Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / A través de la presente investigación, analizaremos detenidamente el nacimiento y causa de este fenómeno de exclusión, el que sin ser nuevo para la sociedad ha encontrado en esta época su mayores defensores y teóricos, y se ha extendido hasta ser aplicado en todo ámbito, principalmente a través de la eficiente y demoledora maquinaria del Derecho penal, aumentando el número y la esfera de aplicación de los delitos. Analizaremos también los orígenes, aplicación y efectos de nuestra principal manifestación de Derecho penal del enemigo: la Ley N° 18314, que tipifica y sanciona las conductas mal denominadas terroristas. Posteriormente, estudiaremos en profundidad la forma en que dichas conductas han permitido conceptualizar el delito de terrorismo. Sin embargo, el objeto principal de nuestro estudio será, en primer término, la determinación de la posible existencia de un concepto legal de delito de terrorismo, para luego indagar sobre la influencia que los elementos subjetivos del tipo tienen en dicha eventual conceptualización. En este sentido, efectuaremos un análisis crítico de la situación en la Ley N° 18.314, al mismo tiempo que intentaremos determinar los principales problemas generados a raíz del concepto existente.

No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria, destina un primer capitulo a la Teoría de los Derechos Fundamentales, análisis previo y necesario, antes de entrar al fondo de lo que se quiere tratar, para comprender su concepto y alcance, naturaleza jurídica y las distintas teorías que se dedican a tratar de explicar su origen como son las teorías filosóficas, ius naturalistas, e historicistas. Así también, y para lo que importa en nuestra disciplina, se desarrolla un teoría jurídica de los Derechos Fundamentales analizada desde tres dimensiones, analítica, empírica y formativa para luego tratar la importancia de las normas de Derecho Fundamental para el ordenamiento jurídico interno. Se pasa revista también, por la teoría de los principios y su diferencia con las reglas, para diferenciar y solucionar un conflicto de principios con un conflicto de reglas, materias que ayudarán a tener claro bajo que ámbitos y condiciones y justificación el Estado podrá limitar, suspender o afectar los derechos fundamentales de los adolescentes. Luego, se trae a colación los tratados internacionales a nivel universal y regional que reconocen derechos fundamentales y los mecanismos de protección de los mismos. En el segundo capitulo, el trabajo se dedica a tratar la jerarquía de los Tratados Internacionales en materia de derechos fundamentales en nuestro ordenamiento jurídico Interno. Ya que existe un gran número de tratados internacionales ratificados por nuestro país y que se encuentran vigentes, que consagran un gran número de derechos que incluso, nuestra propia Constitución regla dentro de las garantías en su artículo número 19. Entonces, con respecto a este tema surgen muchas interrogantes no claras por el legislador, ¿ los derechos que se consagran en los Tratados Internacionales pueden contrariar a la ley?, o mejor aún, ¿ Los preceptos de los tratados Internacionales pueden contrariar a la Carta Fundamental?, ¿los Tratados Internacionales son superiores al ordenamiento jurídico Interno o no?, en fin, un examen minucioso del tema nos permitirá aclarar las dudas, y así finalmente concluir, cual es el valor y jerarquía de los tratados Internacionales relativos a los derechos fundamentales de los adolescentes en nuestro ordenamiento jurídico interno. En el capitulo tercero, se entra de lleno al tema que inspira el presente trabajo, que son los derechos fundamentales en la persecución penal de los adolescentes a la luz de la Ley 20.084 sobre responsabilidad penal adolescente. Se comienza el tema, justificando el poder persecutor del Estado de castigar los ilícitos de los adolescentes, tratando al efecto, el ius puniendi, su naturaleza jurídica, para luego tratar sus límites, y en especial, (límite para el Estado y garantía de los adolescentes frente al poder sancionador del Estado), los derechos fundamentales de los adolescentes. Analizando los derechos fundamentales, se analiza su reconocimiento en nuestro ordenamiento jurídico interno, en especial en la Constitución política de la República, articulo número 19, y tratados internacionales como la Convención Internacional de los Derechos del Niño entre otros. Para comprender bien la realidad actual, se hace necesario mirar la historia y analizar los sistemas de enjuiciamiento criminal de los adolescentes y la legislación de menores, se pasa revista por el periodo de nula regulación legal, donde los adolescentes eran inimputables, leyes de menores, que dan cuenta que el adolescente era considerado un objeto, y solo merecían protección, conculcando sus derechos fundamentales, hasta el momento en que se reconoce su calidad de persona y dignidad, y todos los derechos fundamentales y subjetivos que conlleva su situación. A partir de la ley 20.084, se analiza un momento, álgido durante la persecución penal, que es aquel que media entre la detención y la audiencia de control de la misma. Ya que es una instancia donde se afectan los derechos a la libertad personal y la seguridad individual de los adolescentes por los agentes persecutores de la responsabilidad penal. Este es un momento, donde los adolescentes quedan en un estado de vulnerabilidad, ya que reciben el primer impacto del contacto con el sistema de enjuiciamiento, no conocen sus derechos y mal los pueden ejercer, y además, se encuentran privados de su libertad física. Se hará mención a distintos estudios de los derechos humanos y garantías fundamentales como es el informe de Tortura, Derechos humanos y Justicia Criminal de Chile, o el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009. Que dan cuenta de las vulneraciones a los derechos fundamentales de los adolescentes, que se cometen por parte de los encargados de la realizar la persecución e investigación penal, las policías. Finalmente en este capitulo, se tratarán los derechos fundamentales consagrados en la ley 20.084 y su relación con la carta fundamental y tratados internacionales que tratan sobre la materia, como son el derechos a la defensa, ser oído, presunción de inocencia, defensor técnico, derecho a conocer los cargos imputados, derecho de dar aviso a los padres o persona responsable de su situación, derecho al recurso, derecho a la intimidad, garantías en las medidas cautelares, interés superior del niño entre otros. Finaliza el trabajo, entendiendo que un derecho sin una acción que lo proteja, es sólo una bonita declaración, bajo esta idea, los derechos fundamentales a la libertad personal y seguridad individual de los adolescentes serían solo letra muerta y frente a los atropellados por parte de los actores del sistema quedarían en la más absoluta indefensión. Razón por la cual, se tratan también, los mecanismos de protección de estos derechos, como son el recurso de Protección del artículo 20 de Constitución Política de la República, el Hábeas Corpus constitucional del artículo 21, del mismo cuerpo y el recurso de amparo ante el juez de garantía del artículo 95 del Código Procesal Penal.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Hemos escogido analizar la temática referente al Comité de Directores en la Sociedad Anónima, funciones, responsabilidad y antecedentes de su existencia en la legislación comparada debido a la importancia que reviste este órgano a fin de dar cumplimiento a adecuadas prácticas de Gobierno Corporativo en nuestro país. El fundamento que sustenta esta investigación es principalmente el consenso que existe en literatura financiera chilena y comparada en relación a que el desarrollo de un mercado de valores se encuentra íntimamente ligado a un buen ejercicio de prácticas corporativas. En este sentido, el objetivo de esta memoria es analizar en profundidad el Comité de Directores en la Sociedad Anónima, sus funciones, responsabilidad y antecedentes de existencia en el Derecho Comparado. La metodología empleada en esta memoria es la de análisis de datos bibliográficos y entrevistas a personalidades que se encuentran relacionadas con el Comité de Directores. En este sentido, es menester señalar que éste órgano nació a la vida jurídica en nuestro país hace algo mas que seis años mediante la entrada en vigencia de la Ley de OPA en el año 2000 y en consecuencia, la información relativa a éste en literatura financiera es escasa. En relación a esto, pretendemos por medio de esta memoria contribuir en alguna medida al análisis de este organismo en nuestra legislación. En relación a lo anterior, en primer lugar revisaremos brevemente la Sociedad Anónima, con el fin de enmarcar esta investigación en lo que actualmente la constituye y no en su visión clásica, dado que es en su visión moderna, en que la propiedad y administración se encuentran separadas, en que es necesaria la existencia de un Comité de Directores como un órgano fiscalizador a la actividad de la administración. En segundo lugar, desarrollaremos la temática referente al directorio, como una manera de acercarnos al Comité de Directores, órgano que tiene una directa relación con este último, pues dicho comité consiste en una fracción del directorio encargado principalmente de su fiscalización. En la siguiente sección, analizaremos el tema de la Ley 19.705 y su influencia en la Ley de Sociedad Anónima. Tal como mencionamos anteriormente, dicha Ley, más conocida como Ley de OPA introduce los Comités de Directores en nuestra legislación. Con posterioridad, revisaremos dos antecedente de existencia de Comité de Directores en Derecho Comparado: El Comité de Auditoría en España y el Comité de Auditoría en Estados Unidos de América. Luego, nos adentraremos en el tema en concreto de esta memoria: el Comité de Directores en Chile a la luz de la Ley de Sociedad Anónima chilena. En primer lugar efectuaremos un análisis normativo de este órgano y con posterioridad un análisis empírico de aquel. Finalmente, llevaremos a cabo un paralelo entre el Comité de Auditoría español y norteamericano y el Comité de Directores en Chile, con el fin de formular un análisis comparativo de este órgano en nuestra legislación.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo, tiene por finalidad estudiar el proceso legislativo originado con motivo de la discusión y aprobación de la ley 19.968 sobre tribunales de familia. El objetivo central de esta tarea, estará dirigida al análisis del debate parlamentario producido en ambas cámaras e instancias del congreso nacional sobre el proyecto del ejecutivo, y estará referido específicamente a las instituciones sustantivas más relevantes que introduce dicho cuerpo legal en el ordenamiento jurídico chileno, esto es, protección de la familia e integridad del menor. Tiene especial importancia, el tratamiento, que tanto el proyecto como en definitiva, la ley dan a los mecanismos institucionales de protección a la familia y al menor, como la creación del consejo técnico, los principios del procedimiento y, la innovación de la ley 19.968 en materia de mediación. El trabajo está organizado en un capítulo único, dividido en dos subcapítulos: el primero sobre los fundamentos de la ley 19.968, según el mensaje y el segundo sobre las instituciones fundamentales de la ley. Este último capítulo contiene tres acápites: el primero sobre el proceso legislativo respecto de las instituciones de la familia; el segundo sobre el principio del interés superior del menor y el tercero trata sobre la violencia intrafamiliar. Dentro de cada uno de ellos, se analizan los fundamentos y objetivos que contenía el proyecto de ley; la discusión producida en el parlamento sobre el tema; y, finalmente, las modificaciones introducidas en el texto legal aprobado. Por último, en las conclusiones se determinará si se comprueba o no la hipótesis propuesta al inicio del trabajo.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo tiene por objetivo principal formular una conceptualización respecto del status de refugiado, además de realizar una revisión crítica de las distintas regulaciones del asilo que existen en Latinoamérica. A partir de lo anterior, analizar la práctica estatal del refugio en Chile. El método a utilizar es una investigación historiográfica y un análisis jurídico de las normas nacionales e internacionales que regulan el asilo. En resumen, esta tesis contendrá cuatro capítulos. El primero se refiere a la historia de la protección internacional de los refugiados, analizando el sistema latinoamericano de asilo diplomático y territorial, y por otro lado, el sistema de refugio que se consolidó a partir de la postguerra, mediante la suscripción de la Convención de Ginebra de 1954 sobre el Estatuto de los Refugiados, en el seno de las Naciones Unidas. En el segundo capítulo se analizará el sistema internacional de protección de los refugiados, intentando construir una definición general de status de refugiado, para darle un contenido que sea inmanente a su naturaleza jurídica. En el tercer capítulo se analizará críticamente la legislación chilena vigente en la Ley N°20.430 sobre protección de los Refugiados. Y finalmente, en un cuarto capítulo, haremos especial referencia a la regulación nacional e internacional respecto de los niños refugiados, como sujetos vulnerables para el Derecho de los Refugiados, analizando la forma de dar cumplimiento, por parte de Chile, a los compromisos internacionales contraídos

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Es de público conocimiento y afianzado saber científico que el agua es de los elementos más importantes para la vida de cualquier persona, indicándola incluso como el “elemento vital”. Desde el comienzo de los tiempos ha determinado el afianzamiento de los pueblos a su alrededor y significado la prosperidad de los mismos. El acceso a ella ha sido desde siempre objeto de ajusticiamientos y batallas, exteriores y locales, demostrando así el lugar prioritario en cualquier tipo y forma de asentamiento humano. Nuestro país no ha sido excepción: si bien está dotado de un extenso mar y generosos afluentes de agua dulce estupendos para el consumo humano, en los tiempos de la Colonia, sólo algunos tenían acceso a las aguas más limpias y frescas; en Santiago, por ejemplo, únicamente eran las familias que poseían grandes bidones de arcilla (para mantenerla fría) y carretillas, las que podían acceder al mejor afluente de la cuenca, la quebrada de Ramón, agua que luego sería usada para beber, cocinar y bañarse. Para lavar la ropa, la servidumbre ocupaba el río Mapocho, el mismo lugar de donde el resto de la población sacaba el elemento para sus necesidades básicas. Así la historia, a pesar de seguir siendo considerada como imprescindible, el agua pasó a convertirse en un bien cada vez más escaso, y por lo tanto, cada vez más difícil de acceder. Lo anterior hizo necesario que la autoridad se hiciera cargo de su regulación. En un primer término, fue parte de las competencias políticas de los gobernantes como normas del estilo “policía” de la época, por lo que su estudio correspondía al sector público del derecho. En una segunda instancia, su regulación estuvo a cargo del derecho privado, especialmente porque se identificó el derecho al agua como un derecho accesorio a la tierra. Finalmente, con el tratamiento químico de la misma y su distribución a cada casa en forma particular a través de cañerías, se crearon organismos del Estado especializados, las que luego pasaron a ser empresas públicas. 2 Hoy en día, desde la modificación a la Ley General de Servicios Públicos (DFL 382 de 1988, de Obras Públicas) el panorama orgánico de la regulación del agua potable y el alcantarillado está inscrito en el sector privado. Sin embargo y como en todos los países del mundo, sigue existiendo un margen de población viviendo en carencia y desigualdades en el acceso y consumo de bienes y servicios entre diferentes estratos socio-económicos

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo primordial de la investigación es medir, evaluar y analizar, en perspectiva crítica, desde el DL 3.500, pasando por las propuestas del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional (conocida como Comisión Marcel) y el Proyecto de Reforma Previsional que el Gobierno de Michelle Bachelet envió al Congreso para su discusión parlamentaria, hasta la ley vigente Nº 20.255. De tal manera, se verá si estas propuestas y esta normativa significan realmente el camino para un nuevo contrato social, asegurando una vida digna en la vejez, tal como lo presentaba el Ejecutivo. La metodología de investigación es el estudio sistematizado de los principales elementos que la doctrina nacional se ha encargado de conceptualizar en el estudio de la Seguridad Social, tales como las instituciones que configuran esta rama de la Política Social y los Principios Fundamentales que se erigen en torno a ella. Además de la doctrina nacional, también se someten a estudio los trabajos y discusiones que han tenido lugar en el seno de distintas instituciones especialistas en Seguridad Social, de carácter público, privado o intergubernamental que, directa o indirectamente, se preocupan del tema. Los resultados, o conclusiones encontradas, plantean que las propuestas representan un avance significativo en materia de los beneficios que persigue esta rama de la Política Social, sin embargo, resultan ser insuficientes para configurar un nuevo contrato social y asegurar plenamente una vida digna en la vejez. Además se sugiere que los mayores beneficiados con las propuestas, más que los usuarios del sistema, son las Administradoras de Fondos de Pensiones; también se concluye que los principios formadores de la Ley 20.255 corresponden a los principios que dan origen al DL 3.500, pero a la vez, significan una profundización, mejoramiento y modernización de esos principios

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el marco de la modernización de los sistemas procesales nacionales, surgió el proyecto de ley N° 20.087, cuyo objeto fue sustituir el procedimiento laboral contemplado en el Libro V del Código del Trabajo. Este proyecto tuvo su origen en el Mensaje Presidencial N° 4-350 de fecha 22 de septiembre del año 2003. Tal como señala el Mensaje Presidencial, “La plena vigencia de los derechos laborales requiere como conditio sine qua non, no sólo un reconocimiento normativo sino que también, y ante todo, de mecanismos de tutela jurisdiccional idóneos y eficaces. Es en el marco democrático donde se van construyendo garantías efectivas de una mejor protección de los derechos laborales”. El objetivo general del proyecto de ley es implementar en Chile un modelo de relaciones laborales que diera cuenta de un mayor nivel de equidad y equilibrio, asegurando niveles adecuados de bienestar social y económico. Los objetivos específicos del proyecto de ley, fueron: i) brindar un mejor acceso a la justicia; ii) posibilitar la efectividad del derecho sustantivo; iii) asegurar el efectivo y oportuno cobro de los créditos laborales; iv) agilización de los juicios del trabajo; v) modernización del sistema procesal laboral; vi) configuración del proceso laboral como un instrumento de pacificación social; vii) potenciar el carácter diferenciado del proceso laboral; y viii) diseñar un modelo concreto de tutela de los derechos fundamentales en el seno de las relaciones laborales. En relación a este último objetivo, se estableció un procedimiento especial en el párrafo 6º, denominado “Del procedimiento de tutela laboral”, el cual contempla un sistema omnicomprensivo de tutela de los diversos derechos fundamentales que pueden ser ejercidos en el ámbito de las relaciones laborales

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Una de las propuestas del presente trabajo es el desarrollo, en primer lugar, de una política positiva de carácter social, desprovista de sentido sancionatorio, que ataque los factores sociales que pueden generar conductas perturbadoras (lo que Enrico Ferri llama “sustitutivos penales”). Después, si esa actividad positiva fracasa, se debe recurrir a la amenaza y subsiguiente imposición de las sanciones de carácter civil y administrativo que el Estado dispone. Solamente al final, cuando estas medidas hubiesen fracasado, se deberá recurrir al empleo de la severidad de las penas de carácter criminal, las cuales deben estar contar con un amplio catalogo de alternativas que tiendan más bien a la resocialización. En el segundo acápite esperamos demostrar que nuestro legislador, en cuanto a dogmática, ha seguido las tendencias expansivas en Derecho Penal. Razón por la cual se realiza un riguroso análisis, desde un punto de vista crítico, del funcionalismo radical y el Derecho Penal del Enemigo, para luego explicar de qué manera influyeron éstas en las modificaciones a la Ley Nº 17.798 sobre Control de Armas. En el proceso expansivo que mencionamos en el párrafo anterior se han ido dejando de lado principios que creíamos arraigados en esta ciencia, frutos de una larga evolución, como los principios de última ratio legis o intervención mínima, de lesividad del bien jurídico, principio de culpabilidad y el carácter fragmentario del Derecho Penal. En su lugar se está erigiendo a la norma y su vigencia como principal objeto de protección, sancionándose su mera infracción. Asimismo, se da un aumento de tipo penales con bienes jurídicos cada vez más abstractos y difusos y un punitivismo exacerbado. Siguiendo básicamente la estructura que nos da el finalismo, se expondrá un examen sistemático de los delitos de posesión o tenencia ilegal de armas de fuego, tanto de las permitidas como de las prohibidas. Se analizará detenidamente su bien jurídico protegido y su naturaleza jurídica, los elementos que conforman el injusto: el tipo penal (distinguiendo entre el tipo objetivo y tipo subjetivo y desarrollando cada uno de sus componentes característicos), la antijuridicidad y la culpabilidad. De igual modo se verán sus circunstancias modificatorias de responsabilidad, las fases de desarrollo que puede adoptar el delito, la autoría y participación y el tribunal competente que conoce de ellos. En el último acápite se presenta un breve análisis jurisprudencial con una variada gama de tópicos que han sido abordados por nuestros Tribunales de Justicia a propósito del delito de tenencia ilegal de armas de fuego como, por ejemplo, el objeto jurídico protegido por este injusto, sobre su verbo rector, hipótesis de coautoría, como se aprecia la prueba en esta clase de delitos formales, etcétera. Es necesario este análisis para poder conocer de qué forma se están interpretando estos tipos penales por nuestra judicatura y saber si se han visto influidos por las nuevas tendencias expansionistas o si han continuado con una interpretación a la luz de del Derecho Penal tradicional.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La siguiente Memoria tiene por objeto analizar de forma general la situación previsional y sanitaria de los adultos mayores chilenos, enfocándonos principalmente en efectuar un análisis critico de la Ley N. 20.531 publicada el 31 de agosto del año 2011, que exime total o parcialmente a los pensionados de su obligación de cotizar el 7% de su jubilación, destinado al financiamiento de las prestaciones de salud. En un principio, nuestra motivación consistía exclusivamente en establecer los alcances sociales, que la mencionada ley traería a la población de adultos mayores, pero en el desarrollo del trabajo, pudimos percatar la necesidad plantear el proceso de envejecimiento acelerado, con una mayor amplitud, debido a que es un problema que probablemente nos afecte a todos los seres humanos, si es que no contamos con suficientes recursos económicos para afrontar una vejez digna. Por ende, intentamos explicar y enumerar cada una de las medidas que ha tomado nuestro país, para afrontar el proceso demográfico en desarrollo, y si estas son adecuadas para prevenir los problemas, económicos, sociales y sanitarios que implican el aumento de los adultos mayores y la disminución de la población económicamente. Pero mostrar de forma fehaciente el trabajo realizado y alcanzar los objetivos de nuestra memoria, la exposición se dividirá en seis capítulos, en el primero se realiza una síntesis introductoria de la Seguridad Social chilena (Sistema Previsional y Sanitario); para posteriormente continuar en los dos siguientes, con la estructura y financiamiento del Sistema de Salud Público y Privado de nuestro país, enfocado principalmente desde la perspectiva de los Adultos Mayores y del envejecimiento poblacional que ha impulsado una serie de políticas públicas destinadas a afrontar las consecuencias negativas que esta transición demográfica involucra