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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / De las tecnologías en general no podemos abstraernos, nos atraen, entre otros factores, por la cualidad de estar renovándose constantemente. El temor o fascinación que generan es un tema cuestionable, pero nadie podrá refutar que el aporte que han significado para la humanidad es de enormes dimensiones, han hecho la vida más simple, ágil, eficiente y eficaz. Todos estos beneficios son aprehendidos por niños, ciudadanos, empresas, el Gobierno, organizaciones internacionales, etc., cada uno en su ámbito. Cuanto más beneficio se desee recibir, más disposición a las tecnologías se debe detentar. Nosotros nos hemos enfrascado en la tarea de analizar la normativa vigente, intentando descubrir las modificaciones necesarias para la incorporación de tecnologías a la Cámara de Diputados. Institución escogida por el rol significativo que desarrolla, por lo extenuante de su labor y la baja evaluación que la opinión pública le otorga. A nuestro juicio, esta baja valoración de la labor parlamentaria por la ciudadanía, se produce principalmente por la enorme carga de trabajo de los Diputados, lo que demora el despacho de algunos procesos en pro de otros. Además, la información sobre la labor del congresista no llega al ciudadano o lo hace en forma atrasada y/o inexacta, lo que es perturbador para el representante y el representado. Para el primero, porque ve que su labor no es correctamente valorada, y para el segundo, porque asume que aquellos a quienes él ha escogido para que tomen decisiones, no son diligentes en su labor. Esto es un perjuicio que empaña la visión que la sociedad tiene de su gobierno. Estamos convencidos que ambas situaciones puedes corregirse o aminorarse mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y comunicación. Creemos firmemente que así mismo las tecnologías pueden contribuir a la transparencia de la labor pública, y esto último generar un incentivo a la participación. Nuestra idea es trabajar en el análisis de la ley, de los procesos y de las tecnologías atingentes a la Cámara para llegar a la mejor ecuación posible, pretendemos lograr los máximos beneficios para la Corporación y el ciudadano con la integración de tecnologías, utilidad que pudiera estar frenada por la normativa vigente. Para lograr este objetivo daremos una pincelada por la gestación e historia de la Corporación y a su estructura, para luego hacernos cargo de las normas que la rigen y que determinan sus funciones, labor que realizaremos en lenguaje simple, porque aunque este trabajo sea realizado desde el área de las ciencias jurídicas, se concibió para llegar a ser comprendida sin necesidad de detentar conocimientos específicos ni del área legal ni del área tecnológica. Luego, analizaremos la modernización en manos de la tecnología que se ha propuesto a nivel gubernamental, repasando la experiencia extranjera y la nacional para describir su estado actual en nuestro país y apreciar y sugerir innovaciones. Aunque este trabajo gira en torno al estudio de la normativa que puede limitar la utilización de NTICs, y se cumple una vez realizada dicha revisión, nuestro trabajo finaliza con al presentación de una sugerencia de incorporación tecnológica en particular a la Corporación, como a la relación Cámara-ciudadano

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo tiene como objetivo identificar los medios de control para las conductas inconstitucionales, ilícitas, y contrarias a la ética de los parlamentarios, y la existencia de uno de carácter ciudadano. Fue realizado en base a material bibliográfico; legislación nacional y extranjera; revisión de prensa; y estudio de la jurisprudencia de la Corte Suprema, Cortes de Apelaciones, Tribunal Constitucional y Tribunal Calificador de Elecciones. El capítulo 1, referido al control constitucional, se centra en las Prohibiciones Parlamentarias: inhabilidades absolutas, inhabilidades relativas, incompatibilidades, incapacidades y causales de cesación en el cargo, y las estudia en detalle. El capítulo 2, del control judicial, trata las prerrogativas parlamentarias, especialmente las inmunidades parlamentarias: inviolabilidad y fuero, sobre las que concentra el estudio. El capítulo 3, aborda los conceptos que integran la ética parlamentaria, como su objetivo, principios, generación, relación con el Mandato Parlamentario, la existencia de la influencia indebida y los conflictos de interés, las declaraciones de intereses y de patrimonio, los órganos que ejercen el control ético y sus limitaciones; para luego continuar con una revisión exhaustiva de las normas que sintetizan estas materias en nuestra legislación interna y en la externa seleccionada. El capítulo 4, dedicado al control ciudadano, dota al lector de un esquema acerca de las materias a tratar, entre las que se incluye la caracterización del mandato de representación libre, los parámetros de evaluación del comportamiento de los parlamentarios, y la rendición de cuentas. Contiene una exposición acerca de la opinión pública; de las vías de participación ciudadana; de cada una de las herramientas de control ciudadano: derecho de petición, de acceso a la información y de voto; terminando con tocar algunas instituciones relativas a la renovación de los miembros del Congreso. Finalmente, se consideran las conclusiones

La presente tesis pretende demostrar, desde la teoría de las políticas públicas y aplicando la tipología desarrollada por Tehodore J. Lowi, que las políticas públicas de mayor trascendencia para el sistema político tienen su punto de partida o su decisión final en el Congreso y no en el Poder Ejecutivo, en sus distintos niveles de Gobierno. Para tal efecto, se revisaron las decisiones políticas emitidas por el Congreso, en la forma de proyectos de ley aprobados entre los años 2001 y 2016, y clasificadas en el marco de la tipología señalada. Posteriormente, se comparan los roles protagónicos del Ejecutivo y del Legislativo en el proceso de elaboración de propuestas de ley en el marco de las políticas públicas de gobierno, a fin de verificar la convergencia de ambos poderes, en un proceso de agregación de intereses, el cual involucra a un gran número de actores, estatales, para estatales y sociales. Finalmente, se efectua un diagnóstico del proceso de toma de decisiones en el Congreso, con el objetivo de ensayar una propuesta para racionalizarlo y mejorarlo. / Applying the theory of public policies and the typology developed by Tehodore J. Lowi, this thesis claims to demonstrate that the most relevant public policies having an effect in the political system, are originated or decided within the Congress and not by the Executive Branch in any of its different levels of government. For this purpose, we start by reviewing the political decisions adopted by the Congress in the form of bills approved between 2001 and 2016, and then we classified these decisions within the framework of the Lowi’s typology. Later, we compare the leading roles of the executive and legislative branches in the process of drafting bills regarding public policies so as to verify the convergence of both powers, in a process of interest aggregation which involves a large number of social, state and parastate actors. Finally we make a diagnosis of the decisión making process at the Congress, with the purpose of testing a proposal for its rationalization and enhacement.

El presente trabajo académico, servirá para determinar como ha venido funcionando la prerrogativa constitucional de inmunidad parlamentaria de los congresistas de la República, cuando éstos cometen delitos comunes; para ello se abordará desde una perspectiva histórica esta institución jurídica, así como también se analizará su tratamiento legal y procedimientos establecidos tanto en la Constitución Política del Perú y en el Reglamento del Congreso de la República, como también se revisará las cifras de cuantas solicitudes de levantamiento de inmunidad parlamentaria, han sido aprobadas por el Congreso de la República, a fin de determinar si estas instituciones generan o no impunidad para los congresistas y si se han convertido en privilegios personales, que generan riesgos o focos de corrupción dentro del Parlamento Peruano. Por ello, se podrá evidenciar que existen diferentes modelos de cómo se regulan estas instituciones constitucionales en el Derecho Comparado, siendo los más importantes el modelo de control ex post del Congreso, el modelo de control ex ante por parte del Poder Judicial y el modelo abolicionista. Por lo cual, dentro de la presente investigación, se ha concluido que los fundamentos por lo cual nació esta prerrogativa constitucional, ha perdido vigencia con el advenimiento de un Estado constitucional y democrático de derecho, por lo cual el mantenimiento de la misma ya no es necesario ni fundamental, y más bien por el contrario, en la actualidad esto ha provocado un clima de impunidad a favor de los congresistas, una desigualdad ante la ley y ha generado riesgos importantes de corrupción dentro del Parlamento Peruano, en la cual se negocia a través de prebendas políticas o consignas partidarias, el voto a favor o en contra de determinado pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria.

La “inmunidad parlamentaria” es una garantía de las asambleas legislativas para proteger su autonomía frente a los demás poderes del Estado. Así tal cual, ha sido un dogma a lo largo de nuestra historia republicana (y también de toda la historia del constitucionalismo comparado). Su data es casi en paralelo con la aparición del Estado liberal francés durante el siglo XVIII, y desde entonces ha sido incorporado con diversos matices en los nuevos estados democráticos. Precisamente su longevidad y el advenimiento de la crisis de representación de las asambleas legislativas bien iniciado el siglo XX, han obligado a los Estados ha tener que replantear el objeto de la inmunidad parlamentaria, mucho más con la consolidación de la “era de los derechos”; ambos fenómenos surgidos durante el período de entreguerras. Se entiende desde entonces que la legitimidad democrática se evidencia en la disposición de promover y proteger los derechos ciudadanos. Y por otro lado, en la exigencia que los gobernantes respondan por sus actos, sin que medien privilegios que les confieran impunidad. Este nuevo panorama ha llegado al extremo de replantear la configuración de la teoría de la soberanía popular, generándose un amplio debate sobre la representación, poniendo en tela de juicio una serie de instituciones propias del Poder Legislativo, entre ellas, de la propia inmunidad parlamentaria.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En los últimos años, el nombramiento de parlamentarios como ministros de Estado y la posterior designación de sus reemplazantes por los partidos políticos han sido calificados como poco democráticos por diversos sectores del país, fundándose tales críticas en que, tanto al momento del nombramiento como en la designación hecha en conformidad al mecanismo de reemplazo consagrado actualmente en el artículo 51 de la Constitución Política de la República de 1980, se afectaría la voluntad soberana. Cabe destacar que esta última sólo se manifiesta de forma directa en ocasiones más bien acotadas (por medio de la participación, particularmente, electoral), y en la mayoría de los casos de forma indirecta, mediante las autoridades elegidas democráticamente (por medio de la representación política), de lo cual se desprende la existencia de una tensión entre tales formas de ejercicio democrático. La presente Memoria de Prueba pretende dilucidar –teniendo a la vista la tensión antedicha– si existe algún mecanismo de provisión de la vacancia parlamentaria que sea verdaderamente democrático. Para tal efecto, se analizan los conceptos de soberanía, democracia, participación y representación política, los que luego son utilizados para examinar las distintas fórmulas adoptadas a lo largo de la historia institucional chilena. Finalmente, en base a los resultados evidenciados, se concluye que no existe una fórmula que, en términos absolutos o abstractos, sea totalmente democrática, pues cada una de ellas ha sido reflejo de la situación en que tal tensión se ha hallado en un momento dado. Por ello, si bien el mecanismo de provisión de la vacancia parlamentaria vigente a la presente legislatura resulta legítimo y razonable, la superación del sistema electoral binominal hace necesaria su reforma.

Este trabajo aborda el proceso de toma de decisiones políticas emprendido por el parlamento peruano respecto de la ley de cambio climático. En otras palabras, examina el proceso político que atravesaron las iniciativas legislativas climáticas desde que se presentaron y discutieron en las comisiones parlamentarias hasta su aprobación y promulgación, con el propósito de demostrar que el Congreso de la República ha adoptado una conducta proactiva y propositiva en materia de la legislación del cambio climático, pese a algunas visiones que postulan la preeminencia de los poderes ejecutivos. Para lograrlo, se plantea dos objetivos: a) describir el proceso político y legislativo atravesado por la Ley marco de Cambio Climático en el Congreso de la República; b) Identificar los factores impulsores e inhibidores que interactuaron en la trayectoria de las iniciativas climáticas en el Congreso de la República, entre los años 2011-2018. Para ello, se interesa en los cursos de acción (proyectos de ley, dictámenes, grupos de trabajo, audiencias, convocatoria a autoridades ambientales, participación en eventos internacionales, publicaciones, etc.) que el poder legislativo despliega respecto del cambio climático, en su calidad de problema público de naturaleza transversal que concita el creciente interés de diversos actores: poder Ejecutivo, ONG, académicos, opinión pública, organismos supranacionales. Una de las conclusiones del trabajo indica que, si bien los asuntos climáticos puedan ser percibidos como altamente consensuales y fácilmente asimilados por las agendas partidarias, la experiencia del Congreso peruano revela la necesidad de ciertas coyunturas extraordinarias (COP-20, COP-23, visitas de dignatarios) y situaciones imprevistas (Niño Costero, precoz renuncia del presidente Kuczynski, inicio de una nueva gestión gubernamental con Martín Vizcarra) que impulsen el interés legislativo en las iniciativas climáticas. / This paper deals with the process of political decision making undertaken by the Peruvian parliament regarding the climate change law. In other words, it examines the political process that climatic legislative initiatives have gone through since they were presented and discussed in the parliamentary committees until their approval and promulgation, with the purpose of demonstrating that the Congress of the Republic has adopted proactive and proactive behavior in matters of climate change legislation, despite some views that postulate the pre-eminence of executive powers. To achieve this, two objectives are proposed: a) describe the political and legislative process under the framework of the Climate Change Framework Law in the Congress of the Republic; b) Identify the drivers and inhibitors that interacted in the trajectory of climate initiatives in the Congress of the Republic, between the years 2011-2018. For this, it is interested in the courses of action (bills, opinions, working groups, hearings, call to environmental authorities, participation in international events, publications, etc.) that the legislative branch deploys regarding climate change, in its quality of a public problem of a transversal nature that attracts the growing interest of various actors: Executive power, NGOs, academics, public opinion, supranational organizations. One of the conclusions of the work indicates that, although climate issues can be perceived as highly consensual and easily assimilated by party agendas, the experience of the Peruvian Congress reveals the need for certain extraordinary conjunctures (COP-20, COP-23, visits of dignitaries) and unforeseen situations (Niño Costero, precocious resignation of President Kuczynski, start of a new government administration with Martín Vizcarra) that boost the legislative interest in climate initiatives.

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¿Qué es lo constitucionalmente novedoso del régimen parlamentario que se inicia en 1993? El concepto de Constitución como símbolo, como pacto y creación política, y como producto en constante elaboración cultural le sirve al autor para evaluar el funcionamiento y desempeño de la institución parlamentaria, a partir de la propuesta contenida en la Constitución de 1993. El enfoque teórico utilizado se beneficia interdisciplinariamente de los aportes del psicoanálisis para examinar la naturaleza y la calidad de los resultados de la representación política. Este ensayo postula que la institución parlamentaria muestra déficits de performance representativa cuya comprensión y causa trascienden las normales posibilidades explicativas del derecho (en especial la de las escuelas cuya concepción del derecho y cuya metodología hermenéutica es fundamentalmente documental o proposicional).