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A fines del año 1982 Las Fuerzas Armadas entraron a tallar para combatir en el conflicto de la violenta campaña para destruir el Estado peruano que buscaba someter a la sociedad peruana a un régimen autoritario y totalitario, el orden interno del país había caído en un descontrolado desorden social y considerando que el personal militar y policial requería condiciones de vida que le permitiera desarrollar y abocarse a sus labores, riesgos y compromisos propios de su profesión, y siendo el problema de la vivienda un factor de desigualdad frente a los demás actores de la sociedad. Es así que siendo política del gobierno de turno promover que la población tenga acceso a tener una vivienda propia, se propuso la creación de los Fondos de Vivienda Militar y Policial y más adelante su modernización en aspectos de régimen legal aplicable a estos fondos; esto permitió proteger a la familia de aquellos miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que por razones de servicio o con ocasión de él en los diferentes puntos del país en que se encontraban permanentemente expuestos a los riesgos que implica combatir la delincuencia terrorista y el tráfico ilícito de drogas dada la situación social de emergencia que vivía nuestro País. Dentro de la estrategia para la alcanzar la Pacificación Nacional, se hizo necesario no sólo acondicionar las normas penales y procesales para combatir eficazmente la delincuencia terrorista y el tráfico ilícito de drogas, sino que fue conveniente fomentar, promover y otorgar incentivos dentro de las normas de austeridad, a quienes en directo cumplimiento de su función, sufrían las consecuencias de este accionar delictivo como es el caso ocurrido a elementos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, muchos de los cuales quedaron lisiados y en estado de invalidez permanente, lo que ameritó que el Estado proteja a dicho personal en tal situación, haciendo extensivo a sus deudos en caso de fallecimiento. El reto para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú para administrar los Fondos de Vivienda Militar y Policial, cuyos recursos financieros provienen de la contribución del Estado (2%) y en mayor proporción del aporte del personal militar y policial (5%), ambos calculados en base a las remuneraciones consolidadas y pensionables del personal militar y policial en actividad y retiro, requiere de una estructura administrativa que permita desenvolverse cual Sector de Vivienda, con actores especialistas en Planeamiento Organizacional y Planeamiento Presupuestal entre otros, que permitan alcanzar una organización acorde a los servicios que brinda mediante la eficiente administración de los recursos financieros para cumplir con la finalidad para los cuales fueron creados. El presente trabajo de Investigación denominado “Modelo de Gestión Institucional para la articulación e integración del planeamiento a través de la implementación de las Secciones de Racionalización y Presupuesto en el Departamento de Planes del Fondo de Vivienda Militar de la Fuerza Aérea del Perú. 2017-2019”, es de alcance para el Fondo de Vivienda Militar de la FAP por cuanto según el diagnóstico realizado presenta este problema; es necesario precisar que la característica de constitución del Fondo de Vivienda Militar de la FAP difiere de los demás Fondos de Vivienda de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, por cuanto se encuentra constituido mediante Escritura Pública en el Registro de Personas Jurídicas en el Libro de Asociaciones.

Tesis para optar al Grado de Magíster en Estudios Internacionales / El Mecanismo de Concertación Política Latinoamericano para Haití (2x9), constituye un tipo de cooperación impulsada por los países latinoamericanos que participan con tropas en la Misión de Estabilización de Naciones Unidas para Haití (MINUSTAH), con el objetivo de analizar la evolución y las perspectivas de la crisis política y de seguridad, así como para actuar coordinadamente. La iniciativa surgió sin una vestimenta institucional predefinida luego que, transcurrido el primer año de despliegue de los efectivos militares de sus países, los Viceministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay se reunieron en Buenos Aires. Se trataba de la primera vez que el contingente militar de una misión de la ONU provenía mayoritariamente de países latinoamericanos. También era inédito que lo hicieran para integrar una misión de paz en su propia región. Entre los países latinoamericanos incorporados a la MINUSTAH hubo coincidencias en que, pese a que la crisis haitiana tenía componentes económicos y sociales además de políticos, la actuación de bandas armadas con alto poder de fuego, así como la práctica del secuestro y el desastre humanitario al que se llegó entre febrero y abril del 2004, configuraban una situación de riesgo para la seguridad regional. Se argumentaron estos antecedentes para fundamentar que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas constituyera la Misión bajo el Capítulo VII de la Carta de la Carta de la ONU, autorizada a hacer uso de la fuerza militar para controlar la situación de seguridad en Haití. Más allá del debate contemporáneo sobre las nuevas amenazas a la seguridad y del carácter de las crisis que enfrenta la región, la experiencia latinoamericana a propósito de la crisis haitiana permite sacar lecciones que aportarían a ese debate: capacidad de reacción rápida frente a un requerimiento que compromete la responsabilidad internacional de los países; construcción de consensos internos para respaldar una política de Estado; movilización de los instrumentos militares y coordinación interministerial. Es importante considerar que el relato central de esta tesis incluye un componente de observación participante, pues la autora desempeñó un rol profesional en el desarrollo de la experiencia en lo que concierne a la parte occidental de la isla antillana. En su calidad de asesora internacional del Ministerio de Defensa de Chile en el período que abarca esta investigación, le correspondió a la autora establecer contactos y formular consultas a otros gabinetes de Defensa para coordinar las propuestas temáticas; dar cuenta a los respectivos ministros, participar en las reuniones del 2x9, así como mantener un seguimiento permanente de la situación política y de seguridad de Haití. Asimismo, en coordinación con el Estado Mayor de la Defensa Nacional y la Cancillería, le cupo preparar y proponer a las autoridades los informes al Congreso. Como parte de sus responsabilidades estuvo en varias oportunidades en Haití. De esa vivencia emanó la convicción de que la información, los dilemas y conjeturas que se enfrentan en un proceso de toma de decisiones como el generado a propósito de la crisis haitiana, resultan una fuente de aprendizaje que no se debería reducir al patrimonio privado de quienes desempeñan roles transitorios en la estructura del Estado. Tal reflexión constituyó una motivación adicional para esta investigación, pues resulta evidente que la academia y la gestión pública necesitan puntos de encuentro y retroalimentación. En el proceso de construcción del marco teórico de la investigación se optó por el concepto de “comunidades epistémicas”. Tal noción resulta adecuada para explicar el punto de partida de la práctica de consultas informales y frecuentes entre asesores de los Ministerios de Defensa de los países participantes en el 2x9. Del mismo modo, se resaltó la red de autoridades intermedias y funcionarios que, compartiendo un flujo de mensajes políticos, lograron consenso en torno a la naturaleza y dimensiones de la crisis en Haití, y sobre la necesidad de apoyar la estabilidad democrática allí. Semejante convergencia fue fundamental para impulsar la cooperación latinoamericana con Haití, en un período en que el desarrollo y fortalecimiento de la institucionalidad democrática aparecía como tema central de la agenda hemisférica. La preocupación por el carácter del Mandato que el Consejo de Seguridad otorgaba a la MINUSTAH y por el desempeño que correspondía a las Fuerzas Armadas dentro de esta misión, fue de especial sensibilidad para los países del Cono Sur, que vivieron dictaduras militares y que transitaban procesos de fortalecimiento del liderazgo político civil de la defensa. Por ello, se sostiene en la investigación que el 2x9 abrió también una ventana de oportunidades para que los países latinoamericanos dialogaran entre sí respecto a estas materias, incrementando la cooperación civil-militar en torno a las operaciones de paz. A través de esta línea de análisis se concluye que el mecanismo contribuyó a ampliar las posibilidades de cooperación latinoamericana en el ámbito de la seguridad regional. Finalmente, en las conclusiones del estudio se establece que el 2x9 constituye una fuente de experiencias enriquecedoras. Ellas podrían ser un antecedente valioso para el Consejo de Defensa Suramericana (CDS), creado en marzo del 2009, luego que los gobiernos de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) aprobaran sus estatutos y plan de acción.

Tesis para optar al Grado de Magíster en Estudios Internacionales

Tesis con embargo temporal según petición del autor / No cabe lugar a dudas de que EEUU ve en la República Popular China su máxima amenaza, en el mediano plazo, al liderazgo mundial que ha tenido desde el fin de la Guerra Fría. Por esta razón, para Washington el asegurar su zona de influencia en Asia, en específico en el noreste asiático, es un imperativo estratégico. Para la República Popular China no hay dos lecturas: Taiwán es parte integral del territorio chino y el frenar cualquier intento independentista es un objetivo irrenunciable. Sin embargo, el proceso de reunificación encuentra su mayor dificultad en el rol preponderante de EEUU en la región y en la capacidad de éste de poder tener injerencia en el conflicto, ya sea a través de apoyo político a Taiwán, de asistencia militar a éste, o interviniendo directamente en un conflicto armado en la zona. En este contexto, EEUU ha hecho durante estos años la mayor transferencia tecnológica militar a Taiwán desde 1990, incluyéndose en esta venta armas con una importante capacidad de destrucción. La República Popular China no ha quedado indiferente ante este hecho, por el contrario, se ha embarcado en un proceso de modernización de sus FFAA y, lo que es aun más importante, en un cambio de su estrategia. Ésta se sustenta en una nueva forma de entender la guerra y que se ha definido en los últimos Libros Blancos de la Defensa chinos como “guerra limitada bajo condiciones de alta tecnología e información”, la cual conjuga en sí los esfuerzos hechos en materia de desarrollo tecnológico militar e instrucción de sus fuerzas de combate en pro de enfrentar de mejor manera y bajo las condiciones de una guerra moderna, por una parte, una eventual independencia de Taiwán; y por otra, el consecuente involucramiento directo de Washington en este potencial escenario de conflicto armado.

The present interview makes a recount of some events that occurred during the internal armed conflict in our country. Also, the interviewer gives his opinion about the position of the Peruvian State regarding the Interamerican Court of Human Rights. / La presente entrevista busca realizar un recuento de algunos sucesos ocurridos durante el conflicto armado interno en nuestro país y sobre el aporte de la Comisión de Verdad y Reconciliación. Además, el entrevistado expresa su opinión acerca de la posición del Estado Peruano frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta memoria se estructura en dos partes y cada una de ella cuenta con dos capítulos. El primero trata de las generalidades y particularidades que caracterizan a las instituciones que integran las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. Allí se destaca el hecho de tratarse de organismos que forman parte de la Administración Pública y el de poseer una especial característica en lo que concierne a la Responsabilidad del Estado: La frecuencia y gravedad con que, a propósito del desarrollo de sus actividades, se producen daños sobre las personas o sus bienes, cuestión que se ilustra con la mención de una serie de ejemplos concretos recogidos de la prensa. Se hace referencia también a su organización interna, en cuanto resulta pertinente al régimen de subordinación bajo el cual se desenvuelven sus agentes

Tesis para optar al grado de Magíster en Finanzas / A principio de los años ochenta -frente al problema de cómo resolver el tema de la seguridad social y el de las pensiones de un modo óptimo- se resolvió crear un nuevo sistema de fondos de pensiones1, establecido en 1980 a través del Decreto Ley Nº 3.500. Sin embargo, debido a una serie de factores, las Fuerzas Armadas y de Orden quedaron fuera de la reforma previsional2. En palabras simples, este sistema consistió en la creación de un fondo individual a través de pequeñas sumas depositadas durante la vida activa de cada trabajador, de propiedad del cotizante y que es tutelado por administradoras privadas especializadas y con fines de lucro llamadas A.F.P. (Administradoras de Fondos de Pensiones). A pesar de la positiva experiencia, el actual régimen previsional de las Fuerzas Armadas es de reparto y arrastra una serie de problemas. Entre estos problemas se cuenta déficit de gestión, la ineficacia en funciones (administración del sistema previsional, prestaciones de seguridad social y salud) y administración financiera. El cálculo y los mecanismos de funcionamiento del Régimen de Previsión y Seguridad Social esta a cargo de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA), la cual está regida por el artículo 61 de la Ley Orgánica Constitucional Nº 18.948 de las Fuerzas Armadas. En la actualidad, existen dudas con respecto a los efectos de la reforma al sistema de pensiones de las Fuerzas Armada, también existen voces disidentes en cuanto a la posibilidad de eliminar o modificar el sistema de basándose en la naturaleza y características de la carrera militar. Por todo esto, se hace conveniente tener alguna estimación de los costos actuales que causa el sistema y los efectos que podrían tener sobre estos costos modificaciones a la ley que regula su funcionamiento. La intención de este trabajo no es valorar el costo económico total de la existencia de estas reformas, sino sólo el costo económico directo. Es importante hacer esta aclaración por los efectos secundarios en la dotación de efectivos que la propuesta puede generar: gastos excesivos en seguridad social y bajo interés en la carrera militar. Aunque existen trabajos anteriores que evalúan las reformas pendientes al sistema de pensiones en Chile (Ortuzar 1986, Ruiz-Tagle 2000, Arenas de Mesa 2001), ellos se enfocaron en determinar reformas para la población civil y ninguno de ellos consideró –con profundidad- la reforma al sistema previsional de las FF.AA. Así mismo, se encuentran disponibles estudios de consultoría sobre la materia (Ciedess, Lavados y Cifuentes Asociados y el de nuestra Facultad), pero sólo a nivel de conclusiones generales. La metodología para valorar el costo de las reformas es la utilizada por la teoría financiera para la valoración de proyectos junto al modelamiento y simulación, punto en el cual se sigue a Evans y Olson (1998), en la cual se sustenta la aplicación del modelo de Monte Carlo. A pesar de las restricciones de la metodología, esta tesis contribuye a dar un orden de magnitud de los costos del actual sistema y de la dirección de los efectos que cambios en la Previsión pueden tener. Además permite comprender en parte los beneficios del sistema de capitalización individual dados los incentivos que introduce en ahorro y posterior jubilación. La Tesis está estructurada conforme al proyecto de investigación originalmente presentado al concurso “Estudios de Finanzas Públicas” organizado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda en el año 2002.

Los últimos veinte años del siglo XX constituyeron uno de los episodios más trágicos de la historia del Perú. La lucha armada desencadenada por el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso y la respuesta violenta del Estado dejaron como resultado decenas de miles de muertos y desaparecidos, víctimas de torturas, secuestros y otras formas de violación de los derechos humanos. La hipótesis de esta monografía sostiene que la población campesina del departamento de Ayacucho sufrío de forma extrema la violencia política. Se investiga por qué este sector de la población fué duramente castigada y de qué manera y en qué magnitud los derechos humanos de los campesinos e indígenas ayacuchanos se vieron afectados por una violencia que no se dió en ninguna otra parte del Perú. Los resultados de este análisis demuestran que la población rural de Ayacucho fué el grupo social más afectado por la guerra interna durante el período de violencia entre los años 1980 y 2000. Entre las causas que contribuyeron a este trágico descenlace están el abandono social y económico de esta región, la diferencia étnica y cultural que existía entre los grupos involucrados en la guerra interna, asimismo las medidas contrasubversivas tomadas por los gobiernos que no hacian diferencia entre los rebeldes y la población civil. Por otro lado, el método impositivo de reclutamiento y adoctrinamiento de las masas campesinas por Sendero Luminoso también contribuyó al desarrollo de la violencia.