Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La histórica política de prohibición en materia de drogas ha sufrido un fuerte cuestionamiento desde hace unos cuantos años. Los objetivos que las normas internacionales tales como la Convención Única de 1961, la Convención sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, y la Convención Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, no han logrado dar con el sueño de “un mundo libre de drogas”. En contraste de dichos objetivos, cada vez son más quienes sufren el flagelo de las drogas, más el número de muertos, más el número de enfermos. El narcotráfico en tanto ha logrado permear en las estructuras de poder de muchas sociedades, con un negocio tan lucrativo, ha logrado sortear las dificultades que la comunidad internacional le ha puesto. La Guerra contra las Drogas tenía como objetivo erradicar la oferta de estas sustancias, pese a ello, los únicos realmente afectados son los eslabones más bajos del negocio, personas de orígenes marginales que resultan ser una víctima más del conflicto. Así y todo, la comunidad internacional esta empecinada en seguir con la lógica prohibicionista, sumando cada vez más dinero a métodos que no han probado ser efectivos, sin preocuparse del problema de fondo, la salud de las personas. Una forma de evaluar dichos métodos es mediante el análisis económico del derecho, probar que la guerra es ineficiente podría ser el punto de inicio a nuevos métodos, como la regulación. En este sentido, Uruguay es el primer país del mundo en dar la espalda a la política prohibicionista, optando por regularizar el cannabis, convirtiendo a dicha sustancia en el caballo de batalla de quienes optan por regularizar el consumo de drogas. ¿Y Chile? Chile posee altísimas tasas de consumo de marihuana, y viendo el panorama internacional, es hora de replantear nuestras políticas a modo de enfrentar con métodos efectivos y eficientes el problema con las drogas. Palabras clave: políticas públicas, guerra contra las drogas, prohibición, criminalización, regulación, cannabis, eficiencia, análisis económico del derecho.

La presente investigación recoge un tema de relevancia económica para las empresas multinacionales, en especial para inversores chilenos que cuentan con filiales en Perú, y realizan transacciones intragrupo, pues revela aspectos de Tax Compliance que se deben poner en práctica para evitar contingencias tributarias, que conllevan a grandes pérdidas económicas. Exponemos la legislación vigente relacionada a servicios empresariales, Impuesto a la Renta para ambos países y, el convenio para evitar la doble tributación, suscrito entre Perú y Chile. Hacemos énfasis en el tema de precios de transferencia, porque es un elemento relevante de la investigación, y cumplen un rol fundamental en la construcción del orden tributario internacional, regulando las transacciones comerciales entre partes vinculadas basándose en el principio de libre competencia. Es así como analizamos, las obligaciones formales y sustanciales, alineadas con las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) aplicables en materia de precios de transferencia. Respecto a los aspectos formales, abordamos los Reportes Local, País por País y Maestro, como también el soporte documentario de las transacciones. Desde el aspecto sustancial, la justificación económica de la transacción (valor que agrega al grupo). Distinguimos las transacciones denominadas de bajo valor añadido. Plasmamos, mediante ejemplos, transacciones frecuentes entre partes vinculadas, la forma de analizarlas con el fin de asignar la retribución cumpliendo con el principio de libre competencia. Evidenciamos los puntos relevantes de cuidado y diligencia al analizar las transacciones, así como la estrategia fiscal, compromiso general y aplicación de buenas prácticas tributarias en el desarrollo de la actividad empresarial, al poner en práctica el Tax Compliance. El Tax Compliance, nos permite alinear la tributación con la realidad del negocio y cadena de generación de valor. En ese sentido, proponemos un programa de Tax Compliance. Por último, desarrollamos un caso de negocio el cual sigue paso a paso el programa propuesto. / Trabajo de investigación

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo comprende la creación de una propuesta de Repertorio del Título I: Ámbito de aplicación de la ley y definiciones básicas y el Título II: Disposiciones generales, en particular, los párrafos 1°, 2° y 4°, de la Ley N° 19.496 promulgada el año 1997, la cual no se encontraba en la anterior versión del Repertorio de Legislación y Jurisprudencia del Código Civil y sus leyes complementarias que data del año 1994. Para ello, en el marco del proyecto de Actualización de Repertorio de Legislación y Jurisprudencia del Código Civil y sus leyes complementarias, se realizó una compilación de sentencias, la que consideraba aquellos fallos de las Cortes de Apelaciones, Corte Suprema, Tribunal Constitucional y dictámenes de la Contraloría, dictados entre los años 1997 y 2010 relativos a la Ley N° 19.496. Una vez terminado el trabajo de recopilación se procedió a la creación del Repertorio de esta Ley, revisando su historia legislativa y agregando jurisprudencia destacada que permitiera una mejor comprensión de los artículos de la misma. Finalizada la búsqueda y sistematización de la jurisprudencia relevante, es innegable la importancia de las reflexiones judiciales al momento de evaluar la aplicación de la ley a situaciones particulares. Junto con este trabajo se presenta una monografía que tiene como finalidad dar una mejor comprensión a las materias abordadas en los Títulos I y II de la Ley N° 19.496 analizando el desarrollo doctrinario y jurisprudencial sobre aquellos temas. La memoria finaliza con la inclusión, como anexo, de aquellas fichas realizadas por las autoras dentro del Taller de Memoria.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Con la entrada en vigencia de la Ley N° 20.720 de Insolvencia y Reemprendimiento, se inició una nueva etapa de interrelación entre el Derecho Comercial y el Derecho Laboral, ya que esta modifica el Código del Trabajo, principalmente, porque establece una nueva causal de terminación del contrato individual de trabajo. Esta situación no ha estado exenta de polémicas, por lo cual en el desarrollo de esta tesis analizo, de forma crítica, el tratamiento que la nueva legislación concursal da a los derechos de los trabajadores. Para esto baso el estudio en fuentes documentales-bibliográficas. Además, del uso de métodos cualitativos, como las entrevistas. La modificación realizada es un avance en materia laboral, porque viene a resolver problemas prácticos de larga data, producidos por el silencio legislativo. Sin embargo, estas medidas no son suficientes para dar un marco jurídico sustancial que proteja eficazmente los derechos laborales de vii los miles de trabajadores1, que cada año se ven afectados por la insolvencia de su empleador

La presente tesis tiene como finalidad realizar un análisis sobre el mobbing o acoso laboral partiendo de los estudios realizados en la psicología que nos permiten comprender a cabalidad el concepto y características de este fenómeno, así como el tipo de situaciones que configuran o no el mobbing pero sobre todo las consecuencias y/o secuelas dramáticas en los trabajadores que sufren este tipo de acoso. Es a partir del entendimiento del concepto de mobbing que los órganos judiciales crean el concepto jurídico de acoso laboral y permiten otorgar una protección al trabajador acosado, este trabajo tiene como objetivo principal revisar los marcos normativos internacionales, tomando a España como referencia dentro de los países europeos y en Sudamérica, a los países de Colombia y Chile, para compararlos con la normativa vigente en el Perú, llegando a la conclusión que nuestra regulación en torno al mobbing es aún incipiente para una adecuada protección del trabajador que sufre de este tipo de acoso, por cuanto no existe una normativa específica y adecuada al respecto, además de no contar con una vasta doctrina ni jurisprudencia nacional, sin embargo, hemos tomado como punto de referencia las experiencias legislativas de los otros países y hemos analizado nuestra normativa, teniendo en consideración que la normativa de los países analizados, en un inicio también era deficiente o precaria pero es a partir de la creación de jurisprudencia relevante por parte de los órganos jurisdiccionales (antes de la modificación normativa que hoy en día observamos), se pudo brindar una adecuada protección a la víctima del mobbing.

El objetivo general del presente informe jurídico es analizar la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el caso Atala Riffo y niñas vs. Chile. Se elige esta sentencia debido a que es el primer caso en el que el mencionado Tribunal utiliza la categoría “orientación sexual” como un criterio protegido por el artículo 1.1. de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y, como tal, es la resolución que da inicio a su ya abundante jurisprudencia en materia de protección de los derechos humanos de las personas LGBTI. En esa línea, en atención a lo sucedido con la señora Atala Riffo e hijas, la Corte IDH resalta la trascendencia del principio de igualdad y no discriminación, para la aplicación efectiva de los derechos contenidos en la CADH, tales como la igualdad ante la ley, la vida privada y familiar, las garantías judiciales y la protección específica de las niñas y niños. Es por ello que, a manera de conclusión, se sostiene que en el Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos: (i) es abierta la lista de categorías protegidas por el mandato de no discriminación, (ii) que la aplicación de la ley no debe dar lugar a diferencias de trato motivadas en la orientación sexual, (iii) que la orientación sexual de la madre o del padre no es relevante en un proceso de tenencia, ni en un proceso disciplinario, y (iv) que el derecho humano de las niñas y de los niños, a ser oídos en todo asunto que les afecta, está debidamente protegido por los artículo 8.1 y 19 de la CADH. / The main objective of this legal report is to analyze the Inter-American Court of Human Rights’ sentence in the case Atala Riffo and Children vs. Chile. This sentence was chosen because it’s the first case in which the Court uses the category “sexual orientation” as a criterion protected by article 1.1 of the American Convention on Human Rights. That resolution began the already abundant jurisprudence on protecting LGBTI people’s human rights. In response to what happened with Mrs. Atala Riffo and her daughters, the Inter-American Court highlights the importance of the principle of equality and non-discrimination for the effective application of the rights contained in the Convention, such as equality before the law, private and family life, judicial guarantees and the specific protection of children. In conclusion, it’s argued that in the Inter- American System for the protection of human rights: (i) the list of categories protected by the non-discrimination is open, (ii) the application of the law shouldn´t give rise to differences in treatment based on sexual orientation, (iii) the sexual orientation of the mother or father is not relevant in custody or disciplinary processes, and (iv) the human rights of the children, to be heard in all matters that affect them, is duly protected by articles 8.1 and 19 of the Convention.

El Seguro Obligatorio Contra Accidentes de tránsito constituye el instrumento directo e inmediato ante un infortunio vehicular, el incremento del parque automotor exige que este seguro sea versátil y llegue a mayor cantidad de unidades, es así que las AFOCAT son destinadas en exclusiva a cubrir el sector del transporte público de pasajeros, originando de esta manera un número importante de consumidores de este seguro. El presente trabajo extiende un análisis sobre la regulación jurídica del fondo que poseen las AFOCAT, se pretende comprender que tal regulación motiva la infracción de los deberes como proveedor, motiva a la par la afectación de los derechos de los consumidores y considera un real obstáculo para el cobro de las multas impuestas por parte del INDECOPI. Es así que cada punto desarrollado permitirá, en primer lugar, entender los enunciados conceptuales de estricta relación con las AFOCAT, su origen y evolución, pasando por el sistema normativo que las ampara, permitiéndonos establecer un nivel comparado de seguros vehiculares de este tipo a nivel Latinoamérica, centrando nuestra atención en lo relativo al aspecto técnico jurídico del fondo AFOCAT, el cual, a la luz de lo analizado, permitirá entender la imperiosa necesidad de reforma, con el fin de impedir ulteriores afectaciones a nivel consumidor.

La recaudación tributaria de nuestro país se ve afectada a consecuencia de la elusión fiscal, que es practicada desde hace muchos años por los contribuyentes, quienes recurren a expertos en la materia para estructurar planeamientos fiscales agresivos y, de esta manera disminuir su base imponible y obtener beneficios tributarios indebidos. El Poder Ejecutivo con la finalidad de evitar estos actos el 18 de julio del 2012, incorporó la Norma XVI al Título Preliminar del Código Tributario, la misma que fue cuestionada desde su entrada en vigencia por diversos gremios empresariales, debido a sus imprecisiones, razón por la cual en el mes de julio del 2014 sus efectos quedaron suspendidos mediante el artículo 8 de la Ley N° 30230, dado que el Poder Ejecutivo tendría que previamente reglamentar los parámetros de forma y fondo para su aplicación, y en razón a ello, dicha norma fue publicada el 06 de mayo del 2019. La norma antielusiva desde su concepción no fue gratamente percibida por el sector empresarial, ya que les impuso una nueva limitación legal, pero ha llamado bastante la atención, y a su vez ha generado una gran preocupación el haberse establecido un régimen de responsabilidad solidaria e ilimitada conjuntamente con los miembros del directorio y representantes legales que participen en actos de planificación fiscal. La presente investigación está orientada a demostrar la necesidad de que los directores cuenten con una póliza D&O para salvaguardar su patrimonio personal, como consecuencia del nuevo régimen de responsabilidad solidaria instaurado por el Estado. Así mismo, se ha realizado un análisis comparativo de la norma antielusiva peruana frente a otros países a fin de analizar las críticas que la misma ha recibido al supuestamente vulnerar principios como el de reserva de ley, seguridad jurídica, debido proceso y no ofrecer un procedimiento administrativo garantista.

El presente trabajo tiene como objetivo determinar si sería ideal que el microempresario fuera considerado como consumidor bajo el marco del Sistema de Protección al Consumidor. Para ello, este trabajo también se propone delimitar la finalidad de dicho sistema, sus funciones y la mejor forma que el Legislador podría utilizar conseguir los mismos. En ese sentido, este trabajo propone que la finalidad principal del Sistema de Protección al Consumidor es la corrección de la asimetría informativa en el mercado. Asimismo, la función principal de este sistema es la protección de los consumidores, mientras que la secundaria es la protección del proceso competitivo. Para conseguir dicho fin la mejor opción para el Legislador será implantar una presunción legal: deberá ser considerado consumidor el destinatario final de productos o servicios. De ese modo, no sería ideal que el microempresario, un agente del mercado (un proveedor), sea considerado como consumidor. Ello permitiría que la Autoridad de Consumo concentre sus esfuerzos en optimizar la corrección de la asimetría informativa.