Nuestro interés en investigar la capacidad para celebrar tratados en el Perú y la figura de los plenos poderes aplicada a la suscripción de acuerdos comerciales, tiene su origen en el trabajo realizado entre abril de 2012 y mayo de 2014 como funcionario de la Dirección General para Asuntos Económicos del Ministerio de Relaciones Exteriores. En esos dos años tuvimos la oportunidad de participar en algunas negociaciones comerciales, así como en los procesos para la celebración y entrada en vigencia de varios acuerdos de esta naturaleza. La experiencia nos permitió observar que existen algunos aspectos del régimen nacional de los tratados, incluido la autoridad para suscribirlos, que ameritan una evaluación a la luz de la práctica interna / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo determinar la extensión y la forma de operar de la Potestad Reglamentaria del Presidente de la República en materia de tratados internacionales, ya que sus atribuciones en éste campo fueron modificadas luego de la reforma constitucional introducida por la Ley N°20.050 del año 2005, a través de los cambios hechos al artículo 54 de la Constitución Política que establece las atribuciones exclusivas del Congreso Nacional y, que en su numeral 1 se refiere a sus facultades en el ámbito internacional, partiendo por la aprobación de los tratados internacionales, atribución de la cual depende el ejercicio de las demás. Asimismo, en el citado artículo se establecen las excepciones a dicho trámite. Para ello, principalmente se utiliza el estudio de la Jurisprudencia Administrativa de la Contraloría General de la República, organismo que mediante el trámite constitucional de toma de razón, en el que se realiza un control de legalidad respecto de las normas que establece la ley, ha expresado en diversos dictámenes su interpretación respecto de las excepciones a la aplicación del artículo 54 de la Carta Fundamental a través de las cuales el Presidente de la República ejerce su potestad reglamentaria y, a su vez se menciona la postura contraria sostenida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, respecto de dichas excepciones a la aprobación de los tratados internacionales por el Congreso Nacional. La presente investigación se estructura en cuatro capítulos: Capítulo I, “La Potestad Reglamentaria”, trata de la potestad normativa que ejerce el Presidente de la República en virtud del artículo 32N°6 de la Constitución Política para dictar normas de carácter reglamentario, de ejecución o autónomas, que rigen en el ordenamiento jurídico interno. Capítulo II, “Los Tratados Internacionales”, explica las principales característica de la principal fuente convencional del Derecho Internacional, ya que en el sistema jurídico chileno es el Presidente de la República quien tiene la atribución de celebrar tratados internacionales propiamente tales y tratados reglamentarios (acuerdos en forma simplificada). Capítulo III, “La Potestad Reglamentaria del Presidente de la República en materia de Tratados Internacionales”, hace una revisión de la forma y extensión en que el Primer Mandatario ejerce la atribución normativa constitucional atribuida por el artículo 32 N°6 de la Constitución Política en el ámbito internacional en virtud del artículo 54 N°1 inciso 4° de la Carta Fundamental, que en su segunda parte hace excepción al trámite de aprobación de los tratados internacionales por el Congreso Nacional al permitir que el Primer Mandatario celebre acuerdos de carácter internacional en ejercicio de su potestad reglamentaria. Capítulo IV, “El Control Jurídico de los Tratados Internacionales”, se analizan las formas de control respecto de los tratados internacionales propiamente tales, es decir, aquellos que deben ser aprobados por el Congreso Nacional y, los acuerdos en forma simplificada y los tratados de ejecución, que son celebrados en ejercicio de la potestad reglamentaria del Presidente de la República, ya que al expresarse en distintos tipos de normas, ley en el caso de los tratados propiamente tales y decreto supremo, para el caso de los reglamentarios, proceden diferentes tipos de control de juridicidad.

Los Estados a partir de la proclamación de la Carta de la Organización de Naciones Unidas empezaron a trabajar en la codificación de normas internacionales para la protección y promoción de los derechos humanos, es así que hoy en día existen 9 (nueve) tratados internacionales fundamentales de derechos humanos1 y 9 (nueve) protocolos facultativos2. Estos tratados tienen la característica particular de contar con un Comité de expertos/as, el cual cumple la función de vigilar la implementación de las disposiciones de la Convención o Pacto que lo haya creado3. Los tratados mencionados y sus respectivos Comités, actualmente existentes4 conforman el Sistema Convencional de Derechos Humanos, o también denominado, Sistema de Tratados de Derechos Humanos, cuyo principal objetivo es asegurar la protección de tales derechos en el plano nacional por medio del cumplimiento de las obligaciones derivadas de los tratados. De acuerdo a lo estipulado en los tratados, los comités por ellos creados, tienen asignadas diversas funciones relacionadas con la vigilancia de la manera en que los Estados aplican los tratados en que son parte; una de estas funciones se refiere a los informes que los Estados deben presentar periódicamente sobre las medidas que hayan adoptado para el efectivo cumplimiento de las disposiciones del tratado pertinente5. Esta función desarrollada por los 9 (nueve) Comités existentes crea todo un Sistema de Presentación de informes periódicos, tema sobre el cual versará el presente trabajo de investigación. / Tesis

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La fragmentación del Derecho Internacional se ha presentado como uno de los problemas más discutidos a nivel de artículos, libros, conferencias y otros, entendiéndose como tal al fenómeno que se deriva de la mundialización, que ha derivado, a su vez, en un alto grado de especialización técnica, desembocando lógicamente en la celebración de tratados especializados a nivel multilateral y la constitución de organizaciones internacionales específicas. A partir de ello, nuevas áreas del Derecho Internacional se han desarrollado, creándose regímenes especializados para los Derechos Humanos, el Derecho Medioambiental, el Derecho del Mar, entre otros. Por su parte, cada régimen ha desarrollado sus propias normativas, principios y ha creado, en muchos casos, sus propios mecanismos para la solución pacífica de controversias. En el caso particular del Derecho del Mar, han coexistido por muchos años la Corte Internacional de Justicia junto con los diversos tribunales arbitrales creados para conocer de causas específicas, y, posteriormente, con el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, instancia jurisdiccional internacional creada bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Independientemente de los tribunales arbitrales específicos que se puedan crear en un futuro, se ha podido observar que existe un ámbito en particular en el cual se solapan las competencias entre la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Internacional del Derecho del Mar: la delimitación marítima. A propósito de la primera sentencia del mencionado Tribunal en dicha materia, es que se generan una serie de interrogantes sobre la posibilidad de contradicciones entre ambas instancias, pudiendo generar así supuestos de fragmentación del Derecho Internacional. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por los autores para ser publicada a texto completo / Latinoamérica tiene una larga tradición de solución de controversias por la vía del arbitraje, por lo que nos parece interesante estudiar los nuevos mecanismos que se han establecido a fin de solucionar las diferencias que se produzcan entre nuestro país y sus socios comerciales más importantes dentro de la región y de cómo se resuelven los conflicto dentro del tratado más influyente en el contexto Sudamericano.

La tesis se inserta en la línea de investigación Estado, Transnacionalidad y Sostenibilidad. El objetivo es presentar una propuesta inédita en la forma de abordar la interacción entre movimientos de carácter ultranacionalista y la compleja construcción de una gobernanza ambiental global necesaria para enfrentar el cambio climático. La exposición de argumentos se basa en el Derecho, la Sociología, las Ciencias Políticas, la Economía y la Ecología. El análisis comienza con el enfoque del Estado Moderno en diferentes fases, con el fin de abordar los fundamentos históricos del nacionalismo. El resurgimiento de las tendencias aislacionistas se sitúa en la globalización como un hito de la segunda modernidad. En esta línea, se aborda la sostenibilidad y los patrones de consumo contemporáneos. El sentimiento de pérdida de identidad y raíces, propio de esta época, está relacionado con la resistencia a los diálogos multilaterales en el área ambiental. La influencia del nuevo nacionalismo en los tratados ambientales internacionales ocupa el lugar más destacado. Algunas predicciones extremas se extraen de la recopilación de datos científicos. Se recogió información sobre varios hechos recientes que indican la inclinación de los gobiernos con discurso soberanista a no participar en los esfuerzos transnacionales por la sostenibilidad en sus múltiples dimensiones. A pesar de identificar como punto central la conexión directa entre ultranacionalismo y retroceso ambiental, el estudio deja espacio para la formulación de propuestas concretas, rechazando el abandono de la esperanza, que también conduciría al abandono de la acción.

En la década del 2000 la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) era un tema controversial, debido a las posibles desventajas que podría causar su entrada en vigencia, sobre todo en el sector agrícola rural. Entre ellas, destacaba que este sector resultaría perdedor debido a la entrada de productos subsidiados por el gobierno norteamericano, lo que los pondría en serias desventajas, llegaría a afectar su ingreso y perjudicaría más su situación de pobreza. Por lo tanto, esta tesis tiene como objetivo analizar el efecto de la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos en el ingreso del agricultor rural peruano dedicado a la producción de bienes que no se encontraban en el ATPDEA del 2004 al 2010. Para ello, se utiliza la metodología de diferencia en diferencia y se construye un grupo de tratamiento y un grupo control. Los resultados obtenidos indican que la entrada en vigencia del TLC tuvo un efecto negativo en el ingreso agrícola rural.

The unconstitutional process at the Peruvian Constitution (1993) has a progressive development in the jurisprudence of his top judicial institution to make constitutional interpretations; but the Congress needs to take a politic decision to promote some amendments at the future.

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados se adoptó en 1969 (CVT 69) con la finalidad de codificar determinadas normas del Derecho de los Tratados generalmente aceptadas en la práctica estatal. Así, la CVT 69 regula la formulación de reservas a los tratados multilaterales entre Estados; sin embargo, una de las materias que no aborda es la cuestión sobre las consecuencias jurídicas de las reservas inválidas, las cuales se definen como aquellas reservas carentes de valor jurídico por no satisfacer los requisitos sustantivos y formales para su formulación. En ese sentido, la presente investigación tiene como propósito determinar cuáles son las consecuencias jurídicas de las reservas inválidas en el marco de la CVT 69, planteando como hipótesis principal que las reservas inválidas son nulas de pleno derecho y esta nulidad será declarada por un tercero imparcial con la competencia para hacerlo. Asimismo, dicho pronunciamiento determinará la divisibilidad de la reserva con respecto a la manifestación de consentimiento; es decir, el Estado estará obligado por el tratado sin el beneficio de su reserva. La presente investigación abordará la práctica estatal sobre la materia así como la práctica de los órganos que fungen como terceros imparciales a fin de determinar las consecuencias jurídicas de las reservas inválidas. Adicionalmente, se analizará el pronunciamiento de la Comisión de Derecho Internacional en su Guía de la Práctica sobre las reservas a los tratados multilaterales (2011) a efectos de sustentar nuestra posición sobre la problemática jurídica presentada. / Tesis