El presente trabajo de investigación busca analizar la importancia del pago del aporte por regulación de las empresas de mediana y gran minería para la institucionalidad del OEFA, tanto por su sostenibilidad financiera como para la continuidad del mismo, ejerciendo una eficiente fiscalización y supervisión ambiental. Para lo cual se parte desde la importancia de la actividad minera en el Perú como factor del desarrollo económico y a la vez sostenible, mediante el cual el OEFA, como organismo regulador social – ambiental, garantiza el cumplimiento de las normas de protección al ambiente a través sus facultades de evaluación, supervisión, fiscalización y de aplicación de incentivos a través del cobro del aporte por regulación. Este tema resulta relevante al haber ha sido cuestionado dicho cobro por las empresas mineras, tanto en la vía procesal-constitucional como en la vía administrativa ante INDECOPI. En este análisis se trabaja desde el desarrollo de la actividad minera en el Perú, su regulación ambiental, así como las funciones del OEFA como organismo regulador, la naturaleza del aporte y la importancia del mismo; finalmente se exponen los problemas jurídicos generados a raíz de dicho cobro. Se concluye reafirmando la importancia del cobro del aporte por regulación al brindar beneficios tanto para las sostenibilidad financiera de OSITRAN, como para las empresas mineras y las comunidades, a fin de contar con una buena convivencia socio ambiental; conforme a ello, se proponen algunas alternativas para alcanzar una solución neutra o conciliatoria ante las contingencias legales iniciadas, a fin de evitar algún daño y/o perjuicio que pueda repercutir con el crecimiento económico del país, la libertad de empresas y la afectación al medio ambiente.

En esta tesis, las autoras, sobre la base de la pirámide de Braithwaite, proponen la utilización de las herramientas de Enforcement con las que cuenta el OSIPTEL durante la supervisión, fiscalización, sanción y post evaluación del cumplimiento regulatorio en el sector de las telecomunicaciones, en un esquema piramidal de aplicación, bajo el enfoque de Responsive Regulation. Dichas herramientas están consignadas desde las menos intrusivas y persuasivas, hasta aquellas otras que se sustentan en la no cooperación de los regulados, frente a lo cual se requiere el empleo de mecanismos de disuasión. Además, a fin de obtener un enfoque de Responsive Regulation, de forma integral, precisan que es necesario considerar diversas mejoras en la normativa del OSIPTEL, así como en el ejercicio de sus funciones, las cuales han sido desarrolladas en este documento.

El Aporte por Regulación percibido por el OEFA es quizá la fuente de financiamiento más controversial que tiene esta institución para realizar sus actividades de fiscalización ambiental. Hasta la fecha, aun cuando existen diversas sentencias y resoluciones que acreditan la constitucionalidad de su cobro, la aplicación del Aporte por Regulación es materia de cuestionamientos. Por ello, el objetivo de este Informe es determinar la constitucionalidad del Aporte por Regulación establecido a favor del OEFA para efectos de aportar en el desarrollo de su estudio. Para ello, en base a los alcances del caso recogido en la Sentencia del Tribunal Constitucional, recaído en el Expediente N° 05410-2015-PA/TC, analizaremos los principios de reserva de ley, y de no confiscatoriedad tributarios para el establecimiento del Aporte por Regulación en favor del OEFA. En este Informe nos encontramos de acuerdo con el fallo del Tribunal Constitucional, en tanto consideramos que el Aporte por Regulación asignado al OEFA es una fuente legítima de financiamiento para sus actividades de fiscalización ambiental. Sin embargo, creemos necesario hacer énfasis en cuestiones adicionales que no fueron detalladas por Tribunal Constitucional y que permitirían entender la funcionalidad y naturaleza de este tributo.

Hablar de servicios públicos supone hablar de actividades consideradas esenciales para la sociedad. Dicha situación no es ajena a los servicios públicos de telecomunicaciones, siendo una clara evidencia de ello la experiencia actual durante el tiempo de pandemia, donde los servicios de telecomunicaciones ocupan el día a día de todos. Bajo ese contexto, es entendible que el regulador se preocupe por exigir a los operadores garantizar la “continuidad” en la provisión de los servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, ¿hasta donde llega dicha garantía? ¿podemos hablar de un servicio infalible? El propósito del presente trabajo es evidenciar que, aun cuando existe un interés a garantizar, es necesario no perder de vista los principios que componen el procedimiento administrativo sancionador, al punto de evaluar y/o replantear lo que se entiende por el deber de “continuidad” a cargo de los operadores de servicios de telecomunicaciones. En el presente trabajo abordaremos diversos conceptos (tipicidad, potestad de supervisión y deber de “continuidad”), concluyendo que OSIPTEL, en aras de “proteger a la sociedad”, puede llegar a perder de vista el alcance de cada uno de los conceptos analizados.

El presente Informe tiene como finalidad realizar un análisis critico de la Resolución Nº 041-2014-OEFA/TFA en el marco del caso Interoil Perú S.A. vs el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (“OEFA”). A través de la interpretación de la normativa peruana, el análisis nos permitirá conocer los lineamientos jurídicos sobre el Estudio de Impacto Ambiental, las competencias atribuidas a diversos órganos del OEFA y la retroactividad benigna a favor del administrado, para la resolución de procedimientos administrativos sancionadores. En base al análisis realizado podremos concluir que la Resolución Nº 041-2014- OEFA/TFA no fue debidamente emitida a favor de Interoil Perú S.A., puesto que en efecto, algunos de los considerandos establecidos en la Resolución carecen de fundamentos legales. Asimismo, se podrá conocer que no todos los lineamientos establecidos en los Estudios de Impacto Ambiental constituyen compromisos ambientales, sin embargo, todas las actividades a ser realizadas por el administrado deberán tener en cuenta la protección y conservación del ambiente. Por otro lado, en el caso analizado, el Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA no era el órgano competente para analizar si la actividad efectuada por Interoil Perú S.A. se encontraba dentro de los alcances de la mejora manifiestamente evidente. Sin perjuicio de ello, el TFA sí era el órgano competente para determinar la retroactividad benigna a favor de Interoil Perú S.A.

En el presente trabajo de investigación se analiza el desempeño del sector minero en el ámbito de la seguridad en la mediana y gran minería, que son competencia del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). Se ha conseguido mejorar los indicadores de seguridad de la minería a través de una mayor cobertura y frecuencia en la supervisión de las actividades mineras a cargo del Osinergmin. Sin embargo, los últimos dos años, 2016 y 2017, los indicadores de seguridad se han estancado e inclusive han mostrado un deterioro, como consecuencia de un mayor número de accidentes y víctimas mortales, a pesar de haberse mantenido la cantidad de supervisiones ejecutadas. Frente a esta problemática, se plantea la hipótesis que la mejora se logrará no sólo por la intervención regulatoria del Estado, sino por la acción primaria de los titulares mineros orientados por una cultura preventiva de seguridad y rigurosidad en el cumplimiento de las normas y las condiciones técnicas. Justamente en la línea argumentativa presentada, en el capítulo dos se desarrolla los conceptos de seguridad minera, regulación minera y cultura preventiva de seguridad, como los elementos que explican el desempeño de los titulares mineros. La cultura preventiva de seguridad es un enfoque proactivo, que reconoce que los incidentes y accidentes son evitables y comprende los valores individuales y grupales compartidos, los patrones de comportamiento; que se fundamenta en el compromiso y participación de la alta dirección, líderes y colaboradores, en identificar los peligros y evaluar los riesgos, para comportarse de manera segura, aún en ausencia de supervisión. El Osinergmin los supervisa y fiscaliza para establecer el nivel de conformidad respecto a las condiciones mínimas de seguridad y de existir incumplimientos los sanciona, para que adopten acciones correctivas y brinden una infraestructura segura que no afecte a sus trabajadores, ni a la comunidad. En el capítulo tres se explica, utilizando la metodología del caso, las características y forma como han gestionado sus sistemas de seguridad tres empresas mineras: Volcan, Minsur y Casapalca. Finalmente, en el capítulo cuatro y en respuesta a los resultados obtenidos, se valida la hipótesis de investigación, es decir, que la mejora en los indicadores de seguridad se alcanza por la verificación rigurosa del Osinergmin y por la acción decisiva de los titulares mineros, quienes guiados por su comportamiento racional y económico aceptan que la seguridad es un elemento de ventaja competitiva, razón por la cual resulta positivo invertir en seguridad que resguarde la salud de sus trabajadores y de los demás, que pudieran verse afectados. En conclusión, construir una cultura preventiva de seguridad fuerte, aplicada de forma rigurosa impacta de manera positiva en los indicadores de seguridad al modificar los comportamientos inseguros y lograr la sostenibilidad de los resultados. / Trabajo de investigación

El presente informe pretende analizar las decisiones adoptadas por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (en adelante, “OSIPTEL” o “Regulador”) en la Resolución de Consejo Directivo N° 95-2017-CD/OSIPTEL, de fecha 21 de agosto (en adelante, la “Resolución”), mediante la cual se resuelve sancionar a la empresa América Móvil Perú S.A.C. (en adelante, “CLARO”), por incumplir en 31 acciones de supervisión con la entrega de constancias de arribo a sus centros de atención. En este mismo informe, pretendemos analizar si la sanción impuesta a CLARO por medio de la Resolución de OSIPTEL se encuentra conforme a los principios de la potestad sancionadora, a efectos de manifestar si fue razonable, proporcional y debidamente motivada

En el marco de la liberalización de los mercados de los años 90, en el Perú se creó el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), como entidad autónoma encargada de promover la competencia y garantizar estándares mínimos de calidad en la prestación de los servicios de telecomunicaciones en el país. Al respecto, el presente estudio tiene como objetivo evaluar el tipo de impacto generado por un conjunto de políticas ejecutadas por el OSIPTEL en el periodo de 2010 a 2018, las cuales tenían como fin promover un entorno más competitivo en el mercado del servicio de telefonía móvil para alcanzar precios asequibles y un mayor nivel de bienestar de los usuarios. Ante ello se plantea la hipótesis de que la implementación oportuna de estas políticas generó un escenario propicio para una mayor competencia, a través de la reducción de las barreras a la entrada y de los costos de cambio entre operadores móviles. Por lo cual, se evalúan los periodos ex ante y ex post de la implementación de dichas políticas. Para ello, se utiliza el método propuesto por Berry, Levinsohn y Pakes, encontrándose que, para el periodo ex post, la variable precio adquiere una mayor importancia en la toma de decisiones del agente representativo, lo cual fue aprovechado por los operadores entrantes para poder lanzar ofertas disruptivas en el mercado, que motivaron la respuesta comercial de los operadores móviles establecidos. Esto ha favorecido una mayor competencia, que se ha reflejado en menores precios y en el incremento de las elasticidades precio propias y cruzadas.

En esta tesis, se analizan otras medidas de cumplimiento o metodologías de enforcement, distintas a las utilizadas por el OSIPTEL; ello a fin de buscar otras medidas que puedan ser aplicadas por el OSIPTEL para incentivar el cumplimiento de los indicadores de calidad de servicio y de atención al usuario; para lo cual, se analizan los distintos mecanismos que se utilizan a nivel nacional en otros reguladores, como es el caso del OEFA, OSITRAN, SUNASS e INDECOPI; así como a nivel internacional en materia de telecomunicaciones, como es el caso de Brasil y Colombia. A partir del análisis de los mecanismos, se simularán casuísticas aplicables a los indicadores de calidad de servicio y de atención, a fin de evidenciar los beneficios y riesgos que se podrían obtener con la implementación de los distintos mecanismos. Posteriormente, se efectuará un análisis multicriterio respecto de los distintos mecanismos de enforcement analizados a fin de evidenciar la mejor alternativa para incentivar el cumplimiento de los indicadores de calidad del servicio y atención a los usuarios, las cuales procederemos a proponer.

En el presente trabajo se analiza si las Medidas Extraordinarias adoptadas por el OSIPTEL mediante Resolución N° 051-2018-CD/OSIPTEL, fueron idóneas para hacer frente a un escenario de incremento de reclamos y si además existían otras opciones regulatorias que pudieron haber conseguido mejores resultados. Al iniciar la investigación, se explica la problemática que el OSIPTEL venía afrontando del 2017 al 2018 respecto al crecimiento de los reclamos de usuarios, lo cual generó que el Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios (TRASU) supere su capacidad resolutiva y que se produzca un importante retraso en la atención de apelaciones y quejas. Posteriormente, se explica en qué consiste cada una de las herramientas regulatorias adoptadas por el OSIPTEL mediante Resolución N° 051-2018-CD/OSIPTEL y sobre la base de qué razonamiento se adoptaron. Asimismo, se reconoce la necesidad de realizar una evaluación de resultados de las medidas adoptadas por el regulador, haciendo uso de la metodología de Análisis de Impacto Regulatorio (RIA); para ello se describe el marco conceptual del RIA y la importancia de su implementación en el Perú, como consecuencia de las recomendaciones de la OCDE. Continuando con el desarrollo de la investigación, se establecen los criterios en virtud de los cuales se realiza el análisis RIA y se procede con su aplicación práctica. Para su desarrollo se utiliza una Evaluación Multicriterio elaborada sobre la base de opiniones recogidas de especialistas en la materia, enfatizando ciertos aspectos vinculados con la definición del problema y con el impacto que se podría haber producido respecto de derechos de usuarios que pudieron haberse visto afectados con el afán de disminuir el ingreso de reclamos. La investigación culmina con el planteamiento de una serie de medidas regulatorias, distintas a las adoptadas por el OSIPTEL que, de acuerdo a una nueva evaluación RIA, podrían obtener mejores resultados que los alcanzados con las dictadas mediante Resolución N° 051-2018-CD/OSIPTEL.