El trabajo de investigación se divide en cinco partes. La primera parte así como la segunda estarán destinadas a describir el marco conceptual general del arbitraje, en cada uno de sus alcances y caracteres más relevantes para así poder conocer mejor esa institución como mecanismo de resolución de conflictos y situar al lector en el marco del arbitraje y su aplicación en el Perú a fin que el lector tenga una idea clara de cómo opera el arbitraje en nuestro país. Además, para poder entender el mecanismo del arbitraje de consumo es necesario que explicar primero que es el arbitraje y cómo opera el mismo para poder guiar el posterior análisis del autor y la comprensión de la tesis por parte del lector. La tercera parte buscará dar una visión de la aplicación del sistema del arbitraje de consumo en general así como de sus principales caracteres y la normativa que lo regula en nuestro país. Asimismo se plantean a lo largo de ambas secciones las principales ventajas pero también las principales falencias y defectos del sistema de arbitraje de consumo, las cuales se proceden a analizar de manera minuciosa, con el fin de que el lector conozca las mismas, se empape del tema y se forme un criterio propio acerca de la verdadera viabilidad, funcionalidad y eficacia que podría tener la implantación de dicho sistema en nuestro país. Dicho análisis va acompañado de la más completa denotación de casos y supuestos varios del derecho extranjero que demuestran porque en algunos casos resulta eficaz éste sistema de arbitraje de consumo y en otros no. El objetivo es identificar las ventajas, pero también las debilidades de éste sistema. Finalmente la cuarta parte de la tesis está dedicada al análisis de cada uno de los problemas y debilidades citados en el sector cuarto con su contraparte de resultado y propuesta de mejora. Ya que la idea de la presente tesis es identificar cómo operaría éste sistema en nuestro país en comparación con otras legislaciones y determinar a raíz de ello y del análisis de su naturaleza y caracteres particulares si el mismo sería viable y funcional en nuestro país a la luz de nuestra legislación vigente en materia de protección al consumidor. En la medida de lo posible se tratará de contar con información cuantitativa en cuanto a jurisprudencia y resoluciones de casos para que la comparación no se haga solamente a nivel de texto legal. Esto serviría para completar el análisis con una comparación de las experiencias internacionales con la peruana. El objetivo es dar recomendaciones a las falencias y errores identificados, teniendo como sustento otros sistemas que tienen mayor eficacia.

El actual sistema de economía social de mercado ha generado una serie de situaciones nuevas que presionan el contenido clásico del Derecho, como la globalización económica, la innovación tecnológica, el libre comercio, la libertad contractual, la libre competencia, la regulación de servicios, la autorregulación empresarial entre otras manifestaciones que han motivado una mayor apertura e integración de los mercados y por ende mayor competitividad comercial. Estas condiciones socioeconómicas abren para el consumidor un nuevo panorama como beneficiario del sistema, a tal punto que hoy hablamos de protección del consumidor, pero ¿quién es el consumidor?, ¿contra qué debería protegérsele?. Un consumidor es una persona que para atender sus necesidades o para su propio placer compra o arrienda productos y utiliza servicios ofrecidos por entes públicos o privados. Esta es al menos la definición más simple que nos servirá de derrotero para el estudio del tema, y ¿Contra qué debería protegérsele al consumidor?, para decirlo sencillamente, debe protegérsele contra el engaño y el abuso de los proveedores.

La responsabilidad civil por productos defectuosos conforma esa área del Derecho que se percibe como propuesta importada, muchas veces temida y otras deseada, de una sociedad litigiosa y compleja como la de los Estados Unidos de América o acaso, de países desarrollados en donde el consumo es un credo o una religión, quizás la más difundida y menos cuestionada de cuantas existen en el mundo. La actividad de consumir es inherente a nuestra condición humana, dependiendo de lo que consumimos 8 para vivir, llevar una digna y calificada existencia o la más miserable de las vidas. Los defectos de los productos, nos enfrenta, a esa necesidad y también a la pérdida de los bienes más valiosos, siendo el primero de ellos, nuestra propia vida y la de nuestros seres queridos.

El objetivo general de este trabajo es abordar las categorías típicas del trato diferenciado ilícito y la discriminación en el consumo, a partir de la interpretación efectuada en el tiempo sobre las mismas, por la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual; a fin de evidenciar las posibles consecuencias sobre consumidores y proveedores, que se desprenden de considerar a las señaladas figuras típicas como una sola: la discriminación en el consumo, sujeta a gradualidad. Para dicho fin, hemos empleado un método exegético y analítico de las normas que protegen el derecho a la igualdad y la interdicción de la discriminación en el ordenamiento constitucional y legal; para luego, a través del análisis de la jurisprudencia relevante, concluir que el actual criterio de la Sala que sostiene la unidad del tipo sancionador (discriminación en el consumo) no incide negativamente en la tutela de los consumidores, pero puede tener una particular repercusión negativa sobre el derecho a la buena reputación de los proveedores

La discriminación en el consumo es un supuesto que, a pesar de los esfuerzos de la administración pública para erradicarla, se mantiene vigente en nuestra sociedad, por lo que es necesario que los operadores jurídicos determinen criterios adecuados que permitan fortalecer las instituciones jurídicas con las que contamos en materia de protección y defensa del consumidor. En ese sentido, en el presente artículo se realiza una crítica al análisis que sustenta el cambio de criterio que ha tenido la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, respecto a la eliminación del supuesto de trato diferenciado ilícito, explicando como este podría implicar una serie de consecuencias negativas para los consumidores e, incluso, para los proveedores. Finalmente, se propone una modificación al artículo 38 del Código de Protección y Defensa del Consumidor como alternativa de solución al problema suscitado.

La presente tesis analiza las bases teóricas de los derechos del consumidor y las cláusulas generales de contratación. En este sentido, da cuenta de la revisión bibliográfica y de los principales aportes en la doctrina y en la legislación comparada acerca de la protección de los derechos del consumidor, así como de las circunstancias en que se presenta esta desprotección en la actualidad nacional. Se comenta los principales instrumentos internacionales que consagran la protección de los derechos del consumidor, tales como la Carta Europea de Protección a los Consumidores de 1973, el Programa Preliminar para una Política de Protección e Información a los Consumidores, las Directrices de Naciones Unidas para la protección del Consumidor. Con respecto a las cláusulas generales de contratación, se realiza un análisis de su naturaleza jurídica, sus características, y se refiere los enfoques teóricos más importantes que se disponen en la bibliografía. Como resultado de la investigación se analizan los casos más relevantes de desprotección de derechos de los consumidores, a través de contratos con cláusulas generales de contratación. En el punto de las cláusulas generales de contratación la discusión está basada en torno, a aquellas cláusulas que son sometidas a una aprobación administrativa por el órgano administrativo competente, y las que no requieren de aprobación; y se concluye en que las cláusulas generales de contratación si bien permiten desarrollar y agilizar el tráfico comercial, también es cierto que, han dejado de lado principios sustanciales como el equilibrio contractual para dar entrada a cláusulas abusivas. Lo cual evidentemente convoca al Estado, a que a través de los poderes y órganos administrativos competentes esgriman y construyan un marco normativo acorde a las necesidades de estos nuevos tiempos.

Al cambiar la estructura del Estado también cambian sus funciones, atribuciones y obligaciones; por ello, en el presente trabajo consideramos realizar una breve descripción de los cambios de la economía mundial, especialmente latinoamericana, para luego perfilar al nuevo Estado peruano diseñado a partir de la Constitución de 1993 y sus instituciones, la política económica que diseña y dentro de ella su política de servicios básicos o públicos, especialmente la de regulación de los referidos servicios, qué organismos se han creado para llevar adelante dicha regulación, cuál es el rol de los organismos reguladores. Llegado este punto se da inicio al centro del trabajo: el análisis de los fundamentos de las demandas contencioso administrativas contra la administración pública que regula los servicios públicos, y a partir de ellos la exploración de las causas jurídicas por las cuales no se satisface plenamente a la ciudadanía y qué podemos hacer para que dicha situación cambie, mejorando el funcionamiento de la administración, a la luz de la experiencia nacional y extranjera. Con ese objetivo, nuestro trabajo se estructurará de la siguiente manera. Primero, realizaremos un estudio teórico sobre el Estado: daremos una noción básica de lo que significa, expondremos cuáles son los elementos que lo conforman, señalaremos sus principales fines y, aproximándonos un poco más a nuestro tema, hablaremos sobre la función administrativa, en qué consiste ella, cuál es su importancia, cuáles los cambios que viene experimentando su cumplimiento durante los últimos años, sustancialmente, a partir de la intervención de agentes privados.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Es en la década de los años setenta cuando surge una preocupación jurídica por el consumo y el consumidor. Hasta entonces se entendía el consumo como un fenómeno estrictamente económico, de forma que, si se regulaba convenientemente la libre competencia, el consumidor tendría plenamente resueltas sus aspiraciones, demandas e intereses. Sin embargo, la necesidad de que el consumidor sea protegido es consecuencia del reconocimiento de que existe una gran masa que al realizar las operaciones normales de la vida diaria, referidas principalmente a la adquisición de bienes y servicios, no están en condiciones de conseguir por sí solas las calidades y precios adecuados, o dicho de otra forma, no existe equilibrio entre la posición que ocupa el consumidor en el mercado y la que ocupa la empresa organizada. Esta preocupación por el consumidor ha tenido acceso a las recientes constituciones, como es el caso de la portuguesa de 1976 y de la Constitución española de 1978, que en su artículo 51 establece que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. Asimismo promoverán su información y educación, fomentarán sus organizaciones y las oirán en las cuestiones que puedan afectarles.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / El presente trabajo comprende la creación de una propuesta de Repertorio del “Título III: Disposiciones especiales”, el “Título IV: Del procedimiento a que da lugar la aplicación de esta ley y del procedimiento para la defensa del interés colectivo o difuso”, el “Título V: Del sello SERNAC, del servicio de atención al cliente y del Sistema de Solución de Controversias”, el “Título VI: Del Servicio Nacional del Consumidor”, y el “Título Final” de la Ley N° 19.496, promulgada el año 1997, la cual no se encontraba en la anterior versión del Repertorio de Legislación y Jurisprudencia del Código Civil y sus leyes complementarias que data del año 1994. Para ello, en el marco del proyecto de Actualización de Repertorio de Legislación y Jurisprudencia del Código Civil y sus leyes complementarias, se realizó una compilación de sentencias, la que consideraba aquellos fallos de las Cortes de Apelaciones, Corte Suprema, Tribunal Constitucional y dictámenes de la Contraloría, dictados entre los años 1997 y 2010 relativos a la Ley N° 19.496. Una vez terminado el trabajo de recopilación se procedió a la creación del Repertorio de esta Ley, revisando su historia legislativa y agregando jurisprudencia destacada que permitiera una mejor comprensión de los artículos de la misma. Finalizada la búsqueda y sistematización de la jurisprudencia relevante, es innegable la importancia de las reflexiones v judiciales al momento de evaluar la aplicación de la ley a situaciones particulares. Junto con este trabajo se presenta una monografía que tiene como finalidad dar una mejor comprensión a las materias abordadas en los Títulos de la Ley N° 19.496 antedichos, analizando el desarrollo doctrinario y jurisprudencial sobre aquellos temas. La memoria finaliza con la inclusión, como anexo, de aquellas fichas realizadas por los autores dentro del Taller de Memoria

Memoria (Licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / El objetivo de esta memoria es analizar las infracciones a la Ley 19.496 o Ley de protección a los derechos de los consumidores, de modo tal de dejar en evidencia la ineficacia del sistema para prevenir la existencia de fórmulas contractuales que abiertamente infrinjan la norma protectora. La investigación se divide en cuatro capítulos. El primero describe el origen y modelo de negocios de las empresas de descuentos, se recopila información acerca de las denuncias que ha recibido en su contra y la normativa general que regula la materia. El capítulo II ahonda en las infracciones que existen en sus términos y condiciones presentes en su página web, y como se respetan o no la ley 19.496. En el capítulo III se analiza el actuar del Servicio Nacional del Consumidor en esta materia, y en qué ha derivado su proceder. Finalmente, el capítulo IV de los resultados del accionar de Sernac, analiza qué soluciones se podrían plantear para poder evitar las infracciones de las nuevas empresas de descuentos que surjan a futuro o de las nuevas formas de contratación derivadas del Comercio Electrónico