El llamado “ciclo progresista” en América Latina es un proceso político caracterizado por el giro de varios gobiernos latinoamericanos hacia la izquierda. Desde finales de la década de los 90, estos gobiernos han desarrollado cambios importantes en sus países e impulsado nuevos proyectos de integración regional. Uno de los epicentros de tales cambios ha sido el Foro de Sao Paulo, un espacio de articulación de partidos y movimientos de izquierda de América Latina. En este trabajo buscamos esclarecer la naturaleza del Foro, así como la relación que tiene este con sus partidos miembros, en este caso con los dos partidos estudiados en el Perú: el Partido Socialista y el Partido Comunista del Perú- Patria Roja. Hemos empleado como instrumentos de análisis la teoría neogramsciana de las relaciones internacionales, que va de la mano de postulados como el nuevo regionalismo y el regionalismo contrahegemónico. Estas herramientas teóricas nos ayudan tanto a estudiar el desarrollo del Foro, como a entender a los partidos políticos de izquierda peruanos, y su posición respecto de los proyectos de integración regional. En esta investigación hemos buscado comprobar la hipótesis de que la alineación (de la que se suele hablar) consiste realmente en una adhesión hacia una determinada posición política, en el sentido de una decisión de los partidos, y no entendido como la influencia del Foro como un instrumento de algunos gobiernos, como el de Cuba, Venezuela o Brasil, para ejercer una dominación de la izquierda o la expansión del “castrochavismo”. Para ello, hemos analizado las declaraciones finales de los encuentros del Foro, entre los años 2010 y 2016 dadas sobre el tópico de la integración regional, para luego compararlas con los documentos de los dos partidos peruanos usados en el estudio. Es en el análisis de las posturas sobre la integración regional, donde se expresa con bastante claridad su búsqueda de construir un bloque histórico nacional, proyectarlo al escenario regional y de esa manera llegar a formular una contra hegemonía a la presencia dominante de la política e intereses de Estados Unidos de Norteamérica en la región.

A partir del aumento de la representación descriptiva de mujeres en la arena política en la región, producida por la aplicación de las acciones afirmativas, un nuevo enfoque de estudio de este fenómeno ha surgido desde la ciencia política. No obstante, se han detectado obstáculos adicionales que deben enfrentar las mujeres para poder ejercer sus derechos políticos a plenitud. La falta de financiamiento para participación en procesos electorales, el posicionamiento en los últimos puestos en listas para cargos de representación, escasas oportunidades de capacitación y, no menos importante, experiencias acoso político (Transparencia, 2012; 2013) resultan ser algunos de los principales obstáculos que deben enfrentar las mujeres. En el Perú, la temática del acoso político empezó a ser atendida por los colectivos de mujeres; sin embargo, pocos han sido los esfuerzo del estado para poder aplicar medidas de prevención y sanción sobre esta materia (Piscopo, 2017). Es importante entender este fenómeno en el marco de la ola de violencia contra las mujeres por la que se está atravesando a nivel nacional. Las manifestaciones de acoso político incluyen actos de agresión física, sexual, psicológica y actos de hostigamiento. También se incluyen como manifestaciones de violencia simbólica o indirecta que se justifican sobre la base de roles de género o por razón de género de los afectados (Krook y Restrepo, 2016; Segato, 2003; Jelin, 2002). Estos actos de violencia suelen obstruir el libre ejercicio de funciones de fiscalización, a través de estrategias de difusión de información errónea, así como interrupción de actividades de representación. Ante esta situación, muchas autoridades recurren al apoyo de redes de mujeres no solo con la finalidad de denunciar los hechos de violencia, sino para buscar oportunidades de capacitación, ante la incapacidad de las mismas instituciones del estado para canalizar sus denuncias. En vista de ello, la presente tesis buscar responder a cuáles son las repercusiones de las experiencias de acoso político en el ejercicio de funciones de mujeres autoridades de gobiernos locales en Lima y Puno. Así como presentar evidencia sobre los efectos que pueden tener a nivel personal y en sus decisiones de mantener su participación en la política.

La política exterior del gobierno militar peruano (1968-1975) fue un “dolor de cabeza” para el gobierno de los Estados Unidos en un contexto global de debilitamiento de su hegemonía. Las acciones para devolver la dignidad nacional, como la expropiación de la IPC o la defensa de las 200 millas, fueron osadas pero calculadas, ya que no implicaron una subversión radical de la tradicional relación “amistosa” entre ambos países. Los militares entendían que el capital y los préstamos de EE.UU eran indispensables para el desarrollo. Por lo tanto, su política exterior estuvo orientada a superar el bloqueo financiero, impuesto por EE.UU en protesta por la expropiación y no-compensación de la IPC, sin perder las credenciales nacionalistas e independientes del gobierno. Las decisiones que tomaron los militares estuvieron condicionadas por el compromiso nacionalista, el equilibrio de poder dentro del régimen y, principalmente, por la necesidad de promover inversión y préstamos extranjeros. / The Peruvian military government (1968-1975) came out as a “headache” for the United States government in a global context framed by the weakening of its hegemony. The expropiation of the International Petroleum Company or the defense of the thesis of the 200-mile territorial waters were oriented to recover national dignity and not to subvert the traditional “friendly” relations between the two countries. As a matter of fact, Peruvian military were convinced that dependence on capital and loans from the US was inescapable in the short term. In that sense, Peruvian foreign policy was oriented to overcome the financial blockade impossed by the US in order to sanction the non-compensation of the IPC by the Peruvian government, without losing their nationalist and independent credentials. In sum, the decisions that Peruvian policy-makers made were conditioned by the nationalist commitment, the power equilibrium inside the regime and, mainly, the need to promote private investment and foreign loans.

El objeto de la presente tesis es encontrar correspondencia entre la ideología del Gobierno Revolucionario de Juan Velasco Alvarado y la arquitectura empleada en la construcción de ministerios y edificios gubernamentales realizados en el periodo 1968- 1975. Esta correspondencia evidencia que el gobierno militar utilizó una vanguardia arquitectónica para la “simbolización” de su ideología. Los ministerios y edificios públicos construidos durante este periodo fueron precisamente aquellos que encarnaban la voluntad política del régimen y que servían de soporte para el cambio social que anhelaban las fuerzas armadas: Petroperú, Ministerio de Pesquería, Ministerio de Industrias, Acuerdo de Cartagena, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (Pentagonito), Banco de Vivienda, Edificio de la P.I.P. y proyectos no construidos del Ministerio de Vivienda, Ministerio de Agricultura y el complejo del Ministerio de relaciones Exteriores. Era necesario impresionar a la sociedad civil limeña, pues era, a ojos del Gobierno Revolucionario, la que necesitaba tener una idea tangible de estos cambios. Para ello la arquitectura, con su carga semiótica, fue utilizada como vehículo de expresión del régimen militar, ya que además era coherente con la imagen que las Fuerzas Armadas buscaban proyectar: solidez, progreso y cambio.

La presente tesis busca replantear el tema de las adquisiciones de armas en los países en vías de desarrollo a partir del análisis del caso del Perú durante el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, entre los años 1968 y 1980. En este periodo el país fue regido por una junta militar de gobierno que emprendió una escalada armamentista de proporciones inusitadas en la historia nacional. Para finales del docenio, las compras de armas habían consumido una porción importante de los ingresos estatales y generado una considerable deuda externa; para detrimento de los objetivos públicos del régimen: la reforma de la sociedad y el desarrollo del país.

El presente trabajo estudia y analiza las causas de la inexistencia de políticas públicas comunitarias en la Unión Europea que garanticen de manera eficaz la seguridad y gobernabilidad informática tanto de los países miembros como de la organización comunitaria en sí. Los espacios cibernéticos e informáticos y sus aplicaciones en nuestra vida diaria van en continuo progreso y aumento, cada vez más espacios de nuestra vida cotidiana y, por ende, ciudadana se ven penetrados por el desarrollo tecnológico, cibernético e informático. Esto también supone la participación del Estado como usuario y regulador en su contexto nacional como en el espacio internacional. El fenómeno tecnológico y su impacto en la política viene siendo analizado en espacios académicos focalizados y la bibliografía especializada en la materia, escaza aún, por ejemplo, ya analiza el uso de herramientas de inteligencia artificial para la definición de la política exterior de los Estados a la par de que actualmente se vienen creando unidades especializadas en las fuerzas armadas de diferentes países ya que se considera al ciberespacio como un área de desarrollo militar como ya lo son el aire, mar y tierra. En ese contexto, en el que se vienen trasladando temas propios del denominado “high politics” al ciberespacio y sus implicancias, ¿por qué la Unión Europea no ha podido diseñar e implementar políticas públicas comunitarias y eficaces que garanticen la seguridad y gobernabilidad informática? La presente tesis hace un breve recuento del estado de la cuestión en la materia, así como una revisión cualitativa de los planes y regulaciones comunitarias existentes, así como del estado de avance y desarrollo de la materia en los países hegemónicos y relevantes en el proceso de toma de decisiones en la Unión Europea (Alemania, Francia y Reino Unido). Los resultados principales obtenidos en la presente investigación, a la luz de la tradición realista de las relaciones internacionales, muestran que la interacción de los intereses nacionales de los países impide un desarrollo comunitario en la materia y, paradójicamente, los expone a mayores vulnerabilidades. Estos intereses se basan en las diferentes concepciones de seguridad que tengan los países como en variables identitarias que tienen un rol trascendente en la determinación de políticas e intereses nacionales y en el cómo se armonizan o no con las políticas e intereses comunitarios.

Al encontrarnos en un contexto en donde la mayoría de autoridades regionales electas ha visto dificultada su permanencia en el cargo, César Álvarez aparece como una figura que puede ser vista como un caso interesante de estabilidad. Ello puede evidenciarse a partir de los dos periodos de gobierno en los cuales fue electo (2006-2013), a pesar de haber estado involucrado en posibles prácticas de corrupción, mafia y sicariato. En ese sentido, la presente tesis plantea que César Álvarez pudo mantenerse gracias a tres factores. El primero de ellos se relaciona al tipo de prácticas autoritarias que su gobierno reprodujo como forma sistemática de hacer política. En segundo lugar, el desarrollo de redes clientelares y de patronazgo fortalecieron los nexos que estableció con la ciudadanía; asimismo, le sirvió de blindaje ante cualquier acto de fiscalización. Por último, el gasto público en gran parte producto del canon minero, hizo que Álvarez se demuestre como una autoridad eficiente

El transcurso de la agendacion y adopción de una política social no es un proceso sencillo. El presente estudio toma el caso de la política de población/planificación familiar adoptada en 1985 durante la restauración de la democracia con el gobierno de Fernando Belaunde Terry. Previamente, se analizará el proceso por la cual atraviesa los intentos de la política de población durante los gobiernos militares de Velasco Alvarado donde se asienta una ideología anti – imperialista pro natalista y Morales Bermúdez donde se permite una mayor apertura en temas de planificación familiar. Los presentes gobiernos no han sido analizados previamente desde un enfoque de política comparada en torno al tema de planificación familiar. Asimismo, la política de planificación familiar intercede en asuntos demográficos, morales, salud y libertad individual, los cuales son fundamentales para el rol del Estado. Finalmente, el presente estudió busca mostrar que los siguientes factores fueron determinantes para la adopción de la política de población: el régimen político, las ideologías y los actores sociales durante dichos gobiernos.

Chile y Perú han construido el fomento de la confianza a través de una arquitectura institucional que ha dado soporte a la formulación e implementación de Medidas de Confianza Mutua. En el 2001 este proceso escaló al más alto nivel político con la creación del Comité Permanente de Consulta y Coordinación Política “2+2” y el Consejo de Seguridad y Defensa (COSEDE). Sin embargo, ha sido irregular y no ha habido avances hacia una etapa de profundización. ¿Qué factores afectaron este proceso? Centrándonos en factores internos, esta tesis tiene como objetivo comprender los factores de la formulación de política exterior y defensa de Chile que afectaron el proceso de confianza con Perú entre el 2001 y el 2014. Para ello, se realizó una reconstrucción del proceso entre ambos países y se analizó factores en función de las características de la formulación de la política exterior como política pública en Chile: i) Incentivos políticos en la toma de decisiones presidenciales, ii) características de la política burocrática de Cancillería, iii) condiciones para la coordinación gubernamental entre Cancillería y Defensa e iv) intereses militares. Se utilizó una metodología cualitativa de estudio de caso y se registraron datos a través de entrevistas semiestructuradas a académicos/as, funcionarios/as y expertos/as del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa y Fuerzas Armadas de Chile. Además, se realizó una revisión bibliográfica, documental y de fuentes periodísticas, así como un análisis de encuestas de opinión pública. Los resultados sugieren que el fomento de la confianza entre Chile y Perú se ha mantenido estancado en una primera y segunda generación de medidas, orientadas al formalismo, simbolismo y el acto protocolar, sumado de un ausente mecanismo de monitoreo en su desarrollo. En cuanto a los factores, se encontró que los incentivos a nivel presidencial no están relacionados a mantener una legitimidad en un escenario de opinión pública desfavorable, sino que los incentivos son otros: 1) la priorización del posicionamiento de Chile en el escenario internacional y desatención a las crisis vecinales, 2) reducción del margen de maniobra por las crisis internas y 3) priorización de los intereses económicos en beneficio de la tesis de las cuerdas separadas. En segundo lugar, se constató que la Cancillería sostiene un carácter legalista que ha generado un carácter no propositivo ni innovador en la agenda hacia la profundización de la confianza. Tercero, se evidenció que no ha habido buenas condiciones para una adecuada coordinación gubernamental entre Cancillería y Defensa, debido a una doctrina jerarquizada y la ausencia de dispositivos formales. Finalmente, los intereses militares, por un lado, han contribuido a avanzar hasta una segunda generación de medidas; sin embargo, el interés de hacer prevalecer la institución con presupuesto y otros beneficios, ha tenido un impacto negativo para dar un salto a una etapa de profundización de la confianza y la implementación de medidas de tercera y cuarta generación.

La degradación de los ecosistemas ha generado pérdidas de biodiversidad sobre la Tierra. Esta situación ha llevado al mundo a la construcción de una gobernanza ambiental global, que garantice disponibilidad de recursos vitales para la supervivencia. Las revoluciones industriales incrementaron la capacidad de uso de los recursos planetarios, en el mercado se valorizan los bienes más preciados, su posesión confiere diferenciados grados de poder conforme a su importancia en el mercado mundial. Hoy el “oro es verde”, su valía es correlativa a una mayor Biodiversidad, la cual constituye el Banco de Recursos Genéticos para la Agricultura, la Alimentación, la Biotecnología, es la auténtica despensa de la humanidad. Ante la crisis ambiental global y el cambio climático, la ingeniería genética ofrece la generación de estrategias de desarrollo sostenible para los países con mayores recursos genéticos y la creación de soluciones innovadoras y adaptativas para el mercado global. Los países Megadiversos Latinoamericanos en estudio poseen la mayor fuente de recursos genéticos, tienen entonces la oportunidad de dominar este nuevo mercado, gracias a sus bienes altamente rentables. Los principales componentes del empoderamiento para que un país Megadiverso consolide su poderío Geopolítico en base a su biodiversidad y utilice sus recursos genéticos como estrategia de poder, son sus programas de desarrollo nacional, institucionalidad ambiental, dinámica en las relaciones de poder externas y alianzas estratégicas regionales. Las estrategias que desarrollen para potencializar el uso de los recursos genéticos beneficiarán a los países megadiversos y les permitirá alcanzar un equilibrio geopolítico con quienes poseen un dominio a través de otras fuentes de riqueza. La biodiversidad es un importante recurso, bien sea por los servicios ambientales mantenidos por ella, o por las oportunidades de desarrollo y uso sostenible generados. Los recursos biológicos de la tierra son fundamentales para el desarrollo económico y social de la humanidad. Por ello hay un creciente interés y reconocimiento de la riqueza de los Recursos Genéticos como bien mundial de valor incalculable para la supervivencia de las generaciones presentes y futuras.