El 4 de mayo del 2020, debido a la pandemia del Covid-19, el Congreso otorgó facultades al PoderEjecutivo para que legislara en materia educativa, ya que empezaban a existir conflictos entre los padres de familia y los proveedores del servicio de educación básica, respecto si se deberíabajar o no el monto de las pensiones y matrículas de los colegios debido a que ante las variaciones obvias de lo previamente pactado por el servicio educativo, muchos de los servicios que se podían antes brindar de forma presencial, en una modalidad virtual se harían imposible de cumplir Es así como se da el Decreto Legislativo N° 1476, el mismo que lejos de armonizarla relación de consumo, trajo mayores problemas, puesto que no parece ser lo que esperaban los padres, un control de precios por parte del Estado. La presente investigación es cualitativa, de tipo documental, haciendo un análisis del tratamiento de este Decreto Legislativo y su posible vulneración a la Libre Empresa criticando la transparencia de la información sobre las prestaciones y costos, la correspondencia entre las pensiones, los servicios brindados y otros, para finalmente determinar un equilibrio entre los Derechos a la Libre Empresa y el de Protección al Consumidor.

El 7 de febrero del 2017, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, en adelante ASPEC denunció a Cineplanet (Cineplex) y Cinemark por una presunta infracción de la Ley N.° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, debido a que vendían sus productos (básicamente comida chatarra, es decir comida de poca calidad o baja en nutrientes que pueden causar enfermedades al aparato digestivo) hasta cinco veces más que el precio ofrecido en el mercado. Frente a ello, las denuncias fueron declaradas infundadas, tomando en cuenta el derecho de la libertad de empresa, es por eso que ASPEC apela y es la Sala Especializada en Protección al Consumidor del INDECOPI, quien se encarga de resolver lo declarado por la parte denunciada, consideró infracción a la norma del consumidor, en función a la restricción de ingreso de alimentos externos, así mimo se declaró infundado respecto al alto precio de los alimentos internos y la limitación de tipos de alimentos.

El artículo científico titulado “Efectividad del libro de reclamaciones: análisis del procedimiento sancionador de la oficina regional del Indecopi durante los años 2019-2021” tiene como objetivo determinar los criterios jurídicos que deberán incluirse en las propuestas de modificación de las normas que regulan el uso del libro de reclamaciones hacia la protección del consumidor. En ese sentido, mediante las resoluciones emitidas por Indecopi durante el periodo 2019-2021 se ha comprobado que los agentes del mercado no le brindan el uso adecuado y prefieren recurrir a los procedimientos administrativos sancionadores. Asimismo, en la investigación se utilizó el enfoque cualitativo, dado que se realizó un análisis documental y para ello se utilizó la recolección de datos, debido a que su estudio se basó en la obtención y procesamiento de información de datos respecto a las denuncias presentadas ante el Indecopi durante el año 2019-2021, por posibles infracciones a las normas de protección al consumidor, a fin de analizar la realidad actual en materia de protección al consumidor. De los resultados se llegó a la siguiente conclusión: El Sistema de Protección al Consumidor les proporciona a los agentes del mercado mecanismos de solución de conflictos como es, el libro de reclamaciones, donde el consumidor puede establecer un reclamo o queja ante una disconformidad por el producto o servicio brindado por el proveedor. Sin embargo, mediante las resoluciones revisadas durante el año 2019-2021 del portal de Indecopi se ha logrado evidenciar que los sujetos intervinientes en la relación de consumo no consideran al libro de reclamaciones como una solución inmediata, sino que recurren a la autoridad para el inicio de un procedimiento administrativo.

El sector bancario es uno de los que soporta una mayor cantidad de regulación, justificada en gran medida porque brindan servicios de intermediación utilizando principalmente el ahorro del público, siendo que desde 1991 se han emitido múltiples normas en materia de protección al consumidor, las cuales no han sido suficientes para que los consumidores reciban un mejor servicio, dado el incremento sostenido de los reclamos que recibe Indecopi cada año. A fin de mejorar el servicio brindado, así como las relaciones ante sus consumidores, las entidades financieras desarrollan, a través de su gremio, iniciativas autorregulatorias; sin embargo, a nuestra consideración, muchas de estas pueden no haber tenido el impacto esperado debido a la falta de control de su cumplimiento y a la ausencia de mecanismos de sanción, elementos integrantes de todo sistema de autorregulación. En ese sentido, nuestra hipótesis principal es que el gremio bancario podría constituir un sistema de autorregulación eficaz, siempre que sus iniciativas cuenten con mecanismos adecuados de control y sanción, lo cual reforzaría la protección del consumidor financiero y, a su vez, podría ser replicado por los demás sectores. Los resultados del análisis confirman nuestra hipótesis, pues las iniciativas que cuentan con todos los elementos del sistema de autorregulación registran altos indicadores de cumplimiento, a diferencia de aquellas que no contemplan alguno de estos elementos. Es preciso señalar que para analizar el funcionamiento y eficacia de la autorregulación elaborada por el gremio bancario, se hace uso del método sociológico y funcional, pues se parte de una base empírica que es el comportamiento del sistema bancario. Asimismo, se ha recurrido a la doctrina nacional y extranjera, al derecho comparado y a los diversos sistemas de autorregulación a fin de determinar cómo funcionan estos sistemas a nivel mundial; para lo cual utilizamos el método dogmático.

El presente artículo académico tiene como objetivo exponer una problemática que ocurre cotidianamente, pero que no ha sido valorada ni estudiada como corresponde, esta es, la situación de los consumidores analfabetos y quechuahablantes al momento de la contratación de productos financieros respecto a su derecho de información. Todo ello debido a que cuando el solicitante de un producto bancario es una persona iletrada o que habla quechua no existe en nuestra legislación actual un mecanismo jurídico que garantice que aquellos han recibido la información del nuevo producto contratado en las mismas condiciones que una persona que sabe leer y hablar castellano. La falta de ello provoca que las empresas del sistema financiero recurran a otras fórmulas, como la figura del testigo a ruego para llevar a cabo la venta de productos financieros; sin embargo, esto no resulta suficiente para garantizar el acceso debido a la información por parte de los analfabetos y quechuahablantes. En consecuencia, las medidas que se deben optar van desde incluir en nuestra legislación de consumo la problemática de estas personas y modificar aquellas estipulaciones que limitan el derecho a la información, pues de no hacerlas se estaría amparando un tipo de discriminación en el sistema financiero.

El 13 de octubre de 2013, a las 19:30 horas, el menor de iniciales A.G.C.D. acudió, acompañado de sus dos hermanas, y del señor Miguel Ángel Huamán Zevallos (amigo de su hermana mayor; en adelante, el señor Huamán), al establecimiento comercial Plaza Vea, del Centro Comercial Real Plaza de Chiclayo, con la finalidad de comprar unas golosinas. Luego de haber cancelado el precio de los productos y cuando se disponían a retirarse del local, se activó el sensor de la alarma de la salida del establecimiento, lo que motivó la intervención de un agente de seguridad; quién registró al menor de edad en medio del público, no encontrándole ningún producto. Después comunicó a otro agente la situación, quién dispuso que el menor fuera conducido al baño para hacerle una nueva revisión donde le despojaron de sus prendas de vestir hasta quedar en ropa interior, también se registró su boca y cuerpo y se le realizó preguntas impertinentes. Posterior a la revisión, y al no encontrarle ningún objeto, el personal de seguridad pidió al menor que se vistiera y se retire. En dicho momento, la señorita Cornejo reclamó al personal por el maltrato recibido ; pese a ello, la denunciada se negó

La teoría de la carga probatoria dinámica, jurisprudencialmente reconocida y aplicada en el Perú -especialmente en casos médicos en materia de Protección al Consumidor- fue utilizada discrecionalmente a criterio de los Colegiados del INDECOPI y, respecto a su momento de aplicación, recién planteada en las resoluciones finales de las denuncias presentadas por los consumidores. Al respecto, en el presente trabajo se propone la fijación de ciertos requisitos mínimos que permitirían un mejor entendimiento y aplicación de la teoría en mención en nuestro país, valiéndose de la doctrina res ipsa loquitur. Asimismo, se plantea que el juzgador ponga en conocimiento de las partes la aplicación de la teoría de la carga probatoria dinámica antes de la emisión de la resolución final, con el fin de no vulnerar el derecho de defensa de las mismas y para salvaguardar el principio de seguridad jurídica reconocido en nuestro ordenamiento jurídico.

El presente artículo tiene como objetivo analizar la carga de la prueba en el procedimiento administrativo sancionador de la Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD, a propósito de la Resolución N° 006-2016-SUSALUD/TRI-SSE, emitida por el Tribunal de SUSALUD, que versa sobre infracciones presuntamente cometidas por una Institución Prestadora de Servicios de Salud – IPRESS pública. La justificación de dicha investigación se encuentra en los cambios en la normativa de protección al consumidor en materia de salud, que le otorgó competencia a SUSALUD para conocer las infracciones cometidas por las entidades prestadoras de servicios de salud públicas. Se parte de la hipótesis de que la distribución de la carga de la prueba en la Resolución N° 006-2016-SUSALUD/TRI-SSE es distinta a la que tenía el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, para efectos de las infracciones cometidas por los prestadores de servicios de salud privados. Se concluye enunciando los aciertos y desventajas de la concepción que tiene SUSALUD en la Resolución, desde una óptica de protección de los usuarios de los servicios de salud.

Conforme a las modificatorias introducidas a través del Decreto Legislativo N° 1308, el numeral 1 del artículo 107-A, incorporado al Código de Protección y Defensa del Consumidor, señala que el desistimiento del procedimiento podrá formularse hasta antes de la notificación de la resolución que agota la vía administrativa, situación que se encuentra contemplada como una forma de conclusión anticipada del procedimiento de oficio promovido por denuncia de parte, bajo este contexto, se puede apreciar que el desistimiento ha sufrido diversas variaciones respecto a sus efectos, en un primer momento se discutía el carácter sancionador del procedimiento administrativo, siendo que bajo este supuesto no era posible el planteamiento del desistimiento por parte del denunciante, no obstante, en otro momento se planteó el carácter mixto de este procedimiento administrativo (sancionador y trilateral), ante este supuesto si era procedente el desistimiento; finalmente ante esta modificatoria normativa, ha prevalecido esta última posición, más aun si tomamos en cuenta que en la redacción del artículo 107 del Código de Protección y defensa del consumidor, a raíz de la modificatoria introducida por el Decreto Legislativo N° 1308, suprime en su enunciado la denominación de “Sancionador” al procedimiento administrativo, lo cual refuerza la idea de este procedimiento administrativo mixto; partiendo de esta premisa, el presente trabajo tiene por objeto analizar la pertinencia del desistimiento como una forma de conclusión del procedimiento, introducido a través del Decreto Legislativo N° 1308, y a partir de ello, demostrar que el desistimiento planteado por el denunciante, no puede tener por efecto concluir el procedimiento administrativo sancionador, teniendo en cuenta que él que lo plantea, no es parte de dicho procedimiento, y a partir de ello, entender que para aplicar adecuadamente estas modificatorias, es necesario apartarse del carácter sancionador del Procedimiento Administrativo, en materia de Protección al Consumidor.

La experiencia que las personas adquieren como Consumidores varía dependiendo del tipo de proveedor al cual recurra y al servicio o producto que adquiera. Dichas experiencias comprenderán la adquisición de productos y servicios a través de procesos simples como,, por ejemplo, la compra de un caramelo en una bodega o inclusive la compra de una hamburguesa en un restaurante de comida rápida. Las experiencias que afronta el consumidor serán más complejas cuando adquiera productos cuya información sea más difícil de entender, por ejemplo, la compra de una computadora personal, un electrodoméstico o un servicio de mantenimiento de vehículos particulares. Dicha complejidad se incrementa cuando se asiste a una entidad de intermediación financiera indirecta con el fin de adquirir productos tales como una tarjeta de crédito, una cuenta de ahorros, un crédito de consumo o un crédito MES. Esta tesis desarrolla el caso de los consumidores del sistema financiero, es decir, aquellos consumidores que adquieren productos y servicios de entidades de intermediación financiera indirecta tales como bancos, empresas financieras, cajas municipales de ahorro y crédito, cajas rurales de ahorro y crédito y las entidades de desarrollo y progreso para la pequeña y microempresa (EDPYME), y analiza si los consumidores se encuentran adecuadamente protegidos por la normativa de protección al consumidor vigente en el ordenamiento jurídico nacional y por las instituciones creadas para su protección.