El presente informe jurídico tiene como objetivo general analizar la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. N°00413-2022-PHC/TC, la cual resulta de gran relevancia ya que mediante esta se establecen parámetros y límites a las atribuciones de la policía en la realización del control de identidad, mediante el cual, sin necesidad de un mandato judicial, el policía puede requerir la identificación de una persona con fines de prevención o investigación de un delito. En ese sentido, se analizará de manera crítica la sentencia considerando que, si bien la decisión del máximo intérprete constitucional es acertada en declarar fundada la demanda de hábeas corpus a favor de Luis Enrique Rodríguez Gutiérrez y Katya Karina Vilca Jaramillo; no obstante, el caso plantea cuestiones más amplias que deben ser abordadas, las cuales incluyen el delimitar parámetros objetivos para determinar qué se entiende por “actitud sospechosa”, categoría usada usualmente en las actuaciones u operaciones policiales para justificar su labor en la prevención del delito. Por ello, consideramos que el máximo intérprete de la Constitución ha perdido una valiosa oportunidad de crear criterios jurisprudenciales más sólidos respecto a esta problemática, la cual es común y cotidiana en la práctica. Particularmente, debió haber considerado los parámetros ya delimitados por Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Fernández Prieto y Tumbeiro vs. Argentina. En dicha sentencia, se establecieron criterios respecto a la exigencia de elementos probatorios concretos que fundamenten la actividad del control y prevención policial para el resguardo de la libertad personal. / Constitutional Court in Exp. N°00413-2022-PHC/TC, which is of great relevance, as it establishes parameters and limits to the powers of the police in carrying out identity checks, whereby, without the need for a warrant, the police can request the identification of a person for the purpose of preventing or investigating a crime. In this sense, we will critically analyse the sentence considering that, although the decision of the highest constitutional interpreter is correct in declaring the habeas corpus petition in favour of Luis Enrique Rodríguez Gutiérrez and Katya Karina Vilca Jaramillo to be well founded; nevertheless, the case raises broader issues that must be addressed, which include the delimitation of objective parameters to determine what is understood by "suspicious attitude", a category usually used in police actions or operations to justify their work in crime prevention. For this reason, we consider that the highest constitutional court has missed a valuable opportunity to create more solid jurisprudential criteria with respect to this problem, which is common and everyday in practice. In particular, it should have considered the parameters already established by the Inter-American Court of Human Rights in the case of Fernández Prieto and Tumbeiro v. Argentina. In this judgment, criteria have been defined with respect to the requirement of concrete evidence to support the activity of police control and prevention in order to safeguard personal liberty.

El actual informe jurídico analiza la resolución No. 03640-2021-PHC/TC, en relación con la demanda de inconstitucionalidad presentada por Piero Renzo Dellepiane Reggiardo en su propio nombre, en el de sus familiares y en el de los propietarios de los condominios "Terrazas de Chepeconde S.A.C." e "Inversiones Condominio Aventura S.A.C." contra el "Club Tennis Las Terrazas Miraflores" (en adelante "Club Terrazas") por vulneración del derecho constitucional a la libre circulación. Esta situación surge a partir de la implementación por parte del Club Terrazas de un sistema de portón, control y vigilancia en el kilómetro 120,8 de la Panamericana Sur, que restringe el acceso a las playas de Cerro Azul que colindan con su predio, a pesar de que existe una servidumbre de paso (en adelante, SP) y una Resolución Jefatural mediante la cual, la municipalidad la reconoció como un acceso de uso público de conformidad con la normativa especial. Al respecto, el Tribunal Constitucional (en adelante, el TC) La demanda fue estimada parcialmente, condenando al Club Terrazas a garantizar el libre acceso a las playas y reconociendo la vulneración del derecho al libre tránsito. Coincido con esta postura y la utilizaré para ilustrar la importancia de garantizar vías de acceso que permitan a los ciudadanos acceder a espacios públicos, como las playas. Para ello, en primer lugar, Dilucidaré el régimen de playas para determinar el marco normativo que se aplicará al caso concreto, evaluaré la existencia de una vía de acceso en el km 120,8 de la Carretera Panamericana Sur y desarrollaré el concepto del derecho constitucional a la libertad de tránsito. Con base en ello, determinaré si se vulneró el derecho a la libertad de tránsito del demandante. En segundo lugar, evaluará si la presencia de un SP es una condición necesaria para garantizar el libre acceso a la playa. En tercer lugar, se estudiará el mecanismo de habeas corpus (en adelante HC) para determinar si es el método adecuado para garantizar el derecho a la libertad de tránsito. Finalmente, El derecho constitucional del demandante a la libertad de tránsito fue violado, como se determinó en el análisis antes mencionado. Además, se determinará que no es necesaria la presencia de un SP para garantizar el acceso sin restricciones a las playas. En consecuencia, la HC es el recurso de protección adecuado en caso de que se acredite la violación del derecho a la libertad de tránsito, y no sirve como método de ejecución de resoluciones administrativas. / This legal report analyzes File No. 03640-2021-PHC/TC, in relation to the constitutional claim of Piero Renzo Dellepiane Reggiardo in favor of himself and the owners and relatives of the condominium “Terrazas de Chepeconde S.A.C.” and “Inversiones Condominio Aventura S.A.C.” against the “Club Tennis Las Terrazas Miraflores” for violating the right to freedom of movement for implementing a gate and surveillance at kilometer 120.8 of the South Pan- American Highway. In this way, access is not allowed to the beaches of Cerro Azul near the land of Piero Renzo Dellepiane's property. Although there is an established right of way and the issuance of express municipal provisions that determine the mandatory nature of the beach law and its regulations. The Constitutional Court declared the claim founded for proving the violation of the right to free movement and ordered the “Club Tennis Las Terrazas Miraflores” to guarantee free access to the beaches, a position that I share and for which I will demonstrate the importance of there being accesses that allow the entry of citizens to public spaces such as beaches. First of all, I am going to explain the beach regime to identify the rules that will apply to this specific case. I will evaluate the existence of an access road at km 120.8 of the South Pan-American Highway and the concept of the constitutional right to freedom of transit will be developed. I will determine whether the plaintiff's right to freedom of movement was violated. Secondly, I will analyze whether the existence of a right of way is an essential requirement to guarantee free access to the beaches. Thirdly, I will develop the concept of the habeas corpus mechanism and, consequently, A determination will be made as to whether habeas corpus is the most effective method of guaranteeing the right to freedom of movement. Finally, the conclusion that the constitutional right to freedom of movement was violated will be reached as a consequence of the previous analysis. Additionally, the presence of a right of way is not a prerequisite for ensuring that the beaches are accessible without charge. As a result, habeas corpus is the appropriate method of safeguarding against the violation of the right to freedom of movement without serving as a means of enforcing administrative resolutions.

El presente informe versa sobre un caso en específico -y originado en el departamento de Madre de Dios- que ha trascendido en la legislación peruana, toda vez que a través del Pleno Sentencia 641/2021, se le exhorta al Congreso de la República a la modificación del artículo 20 del Código Civil Peruano recalcando que dicho texto legal no impone un orden de prelación sobre los apellidos que se le asignará al hijo. Este caso se remonta al año 2019, cuando Marcelina Rudas Valer a favor de su hija, Jhojana Rudas Guedes, acuden ante el Tribunal Constitucional con el fin de interponer un Hábeas Corpus contra el jefe institucional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) solicitando que el apellido materno de la representada se consigne primero que el paterno; y así, se le emita su DNI con el nombre por el cual esta se identifica tanto socialmente como legalmente: Jhojana Rudas Guedes. Ante ello, el objetivo del presente informe es analizar la importancia del derecho a la igualdad y no discriminación (de género) en la sociedad actual y cómo este influye en el derecho a la identidad de nuestros hijos. ¿Cómo debería de interpretarse el artículo 20° del Código Civil Peruano? Por un lado, desde siempre se asumió “estrictamente” que el orden de los apellidos es: primero el paterno y posteriormente, el materno; por otro lado, se discute que esta disposición legal no impone un orden de prelación de apellidos, sino por el contrario, debería de entenderse como una fuente de igualdad. Asimismo, se brindará un breve alcance sobre los derechos fundamentales, las diferentes posturas y pronunciamientos de los magistrados peruanos con respecto al caso de Jhojana Rudas Guedes y cómo es que esta última logra obtener un fallo favorable en el máximo órgano de interpretación, dando un giro a la historia del Perú. / Trabajo de suficiencia profesional