Las mujeres indígenas andinas y amazónicas en el Perú son actoras clave en el desarrollo de sus comunidades, la defensa de sus territorios y medio ambiente, el sostenimiento de la vida a través de sus sistemas alimentarios y la preservación y difusión de su cultura y saberes ancestrales, entre muchos otros. Sin embargo, su presencia en los espacios de toma de decisión, ha sido limitada y sus voces silenciadas al no contar con participación efectiva en las asambleas y juntas directivas de sus comunidades. Ante este escenario, un grupo de lideresas indígenas de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) llevaron a cabo un proceso de cambio en la ley que norma los estatutos de las comunidades campesinas y nativas, con la finalidad de lograr el reconocimiento explícito de las mujeres indígenas como comuneras calificadas y la incorporación de mujeres en la junta directiva de sus comunidades. Para comprender este proceso de cambio, la presente investigación emplea el enfoque de las coaliciones promotoras, a partir del cual se establece que el sistema de creencias desarrollado por las mujeres indígenas a lo largo de su formación como lideresas, la conformación de una organización nacional articulada con organizaciones de base de lideresas indígenas, así como alianzas previas con instituciones de la sociedad civil, fueron elementos clave para lograr las modificaciones estatutarias. Este proceso representa un primer paso en la recuperación del poder individual y colectivo de las mujeres indígenas en el Perú.

La relación entre el Estado y los pueblos indígenas en torno al territorio han sido durante la historia republicana una lucha de ambas partes. Dentro de los territorios se han formado figuras territoriales legales como las Áreas Naturales Protegidas (ANP) en donde en su mayoría, los pueblos indígenas se ubican y en los cuales, exigen tener la gestión del territorio. En ese sentido, la presente investigación se pregunta ¿De qué manera se transfiere y adapta la propuesta de categorías de gestión de Área Protegida de la Unión Internacional para la Conversación de la Naturaleza en la creación de la categoría de Reserva Comunal en la Ley de Áreas Naturales Protegidas en el Perú en 1997?. Para ello, basándome en la teoría de transferencia de política, como un proceso en el cual se utilizan experiencias de otras instituciones como fuente de conocimiento para resolver problemas públicos, me planteo: (1) determinar quiénes fueron los actores y su grado de participación en la transferencia del modelo, (2) conocer sobre el modelo que se transfirió, y (3) entender el contexto internacional y nacional en el que se realizó la transferencia. Esta tesis demuestra, una vez más, que la transferencia de las políticas públicas ambientales se han desarrollado de manera vertical, pensando en la conservación de la biodiversidad, más no en los pueblos indígenas y sus derechos territoriales.

En el clímax de la historia que relata J. M. Coetzee en su novela Esperando a los bárbaros, el viejo magistrado trata, en vano, de evitar una brutal escena de violencia contra los “bárbaros” perpetrada por el ejército de “El Imperio”. Mientras lo arrastran malherido a su celda, reflexiona: ¿Hubiera osado enfrentarme a esa multitud en demanda de justicia para esos ridículos prisioneros bárbaros con el trasero al aire? ‘Justicia’: una vez que se ha pronunciado esa palabra, ¿hasta dónde nos conducirá? Más fácil es gritar ‘¡No!’ Más fácil es ser apaleado y convertido en mártir. Más fácil es poner la cabeza en el tajo que defender la causa de la justicia para los bárbaros: porque ¿adónde puede llevarnos esta causa sino a deponer nuestras armas y abrir las puertas del pueblo a aquellos cuya tierra hemos invadido?2 (Coetzee 2013: 159). La reflexión de este personaje se convierte en una dolorosa tragedia por dos motivos: porque la dice solo para sí, sin hacerla pública, y porque la pasión silenciosa de donde surge es una mezcla de indignación e impotencia extrema y desgarradora. El magistrado solo enuncia, a pesar de que su cargo le exige que se haga justicia, y por ello su reflexión es más cruda. Y es que si, a pesar de su evidente necesidad, la justicia ha sido ignorada tanto tiempo, descubrir que se tiene responsabilidad por su ausencia cuando es demasiado tarde puede ser abrumador; ejercerla en ese momento puede sonar descabellado, temerario. Sin embargo, la reflexión del juez no se asume aquí como una revelación o una solución que prevenga, por ejemplo, el abuso y la violación de los derechos de los pueblos indígenas. Esto es imposible, debido a la estructura política, jurídica y social, y a las relaciones que vinculan a estos pueblos con las sociedades llamadas modernas en un mundo globalizado. Pero aún así, en el momento de más angustia y desesperanza, ¿quién no reclamaría la mayor retribución para quienes hemos visto sufrir y ser agraviados?, ¿quién no reclamaría justicia? Entonces, el objetivo debería ser evitar llegar a aquel momento de angustia y concebir la justicia que se demanda mientras exista posibilidad de reparar el agravio, de compensarlo al menos y no solo reconocerlo y lamentarlo. Con la intención de brindar una herramienta para ello, este trabajo explora la postura histórica que ha tenido y tiene el Tribunal Constitucional (TC o Tribunal), una de las instituciones de justicia más importantes de gran parte de los actuales Estados modernos, sobre la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Naturalmente, este análisis se realiza en el marco de su especial función jurisdiccional y, por ende, a través de su jurisprudencia 3 histórica sobre el tema. Lo que se pretende es desenhebrar el razonamiento del Tribunal en el desarrollo de sus sentencias desde que empezó a ser receptor de las demandas de justicia de los pueblos indígenas o en aquellos casos en los que no hubo demandas explícitas, pero en los que existió un perjuicio que se pudo evitar o remediar. Éste puede haber oscilado entre un enfoque asimilacionista, expresado en la desasistencia más corrosiva, u otro intercultural, que supone un reconocimiento más inclusivo. Descubrir y analizar críticamente cuáles fueron y son los enfoques privilegiados por el TC permitirá tener una mayor claridad sobre su devenir jurisprudencial respecto del tema en cuestión. De hecho, el recorrido que se hace aquí a través de las 21 sentencias consideradas aquí de temática indígena nos revela dos cosas: la sinuosidad de la ruta trazada por el Tribunal en la búsqueda de su propia tendencia sobre los derechos de estos pueblos (incluso en periodos en los que su composición es básicamente la misma), y su peligroso encauzamiento hacia una postura multicultural muy limitada e incluso restrictiva. Ambas afirmaciones se evidencian por revelaciones expresadas en las distintas y constantes contradicciones del TC, sea en la argumentación de una misma sentencia en particular (entre su retórica y sus fallos), o entre sus propias sentencias. A partir de este análisis, se puede elaborar un discurso argumentativo orientado a redirigir la postura más circunscripta o fortalecer la más progresista. Al final, tal vez no podamos evitar sentir la misma angustia del magistrado de Coetzee, pero por lo menos secundaremos las demandas de justicia, las enunciaremos sin vacilaciones, sabiendo que lo hemos hecho a tiempo. Por último, el título de este trabajo no solo alude a las contradicciones que en materia de derechos de los pueblos indígenas ha tenido el Tribunal, especialmente entre su discurso y las consecuencias de sus fallos, también hace referencia al antiguo dios romano Jano, a su funcionalidad dual, compartida por el Tribunal. En efecto, el doble potencial del TC (a veces contradictorio) implica una misión hegemónica y contrahegemónica, de afirmación del status quo y de cambio, siempre en pugna A continuación se señalan algunas precisiones metodológicas sobre los criterios usados para el análisis de las sentencias, para luego presentar la estructura de este trabajo.

Si el próximo lunes le encargasen participar en el equipo responsable de una consulta previa, ¿cómo se imaginaría el proceso?, ¿qué consideraciones cree que tendría que tomar?, ¿cómo se prepararía?, ¿qué coordinaciones haría? La mayoría de personas en nuestro país no conoce en qué consiste la consulta previa así como tampoco conoce a los pueblos indígenas. En ese contexto, emergen discursos y se construyen nuevos con el propósito de cubrir o abordar dichos temas. La implementación de la consulta previa a los pueblos indígenas en el Perú constituye uno de los retos más complejos para la sociedad y la administración pública - encargada de realizarla-. Dicho derecho presupone el reconocimiento y valoración de las diversas identidades indígenas como fundamento para la exigibilidad y el respeto de derechos específicos de los pueblos indígenas, incorporando sus consideraciones en las decisiones estatales que los involucren. El desarrollo normativo del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas significa, formalmente, el establecimiento de un proceso que busca proteger el conjunto de sus derechos e implica, por tanto, un cambio en la manera de entendernos como sociedad y como Estado. En la consulta previa, las decisiones estatales que involucran a pueblos indígenas se toman “con” ellos y no “para” ellos. Los derechos de los pueblos indígenas se encuentran reconocidos en la normativa nacional e internacional vigente por lo que nos parece primordial concentrar esfuerzos en el establecimiento de mecanismos para hacerlos efectivos. En ese sentido, la presente memoria profesional nace de nuestra preocupación por poner en práctica el derecho a la consulta previa.

El propósito de la presente investigación es analizar y comparar, en un colegio rural multigrado amazónico, cuáles son las opiniones educativas de los y las estudiantes, padres y madres y docente. Asimismo, se analiza el aprendizaje dentro y fuera de la escuela y la distancia entre la cultura escolar y la cultura del centro poblado. El abordaje utilizado fue cualitativo y se realizaron 15 entrevistas semiestructuradas. Los resultados de este estudio permiten concluir que se identificaron cinco opiniones claves en los participantes de la comunidad educativa, algunas compartidas por padres, madres, sus hijos e hijas y la docente y algunas que se manifiestan más claramente en uno u otro grupo. En primer lugar, los resultados nos muestran que la comunidad entiende la escuela como un medio para ascender socialmente y lograr dejar de ser agricultores. En segundo lugar, se identifica dos ideas que son complementarias y que se refuerzan entre sí, la noción de que la buena docencia implica únicamente enseñar, es decir que la docente es buena en tanto simplemente enseñe (más allá de qué enseñe y/o de cómo enseñe) y la idea de que los estudiantes son responsables de sus logros de aprendizaje sin que la docente o la familia tengan un rol en su aprendizaje. En tercer lugar, se observa que se le atribuye a la obediencia un rol fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje y finalmente, los padres y madres reconocen en la escuela una distancia relativamente clara con la cultura de la comunidad. / The purpose of the research is to analyze and compare, in a multi-grade Amazonian rural school, the educational opinions of students, parents and teachers. Also, the learning within and outside the school and the distance between the school culture and the culture of the indigenous community are analyzed. The methodology used was qualitative based on 15 semi-structured interviews. The results of this study allow us to conclude that five key ideas were identified in the participants of the educational community, some shared by parents, their children and the teacher and some that are more clearly expressed in one or the other group. First, the results show that the community understands the school as a means to rise socially and to stop being farmers. Secondly, two ideas are identified that are complementary and that reinforce each other, the notion that good teaching implies only teaching, that is to say that the teacher is good as long as she simply teaches (regardless of what she teaches or how she teach) and the opinion that students are responsible for their learning achievements without the teacher or family having a role in their learning. Third, the idea of obedience is observed as a fundamental aspect in the teaching-learning process. Finally, parents recognize in school a distance to the culture of the community.

De acuerdo con lo indicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uno de los principales problemas que aquejan a los pueblos indígenas es la afectación de sus territorios como consecuencia de proyectos de desarrollo que generan las actividades extractivas (CIDH, 2015). En América Latina, se observan frecuentemente conflictos sociales producidos por los potenciales impactos de naturaleza social, cultural y ambiental que las mismas generan en territorios indígenas (CIDH, 2017). Por esta razón, el presente trabajo desarrolla una propuesta a fin de cubrir las necesidades de las comunidades del Perú y, más adelante, de Latinoamérica, cuyo objetivo es reducir el impacto de las actividades informales en la zona, como la minería ilegal, que vienen afectando su medio ambiente, la salud de su población y el desarrollo de la comunidad, creando un medio de subsistencia respaldado en la explotación de sus propios recursos para su beneficio. Se ha realizado un estudio de las necesidades de la comunidad nativa Tres Islas y el mercado competitivo que existe en la región y, con base al empleo de metodologías ágiles, se ha obtenido una propuesta para lograr el objetivo planteado. Para estos efectos, se realizaron entrevistas con los pobladores de la comunidad y también con el personal que los representa, con lo que se pudo recibir una mejor perspectiva del contexto y entorno en el que se encuentran inmersos. Se presenta la solución obtenida, sugiriendo la implementación de un sistema de turismo vivencial que logre conectar a turistas interesados en el tema con las comunidades y, de esta forma, concientizar a las personas sobre los derechos, la supervivencia, la cultura y las tradiciones de un pueblo indígena. De igual forma, se plantea que durante estas actividades los pobladores puedan comercializar variedad de productos elaborados por ellos mismos. / According was indicated by the Inter-American Commission on Human Rights, one of the problems is the affectation of their territories as a consequence of development projects generated by extractive activities (CIDH, 2015). In Latin America, social conflicts produced by the potential impacts of a social, cultural and environmental nature that they generate in indigenous territories are frequently observed (CIDH, 2017). For this reason, the present work develops a proposal in order to cover the needs of the communities of Peru and, later, of Latin America, whose objective is to reduce the impact of informal activities in the area, such as illegal mining, which come affecting their environment, the health of their population and the development of the community, creating a means of subsistence supported by the exploitation of their own resources for their benefit. A study of the needs of the Tres Islas native community and the competitive market that exists in the region has been carried out and, based on the use of agile methodologies, a proposal has been obtained to achieve our objective. For these purposes, interviews were conducted with the residents of the community and also with the personnel that represents them, with which it was possible to receive a better perspective of the context and environment in which they are immersed. We present the solution obtained, suggesting the implementation of an experiential tourism system that manages to connect tourists interested in the subject with the communities and, in this way, make people aware of the rights, survival, culture and traditions of a indigenous people. In the same way, it is proposed that during these activities the inhabitants can market a variety of products made by themselves.

La presente investigación se inscribe en las áreas de Derechos Humanos y Derecho Administrativo. Consiste en determinar el contenido y alcance de la propiedad comunal de los pueblos indígenas con la finalidad de conocer su naturaleza jurídica y detallar su regulación. Así, en el primer capítulo, detallaré en qué estado se encuentra el debate del tema, cuál es el tipo de investigación que desarrollaré y cuál es marco teórico adecuado para comprender la problemática. En el segundo capítulo, pretendo comprender el estándar de protección garantizado constitucionalmente a la propiedad comunal indígena y cómo estas garantías no son respetadas por la normativa sub-constitucional que hemos recopilado y detallamos en este capítulo. Mediante una investigación analítica, interpretativa, comparativa y sociológica abordamos el problema de investigación que es la desprotección sub-constitucional de la propiedad comunal que existe en nuestro ordenamiento jurídico.

La violencia que se ejerce hacia los pueblos indígenas en el Perú en pleno siglo XXI continua vigente y, muy por el contrario, ha encontrado formas de institucionalización dentro del Estado. Los procesos de titulación de territorio indígena, por parte de los Gobiernos Regionales es otra manera de oprimir los derechos de los pueblos, en la forma y el fondo en las que se han construido estos procesos. Pese a esto, el Gobierno Regional de Ucayali ha logrado ser una de las pocas regiones que en los últimos años ha titulado la mayor cantidad de comunidades nativas. Puede ser contraproducente la titulación de comunidades, pese a los intereses de las propias regiones en explotar los recursos naturales. La región Ucayali tiene uno de los índices más altos de tráficos de tierras y, los funcionarios a cargo de los procesos de titulación están siendo actualmente investigados por la fiscalía de la región. Por ello, esta investigación busca determinar cuáles fueron las razones por las cuales, frente a estos actos de corrupción expuestos, algunas comunidades nativas si lograron su titulación. Esto se debe a que es posible que su territorio no sea del interés económico de estos funcionarios o se debe a una lucha más organizada de las comunidades sobre su territorio.

Los pueblos indígenas en cuyos territorios se realizan actividades de explotación de recursos naturales no se benefician mayoritariamente de ellas. Ello, a pesar de que nuestro país experimenta un auge en la expansión de las industrias extractivas –en especial mineras y agroindustriales– y de las enormes ganancias que estas generan para sí mismas y, en menor medida, para el Estado. Todo lo contrario, estas actividades dejan tras de sí una estela de contaminación y afectación de los territorios donde estos pueblos viven, y lo que es peor, afectando el acceso de estos pueblos a los recursos naturales indispensables para su subsistencia. Esta situación contribuye a generar un contexto social de alta conflictividad social que a todos afecta. Ante esta realidad, esta tesis quiere contribuir a precisar, cuál es el contenido constitucional y más precisamente convencional, del derecho de los pueblos indígenas a beneficiarse de las actividades extractivas en sus territorios, reconocido en el artículo 15.2 del Convenio 169 de la OIT, tratado internacional de derechos humanos de rango constitucional. Tras 24 años de entrada en vigencia del Convenio 169 de la OIT, es necesario comenzar a exigir la vigencia de este derecho. Y esto solo será posible, si se tiene más claridad sobre el contenido constitucional y convencional protegido de este derecho. Con esa finalidad esta tesis, intenta revisar el desarrollo jurisprudencial de este derecho por diferentes cortes constitucionales, y de manera especial por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, revisamos los diferentes pronunciamientos de la OIT, que han ido desarrollando y arrojando luces sobre este derecho. La falta de desarrollo normativo legal y reglamentario de este derecho no justifica su desconocimiento. A pesar de ello, nuestra conclusión, es que existe un mínimo contenido normativo convencional suficiente para exigir la vigencia de este derecho ante los órganos administrativos, políticos y jurisdiccionales.

Este trabajo analiza la importancia de la consulta previa en proyectos de infraestructura que afectan a los pueblos indígenas en Perú, centrándose en el caso del proyecto de la Línea de Transmisión 220 KV Moyobamba-Iquitos y Subestaciones Asociadas. La relevancia de esta investigación radica en su complejidad y el impacto en los derechos colectivos de los pueblos indígenas, así como en la necesidad de equilibrar el desarrollo económico con la protección de estos derechos. Mis objetivos son examinar si se ha respetado el derecho a la consulta previa, identificar los principales problemas jurídicos que surgen en este contexto y proponer recomendaciones para mejorar la aplicación de este derecho en futuros proyectos. Quiero lograr un entendimiento más profundo de cómo la consulta previa puede ser una herramienta efectiva para la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones, asegurando que sus derechos sean considerados y protegidos adecuadamente, sobre todo cuando se trate de proyectos de infraestructura eléctrica. La reflexión principal es que la consulta previa debe ser realizada antes de la implementación de cualquier proyecto que pueda afectar los derechos de las comunidades indígenas, respetando la jerarquía normativa y los principios de legalidad para garantizar la protección de sus derechos en todo momento. También se exhorta a que el Estado pueda brindarle a nuestros pueblos indígenas, la protección necesaria para la salvaguarda de sus territorios. / This study analyzes the importance of prior consultation in infrastructure projects that affect indigenous peoples in Peru, focusing on the case of the 220 KV Moyobamba-Iquitos Transmission Line and Associated Substations project. The relevance of this research lies in its complexity and the impact on the collective rights of indigenous peoples, as well as the need to balance economic development with the protection of these rights. My objectives are to examine whether the right to prior consultation has been respected, identify the main legal issues that arise in this context, and propose recommendations to improve the application of this right in future projects. I aim to achieve a deeper understanding of how prior consultation can be an effective tool for the participation of indigenous peoples in decision-making, ensuring that their rights are adequately considered and protected, especially in the case of electrical infrastructure projects. The main conclusion is that prior consultation should be conducted before the implementation of any project that could affect the rights of indigenous communities, respecting the normative hierarchy and principles of legality to ensure the protection of their rights at all times. It is also urged that the State provide indigenous peoples with the necessary protection to safeguard their territories.