En el marco de un conflicto armado, las niñas se ven especialmente perjudicadas. Esta situación se ve promovida por la discriminación estructural que sufren también en tiempos de paz, principalmente, con ocasión de la intersección de dos factores: su edad y género. Para garantizar su adecuada protección jurídica desde el derecho internacional, la presente investigación sostiene que el enfoque interseccional contribuye significativamente a ello; puesto que, por una parte, permite el entendimiento de su especial situación de vulnerabilidad al analizar el resultado de la interacción de los factores de vulnerabilidad convergentes. Por otra parte, facilita la identificación e interpretación de los estándares jurídicos aplicables al caso en cuestión y constituye una herramienta que coadyuva a garantizar el cumplimiento debido del principio de igualdad y no discriminación, al abordar la situación de discriminación estructural que sufre la niña, al mismo tiempo que orienta las acciones a tomar para la erradicarla. Para sustentar lo dicho, en primera instancia, se sostiene que la niña sufre de una especial vulnerabilidad en el marco del conflicto armado. En segunda instancia, se argumenta que, tal como están planteados, los estándares jurídicos internacionales no garantizan la protección adecuada de la niña en el marco del conflicto armado, a pesar de que haya una creciente visibilización de la niña en la sociedad internacional. En tercera instancia, se demuestra que la niña sufre, en la práctica, de la afectación de sus derechos de una manera diferenciada sin obtener una respuesta jurídica adecuada. Finalmente, se analizan las contribuciones específicas del enfoque interseccional para garantizar la adecuada protección jurídica de la niña en el marco del conflicto armado. / Tesis

Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Establece la relación entre el tipo de funcionamiento familiar y la presencia de indicadores de maltrato infantil en escolares de educación primaria del distrito de San Juan de Lurigancho. La muestra está conformada por 490 niños y niñas del 4.º a 6.º grado de educación primaria de tres instituciones educativas y 490 padres, madres y/o cuidadores responsables de cada niño o niña. Se usa un diseño transeccional – correlacional y se aplica las escalas de evaluación de la adaptabilidad y cohesión familiar - FACES III y un cuestionario de detección precoz de indicadores de maltrato infantil, como instrumentos de evaluación. Los datos se procesan usando el paquete estadístico SPSS. Se analiza la significancia estadística con la prueba de Ji-cuadrado (x2) a un nivel de confianza del 95%. Se encuentra una relación, estadísticamente significativa, entre las variables cohesión familiar e indicadores de maltrato infantil (p=0,002 y x2 14,73); y las variables funcionamiento familiar y otros indicadores de maltrato infantil (p=0,047 y x2 12,75). Se concluye la necesidad de implementar estrategias de intervención para el maltrato infantil en el que la familia y aspectos relacionados con su cohesión sean el principal aliado en el trabajo, así mismo, evaluar el fenómeno del maltrato infantil de forma integral sin establecer categorías específicas. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El siguiente trabajo intenta comprobar la hipótesis planteada: si influyen los medios de comunicación, y en particular la televisión, en la violencia ejercida por los jóvenes de clase media. Con ese objeto, se estudiaron y analizaron diversos textos, principalmente extranjeros, dados la escasez de material existente en Chile sobre el tema. Además se realizó una encuesta a jóvenes escolares, sobre violencia y violencia en la televisión. Por último, y como forma de englobar los datos obtenidos, tanto de los textos y estudios, como los datos empíricos de la encuesta, se transcribió en parte la entrevista realizada a una sicóloga especialista en niños y jóvenes. Luego del análisis de datos, se extrajo una conclusión general, que comprueba la hipótesis planteada, pero se hace énfasis, en que si bien la violencia televisiva tiene una importante influencia, no es la única que puede provocar en un adolescente comportamientos agresivos. Por último, las autoras de este trabajo hacen ciertas sugerencias y proposiciones de cómo puede combatirse la violencia y en especial, como prevenir la violencia juvenil.

Analiza la frecuencia y los factores asociados a la violencia física escolar en niños de 6 a 11 años, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2018, Perú. Se realizó un análisis de una investigación descriptiva transversal desarrollada por el INEI en 2018. La muestra fue de 12006 niños que estudiaban en la escuela, indirectamente se les aplicó los cuestionarios Hogar y Salud para obtener los datos sociodemográficos y de violencia escolar. Se realizó el análisis descriptivo, bivariado y de regresión logística multivariada en el programa Stata versión 15. Obtiene que la frecuencia de violencia física escolar nacional fue de 13.1%, Junín con 19.8% y Lima Metropolitana con 14.1% fueron las regiones con mayor frecuencia. Mayor probabilidad de ser víctima de violencia física escolar en las niñas que en niños y conforme aumentaba la edad; así como hubo menor probabilidad de ser víctima de violencia escolar en aquellos que rechazaron ir a la escuela por miedo a ser golpeados. Concluye que la frecuencia de violencia física escolar nacional fue similar a otros estudios peruanos. Lima Metropolitana y Junín fueron las regiones con mayor frecuencia. Ser niña y tener mayor edad, aumentaron la probabilidad de ser víctima de violencia física. Así como aquellos que manifestaron rechazo de ir a la escuela por miedo a ser golpeados tuvieron menos probabilidad de sufrir violencia física escolar que aquellos que no manifestaron este rechazo. / Tesis

En el marco de un conflicto armado, las niñas se ven especialmente perjudicadas. Esta situación se ve promovida por la discriminación estructural que sufren también en tiempos de paz, principalmente, con ocasión de la intersección de dos factores: su edad y género. Para garantizar su adecuada protección jurídica desde el derecho internacional, la presente investigación sostiene que el enfoque interseccional contribuye significativamente a ello; puesto que, por una parte, permite el entendimiento de su especial situación de vulnerabilidad al analizar el resultado de la interacción de los factores de vulnerabilidad convergentes. Por otra parte, facilita la identificación e interpretación de los estándares jurídicos aplicables al caso en cuestión y constituye una herramienta que coadyuva a garantizar el cumplimiento debido del principio de igualdad y no discriminación, al abordar la situación de discriminación estructural que sufre la niña, al mismo tiempo que orienta las acciones a tomar para la erradicarla. Para sustentar lo dicho, en primera instancia, se sostiene que la niña sufre de una especial vulnerabilidad en el marco del conflicto armado. En segunda instancia, se argumenta que, tal como están planteados, los estándares jurídicos internacionales no garantizan la protección adecuada de la niña en el marco del conflicto armado, a pesar de que haya una creciente visibilización de la niña en la sociedad internacional. En tercera instancia, se demuestra que la niña sufre, en la práctica, de la afectación de sus derechos de una manera diferenciada sin obtener una respuesta jurídica adecuada. Finalmente, se analizan las contribuciones específicas del enfoque interseccional para garantizar la adecuada protección jurídica de la niña en el marco del conflicto armado.

Esta investigación estima el efecto de la exposición a episodios de violencia en el hogar y en la escuela sobre la conducta y la aceptación de la violencia por parte de niños de 9 a 11 años en el Perú. Para ello, utilizando los datos de la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales (ENARES) del 2019, se clasifican los episodios de violencia contra los niños según tipo, nivel de severidad y contexto, y se construyen un conjunto de indicadores de exposición a diversas formas de violencia. Asimismo, para identificar a aquellos niños que padecen distintos tipos de violencia de manera simultánea, se utiliza la metodología de Alkire y Foster (2008, 2011) para construir tres grupos de índices de exposición a episodios de violencia: uno que incluye solo casos de violencia en el hogar, otro que incluye solo casos de violencia en la escuela y un tercero que incluye ambos contextos. En ese sentido, mediante la estimación de una serie de modelos logit, los principales resultados muestran que el incremento en un punto porcentual en el puntaje de la exposición a violencia en el hogar y en la escuela se asocia al incremento en 77.1% de la probabilidad de que el niño presente conducta violenta hacia sus pares y en 52% la probabilidad de que el niño acepte el castigo físico de sus padres y profesores en su corrección, mientras que se asocia a un incremento en 45.3% con la probabilidad de que el niño presente tanto conductas y actitudes violentas.

El presente informe jurídico tiene como finalidad analizar la sentencia ICC-01/04- 02/06-1962, del 15 de junio de 2017, del caso “The Prosecutor vs. Bosco Ntaganda”, cuya relevancia y complejidad es internacionalmente reconocida, al ser la primera ocasión en la que la CPI admite su jurisdicción respecto a los crímenes de guerra de actos de violencia y esclavitud sexual cometidos intrafilas, es decir, perpetrados por miembros del mismo grupo armado que las víctimas. Para ello, se determinará si los actos de violencia y esclavitud sexual intra-filas, cometidos en perjuicio de niños y niñas soldados, pueden ser calificados como crímenes de guerra, y se evaluarán críticamente los argumentos de la sentencia seleccionada. Se concluirá el presente trabajo exponiendo que los actos de violencia y esclavitud sexual son correctamente calificados como crímenes de guerra, incluso si se cometen intra-filas, en perjuicio de niños y niñas soldados, en tanto dicha interpretación es coherente con la normativa del DPI, del DIH y con la especial protección que el DIDH brinda a los niños y niñas, en el contexto de un conflicto armado. Finalmente, se expondrá que, si bien la CPI determina correctamente que sí posee jurisdicción respecto a los actos de violencia sexual intra-filas cometidos en perjuicio de niñas soldados en el caso concreto, su argumentación pudo ser complementada, haciendo referencia, además de las disposiciones del Estatuto de Roma, a los principios base del DIH, así como a precedentes jurisprudenciales e instrumentos jurídicos del DIDH aplicables

El objetivo de la presente investigación es determinar las principales consecuencias jurídicas de la criminalidad del reclutamiento y la utilización de niños y niñas para participar en las hostilidades y aplicarlo al caso peruano. En ese sentido, se examina la prohibición y la criminalización del reclutamiento y la utilización de menores de edad, conforme al Derecho Internacional convencional como consuetudinario, con la finalidad de esclarecer los efectos que implica. Así, se enfatiza cuál es el carácter que tenía la norma prohibitiva del reclutamiento y si era posible sancionarla en los años en que se desarrolló el CANI peruano (1980-2000). En efecto, el reconocimiento de los elementos que conforman el derecho consuetudinario permite determinar la norma consuetudinaria de prohibición de reclutamiento de menores de 15 años. Del mismo modo, las legislaciones nacionales, la jurisprudencia de los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda, las resoluciones de la ONU constituyen pruebas para resolver que la violación a la norma que prohíbe el reclutamiento es un crimen de guerra según la costumbre internacional, sin afectar el principio de legalidad. Finalmente, se propone el estudio del reclutamiento de niños y niñas ocurrido en el Perú, de acuerdo con las obligaciones internacionales. Los resultados demuestran que, respecto al CANI 1980-2000, el Estado peruano debió investigar, juzgar y sancionar a los responsables del reclutamiento de niños y niñas. Asimismo, a las víctimas de reclutamiento y sus familiares les corresponde una reparación integral. En relación con el reclutamiento, en la actualidad, llevado a cabo en la zona del VRAEM, el Estado, de alguna manera, ha declarado que existe un CANI entre las fuerzas del orden y grupos senderistas como el MPCP. En ese sentido, el accionar de las fuerzas armadas y el MPCP debiera estar sujetas a las normas del DIH, tanto en la conducción de hostilidades como en la protección de personas que no participan en las hostilidades o han dejado de participar. De esa forma, resulta preciso aclarar que, en este contexto, la comisión del reclutamiento también califica como crimen de guerra y debiera ser sancionado como tal.