La Unión Europea es una organización internacional que para lograr la integración entre sus miembros tiene organismos que promueven su desarrollo en un ambiente de equidad. La Comunidad Andina a su vez, surge con la idea de formar una organización internacional que promueva el desarrollo común de sus miembros. La integración de los Estados miembros resulta fundamental para su desarrollo. Así, estas organizaciones internacionales cuentan con instituciones como el Tribunal de Justicia, cuya labor es interpretar el Derecho Comunitario y ser el ente supranacional. En su intento por avanzar y fortalecer la integración, la Comunidad Andina ha adoptado muchas figuras de la Unión Europea, entendiendo que éstas han resultado productivas, efectivas y necesarias para promover la integración al interior de ésta. Es así, que en la actualidad contamos con la consulta prejudicial que es un mecanismo utilizado por los tribunales comunitarios a fin de dar interpretaciones de las normas comunitarias y así procurar su uniformidad. En la Unión Europea surgió la teoría del acto aclarado a fin de evitar recargas de procesos que se consideran innecesarios porque se tratan de interpretaciones que han sido realizadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con anterioridad. Muchos tratadistas y estudiosos consideran que sería adecuado el traslado de esta figura a la Comunidad Andina, al igual que se ha hecho con la gran mayoría de figuras de la Unión Europea. Esta tesis busca desarrollar un análisis sobre la complejidad de la posible aplicabilidad de la teoría del acto aclarado en la interpretación prejudicial andina, y evaluar las posturas que sugieren que su utilización beneficiaría el procedimiento de solución de controversias en la integración andina. Esta tesis sugiere que el uso de la Teoría del acto aclarado en la Comunidad Andina sería perjudicial y dificultaría la labor del Tribunal Judicial de la Comunidad Andina. / Tesis

Tesis

La tesis tiende a dar cuenta de los aspectos sociales y culturales que van acompañados a la elección de usuarios beneficiarios, instalación e implementación de agua y saneamiento básico y a sustentar el grado de beneficio real que tienen las poblaciones indígenas con el programa de Agua para todos, con el proyecto del Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural, PRONASAR del Ministerio de Vivienda y Construcción. Se ha podido constatar que la población objetivo del PRONASAR del Ministerio de. Vivienda y Construcción, está orientado fundamentalmente, a satisfacer la necesidades de agua potable y saneamiento al área indígena andina, en forma mayoritaria, porque los lugares escogidos para la instalación de los servicios de agua potable y alcantarillado que promueve ésta institución, se ubican en los lugares más pobres del país y por ende en el área andina, tanto rural como la urbana. Sin embargo existe una diferencia entre el área rural del interior, donde la población es predominantemente indígena y las pequeñas ciudades donde existe presencia indígena importante, aunque la población sea predominantemente mestiza. / Tesis

El presente informe tiene como finalidad analizar la idoneidad de la acción de nulidad interpuesta por Marfor Producciones S.R.L. en contra de la marca «EXPONÁUTICA PERÚ» de titularidad de Profesionales Marítimos S.R.L. y la interpretación prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 121-IP-2014. El análisis del presente caso se justifica en dos grandes áreas del derecho: la propiedad industrial y el derecho comunitario. En primer lugar, buscaremos acreditar que Marfor Producciones S.R.L. interpuso una acción inefectiva para la tutela de sus derechos. En segundo lugar, abordaremos la interpretación efectuada por el Tribunal al concepto de “juez nacional” en el marco de las interpretación prejudiciales (artículo 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). En concreto, revisaremos los seis criterios que estableció el Tribunal para permitir que entidades administrativas como la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos puedan encajar en el término “juez nacional” comunitario y, por consiguiente, solicitar interpretaciones prejudiciales. La metodología aplicada en el informe es indudablemente dogmática, con un enfoque amplio en la doctrina especializada, la normativa aplicable y la jurisprudencia correspondiente. En el trabajo se podrá observa el criterio de interpretación teleológico y, en menor medida el literal. En suma, las conclusiones principales son que (i) la acción de nulidad interpuesta por Marfor Producciones S.R.L. fue inidónea y (ii) la interpretación prejudicial efectuada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es correcta pero con ciertas precisiones.

La interpretación prejudicial es un proceso comunitario no contencioso. Sus efectos la convierte en la herramienta fundamental para garantizar la aplicación e interpretación uniforme del ordenamiento comunitario andino dentro del territorio de los Países Miembros de la Comunidad Andina. Mediante la interpretación prejudicial, también se asegura el correcto desarrollo del proceso de integración andino. El presente trabajo académico establece que el trabajo interpretativo del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina, no utiliza las reglas de interpretación establecidas en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 cuando analiza el término juez nacional, el mismo que se encuentra descrito en el Artículo 33° del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina opta por una interpretación que amplía su significado y, en consecuencia, entiende que juez nacional también es un funcionario administrativo con función jurisdiccional y un árbitro.

La tesis tiende a dar cuenta de los aspectos sociales y culturales que van acompañados a la elección de usuarios beneficiarios, instalación e implementación de agua y saneamiento básico y a sustentar el grado de beneficio real que tienen las poblaciones indígenas con el programa de Agua para todos, con el proyecto del Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural, PRONASAR del Ministerio de Vivienda y Construcción. Se ha podido constatar que la población objetivo del PRONASAR del Ministerio de. Vivienda y Construcción, está orientado fundamentalmente, a satisfacer la necesidades de agua potable y saneamiento al área indígena andina, en forma mayoritaria, porque los lugares escogidos para la instalación de los servicios de agua potable y alcantarillado que promueve ésta institución, se ubican en los lugares más pobres del país y por ende en el área andina, tanto rural como la urbana. Sin embargo existe una diferencia entre el área rural del interior, donde la población es predominantemente indígena y las pequeñas ciudades donde existe presencia indígena importante, aunque la población sea predominantemente mestiza. / Tesis

Los procesos de integración constituyen, para los países en desarrollo, valiosas oportunidades de realizar alianzas estratégicas destinadas a emprender políticas conjuntas que permitan su inclusión, en condiciones favorables, en el sistema de comercio global. En ese sentido, el caso de la Comunidad Andina reviste especial significación no sólo por tratarse del proceso de integración multidimensional más antiguo de la región, sino porque constituye una de las variables que determinan la estrategia de desarrollo de sus Países Miembros, quienes optaron por constituir una comunidad política más amplia cuya finalidad última es la mejora del nivel de vida de la población. La Comunidad Andina nació como una organización internacional de integración con personalidad jurídica internacional, cuyas competencias se encuentran limitadas a las atribuidas en el Acuerdo de Cartagena y sus protocolos modificatorios, Derecho Comunitario originario, que le han permitido garantizar su continuidad y desarrollo de manera independiente a la voluntad de los Países Miembros. En efecto, los vaivenes propios de la realidad subregional han puesto a prueba en numerosas ocasiones a la Comunidad Andina, la cual ha logrado su permanencia en el tiempo gracias a su Sistema Andino de Integración (SAI), sistema permanente que la faculta a expresar autónomamente su voluntad y adoptar decisiones sobre asuntos relacionados con la vida económica, jurídica y social de los Países Miembros en los ámbitos de sus competencias y en función de sus objetivos.

La Unión Europea es una organización internacional que para lograr la integración entre sus miembros tiene organismos que promueven su desarrollo en un ambiente de equidad. La Comunidad Andina a su vez, surge con la idea de formar una organización internacional que promueva el desarrollo común de sus miembros. La integración de los Estados miembros resulta fundamental para su desarrollo. Así, estas organizaciones internacionales cuentan con instituciones como el Tribunal de Justicia, cuya labor es interpretar el Derecho Comunitario y ser el ente supranacional. En su intento por avanzar y fortalecer la integración, la Comunidad Andina ha adoptado muchas figuras de la Unión Europea, entendiendo que éstas han resultado productivas, efectivas y necesarias para promover la integración al interior de ésta. Es así, que en la actualidad contamos con la consulta prejudicial que es un mecanismo utilizado por los tribunales comunitarios a fin de dar interpretaciones de las normas comunitarias y así procurar su uniformidad. En la Unión Europea surgió la teoría del acto aclarado a fin de evitar recargas de procesos que se consideran innecesarios porque se tratan de interpretaciones que han sido realizadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con anterioridad. Muchos tratadistas y estudiosos consideran que sería adecuado el traslado de esta figura a la Comunidad Andina, al igual que se ha hecho con la gran mayoría de figuras de la Unión Europea. Esta tesis busca desarrollar un análisis sobre la complejidad de la posible aplicabilidad de la teoría del acto aclarado en la interpretación prejudicial andina, y evaluar las posturas que sugieren que su utilización beneficiaría el procedimiento de solución de controversias en la integración andina. Esta tesis sugiere que el uso de la Teoría del acto aclarado en la Comunidad Andina sería perjudicial y dificultaría la labor del Tribunal Judicial de la Comunidad Andina.

El presente proyecto de tesis para la Maestría en Gerencia Social es un estudio de caso, que, desde el enfoque cualitativo de la investigación, analiza la Política Pública para la atención y reparación integral de víctimas del conflicto armado, para el periodo 2013-2015, en el Bajo Cauca antioqueño. Para lograrlo se determinó pertinente realizar una revisión documental sobre la norma desde la generalidad (Colombia) y en relación con el contexto del Bajo Cauca antioqueño. Posteriormente se asume para la investigación un solo componente de la política integral - generación de ingresos - que pretende ser profundizada en términos de ocurrencia, desarrollo, eficiencia e impacto. Con este fin y entendiendo a las víctimas como población objetivo, se hace uso del muestreo no probabilístico aleatorio estratificado con la intención de formar grupos focales en cada uno de los seis municipios que constituyen el Bajo Cauca. Finalmente, a través de la observación directa, la entrevista semiestructurada y la historia de vida, se hizo la recolección de información necesaria que permitiera dar cumplimiento al objetivo general y objetivos específicos de la investigación. Como conclusiones trascendentales del proceso pueden plantearse, inicialmente que La ley 1448 de 2011 tiene una profunda dicotomía, desde su inspirada redacción hasta su necesaria, vital e innegociable ejecución, esta situación puede estar antecedida, al hecho que la política no fue concertada con los grupos de víctimas organizados a nivel territorial y en estos términos no corresponde a una subsanación real de sus necesidades. Adicionalmente, desde un escenario de reparación de víctimas, que aún está en conflicto, son difíciles elementos como el control del territorio y la participación, situaciones que ponen en entredicho los principios vectores de la política: la reparación, la justicia y la paz. La intención del documento, además de su carácter analítico de la norma, es también la de asumir una postura reflexiva de influencia real sobre la realidad de las víctimas en el Bajo Cauca en particular, y en Colombia, en términos generales. Pues el ejercicio de investigar debe y tiene que cumplir una función de transformación de los fenómenos problemáticos que impiden a los seres humanos alcanzar el “desarrollo de sus capacidades”, mejorar su “calidad de vida” y propender por su felicidad. Sea cual sea la idea que se tiene de ella. Se proponen dos modelos de intervención a la problemática, teniendo en cuenta las organizaciones, “índice de capacidad organizacional” y la capacidad empresarial a través del “fortalecimiento empresarial para víctimas”. El índice de capacidad organizacional tiene como objetivo fundamental el “fortalecimiento de capacidades gerenciales, administrativas, financieras, de relacionamiento y de gestión de las organizaciones de las víctimas”. Para lograrlo, es necesario realizar un acercamiento diagnóstico a través del Índice de capacidad organizacional, herramienta de medición cuantitativa, que de 1 a 3 mide el nivel gerencial, administrativo, financiero, de gestión y de relacionamiento interno. Una vez obtenida la base diagnóstica, se identificará con ella el área a fortalecer y las temáticas que deberían ser tratadas, este fortalecimiento empresarial, se llevará a cabo a través de una estrategia participativa, lúdica, reflexiva y experiencial. La propuesta de fortalecimiento empresarial para víctimas fusiona servicios financieros y no financieros, contrastando la oferta del crédito con formación en desarrollo empresarial y autonomía personal. Los servicios financieros se desarrollan a través de los créditos individuales y grupales, cada uno con sus respectivos procesos de formación, finalmente, la oferta de servicios no financieros está enmarcado dentro del programa de desarrollo humano y el programa de desarrollo empresarial con enfoque de víctimas y estrategias de sostenibilidad.

Esta tesis busca analizar cómo los reglamentos técnicos, aprobados y aplicados por los Países Miembros de la Comunidad Andina (CAN), pueden ser considerados como restricciones al comercio incompatibles con el principio de libre circulación de mercancías consagrado en el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena. Esta investigación busca responder a la siguiente pregunta: ¿Por qué los reglamentos técnicos pueden ser considerados como restricciones al comercio incompatibles con los artículos 72 y 73 del Acuerdo de Cartagena? La tesis busca analizar de qué manera la aplicación de los criterios que la Secretaría General y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) han desarrollado a través de sus pronunciamientos resulta esencial para que una medida adoptada por un País Miembro de la CAN no constituya una infracción de los artículos 72 y 73 del Acuerdo de Cartagena. La tesis plantea y busca demostrar que los reglamentos técnicos aplicados de manera injustificada y desproporcional constituyen una restricción al comercio, y por lo tanto, dichas medidas contravienen el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena. En esta investigación se revisa la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de Unión Europea (TJUE) desarrollada a través de la fórmula Dassonville. La revisión de esta jurisprudencia desarrollada por el TJUE se ha realizado debido a que la Secretaría General y el TJCA han interpretado ampliamente el concepto de restricciones de todo orden contenido en los artículos 72 y 73 del Acuerdo de Cartagena. Esta interpretación ha sido desarrollada a fin de incluir cualquier medida que tenga el efecto o el objeto de restringir las importaciones, por lo cual estas instituciones andinas han recurrido a la jurisprudencia del TJUE. Asimismo, la tesis revisa la jurisprudencia de la Organización Mundial del Comercio referida a la adopción de los reglamentos técnicos y la aplicación del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, teniendo en cuenta que la Secretaría General de la CAN también cita este Acuerdo en sus Resoluciones. Los casos de estudios seleccionados (las Resoluciones 1289 y 1695 de la Secretaría General de la CAN) buscan ilustrar cómo los reglamentos técnicos pueden ser 5 calificados como restricciones al comercio contrarias a los artículos 72 y 73 del Acuerdo de Cartagena. La tesis concluye que los reglamentos técnicos aplicados de manera injustificada y desproporcional constituyen una restricción al comercio y, por lo tanto, dichas medidas violan el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena. A la luz de la jurisprudencia internacional revisada se observa que los reglamentos técnicos que no son razonables o restringen el comercio más allá de lo necesario son incompatibles con el principio de libre circulación de mercancías. / This thesis seeks to analyze how technical regulations adopted and applied by the Member States of the Andean Community (CAN) can be considered as restrictions on trade incompatible with the principle of principle of free movement of goods enshrined in Article 72 of the Cartagena Agreement. The purpose of this thesis is to address the question of how technical regulations can be regarded as restrictions on trade inconsistent with Articles 72 and 73 of the Cartagena Agreement. This thesis seeks to analyze the manner in which the application of the criteria developed by the General Secretariat and the Court of Justice of the Andean Community (CJAC) decisions turns out to be essential in order to avoid that a measure adopted by a Member State of the CAN could be considered as an infringement of Articles 72 and 73 of the Cartagena Agreement. The thesis proposes and seeks to demonstrate that unjustified and disproportional technical regulations constitute a restriction on trade. Therefore, these measures are an infringement of Article 72 of the Cartagena Agreement. This research reviews the European Court of Justice (ECJ) case law developed through the Dassonville formula. The review of this case law developed by the ECJ has been undertaken owing to the fact that the General Secretariat and the CJAC have widely interpreted the concept of restrictions of all kinds provided for in Articles 72 and 73 of the Cartagena Agreement. This interpretation has been developed in order to include any measure that has the effect or object of restricting imports, and for these purposes, these Andean institutions have resorted to the ECJ case law. Likewise, this thesis reviews the World Trade Organization case law concerning the adoption of technical regulations and the application of the Agreement on Technical Barriers to Trade taking into account that the General Secretariat cites this Agreement in its Resolutions as well. The selected case studies (the Resolutions 1289 and 1695 of the General Secretariat) seek to illustrate how technical regulations can be considered as restrictions on trade 7 incompatible with Articles 72 and 73 of the Cartagena Agreement. This thesis concludes that unjustified and disproportional technical regulations constitute a restriction on trade. Therefore, these measures violate Article 72 of the Cartagena Agreement. In light of the international case law reviewed, it can be said that unreasonable technical regulations or those regulations which are more trade-restrictive than necessary are incompatible with the principle of free movement of goods.