de 2016. Las normas internas aplicables a la celebración de tratados en el Perú establecen que el Presidente de la República es el único que está facultado para expresar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado al ratificarlo, lo cual tiene efectos jurídicos internacionales. La atribución del Congreso de aprobar los tratados cuyas materias están previstas en el artículo 56 de la Constitución Política del Perú de 1993 implica el control parlamentario a los actos del Presidente. No obstante, el Congreso no puede obligar al Presidente de la República a ratificar un tratado (como se discutió con relación al Tratado de Extradición entre la República de Perú y la República Francesa) ni es competente para emitir una ratificación.