Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria intenta realizar un análisis del derecho a la prueba en la aplicación del procedimiento monitorio del Código del Trabajo. Esto se realiza en cuatro partes distintas. En primer lugar, analizamos porque el derecho a la prueba debe tener un estatus de derecho constitucional, tanto por vía directa como indirecta, por lo que se hace imposible su limitación por el legislador laboral. En segundo lugar, se determina cual es el contenido del derecho a la prueba, analizando los diversos límites que este tiene para las partes involucradas en un proceso judicial. En tercer lugar, analizamos la evolución del derecho procesal laboral, las características base de la reforma que se realizó años atrás en nuestro país, como se configura el derecho a la prueba en esta área, y así comprender el porqué el procedimiento monitorio se configuró de la manera que lo hizo. Por último, en el capítulo final de este trabajo, analizamos, en base a todo lo anterior, porque existe una flagrante violación a lo que constituye el derecho a la prueba dentro del procedimiento monitorio, mediante una sistemática limitación de las cargas probatorias y de las reglas del contradictorio, que dejan en indefensión jurídica a la parte demandada, en pos de una defensa de la celeridad y otros principios que fundamentan la forma en estudio.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de esta memoria es examinar la práctica de la “valoración negativa” de la prueba en el proceso penal, desde la perspectiva de la concepción racionalista. Veremos que ella no es más que una forma rebuscada de exclusión de la prueba ilícita por parte del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, en circunstancias que carece de dicha facultad. Pero ella no es la única objeción que se formula. La “valoración negativa” incrementa la tasa global de errores que el sistema produce en la determinación de los hechos. Examinaremos, entonces, el fundamento de la regla de exclusión y su coherencia con una concepción que entiende que una acertada determinación de los hechos es (junto a una correcta aplicación del derecho) la finalidad principal del proceso. Para ello, en el primer capítulo se sostendrá a la averiguación de la verdad como la finalidad principal de la prueba. Así, el primer objetivo del diseño de las reglas procesales y probatorias será la reducción de la probabilidad de errar. En el segundo capítulo se desarrollará la valoración racional como método para alcanzar dicho objetivo. En el tercer capítulo se abordará la distribución del error que el sistema inevitablemente producirá (dadas las condiciones de incertidumbre de la función adjudicativa) y su materialización a través de los estándares de prueba y otras reglas del proceso. La idea fundamental será que, una vez alcanzada una forma adecuada de distribución, ninguna regla o práctica que la altere estará justificada. En el cuarto capítulo se examinará la naturaleza de la práctica de la “valoración negativa”. Finalmente, en el capítulo quinto se tratará el fundamento de la exclusión de la prueba ilícita, con el objeto de determinar si ella se justifica en valores superiores a la disminución del error y a la forma en que adecuadamente se distribuye.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso completo de su documento

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales / En la presente tesis se analizan los procesos tramitados conforme a la acción de no discriminación arbitraria, contemplada en la Ley Nº 20.609, terminados por sentencia definitiva y sus respectivos recursos emanados de los Juzgados de Letras Civiles, Cortes de Apelaciones y Corte Suprema, dictados desde julio del año 2012 hasta julio del año 2017 en base a tres criterios: la conceptualización de la discriminación arbitraria, distribución de la carga de la prueba y la solución de conflictos entre derechos fundamentales. Se divide la tesis en tres capítulos, el primer capítulo se titula “Marco normativo y teórico”, el segundo, “Panorama general de las acciones de no discriminación arbitraria”, y el tercero, “Análisis de criterios. Conceptualización de la discriminación arbitraria, distribución de la carga de la prueba y solución de conflictos entre derechos fundamentales”. Palabras clave: Ley Nº 20.609; Ley Zamudio; acción de no discriminación arbitraria; principio de igualdad y no discriminación; jurisprudencia; conceptualización de la discriminación arbitraria; distribución de la carga de la prueba; solución de conflictos entre derechos fundamentales.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La investigación se centra en la relevancia de la introducción de nuevas tecnologías en materia probatoria. Siguiendo el método descriptivo se analizan los aspectos esenciales de la propuesta de reforma procesal civil cuya tramitación legislativa se inició en 20121, tanto en sus normas positivas como principios fundantes para dotar a la investigación de un marco que permita analizar el tratamiento de los modernos medios de prueba en la propuesta. Luego, se analizan los modernos medios de prueba, su tratamiento en la ley vigente y la situación en derecho comparado. Se relevan los medios de fijación de hechos en soportes inmateriales y la captación, tratamiento y transmisión de datos o de rasgos biométricos, analizados desde la óptica normativa y de impacto procesal, sin referirnos en forma alguna a la cadena de certificación, tratamiento y custodia forense de cualquiera de ellos. Las instituciones probatorias a analizar en detalle son: libertad probatoria, forma de incorporación de los medios de prueba al proceso, carga de la prueba y sujetos probatorios. Finalmente realizamos propuestas que se ajusten a los estándares e imperativos que constituyen nuestro sistema civil (tanto sustantivo como procesal).

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En la presente memoria se responde la pregunta sobre la procedencia de que el juez laboral decrete pruebas con posterioridad a la audiencia de juicio oral, en el contexto del procedimiento laboral de aplicación general. Ante la falta de norma expresa que resuelva esta problemática en nuestra legislación laboral, es necesario efectuar un análisis con el objeto de averiguar si deben regir en la materia las normas civiles, en su calidad de supletorias al procedimiento laboral, haciendo de esta manera aplicables las disposiciones relativas a las medidas para mejor resolver del Código de Procedimiento Civil, o si, por el contrario, debe considerarse que estas normas no podrían recibir aplicación, como consecuencia de una ponderación de los principios informativos que inspiran el derecho procesal laboral chileno, por encontrarse estos últimos en pugna con la legislación civil en este punto, toda vez que el legislador laboral estableció, en el artículo 432 del Código del Trabajo, que en todo lo no regulado en aquel Código o en leyes especiales, serán aplicables supletoriamente las normas contenidas en los Libros I y II del Código de Procedimiento Civil, a menos que ellas sean contrarias a los principios que informan este procedimiento. Por esta razón se expone la ponderación de los principios y su posible pugna con la posibilidad de decretar medidas para mejor resolver, y además se analiza la respuesta que ha recibido esta interrogante en otras ramas del derecho procesal chileno, particularmente, en aquellos procedimientos regidos por el principio de la oralidad, ello con el objeto de conocer las tendencias por las que se ha inclinado la ley chilena y en definitiva conocer la respuesta más acorde al espíritu general de la ley laboral.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el marco del procedimiento administrativo sancionador la prueba cumple un papel fundamental al permitir que la decisión que ahí se emita sea conforme a las garantías de un debido proceso. Uno de los propósitos de este trabajo es analizar los aspectos generales de la actividad probatoria dentro del procedimiento administrativo sancionador, tanto desde la perspectiva de la autoridad como del presunto infractor, a la luz de lo establecido en la legislación chilena. Para ello, me centraré en la interpretación de la Ley N°19.880, buscando establecer un marco común y supletorio para aquellos aspectos atingentes a la prueba que no han sido regulados en la normativa específica del órgano responsable del procedimiento. Otro de los propósitos de este trabajo será analizar el poco estudiado periodo de informaciones previas, considerando que en la práctica gran parte de los antecedentes incorporados por la autoridad al procedimiento fueron recabados dentro de él. En esta parte, las conclusiones se guiarán conforme a lo dispuesto en la carta fundamental, especialmente en cuanto al derecho a defensa. Lo anterior, a falta de una regulación especial por parte del legislador. Palabras claves: Procedimiento administrativo sancionador; debido proceso; derecho a defensa; periodo de información previa; prueba en el procedimiento administrativo sancionador.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El procedimiento de exhumación es usado en el proceso penal para la identificación, reconocimiento y descripción de la causa de muerte posterior a una inhumación regular. El presente texto tiene como objetivo analizar el procedimiento de exhumación aplicable en Chile desde su regulación normativa hacia su uso práctico en casos judiciales. Así, se pretende entender el procedimiento como excepción a la práctica funeraria chilena sobre el uso de cementerios y el entierro del cuerpo. Pretende, además, vincular su desarrollo al uso de procedimientos científicos en el proceso penal. En este sentido, realizaremos un análisis transversal del procedimiento, integrando una perspectiva jurídica, social y científica forense, que finalizará en la revisión del caso de exhumación del Ex Presidente Salvador Allende, en relación con su objeto, contexto y uso.

A partir de la revisión del Expediente Nro. 23646-2015-0-1801-JR-LA-08 correspondiente al proceso iniciado por el Sr. Carlos Barturen Flores contra la empresa AJEPER sobre reposición por despido fraudulento, en el presente informe se identifican cuatro problemas jurídicos, no necesariamente analizados en el proceso judicial, que abordan los siguientes temas: (i) el uso de cámaras de videovigilancia en el centro de trabajo, (ii) el hostigamiento sexual laboral (iii) la adecuada valoración de las pruebas testimoniales en el proceso y (iv) la correcta determinación de un despido fraudulento. Tras el análisis de cada problema identificado, se arriba a la conclusión de que en el caso particular no se produjo un despido fraudulento, puesto que los hechos imputados existieron y se sustentaron en pruebas válidas. No obstante, de los medios probatorios actuados en el proceso se advierte que la principal falta imputada al demandante (hostigamiento sexual) no se subsumía completamente en el supuesto de hecho contemplado en la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, vigente al momento del despido. Ello pone de relieve cuán necesaria era la modificación del concepto de hostigamiento sexual contenido en dicha norma que, hasta el año 2018, exigía que la conducta sea reiterada y que exista rechazo de la víctima para que califique como hostigamiento sexual. De otro lado, se advierte la existencia de errores en el análisis del caso por parte del juez de primera instancia, respecto a la valoración de las pruebas actuadas y el análisis de la pretensión principal (reposición por despido fraudulento). Esto demuestra que los jueces, en tanto seres humanos, no están exentos de equivocarse en el ejercicio de su actividad y, precisamente, por ello el derecho a la pluralidad de instancias es una garantía en el marco de un debido proceso.