La discriminación es una realidad aún existente en nuestro país y que se evidencia en diferentes aspectos de la vida de las personas, como lo son las relaciones de consumo. En ese sentido, la comunidad de las personas transgénero es también víctima de discriminación en el consumo, pero tiene mayor dificultad al momento de exigir la tutela de sus derechos como consumidores. Por ello, el presente Informe Jurídico analiza la Resolución N° 3444-2012/SPC-INDECOPI, que revocó la resolución que emitió la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi, al considerar que no se había acreditado el trato discriminatorio en agravio de la denunciante, una persona transgénero. Por lo antes expuesto, el presente trabajo tendrá un marco teórico que permita definir el concepto de discriminación en el consumo, así como la importancia del reconocimiento de la identidad de género, para determinar si la normativa en materia de consumidor incluye dentro de su tutela a las personas transgénero. Luego, se analizará si la denegatoria de perifonear a una persona transgénero con el nombre que se identifica y que difiere del consignado en su Documento Nacional de Identidad se considera un acto discriminatorio al amparo de la Ley de Protección al Consumidor (vigente al momento de los hechos) y bajo el Código de Protección al Consumidor vigente. Asimismo, se analiza que si de ser procedente la denuncia, cuáles hubieran sido las medidas correctivas que corresponderían. Por último, se plantearán recomendaciones que sirvan de guía para los futuros razonamientos de la Sala en casos similares. / Discrimination is still a reality in our country and is evident in different aspects of people’s lives, such as consumer relations. In this way, the transgender community is also discriminated against in consumer activities and for them, it is more difficult to demand protection of their rights as consumers. For this reason, this Legal Report Analyses Resolution No. 3444-2012/SPC-INDECOPI, which revoked the resolution issued by the Indecopi Consumer Protection Commission, considering that the discriminatory treatment of the complainant, a transgender person, had not been proven. For the above, this paper will provide a theoretical framework to define the concept of discrimination in consumption and the importance of the recognition of gender identity mine whether consumer regulations include transgender people within their protection. Next, it will be analyzed whether the refusal to call a transgender person by megaphone advertising by using the name that they identify with and that differs from that on their National Identity Card is considered a discriminatory act under the Consumer Protection Act (in effect at the time of the events) and the Consumer Protection Code in force. In addition, it is analyzed whether the complaint was admissible, and what corrective measures would have been appropriate. Finally, recommendations will be made to guide the Chamber's future reasoning in similar cases.

El presente trabajo realiza una amplia reflexión con relación al rol del regulador bancario en materia de protección al consumidor. Actualmente la función de regulador bancario es ejercida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Por su parte, el esquema de protección al consumidor de los usuarios en situación de asimetría informativa al interior del Sistema Financiero es asumido por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Sin embargo, conforme se evidencia en el presente trabajo, diversos aspectos de protección al consumidor de productos y servicios financieros se encuentran en la órbita del regulador bancario, siendo que existen oportunidades de mejora para definir adecuadamente un esquema que permita abordar de modo ordenado y coherente las iniciativas que deben existir en materia de productos y servicios financieros. El trabajo normativo desarrollado por el regulador bancario es abundante, y ciertamente innovador a nivel regional, siendo preciso indicar que el presente trabajo repasa algunas de las diversas iniciativas regulatorias adoptadas. Por otro lado, nuestro país también ha desarrollado diversas iniciativas para generar mayores niveles de inclusión financiera: se aspira a que la población pueda acceder a herramientas de crédito y alternativas de ahorro que les permitan tomar decisiones planificadas. Para ello resulta fundamental que la población perciba que existe un control que proteja al consumidor bancario.

Pese al auge que ha tenido el comercio electrónico en los últimos años, a la fecha en Perú no existe una normativa específica orientada a regular las relaciones de consumo que se realicen mediante este tipo de transacciones. Así pues, únicamente resulta aplicable de forma general las disposiciones de nuestro Código de Protección y Defensa del Consumidor. No obstante, existen ciertos casos frente a los cuales dicha normativa general no prevé una solución. En el presente trabajo se abordará la necesidad de regular el derecho al desistimiento con el fin de dotar a los consumidores de la posibilidad de retractarse del producto o servicio contratado por medios digitales, sin necesidad de alegar justificación alguna. En tal sentido, en esta investigación se concluirá que sí es necesario regular este derecho, pues permitirá que los consumidores tengan una mayor confianza en el comercio electrónico e incentivará el crecimiento de este mercado digital. Muchas veces los consumidores tienen reparos en realizar transacciones por medios electrónicos, toda vez que, la falta de contacto directo con el producto a adquirir hasta después de haber concretado la transacción, puede traer consigo que, luego de haberlo recibido, descubran recién que éste no satisface adecuadamente sus expectativas. Por ello, la regulación del derecho al desistimiento jugará un papel importante, pues permitirá a los consumidores devolver el producto en caso no haya sido conforme con lo deseado, lo cual supondrá a su vez un incentivo a realizar este tipo de transacciones. / Despite the boom in e-commerce in recent years, to date in Peru there is no specific regulation aimed at regulating consumer relations carried out through this type of transactions. Thus, only the provisions of our Consumer Protection and Defense Code are generally applicable. However, there are certain cases for which such general regulations do not provide a solution. This paper will address the need to regulate the right of withdrawal in order to provide consumers with the possibility of withdrawing from the product or service contracted by digital means, without the need to provide any justification. In this sense, this research will conclude that it is necessary to regulate this right, because it will allow consumers to have greater confidence in electronic commerce and encourage the growth of this digital market. Consumers are often reluctant to carry out transactions by electronic means, since the lack of direct contact with the product to be purchased until after the transaction has been completed may mean that, once they have received it, they may discover that it does not adequately meet their expectations. Therefore, the regulation of the right of withdrawal will play an important role, since it will allow consumers to return the product if it does not meet their expectations, which in turn will be an incentive to carry out this type of transactions. / Trabajo académico

Si bien la presente es la tesis para optar el grado académico en una especialidad del Derecho vinculada al campo privado, resulta más siendo la expresión de lo complejo que en la hora presente es tratar de mantenerse de lado y no reconocer la vigencia transversal de los Derechos Fundamentales y el desarrollo de sus estudios a partir del Derecho Constitucional. De ahí que a través de sus páginas nos encontremos con Teorías del Derecho, económicas, constitucionales y privatísticas que se han presentado con un claro afán coordinador. Girando en torno a las situaciones jurídicas subjetivas específicas que se derivan de la posición de Consumidores y Usuarios. El tema fue elegido a partir de tomar contacto en las clases de la maestría con conceptos novedosos, por lo menos para el suscrito, que me cambió la perspectiva de cómo analizar una institución que pensaba simple o, por lo menos, asimilada, al tenerla reducida al mero vínculo entre dos sujetos, conocido como “obligación”. Fue así que al entender que las obligaciones son más que nada relaciones juridicas “complejas” y que dicha complejidad es el resultado de atender a la realidad, donde las situaciones jurídicas se van intercambiando de manera dinámica, casi imperceptible, renovándose constantemente desde el momento mismo en que surge el acuerdo, se abre un mundo nuevo, que hasta influye en el manejo de las relaciones intersubjetivas más cotidianas. La complejidad manifestada no es más que la circunstancia de advertir que junto a un deber asumido como principal, coexisten otros tanto deberes secundarios pero no menos importantes, conocidos como deberes de seguridad, de protección, etc. por la teoría alemana (que luego pasa a España) e italiana. Como relación jurídica, la establecida entre sujetos específicos como son los consumidores y proveedores es obligacional, por ende compleja, de manera que también se advierte la misma coexistencia de deberes, solamente que al tratarse de situaciones organizadas a nivel constitucional se prefiere su entendimiento como derechos subjetivos públicos y deberes de protección como garantía de su realización por el Estado.

Las ventajas y desventajas que surgieron tras la aparición del comercio y la contratación electrónicos respecto de distintas ópticas jurídicas han sido de nuestro interés desde nuestras primeras investigaciones. Para nosotros en los inicios de la proliferación del internet, éste se veía solo como un nuevo medio de comunicación, pero con el devenir de los años las personas en general se dieron cuenta que no podía observarse de modo unidisciplinario y la idea evolucionó a una realidad vista como una herramienta que ha innovado todos los aspectos de la vida cotidiana, las personas se han mudado del mundo físico a la interacción digital inmediata, eliminando el concepto de distancia para dar paso a la globalización y sus consecuencias.

El año 2015 ha sido un periodo lleno de cambios económicos que han motivado una serie de acciones de parte del Poder Ejecutivo para superar esta situación. Acciones realizadas en uso de facultades delegadas por el Poder Legislativo y que se han materializado en una serie de dispositivos legales. Dentro de estos dispositivos, tenemos el D.L. N° 1177 y N° 1196 que establecen mecanismos de acceso a la vivienda bajo las figuras del arrendamiento, el arrendamiento con opción de compra, el arrendamiento financiero y el contrato de capitalización inmobiliaria. Este último objeto de análisis en el presente trabajo vista la novedosa regulación y operatividad que se pretende implementar en el mercado nacional.

El presente trabajo intenta abarcar el deber de idoneidad, el cual es un derecho reconocido legalmente que tiene como objetivo velar por el cumplimiento de la expectativa generada en el consumidor respecto al producto o servicio que se le ha ofrecido dentro de la relación de consumo. Sin embargo, este deber no debe ser analizado únicamente desde aquel punto de vista, sino también respecto de las condiciones accesorias que se generan durante la adquisición de un producto o servicio, tales como el hecho de proporcionar al consumidor un ambiente seguro y buena atención. En ese sentido, a partir de un análisis profundo de la Resolución No. 2508-2020/SPC-INDECOPI, y en concordancia con la legislación nacional, doctrina y jurisprudencia administrativa relevante, se demostrará el alcance del deber de idoneidad, la responsabilidad que tiene el proveedor frente al mismo y los criterios que deben ser tomados en cuenta para determinar su vulneración, dentro de los cuales encontramos la posición de vulnerabilidad del consumidor, el cumplimiento de las expectativas del consumidor y que el proveedor se haya encontrado en la mejor posición para proteger y/o asegurar el deber de idoneidad. Con todos estos factores se podrá otorgar una respuesta al problema jurídico principal del presente informe. / This paper attempts to cover the duty of suitability, which is a legally recognized right that aims to ensure compliance with the expectation generated in the consumer with respect to the product or service that has been offered within the consumer relationship. However, this duty should not be analyzed only from that point of view, but also with respect to the accessory conditions that are generated during the acquisition of a product or service, such as providing the consumer with a safe environment and good service. In this sense, based on an in-depth analysis of Resolution No. 2508-2020/SPC-INDECOPI, and in accordance with national legislation, doctrine and relevant administrative jurisprudence, the scope of the duty of suitability will be demonstrated, as well as the responsibility of the supplier and the criteria that must be taken into account to determine its violation, among which we find the position of vulnerability of the consumer, the fulfillment of the consumer's expectations and that the supplier has been in the best position to protect and/or ensure the duty of suitability. With all these factors it will be possible to provide an answer to the main legal problem of this report.

Este Informe Jurídico desarrolla un análisis relativo a, por un lado, si el procedimiento administrativo empleado para resolver el caso del señor Vargas y la señora Orellana fue efectivo, dado que la competencia en primera instancia fue otorgada a la Comisión N° 2, sin tomar en cuenta la naturaleza y la razón de ser del procedimiento sumarísimo en materia de consumidor. Por otro lado, se observa si la sanción pecuniaria aplicada al señor Vargas fue adecuada en relación al daño causado y la corrección de la conducta infractora. A efectos de la dilucidación de estos problemas se utilizó doctrina, normativa vigente a la fecha del caso y normativa actual, jurisprudencia y precedentes administrativos -resoluciones del OPS N° 1, 2 y 3 de la Sede Lima Sur, resoluciones de la Comisión de Protección al Consumidor y la Sala Especializada en Protección al Consumidor-. / This Legal Report develops an analysis regarding, on the one hand, whether the administrative procedure used to resolve the case of Mr. Vargas and Mrs. Orellana was effective, given that jurisdiction in the first instance was granted to Commission No. 2, without taking taking into account the nature and raison d'être of the summary procedure in consumer matters. On the other hand, it is observed if the pecuniary sanction applied to Mr. Vargas was adequate in relation to the damage caused and the correction of the infringing conduct. For the purposes of elucidating these problems, doctrine, regulations in force at the date of the case and current regulations, jurisprudence and administrative precedents - resolutions of OPS No. 1, 2 and 3 of the South Lima Headquarters, resolutions of the Protection Commission were used. to the Consumer and the Chamber Specialized in Consumer Protection-

El actual sistema de economía social de mercado ha generado una serie de situaciones nuevas que presionan el contenido clásico del Derecho, como la globalización económica, la innovación tecnológica, el libre comercio, la libertad contractual, la libre competencia, la regulación de servicios, la autorregulación empresarial entre otras manifestaciones que han motivado una mayor apertura e integración de los mercados y por ende mayor competitividad comercial. Estas condiciones socioeconómicas abren para el consumidor un nuevo panorama como beneficiario del sistema, a tal punto que hoy hablamos de protección del consumidor, pero ¿quién es el consumidor?, ¿contra qué debería protegérsele?. Un consumidor es una persona que para atender sus necesidades o para su propio placer compra o arrienda productos y utiliza servicios ofrecidos por entes públicos o privados. Esta es al menos la definición más simple que nos servirá de derrotero para el estudio del tema, y ¿Contra qué debería protegérsele al consumidor?, para decirlo sencillamente, debe protegérsele contra el engaño y el abuso de los proveedores.

El informe analiza el esquema hub and spoke en el contexto del mercado de pavo entero peruano, teniendo como principal actor a la empresa San Fernando. Se destaca cómo las firmas verticalmente relacionadas utilizan acuerdos contractuales para coordinar acciones y controlar externalidades. Estas restricciones, como precios no lineales, descuentos por cantidad, entre otros, buscan influir en el comportamiento de los agentes económicos. En este sentido, se explora cómo San Fernando empleó precios sugeridos como una forma de comunicar sus intenciones a los supermercados y coordinar estrategias de precios. Se evidencia que estas prácticas pueden ser equiparables a un sistema de Resale Price Maintenance (RPM), donde se busca mantener la percepción de valor del producto y evitar una competencia basada únicamente en precios bajos. Además, se introduce el concepto de hub and spoke, donde un actor central facilita la coordinación entre participantes sin contacto directo. Este esquema puede generar efectos anticompetitivos al restringir la competencia y manipular los precios en beneficio de los participantes. Finalmente, el informe destaca la importancia de identificar estas prácticas anticompetitivas y diferenciarlas de restricciones verticales legítimas, a la par que menciona que la vigilancia constante por parte de las autoridades es necesaria para detectar y sancionar conductas que distorsionen la competencia.