El presente estudio tiene por objetivo analizar la posibilidad de admitir la viabilidad de la actividad minera en territorio indígena en el Perú con el fin de estimular y conciliar el desarrollo de un país minero e indígena que, por un lado, precisa de los recursos naturales y, por el otro, necesita de proteger, fomentar e salvaguardar la integridad de los pueblos indígenas que la conforman. En ese sentido, en busca de resultados, primero se pasó a delimitar la organización indígena como sistema social diferenciado en un Estado Multicultural, así como se analizó la importancia de la protección y garantía del respeto a las instituciones indígenas en un Estado de Derecho, en conformidad con los Convenios 169-OIT, la DUNDPI y los precedentes constitucionales del TC peruano. Tal análisis también tuvo en consideración los datos oficiales de la situación indígena en el Perú, según el INEI y la DP. De esa forma, se desarrolló la tesis del misterio del capital indígena propuesto por el ILD, presidida por el economista Hernando de Soto, intentando responder el porqué de los pueblos indígenas peruanos están estancados en el subdesarrollo por la omisión en el reconocimiento del derecho de propiedad de sus territorios. Conforme a las realidades e posiciones sobre las cuestiones indígenas, se analizó la viabilidad de la asociación empresarial entre los agentes económicos del sector minero y los pueblos indígenas con la finalidad de extraer los recursos minerales sosteniblemente en los TIs, teniendo como ideal sobre la asociación la generación de renta y recursos económicos a favor de estos pueblos para que puedan satisfacer sus demandas y necesidades sociales con el fin de alcanzar el desarrollo deseado y el bienestar general en base al principio de la dignidad humana. Esta última posición será desarrollada según la situación actual de las instituciones en el Perú, en conformidad con las teorías de desarrollo como libertad por Amartya Sen en conformidad con las experiencias de la minería en territorios indígenas canadienses y australianos. / The present study aims to examine the possibility of allowing the feasibility of mining in Peru indigenous territory in order to stimulate and reconcile the development of a mining and indigenous country on the one hand, requires natural resources and on the other, you need to protect, promote and safeguard the integrity of indigenous peoples within it. In that sense, looking for results, first came to define the indigenous organization as a social system in a State Multicultural differentiated and analyzed the importance of protecting and ensuring respect for indigenous institutions in the rule of law in accordance with ILO Conventions 169, the constitutional precedents DUNDPI and Peruvian TC. Such analysis also took into consideration the official data indigenous situation in Peru, according to INEI and DP. Thus, the thesis developed the mystery of indigenous capital proposed by the ILD, chaired by economist Hernando de Soto, trying to answer the why of indigenous Peruvians mired in underdevelopment by the omission in the recognition of property rights their territories. According to the realities and positions on indigenous issues, we analyzed the viability of the business association between economic agents in the mining sector and indigenous peoples in order to extract mineral resources sustainably in the TIs, taking as an ideal on the association's income generation and economic resources for these people so they can meet their demands and social needs in order to achieve the desired development and well-being based on the principle of human dignity. This position will be developed according to the current situation in Peru institutions, in accordance with the theories of Development as Freedom by Amartya Sen in accordance with the experience of mining in indigenous territories Canadians and Australians.

El presente Informe tiene por objeto analizar la sentencia del Tribunal Constitucional recaída sobre el expediente N° 03066-2019-PA/TC, en el proceso seguido por las Comunidades Chila Chambilla y Chila Pucará, a través de la cual dicho órgano colegiado afirma que el derecho a la consulta previa no es un derecho fundamental en el ordenamiento jurídico peruano, y, en consecuencia, declara la improcedencia de la demanda. Para tal efecto, a fin de determinar si la decisión adoptada por dicho Tribunal vulnera el derecho a la consulta previa alegado, se analizará, por un lado, las causales de improcedencia de la demanda de amparo reguladas en el Código Procesal Constitucional, y, por otro lado, la correspondencia de la aplicación del derecho a la consulta previa para las Comunidades demandantes, ello, teniendo en cuenta tanto la norma constitucional, como los tratados, jurisprudencia y opiniones vinculantes de organismos internacionales, que son de observancia obligatoria para el Perú. Así pues, del análisis de las herramientas jurídicas antes señaladas, se demostrará que el caso abordado por el Tribunal Constitucional no se encontraba en ningún supuesto de improcedencia procesal, así como que el mismo debió ser declarado fundado, ya que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico peruano, en concordancia con los estándares internacionales aplicables, el derecho a la consulta previa de las Comunidades demandantes debió ser garantizado / The purpose of this Report is to analyze the judgment of the Constitutional Court handed down on file N° 03066-2019-PA/TC, in the process followed by the Chila Chambilla and Chila Pucará Communities, through which said collegiate body affirms that the right to prior consultation is not a fundamental right in the Peruvian legal system, and, consequently, declares the claim inadmissible. For this purpose, in order to determine if the decision adopted by the Constitutional Court violates the alleged right to prior consultation, it will analyze, on the one hand, the grounds for inadmissibility of the amparo claim regulated in the Constitutional Procedure Code, and, on the other hand, the correspondence of the application of the right to prior consultation for the claimant Communities, taking into account both the constitutional norm, as well as the treaties, jurisprudence and binding opinions of international organizations, which are mandatory for Peru. Thus, from the analysis of the aforementioned legal tools, it will be demonstrated that the case addressed by the Constitutional Court was not in any case of procedural inadmissibility, as well as that it should have been declared wellfounded, since, according to the law In Peruvian law, in accordance with applicable international standards, the right to prior consultation of the claimant Communities should have been guaranteed

El Tribunal Constitucional, como institución autónoma e intérprete de la Constitución, además de ser escenario en el que se realiza argumentación jurídica, también es espacio de disputa de discursos políticos, pues es a través de los fundamentos de sus sentencias en que se legitiman ideologías. En la línea de las aproximaciones que los magistrados constitucionales peruanos realizan acerca del sistema de justicia indígena-comunal y de su comprensión de las circunstancias sociales, culturales y jurídicas que rodean a la diversidad de Pueblos Indígenas existentes en el Perú, se evidencian una serie de discursos jurídicos que, aunque intenten partir de una igualdad jurídica abstracta y apelen al reconocimiento jurídico de una pluralidad étnica y un pluralismo jurídico, en la realidad de los hechos evidencian relaciones de tensión, dado que sus interpretaciones acerca del artículo 149° de la Constitución reproducen preconcepciones y reflejan un abanico de posturas que, al explicitarse en sus sentencias, legitiman ideologías en las que no necesariamente se reconoce la autonomía jurisdiccional indígena ni la igualdad de condiciones entre las formas de justicia ordinaria y comunal. El presente texto propone analizar el corpus de seis sentencias del Tribunal Constitucional peruano, emitidas de 2009 a 2017, en las que dicho órgano interpretó los alcances del artículo 149°. A partir de ello, se busca determinar si es que los discursos jurídico-constitucionales expresados en dichas sentencias contemplan (o no) posturas de negación, asimilación, subordinación o de apertura hacia el ejercicio autónomo de la función jurisdiccional indígena-comunal; para lo cual se hace uso del Análisis Crítico del Discurso (ACD) como método de deconstrucción de las argumentaciones jurídicas seleccionadas. Finalmente, se hace una reflexión sobre el Derecho como instrumento que emplea modos de acción discursivos que proyectan y a su vez son reflejo de las tensiones en la praxis social cotidiana.

Desde el fin del siglo XX, las diferentes formas de construcción de fronteras vinculadas a procesos que transitan entre lo global y cotidiano han mostrado cambios notables extendiéndose a través de nuevas configuraciones físicas y simbólicas, y perspectivas renovadas. Partiendo de ese marco, la presente investigación aterriza en el territorio indígena del Cenepa, habitado predominantemente por el pueblo Awajún, para indagar en la producción del espacio fronterizo, actualmente marcado por el acelerado esparcimiento de la minería ilegal e informal desarrollada tanto por actores foráneos como por pobladores indígenas. Se plantea entender el caso a partir de la producción histórica del espacio y un enfoque interseccional de la ‘frontera’ que mire más allá del límite nacional en el que se ubica, atendiendo al resto de fronteras situadas en él y recogiendo en el tiempo la multiplicidad de actores y procesos socio-territoriales conducentes a la llegada del extractivismo. El espacio fronterizo del Cenepa es explicado entonces como resultado de la interacción histórica de 4 tipos de frontera –la frontera nacional, étnica, de conservación y extractiva– a lo largo de tres períodos transcurridos entre los años 1929 y 2021. Estas fijan 5 modos de asociación entre sí definidos por relaciones de oposición, superposición, alianza, resistencia y negociación, que se hallan atravesadas por diversas concepciones, prácticas y resignificaciones simbólicas sobre el espacio. Así, se identifica un primer momento histórico (1929-1995) en donde la búsqueda estatal de integrar la emergente frontera nacional mediante la desintegración de la frontera étnica de los pueblos indígenas determina entre ambas fronteras una relación inicial de oposición. En el periodo siguiente (1995-2009), dicha relación se transforma a una de alianza en tanto los pueblos indígenas participan activamente del proceso de delimitación de la frontera nacional y del establecimiento de la frontera de conservación mediante la creación de un Parque Nacional. No obstante, la posterior intervención de los intereses mineros y la debilidad institucional del Estado para preservar la agenda de conservación conducirán, por un lado, a una nueva relación de alianza, ahora entre la frontera nacional y de conservación con la extractiva, y, por el otro, a una de superposición entre la frontera extractiva y la étnica. Se abre paso, finalmente, al boom del oro en el Cenepa (2010-2021) con el profundo avance de la frontera extractiva en el territorio. Su cruce con la frontera indígena estará organizado por diferentes formas de relación oscilantes entre la resistencia y la negociación de los habitantes nativos, las cuales complejizan la narrativa del conflicto asociada a la expansión extractivista en territorios originarios.

El desplazamiento interno producto del Conflicto Armado No Internacional peruano (1980 a 2000) ha dejado un número elevado de víctimas que, en su mayoría pertenecen a pueblos indígenas, aspecto que ha complejizado obtener reparaciones integrales adecuadas, pues la percepción del daño y reparación varía dependiendo de quién la percibe. En ese sentido, desde una cosmovisión indígena, el daño sufrido puede ser entendido de forma diferente que desde una visión occidentalizada. Por dicho motivo, la reparación debe ser planteada reconocimiento estas diferencias e incorporándolas. Sin embargo, en el Perú, la reparación, ha sido planteada sin evidenciar las grandes diferencias culturales preexistentes y sin ofrecer medidas de reparación que incluyan la perspectiva de la víctima, la lengua, cosmovisión, entre otros aspectos. Por ello, existe un número creciente de desplazados internos que no consideran haber sido reparados adecuadamente. Frente a ello, en la presente investigación, se plantea la interculturalidad crítica como una vía que posibilita la reparación integral de las víctimas y que permite la incorporación de sus perspectivas en las medidas que se formulen para su reparación. De esta manera, las víctimas pueden ser partícipes del diseño de reparaciones y sujetos activos de un proceso de reparación transformativo que permita superar los daños del conflicto y llegar a soluciones duraderas. Asimismo, en la investigación se propone algunos lineamientos para el diseño de reparaciones desde la interculturalidad crítica.

En múltiples ocasiones, los conflictos socioambientales en el Perú han sido una muestra panorámica del arraigo institucional a una visión netamente antropocéntrica que, con gran frecuencia, tiende a desconocer la significación de la naturaleza en sí misma, invalidando las proposiciones reinvindicatorias de los pueblos originarios y generando condiciones de evidente rechazo a su identidad étnica y cultural, fragmentando el país y debilitando el rol de la administración pública. Consciente de ello, se pretende analizar la validez constitucional del Decreto Legislativo 1079, que precisamente se emite en un contexto agitado por los conflictos socioambientales a raíz de la adhesión de nuestro país al Acuerdo de Promoción Comercial suscrito con Estados Unidos (en adelante TLC). En ese sentido, se propone abordar históricamente el contexto en el que se desarrolla el Decreto referido, a fin de identificar los principales puntos problemáticos de su emisión, y confrontarlos de cara a la casuística, doctrina y regulación nacional como internacional. De tal forma, se hace necesario fomentar una discusión académica sobre las implicancias y consecuencias en torno a la posición adoptada por el Tribunal Constitucional; por lo cual, propongo una evaluación socio – jurídica que cuestiona una gestión pública que desconoce las obligaciones asumidas por el Estado y que redunda en la transgresión de derechos, afirmando la necesidad de consolidar el rol de la administración ambiental en defensa de las Áreas Naturales Protegidas (en adelante ANP’s), pero con un enfoque transversalmente intercultural. / On multiple occasions, socio-environmental conflicts in Peru have been a panoramic example of the institutional roots of a clearly anthropocentric vision that, very often, tends to ignore the significance of nature itself, invalidating the original peoples' vindicatory proposals and generating conditions of evident rejection of their ethnic and cultural identity, fragmenting the country and weakening the role of public administration. Aware of this, we intend to analyze the constitutional validity of Legislative Decree 1079, which was issued precisely in a context agitated by socio-environmental conflicts as a result of the accession of our country to the Trade Promotion Agreement signed with the United States (hereinafter FTA). In this sense, it is proposed to historically approach the context in which the Decree is developed, in order to identify the main problematic points of its issuance, and to confront them in the face of casuistry, doctrine and national and international regulation. Thus, it is necessary to promote an academic discussion on the implications and consequences of the position adopted by the Constitutional Court; therefore, I propose a socio-legal evaluation that questions a public management that ignores the obligations assumed by the State and that results in the transgression of rights, affirming the need to consolidate the role of the environmental administration in defense of the Natural Protected Areas (hereinafter NPA's), but with a cross-cultural approach.

A raíz de 1) la problemática en el plano empírico sobre el alarmante incremento y recurrencia de la criminalización de los defensores de los derechos de los pueblos indígenas que ha generado una crisis mundial, regional y nacional; junto a 2) la problemática en el plano jurídico-conceptual en el SIDH respecto a la ceguera conceptual de la Corte IDH sobre los casos de criminalización de defensores de los derechos de los pueblos indígenas, se propone una herramienta conceptual para un análisis más completo de los casos de criminalización de estos defensores en la Corte IDH: el enfoque estructural. Se elabora esta herramienta conceptual como un marco de cinco elementos a seguir por los operadores jurídicos para la identificación y análisis de estos casos: 1) la identificación de aspectos comprendidos bajo el concepto interamericano de “criminalización”, 2) la pertenencia a uno de los grupos de defensores más afectados: defensores de DPI, 3) la identificación de los principales actores que ejercen o promueven la criminalización, 4) las principales formas de criminalización y 5) los efectos de la criminalización de defensores de DPI. Finalmente, se demuestra un análisis más completo de casos sobre la criminalización de estos defensores de usarse la herramienta conceptual propuesta mediante la ejemplificación de las ventajas de este enfoque en casos pasados analizados de forma incompleta por la Corte IDH. No obstante, esta respuesta conceptual a la doble problemática de la criminalización de los defensores de los derechos de los pueblos indígenas no pretende agotar la solución, asimismo, aun presenta conceptualmente oportunidades de desarrollo a futuro.

El presente informe profesional se desarrolla en base a mi experiencia como consultora de investigación y desarrollo para el Fondo Nacional para Áreas Naturales Protegidas por el Estado – Profonanpe, entidad encargada de recaudar, administrar y canalizar fondos para la ejecución de programas y proyectos que contribuyan a la agenda ambiental del Perú. En esta oportunidad se mostrarán los avances en el diseño e implementación de una herramienta de gestión de la información territorial organizada en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Una particularidad de esta herramienta es su análisis a nivel de unidades geográficas denominadas localidades, espacios donde habitan pueblos indígenas u originarios y donde se desarrollan ecosistemas biodiversos. El objetivo principal de esta herramienta es mejorar la planificación y gestión de la cartera de intervenciones de la institución a través del acceso oportuno y confiable a datos estadísticos y geográficos de las localidades en los ámbitos de intervención de los programas y proyectos, que a su vez incorpore indicadores interculturales relevantes desde la perspectiva propia de los pueblos indígenas u originarios.

La presente tesis analiza el proceso de consulta previa de los reglamentos de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre Nro. 29743, realizada desde octubre de 2014 a marzo de 2015, la cual constituye la primera política pública forestal peruana, en aplicación de la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios (LCP), quienes ocupan casi el 30% de la extensión de los bosques peruanos, es decir, 56% del territorio nacional. Este fue un proceso de diálogo y negociación exitoso que configuró lo que en la presente investigación se denomina “capacidad relacional”, construida al estudiar el caso en base a cuatro elementos: (i) relación y articulación, (ii) reglas de juego formales e informales, (iii) dotación de recursos humanos y financieros, y (iv) liderazgo, los cuales fortalecieron la gobernanza forestal, cinco años después del Baguazo (2009), conflicto que ocasionó la muerte de 33 personas. El consenso logrado entre el Estado y los Pueblos Indígenas, en base al desarrollo de la “capacidad relacional” permitió la implementación de la Política Nacional Forestal y su legitimidad y propició el establecimiento del Consejo Directivo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), en el que desde el año 2016 cuatro representantes de organizaciones sociales amazónicas y andinas participan de los procesos decisionales del sector. / This thesis analyzes the prior consultation associated with the regulations contained in the Forestry and Wildlife Law No. 29743, conducted from October 2014 to March 2015, a law which constitutes the first national public forestry policy –in application of the Prior Consultation Law- produced in consultation with the indigenous peoples who occupy almost 30% of Peruvian forests across 56% of the nation’s territory. This successful process of dialogue and negotiation was based upon what is known as Relational capacity, built through analysis based on four elements: (i) relationships and articulation, (ii) formal and informal rules of the game, (iii) provision of human resources and financing and (iv) leadership. This process strengthened the Peru’s forestry governance, five years after the unfortunate Baguazo incident (2009), which cost the lives of thirty-three Peruvians. The consensus achieved between the state and the indigenous people, developed with the relational capacity, enabled the implementation of the National Forestry Policy and its legitimization, as well as leading to the establishment of the Executive Council of the National Forestry and Wildlife Service (SERFOR), through which four representatives of Amazonian and Andean social organizations have participated in the sector’s decisional processes since 2016.

En el Perú, la historia de los pueblos indígenas se invisibiliza constantemente; sin embargo, resalta la presencia de los mismos ante la posibilidad del desarrollar de actividades extractivas en sus territorios, pese a ello, dicha situación genera afectaciones sistemáticas a derechos como el territorio y la vida. Los derechos mencionados previamente, requieren especial atención si se considera, considerando que muchos de los espacios que ocupan carecen de protección. En ese sentido, las Reservas indígenas se presentan como el mecanismo idóneo para salvaguardar los derechos de la población en aislamiento y en contacto inicial junto con sus derechos. Conforme el Convenio 169, el territorio es entendido como la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera, además, se caracteriza por estar habitado de manera ancestral por dicha población, por lo que debe ser respetado y protegido junto con la libre autodeterminación de los pueblos de permanecer en la situación de aislamiento y de contacto inicial, por lo que se resalta la creación de Reservas Indígenas para la defensa de derechos de los PIACI. Por último, es preciso evaluar el accionar del Estado frente las actividades extractivas plasmadas en contratos ley en aplicación del control de convencionalidad, tomando en cuenta el impacto de la jurisprudencia de la Corte IDH en cuanto protección de los pueblos indígenas del Perú. / In Peru, the history of indigenous peoples is constantly being made invisible; however, their presence stands out due to the possibility of carrying out extractive activities in their territories, despite this, this situation generates systematic effects on rights such as territory and life. The aforementioned rights require special attention if it is considered, considering that many of the spaces they occupy lack protection. In this sense, the Indigenous Reserves are presented as the ideal mechanism to safeguard the rights of the population in isolation and in initial contact together with their rights. According to Convention 169, the territory is understood as the totality of the habitat of the regions that the interested peoples occupy or use in some other way, in addition, it is characterized by being inhabited in an ancestral way by said population, so it must be respected and protected together with the free self-determination of the peoples to remain in the situation of isolation and initial contact, which is why the creation of Indigenous Reserves for the defense of the rights of the PIACI is highlighted. Finally, it is necessary to evaluate the actions of the State in the face of extractive activities embodied in legal contracts in application of conventionality control, taking into account the impact of the jurisprudence of the Inter-American Court regarding the protection of the indigenous peoples of Peru.