El cambio climático generará impactos tanto en la disponibilidad como en el aprovechamiento del recurso hídrico. Chile es vulnerable a estos impactos y es previsible que esta situación tenga consecuencias negativas tanto para las actividades productivas como para el medio ambiente. Para ello, la gestión hídrica deberá adaptarse a nuevas, inciertas y cambiantes condiciones climáticas. Los impactos serán distintos en cada cuenca e incluso podrán diferir entre zonas al interior de éstas, también variarán según el sector de uso. Esto justifica que los análisis se enfoquen en casos delimitados a una cuenca o sección de ésta y a un sector usuario determinado, y que consideren las proyecciones climáticas, vulnerabilidad, características de aprovechamiento y percepciones de los actores involucrados. De esta forma, el objetivo planteado en el presente estudio es analizar los desafíos de la adaptación en el marco de la gestión hídrica frente al cambio climático, usando como caso de estudio el sector agricultura de riego en la tercera sección de la cuenca del río Maipo, comuna de Melipilla. Se utilizó una metodología de investigación cualitativa con un enfoque exploratorio-analítico, desde la mirada de sistemas complejos, en la cual se distinguen dos etapas. La primera, se alimentó con información secundaria de una revisión bibliográfica y datos primarios de entrevistas indagatorias a expertos. En la segunda fase, se levantó información en un trabajo de campo, con entrevistas semiestructuradas a usuarios de agua y funcionarios públicos. Con estos elementos, se analizó la vulnerabilidad del sector con el fin de identificar barreras existentes para la adaptación. Luego se planteó y evaluó una lista de opciones de adaptación, para finalmente desarrollar en forma tentativa una propuesta de política pública que consideró experiencias comparadas de otros países. El río Maipo es la principal fuente de agua de la región Metropolitana y la gran cantidad de usos no agrícolas presentes lo diferencia de otras cuencas del país. Este hecho, unido al surgimiento de competencias y conflictos entre los diferentes usos y usuarios, complejiza aún más la gestión para el sector riego. En la tercera sección, los principales problemas detectados en las organizaciones de usuarios se asocian a deficiencias en aspectos legales, baja participación interna, pocas capacidades técnicas, insuficiente conocimiento del entorno institucional y legal, infraestructura precaria y contaminación del agua. En esta sección, los derechos de agua dependen de flujos de retorno originados en la parte superior de la cuenca que, según se espera, disminuirán en el futuro. Este inminente problema no está contemplado en el marco legal vigente y no tiene vías claras de solución, algo que se ve agravado por la ausencia de una acción estatal de planificación hídrica. Las opciones de adaptación analizadas están dirigidas a fortalecer las organizaciones de usuarios; crear herramientas de capacitación y sensibilización a los impactos de cambio climático para usuarios y funcionarios públicos; incorporar la adaptación a los instrumentos de fomento y focalizar los fondos destinados a estos objetivos; mejorar canales de información meteorológica, de recomendación de cultivos por temporada y de programas de apoyo estatal; establecer mejoras en las labores de vigilancia, control y resolución de conflictos, y en los instrumentos para enfrentar eventos extremos como sequías; elaborar planes para mejoramiento de la infraestructura y aumento de la seguridad hídrica; perfeccionar los mecanismos de participación de usuarios dentro de sus organizaciones y en el sistema estatal de planificación; y crear una institucionalidad en el ámbito de cuencas con funciones de coordinación interinstitucional, sectorial y de planificación hídrica. La propuesta final de política pública, va orientada a mejorar los mecanismos de representación interna de las organizaciones de usuarios, para generar un entorno legal e institucional que incentive a los titulares de derechos de aprovechamiento a una mayor participación. Esto permitirá mejorar la representatividad de los acuerdos internos y otorgarle una mayor legitimidad a la toma de decisiones que llevan a cabo. Esta propuesta incorpora como criterios regidores, la flexibilidad en las reglas y la autonomía organizacional, pero también resalta el rol planificador insustituible que deberá reformular el Estado.

La resolución Nº 56.032 de año 2011 de la Contraloría General de la República establece que la propuesta de modificación Nº 100 al Plan Regulador Metropolitano de Santiago propuesta por el Gobierno Regional y elaborada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo “no se ajusta al ordenamiento jurídico establecido” . De este pronunciamiento inferimos la obsolescencia del instrumento de proyección, que presenta múltiples debilidades que dificultan la producción, gestión y planificación del área metropolitana. Ante la falta de una Política Pública Nacional de Ciudad y Territorio que enmarque la discusión, el proceso de elaboración y aprobación del instrumento regulador permite rangos de discrecionalidad que vulnera la imparcialidad necesaria para el correcto desarrollo de un proceso de toma de decisiones públicas sobre el crecimiento de las ciudades y el mercado del suelo. Diversos actores corporativos se manifiestan y pugnan por sus intereses particulares, sin que el Estado juegue el rol de arbitraje que garantice el bien común, obstaculizando la gobernanza de la ciudad de Santiago. Es durante el curso de la elaboración y aprobación del instrumento, que el Plan pasa a ser el medio por el cual los actores plantean sus visiones sobre la ciudad, determinando así la producción social y urbana de Santiago como resultado de los conflictos e intereses divergentes en disputa. Desde esta perspectiva, este estudio analizó el proceso de toma de decisiones del Plan Territorial, estableciendo la normativa que lo orienta, identificando los actores relevantes, definiendo los momentos claves del procedimiento aprobatorio, y detallando el contenido de la construcción de las distintas visiones sobre la ciudad de Santiago.

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El presente estudio exploró los incentivos colectivos como una opción de política hacia el fomento de la calidad educativa con el objetivo de proponer lineamientos de política para una propuesta de esta naturaleza en Colombia. Para ellos, se analizaron cuatro experiencias internacionales (Chile, El Salvador, y los estados de Florida y Carolina del Norte en EU); más los incentivos para el fomento a la calidad dentro de la institucionalidad actual y la herramienta que podría utilizarse para un programa de esta naturaleza. Las principales lecciones de las experiencias internacionales son: i) Se dan señales más claras cuando los incentivos se vinculan a resultados, aunque no deben descartarse otras variables dadas las limitaciones de las pruebas estandarizadas. ii) Lo más adecuado para evaluar el desempeño es el seguimiento por cohortes. De no ser posible hay que combinar opciones que controlen el efecto del nivel socioeconómico y la variabilidad de resultados; iii) La existencia de sanciones también tiene un impacto positivo; iv) Los programas de incentivos no actúan solos y necesitan articularse a políticas de accountability y de apoyo y asistencia a las escuelas más rezagadas. La propuesta para Colombia pretende reconocer el logro de metas definidas; aportar al fortalecimiento del rol de la institución en la gestión de su proceso educativo y fortalecer la planeación educativa local. Se propone un incentivo mixto, cuyos beneficios lleguen a las instituciones, a sus docentes y directivos, pero que involucre al municipio como unidad de asignación.

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